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Los aportes de campaña serán bancarizados

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó, por 148 votos a favor y 69 en contra, la ley de financiamiento político que contempla, entre otras reformas, la bancarización de los aportes de campaña.

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Tonelli: “Mejoramos la transparencia en el financiamiento electoral”

La iniciativa modifica las leyes 26.215 –financiamiento de los partidos políticos– y 19.945 –Código Electoral Nacional–. Como miembro informante, el legislador del Pro afirmó que “el financiamiento electoral es un tema relativamente nuevo en nuestra democracia”.

El proyecto aprobado establece, entre otras reformas, la bancarización de los aportes efectuados a partidos políticos, tanto para su desenvolvimiento institucional como para las campañas electorales. Además, admite los aportes de personas jurídicas (empresas) para el financiamiento de las campañas.

“Los propósitos de estas modificaciones son muy claros: mejorar e incrementar la transparencia en el financiamiento electoral. Es decir el dinero que los partidos reciben tanto para su desenvolvimiento institucional como en las campañas”, aseveró Tonelli. Sostuvo que “es un gran paso para aumentar las obligaciones de los partidos políticos e incrementar las atribuciones y competencias de la Cámara Nacional Electoral”.

A su turno, el presidente de la comisión de Justicia, Diego Mestre, argumentó: “La defensa de la democracia tiene que ser una prioridad y esta ley ayuda a fortalecer las instituciones”.

Por su parte, la diputada Emilia Soria (FPV-PJ) indicó que “es una de las iniciativas más trascendentales que hemos tratado”, aunque se expresó en contra del proyecto al señalar: “Esta norma quiere beneficiar a un partido sobre otro, sin lograr la equidad”.

Desde el interbloque Cambiemos, la diputada Silvia Lospennato sostuvo que el principal objetivo es “hacer una contribución a la trasparencia”. Subrayó que “la bancarización obligatoria de todos los gastos e ingresos de los partidos es una de las modificaciones clave que introdujo el Senado de la Nación”.

“La norma prevé mayores y distintas sanciones (y más severas) para los partidos o aportantes que violen las disposiciones de la ley”, concluyó Lospennato.

Por su parte, Juan Manuel López (CC) valorizó que “esta ley iguala las reglas para todos los espacios políticos”, y la definió como la garantía de “transparencia” de cara a la ciudadanía.

A su turno, Gabriela Cerruti (FpV-PJ) cuestionó la propuesta y expresó que “el eje del debate en verdad es si la política va a ser dominada por la elección de los ciudadanos o por la influencia económica de las grandes empresas”. Además, ponderó que la política es la principal herramienta de transformación social y que “debe seguir siendo sostenida desde el Estado”, dijo.

A continuación, Diego Bossio (Argentina Federal) señaló que este debate se da en un contexto en el que “la sociedad descree de la clase política nacional” porque “no encontramos soluciones” -argumentó-. “Revalorizar la política es hablar sin hipocresías y debatir lo que hay que debatir en el país”, finalizó el diputado Bossio.

Luego, la presidenta del bloque de diputados nacionales del Frente Renovador, Graciela Camaño, reflexionó sobre el método de financiamiento de las campañas políticas y añadió: “Suponer que el electorado va a votar al más rico es agredir la inteligencia de los ciudandanos argentinos”. Anticipó que “nuestro bloque acompaña afirmativamente este proyecto”, aunque -señaló-  “hemos planteado nuestras disidencias”.

24 10 18 El País Debate en Diputados Presupuesto 2019 Foto Juan Manuel Foglia

En ese sentido, detalló: “Buscamos que de esos aportes privados haya un porcentaje destinado al fondo común para que los partidos políticos tengan la posibilidad de que el Estado, administrando esos fondos, los hiciera partícipe”.

Por su parte, Felipe Solá (Red por Argentina) delineó su postura: “Nuestro bloque no cree en la esencia de esta ley. El financiamiento de la política debe estar a cargo del Estado”, sostuvo.

