El Gobierno presentó este lunes un plan nacional de políticas ambientales que consiste en un paquete de medidas para cuidar el medio ambiente y lograr un consumo ecológico responsable. En la presentación, llevada a cabo en la Quinta de Olivos, asistieron el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza

Durante el anuncio, Alberto Fernández destacó la necesidad de “hacer una Ley de Educación Ambiental para poner en cabeza de cada uno de nuestros niños y adolescentes por qué tiene sentido esta disputa”. Para ello propuso imponer un juramento al medio ambiente con el objetivo de cumplir el compromiso del cuidado, la preservación y la no contaminación de la flora y la fauna que presenta el país. “La pandemia nos ha demostrado lo nocivos que hemos sido los seres humanos con el mundo, y nos sirvió para darnos cuenta de la dimensión de esa degradación”, agregó.

En la conferencia se presentaron cuatro planes pilares para el cuidado del medio ambiente a nivel nacional: el Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, el Proyecto de Ley de Educación Ambiental, en conjunto con el Ministerio de Educación; la implementación del plan Casa Común y el traspaso del Programa Nacional de Prevención de Incendios y Manejo del Fuego al área del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Con estas medidas, el gobierno nacional establece una política de Estado integral que busca un modelo sostenible, de consumo responsable y de cuidado del ambiente.

“Hay números que no nos enorgullecen. Y tenemos que decir que en la Argentina hay 5.000 basurales a cielo abierto, lo que duplica la cantidad de municipios que hay en el país. Para eso estamos desarrollando una política muy fuerte y muy ambiciosa de construcción de plantas de tratamientos de residuos”, agregó Juan Cabandié en relación al proyecto que consiste en eliminar las zonas de acumulación de residuos en Argentina.

Uno de los proyectos destacados en la Provincia de Buenos Aires, “Complejo Socio Ambiental Eco Parque”, tiene como principales objetivos minimizar la generación de residuos, al igual que la disposición final, promover la separación en origen y revalorizar los residuos reciclables en Quilmes. El trabajo del municipio se llevará a cabo en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y contará con la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Gracias a esto avanzaremos en la construcción del Complejo Ambiental Eco Parque Quilmes para minimizar la generación de residuos, formalizar la actividad de recuperación y promover la separación en origen”, expresó Mendoza, quien destaca el trabajo de la intendencia para concientizar a los vecinos en la reducción, reutilizado y reciclado de residuos.

La creación del complejo logrará el ahorro de un 20% en traslados de residuos hacia la planta CEAMSE y en los volúmenes de enterramiento, lo que promueve la separación en origen. El espacio dispondrá de 310 trabajadores y distintas plantas o áreas de trabajo como la de tratamiento de residuos áridos, de lixiviados, de transferencia, de acopio voluminoso, de separación, de mantenimiento y lavadero de camiones y de reciclado de neumáticos. Además, 622 trabajadores cumplirán funciones en el exterior de la planta, entre recolectores, choferes y limpieza.

También estuvieron presentes en la quinta presidencial el director del Consejo Federal de Medio Ambiente, Santiago Azulay, las intendentas de Moreno y Chamical, Mariel Fernández y Dora Rodríguez, entre otras autoridades nacionales, provinciales y municipales.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció el viernes pasado el Programa de Fortalecimiento de Seguridad para la Provincia de Buenos Aires, que tiene el objetivo de invertir en obras de infraestructura, equipamiento, tecnología, capacitación e incorporación de fuerzas por 37.700 millones de pesos. Lo acompañaron en el acto, llevado a cabo en la Quinta de Olivos, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic y el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni.

“En el Gran Buenos Aires se ha concentrado el problema mayor del delito y es el tema que más nos preocupa hoy en día. Por eso, desde el primer día, estamos viendo cómo hacer para ayudar a Buenos Aires”, expresó el mandatario en relación al proyecto. “Una buena sociedad, una buena democracia y un buen estado de derecho tienen que garantizar a los ciudadanos seguridad, y la pena por su delito al que ha delinquido.”, agregó.

