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Cromañon: lugar de memoria en Once

Sobrevivientes y familiares de personas que murieron en la “Tragedia de Cromañón” presentaron un proyecto de ley en la Legislatura para que el Gobierno de la Ciudad expropie el inmueble donde funcionó el local ubicado en Bartolomé Mitre 3060, en el barrio de Balvanera.

El objetivo es convertirlo en un espacio de memoria y complementarlo con el santuario y el paseo peatonal que ya existe, informa el portal Pura Ciudad.
 
El Tribunal Oral Criminal N° 24 restituyó, a fines de 2018, el inmueble a la empresa Nueva Zarelux S.A. propiedad del empresario Rafael Levy, quien alquiló el local a Omar Chabán, gerenciador de Cromañón.


 
El proyecto dice: “Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación, en los términos de la ley N° 238, el inmueble sito en Bartolomé Mitre 3060 de la Ciudad de Buenos Aires.”  “La edificación existente en el inmueble deberá resguardar los elementos testimoniales que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica colectiva de la Ciudad”.
 

“Corresponde al Estado la concreción de la expropiación así como la determinación de la partida presupuestaria para su restauración y mantenimiento; la administración del lugar estará a cargo de familiares y sobrevivientes de Cromañón con independencia del Estado”, continúa el proyecto.
 
“Crear un espacio de memoria armada por familiares y sobrevientes para recordar a las víctimas fatales significaría una instancia reparatoria. Se trata de un espacio  para que las futuras generaciones puedan recordar lo que nunca más debería ocurrir”, concluye la fundamentación del proyecto.

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Colegios privados y discapacidad: los cambios que se vienen

Tras años de debate judicial, el conflicto parece llegar a su fin con el compromiso del gobierno de Jorge Macri de acompañar la matriculación de personas con discapacidad lo cual era muy difícil años anteriores.

A partir de una demanda de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia que data de 2019 según contó Tiempo Judicial, el Gobierno porteño acordó garantizar el derecho a una educación inclusiva. Los detalles del acuerdo alcanzado.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)  con el asesoramiento de la Clínica Jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), impulsó una acción de amparo denunciando los rechazos de matriculación que enfrentan niños, niñas y adolescentes con discapacidad en las escuelas privadas de la Capital Federal. En el 2022, el Juzgado N° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA ordenó al Gobierno implementar una política pública para revertir el panorama.

Con el cambio de gestión parece que se avecinan cambios para evitar la innecesaria e injusta decisión que tienen que tomar los padres de niños con discapacidad de acudir a la justicia porque a sus hijos no los “toman” en las instituciones privadas.

Agostina Quiroz, abogada del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ confirmó que “Es algo histórico es la primera vez que una normativa obliga expresamente al Gobierno porteño a controlar a las escuelas de gestión privada en lo que respecta a la inclusión de estudiantes con discapacidad y a realizar acciones tendientes a evitar los rechazos por matriculación y rematriculación de estudiantes con discapacidad”.

En concreto, el Gobierno porteño se comprometió a:

Acompañar a las personas con discapacidad y sus familias durante los procesos de inscripción en instituciones educativas de gestión privada. 

Orientar a las escuelas para que el proceso de matriculación se realice respetando el derecho a la educación inclusiva. 

Disponibilizar canales específicos, accesibles y eficaces para denunciar los rechazos de matriculación y rematriculación.

Implementar un protocolo para gestionar dichas denuncias e imponer sanciones ante prácticas discriminatorias. 

Difundir el derecho a la educación inclusiva y los mecanismos para exigir su cumplimiento. 

Producir y publicar información que permita monitorear la efectividad de las acciones implementadas para garantizar el ingreso y la continuidad de las personas con discapacidad en las escuelas. 

Preocupación en una escuela de Flores: un niño llevó un arma cargada

Un alumno de 6 años llevó un arma cargada con siete balas a una escuela de Flores y la Policía de la Ciudad debió acercarse hasta el establecimiento para resguardar la situación.

Fue en la Escuela Primaria Común N°10 Ingeniero Octavio S. Pico, ubicada sobre la calle Lafuente al 500, cuando el menor le exhibió a un compañero una pistola calibre 22. que estaba cargada con siete balas.

Este último corrió hasta la maestra, le advirtió que el alumno tenía un arma y de forma inmediata la llevó hasta la dirección. En principio se creyó que era de juguete, pero al ser revisada se confirmó que era de verdad.

Con este escenario se activó el protocolo correspondiente y efectivos de la Policía de la Ciudad se acercaron hasta el edificio para secuestrar el arma y poner a resguardo a los alumnos.

Desde la institución confirmaron que el menor nunca maniobró el arma si no que se la mostró a su compañero, que rápidamente avisó a las autoridades.

“El equipo directivo puso en marcha inmediatamente los protocolos correspondientes, llamando a los supervisores, a la policía, a la guardia de abogados, y también se puso en contacto con el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que intervenga en el caso. Personal del Consejo se hizo presente en la escuela y llevó al menor a la sede de Martín García 464; el chico fue acompañado por la directora de la escuela. El caso ya se encuentra judicializado”, informó el Ministerio de Educación.

El caso quedó a cargo de la jueza en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Laura De Marinis, que trata de saber porqué el alumno tenía en su mochila la pistola.

La legislatura inició el proceso de designación de los Defensores del Pueblo Adjuntos

Este lunes 11 de marzo, se inició el procedimiento de designación de los Defensores del Pueblo Adjuntos en el salón Alfonsín de la Legislatura porteña.

La reunión estuvo a cargo de las autoridades de la Junta de Ética, María Luisa González Estevarena (Presidenta) y Juan Pablo Modarelli (Vicepresidente), junto al vicepresidente primero de la Legislatura, Matías López, donde se dispuso la apertura del Registro de Postulantes para ocupar el cargo. También estuvieron los diputados que integran la Junta: Emmanuel Ferrario, Inés Parry, Sol Méndez, Claudia Neira, Matías Lammens, Silvia Imas y Edgardo Alifraco.

crédito: Prensa Legislatura porteña.

El registro permanecerá abierto por tres días hábiles: 21, 22 y 25 de marzo de 2024, en el horario comprendido entre las 10:00 y las 17:00 horas. Los ciudadanos, ya sea por cuenta propia o a través de organizaciones no gubernamentales, deben presentar sus propuestas de candidatos en papel y en formato digital, adjuntando sus currículums y antecedentes.

La presentación debe realizarse ante la Junta de Ética en Perú 160 en los días y hora indicados anteriormente y en soporte digital a través del mail juntaetica@legislatura.gob.ar. El proceso requiere que los postulantes propuestos cuenten con el aval de un diputado para ser considerados en la nómina.