Desde el mismo bloque, Daniel Arroyo definió esta discusión como “un tema central de la democracia”, aunque apuntó: “Es un proyecto que queda a mitad de camino, y no lo vamos acompañar”. Destacó como positivo que la norma propone “la bancarización de los aportes” y como punto negativo que la ley establece “la posibilidad de que un partido abra una cuenta en un banco privado”.

Desde el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño afirmó que esta propuesta “no legisla sobre las principales preocupaciones del pueblo”. Y opinó que “es una ley de autoamnistía para aquellos partidos políticos que se beneficiaron con el aporte de los empresarios”.

Por último, el jefe de bloque del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, recordó la modificación a la ley de financiamiento de los partidos de 2009: “Fue un avance importante, sobre todo por la incorporación de la selección de los candidatos y la mayor participación del Estado en el financiamiento electoral”, afirmó. Sobre esa base, sostuvo que la propuesta de modificación en debate “implica un fuerte retroceso en la participación del Estado, hace al sistema menos igualitario, habilita la participación de las empresas, y todo ello genera un claro desequilibrio”.

“No creemos que legalizar el financiamiento privado implique mayor transparencia, y así lo demuestran las diversas experiencias de distintos países del mundo”, afirmó el diputado.

En la votación en particular, el Frente para la Victoria rechazó -a través de la diputada María Emilia Soria y el diputado Carlos Castagnetto- el artículo que habilita los aportes de las personas jurídicas y el recorte en la publicidad audiovisual para las campañas, entre otros puntos. Asimismo la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) también se mostró en contra del aporte de las empresas en las campañas electorales.

No obstante, el oficialismo no aceptó modificaciones en el proyecto de ley y el FpV-PJ no logró reunir las adhesiones a favor de los cambios solicitados. “Tenemos sumo interés en que la ley se apruebe hoy para que quede en vigencia para el próximo proceso electoral”, explicó Tonelli al rechazar las modificaciones.

Al cierre de la sesión, el pleno de la Cámara giró el proyecto de ley de Acceso a la Justicia Colectiva a la instancia de Comisiones, a pedido del diputado José Luis Ramón. “Sería oportuno convocar a las diversas asociaciones civiles a que se expidan sobre el tema en una reunión informativa”, solicitó Ramón, antes de que su propuesta fuera aceptada.
 

OTROS ASPECTOS DESTACADOS DE LA LEY

El proyecto aprobado en general establece otras modificaciones en relación a las campañas electorales:

*) Respecto a la publicidad, se reducen del 10 al 5 % del total del espacio disponible el aporte que los medios audiovisuales hacen en las campañas y se regula la publicidad digital por medio de las redes sociales. En ese sentido, se establece la atribución de la Cámara Electoral para controlar la publicidad digital.

*) Las encuestadoras también son alcanzadas por el proyecto: deberán inscribirse en un registro e informar quién las contrata y cuánto facturan por sus trabajos.

*) El texto incrementa el aporte que el Estado debe hacer a los partidos políticos para la impresión de boletas y establece el control y auditoría que la Cámara electoral debe realizar sobre los informes de los partidos políticos, vinculados a sus gastos de campaña y a sus balances.

*) En tanto, establece una modificación en el destino del Fondo Partidario Permanente: se agrega el porcentaje del 30% destinado a la formación, promoción y el desarrollo de habilidades de liderazgo político de las mujeres dentro del partido.

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El Gobierno presentó un plan de políticas ambientales

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El Gobierno presentó este lunes un plan nacional de políticas ambientales que consiste en un paquete de medidas para cuidar el medio ambiente y lograr un consumo ecológico responsable. En la presentación, llevada a cabo en la Quinta de Olivos, asistieron el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza

Durante el anuncio, Alberto Fernández destacó la necesidad de “hacer una Ley de Educación Ambiental para poner en cabeza de cada uno de nuestros niños y adolescentes por qué tiene sentido esta disputa”. Para ello propuso imponer un juramento al medio ambiente con el objetivo de cumplir el compromiso del cuidado, la preservación y la no contaminación de la flora y la fauna que presenta el país. “La pandemia nos ha demostrado lo nocivos que hemos sido los seres humanos con el mundo, y nos sirvió para darnos cuenta de la dimensión de esa degradación”, agregó.