Para el Presidente, los delitos ocurren en las sociedades más desiguales, por lo que se debe ofrecer oportunidades a toda aquella persona que opte por el camino de la delincuencia, pero, al mismo tiempo se debe brindar seguridad a los ciudadanos para circular por las calles sin miedo. “Para eso, la Justicia aplicará las penas que correspondan”, señaló.

El programa, según el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, es uno de los más grandes en la historia de la seguridad argentina. “Hacía falta una enorme inversión para que la Policía de la Provincia pudiera recuperar su capacidad operativa. Hoy, nos estamos ocupando de la inseguridad para hacer una profunda transformación”, destacó.

Desde el gobierno nacional aseguraron la integración de 3957 efectivos y la inclusión de 10 mil nuevos agentes policiales en academias municipales para los próximos 18 meses. Además, se proveerán 2200 móviles, cuatro mil paradas seguras y 12 nuevas unidades carcelarias.

Dentro del plan, hay un convenio con la Provincia que asegura la transferencia de 10 mil millones de pesos para la adquisición de equipamiento, que incluirá chalecos antibalas, cámaras de seguridad, armamento, municiones, tecnología analítica aplicada y móviles policiales para la fuerza bonaerense. Estos incentivos serán acompañados por un amplio operativo de despliegue en los municipios y construcciones de obras en 96 comisarías de todo el Gran Buenos Aires con una inversión de, aproximadamente, 3072 millones de pesos.

Fernández anunció por último la realización de cuatro mil paradas seguras, las cuales brindarán dispositivos de seguridad como pulsadores antipánico de emergencia, intercomunicadores conectados a centros de monitoreo de seguridad, cámaras domo 360, WIFI y pantallas informativas.

Estuvieron presentes en la actividad los intendentes de Vicente López, Jorge Macri; Almirante Brown, Mariano Cascallares; Berazategui, Juan José Mussi; Hurlingham, Juan Zabaleta; La Matanza, Fernando Espinoza; San Fernando, Juan Andreotti; Quilmes, Mayra Mendoza; y Merlo, Gustavo Menéndez. Además, se comunicaron por videoconferencia con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el ministro de Transporte, Mario Meoni.

Los intendentes de la Costa Atlántica se reunieron este martes con el objetivo de consensuar protocolos sanitarios para la próxima temporada de verano y resolver la situación de aquellos ciudadanos no residentes pero que son propietarios en el distrito. “Tenemos el doble desafío de cuidar la vida y generar las mejores condiciones para tener una temporada segura”, afirmaron en un comunicado.

“no es el momento de avanzar apresuradamente en mayores flexibilizaciones, sino de actuar en conjunto con la responsabilidad y el tiempo que demanda un contexto tan complejo como el actual”, advirtieron. Para los dirigentes, es importante no tomar una decisión incorrecta en pos de la reapertura, que luego genere un retroceso de la cuarta fase en los distritos de la Costa argentina.

Otro tema de la charla fue la composición de los protocolos sanitarios de cara al verano 2021, momento que consideran clave para la reactivación económica del turismo. Los intendentes piensan que se debe trabajar unificadamente en un solo protocolo, como así también gestionar refuerzos en los sistemas de salud y seguridad. “No tiene sentido un protocolo por municipio, sino que necesitamos generar uno concertado en toda la región, con criterios únicos teniendo en cuenta que estamos dentro del mismo circuito turístico y contamos con similares estructuras de salud”, señalaron.

En el encuentro virtual participaron Martín Uset (Coronel Rosales), José Luis Zara (Patagones), Jorge Paredi (Mar Chiquita), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Cristian Cardozo (Partido de La Costa), Enrique Dichiara (Monte Hermoso), Hernán Y Zurieta (Punta Indio), Carlos Sánchez (Tres Arroyos) y Gustavo Barrera (Villa Gesell).

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, impulsará un programa de seguridad para la Provincia de Buenos Aires que consistirá en el reclutamiento de 10.000 nuevos policías, la construcción de módulos carcelarios y nuevos equipamientos para las fuerzas de seguridad. Este martes se reunió en la Quinta de Olivos con el gobernador provincial, Axel Kicillof, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el diputado Máximo Kirchner para definir los últimos detalles del proyecto.

El plan se presentará bajo el nombre de “Centinela 2” y, además de sumar 10.000 efectivos, tiene como objetivo proveer 2000 nuevos patrulleros, refaccionar 100 comisarías de la Provincia de Buenos Aires, construir módulos carcelarios para descentralizar los lugares de detención y abastecer a la policía bonaerense de herramientas tecnológicas como cámaras de seguridad y botones anti-pánico. Además, pretenden incluir una partida presupuestaria especial para las zonas con mayor delito.

La iniciativa surgió a partir del incremento de la inseguridad durante el aislamiento, preventivo, social y obligatorio en el conurbano, que incluso llevo al enfrentamiento público entre la ministra de Seguridad nacional, Sabrina Frederic, y su par provincial, Sergio Berni. En los últimos meses, ambos funcionarios tuvieron fuertes cruces, ya sea a través de reuniones o por declaraciones.

“Vamos a dar batalla contra la inseguridad. No queremos hacernos los distraídos si es que hay una demanda ciudadana que reclama más policías, más efectivos y más seguridad”, había afirmado Fernández hace una semana. “Estamos trabajando muy a pleno con el gobernador (Kicillof). Vamos a contarles la semana que viene qué hemos pensado para llevarles tranquilidad a todos ellos”, agregó en el mismo sentido, en el contexto del anuncio sobre inversiones en obras de infraestructura para distritos bonaerenses.

Hoy, en el almuerzo pactado para definir los últimos detalles del proyecto, también participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los ministros Gabriel Katopodis, Wado de Pedro y Mario Meoni y los intendentes Juan Zabaleta (Hurlingham), Fernando Espinoza (La Matanza), Martín Insaurralde (Almirante Brown) y Jorge Ferraresi (Avellaneda).

El gobierno nacional anunció este viernes la declaración de servicios públicos y esenciales a la telefonía fija y móvil, Internet y Tv por cable, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca congelar los precios hasta el 31 de diciembre. “Estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado”, expresó el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

“El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”, agregó el mandatario a través de su cuenta de Twitter (@alferdez).

Un aspecto clave de la iniciativa, según el Presidente, es la creación de los Planes Universales, una tarifa social básica que será obligatoria en todas las compañías de telefonía, internet móvil y televisión. En este punto se busca que los planes reemplacen a los prepagos actuales, pero con una mejora en las prestaciones de servicios, con el objetivo de garantizar prestaciones mínimas. Estos aportes entrarán en el mismo mecanismo que los planes convencionales.

Para el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López, “quedó demostrado que los servicios de Internet, telefonía y de cable no son servicios suntuarios, sino que son esenciales para el acceso al conocimiento, la educación, a la cultura, pero también al trabajo y el desarrollo económico”. La norma, próximamente publicada por el Boletín Oficial, establece que ningún aumento podrá hacerse efectivo sin la previa autorización y aprobación del ente regulador.

Según López, el Presidente de la Nación logró recuperar un elemento básico que se había perdido durante la gestión de Mauricio Macri: “Era imprescindible recuperar la declaración de servicio público que había eliminado el ex presidente a la semana que asumió, dejando esto como una simple mercancía entre privados y no un derecho humano básico”.

En diciembre de 2015, A través de un DNU firmado por Macri, se modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y se creó el Enacom, organismo por el cual el Estado perdió el poder regulatorio. De esta manera, el Gobierno anterior derogó el artículo 15 de la Ley Argentina Digital que le daba al estado la facultad para autorizar y permitir aumentos.

El anuncio de la medida se definió luego de que las tres compañías de telefonía móvil (Movistar, Telecom Personal y Claro) comunicaran los próximos aumentos para septiembre, los cuales representaban un incremento del 10% al 15%, según la empresa. Mediante el decreto, esta alza en los precios de los servicios queda sin efecto.