En la conferencia se presentaron cuatro planes pilares para el cuidado del medio ambiente a nivel nacional: el Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, el Proyecto de Ley de Educación Ambiental, en conjunto con el Ministerio de Educación; la implementación del plan Casa Común y el traspaso del Programa Nacional de Prevención de Incendios y Manejo del Fuego al área del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Con estas medidas, el gobierno nacional establece una política de Estado integral que busca un modelo sostenible, de consumo responsable y de cuidado del ambiente.

“Hay números que no nos enorgullecen. Y tenemos que decir que en la Argentina hay 5.000 basurales a cielo abierto, lo que duplica la cantidad de municipios que hay en el país. Para eso estamos desarrollando una política muy fuerte y muy ambiciosa de construcción de plantas de tratamientos de residuos”, agregó Juan Cabandié en relación al proyecto que consiste en eliminar las zonas de acumulación de residuos en Argentina.

Uno de los proyectos destacados en la Provincia de Buenos Aires, “Complejo Socio Ambiental Eco Parque”, tiene como principales objetivos minimizar la generación de residuos, al igual que la disposición final, promover la separación en origen y revalorizar los residuos reciclables en Quilmes. El trabajo del municipio se llevará a cabo en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y contará con la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Gracias a esto avanzaremos en la construcción del Complejo Ambiental Eco Parque Quilmes para minimizar la generación de residuos, formalizar la actividad de recuperación y promover la separación en origen”, expresó Mendoza, quien destaca el trabajo de la intendencia para concientizar a los vecinos en la reducción, reutilizado y reciclado de residuos.

La creación del complejo logrará el ahorro de un 20% en traslados de residuos hacia la planta CEAMSE y en los volúmenes de enterramiento, lo que promueve la separación en origen. El espacio dispondrá de 310 trabajadores y distintas plantas o áreas de trabajo como la de tratamiento de residuos áridos, de lixiviados, de transferencia, de acopio voluminoso, de separación, de mantenimiento y lavadero de camiones y de reciclado de neumáticos. Además, 622 trabajadores cumplirán funciones en el exterior de la planta, entre recolectores, choferes y limpieza.

También estuvieron presentes en la quinta presidencial el director del Consejo Federal de Medio Ambiente, Santiago Azulay, las intendentas de Moreno y Chamical, Mariel Fernández y Dora Rodríguez, entre otras autoridades nacionales, provinciales y municipales.

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El Gobierno presentó el Plan de Seguridad para la Provincia

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El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció el viernes pasado el Programa de Fortalecimiento de Seguridad para la Provincia de Buenos Aires, que tiene el objetivo de invertir en obras de infraestructura, equipamiento, tecnología, capacitación e incorporación de fuerzas por 37.700 millones de pesos. Lo acompañaron en el acto, llevado a cabo en la Quinta de Olivos, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic y el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni.

“En el Gran Buenos Aires se ha concentrado el problema mayor del delito y es el tema que más nos preocupa hoy en día. Por eso, desde el primer día, estamos viendo cómo hacer para ayudar a Buenos Aires”, expresó el mandatario en relación al proyecto. “Una buena sociedad, una buena democracia y un buen estado de derecho tienen que garantizar a los ciudadanos seguridad, y la pena por su delito al que ha delinquido.”, agregó.

Para el Presidente, los delitos ocurren en las sociedades más desiguales, por lo que se debe ofrecer oportunidades a toda aquella persona que opte por el camino de la delincuencia, pero, al mismo tiempo se debe brindar seguridad a los ciudadanos para circular por las calles sin miedo. “Para eso, la Justicia aplicará las penas que correspondan”, señaló.

El programa, según el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, es uno de los más grandes en la historia de la seguridad argentina. “Hacía falta una enorme inversión para que la Policía de la Provincia pudiera recuperar su capacidad operativa. Hoy, nos estamos ocupando de la inseguridad para hacer una profunda transformación”, destacó.

Desde el gobierno nacional aseguraron la integración de 3957 efectivos y la inclusión de 10 mil nuevos agentes policiales en academias municipales para los próximos 18 meses. Además, se proveerán 2200 móviles, cuatro mil paradas seguras y 12 nuevas unidades carcelarias.

Dentro del plan, hay un convenio con la Provincia que asegura la transferencia de 10 mil millones de pesos para la adquisición de equipamiento, que incluirá chalecos antibalas, cámaras de seguridad, armamento, municiones, tecnología analítica aplicada y móviles policiales para la fuerza bonaerense. Estos incentivos serán acompañados por un amplio operativo de despliegue en los municipios y construcciones de obras en 96 comisarías de todo el Gran Buenos Aires con una inversión de, aproximadamente, 3072 millones de pesos.

Fernández anunció por último la realización de cuatro mil paradas seguras, las cuales brindarán dispositivos de seguridad como pulsadores antipánico de emergencia, intercomunicadores conectados a centros de monitoreo de seguridad, cámaras domo 360, WIFI y pantallas informativas.

Estuvieron presentes en la actividad los intendentes de Vicente López, Jorge Macri; Almirante Brown, Mariano Cascallares; Berazategui, Juan José Mussi; Hurlingham, Juan Zabaleta; La Matanza, Fernando Espinoza; San Fernando, Juan Andreotti; Quilmes, Mayra Mendoza; y Merlo, Gustavo Menéndez. Además, se comunicaron por videoconferencia con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el ministro de Transporte, Mario Meoni.

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Los intendentes de la Costa preparan la temporada de verano

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Los intendentes de la Costa Atlántica se reunieron este martes con el objetivo de consensuar protocolos sanitarios para la próxima temporada de verano y resolver la situación de aquellos ciudadanos no residentes pero que son propietarios en el distrito. “Tenemos el doble desafío de cuidar la vida y generar las mejores condiciones para tener una temporada segura”, afirmaron en un comunicado.

“no es el momento de avanzar apresuradamente en mayores flexibilizaciones, sino de actuar en conjunto con la responsabilidad y el tiempo que demanda un contexto tan complejo como el actual”, advirtieron. Para los dirigentes, es importante no tomar una decisión incorrecta en pos de la reapertura, que luego genere un retroceso de la cuarta fase en los distritos de la Costa argentina.

Otro tema de la charla fue la composición de los protocolos sanitarios de cara al verano 2021, momento que consideran clave para la reactivación económica del turismo. Los intendentes piensan que se debe trabajar unificadamente en un solo protocolo, como así también gestionar refuerzos en los sistemas de salud y seguridad. “No tiene sentido un protocolo por municipio, sino que necesitamos generar uno concertado en toda la región, con criterios únicos teniendo en cuenta que estamos dentro del mismo circuito turístico y contamos con similares estructuras de salud”, señalaron.

En el encuentro virtual participaron Martín Uset (Coronel Rosales), José Luis Zara (Patagones), Jorge Paredi (Mar Chiquita), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Cristian Cardozo (Partido de La Costa), Enrique Dichiara (Monte Hermoso), Hernán Y Zurieta (Punta Indio), Carlos Sánchez (Tres Arroyos) y Gustavo Barrera (Villa Gesell).

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Plan de gobierno para combatir la inseguridad en el conurbano

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El presidente de la Nación, Alberto Fernández, impulsará un programa de seguridad para la Provincia de Buenos Aires que consistirá en el reclutamiento de 10.000 nuevos policías, la construcción de módulos carcelarios y nuevos equipamientos para las fuerzas de seguridad. Este martes se reunió en la Quinta de Olivos con el gobernador provincial, Axel Kicillof, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el diputado Máximo Kirchner para definir los últimos detalles del proyecto.

El plan se presentará bajo el nombre de “Centinela 2” y, además de sumar 10.000 efectivos, tiene como objetivo proveer 2000 nuevos patrulleros, refaccionar 100 comisarías de la Provincia de Buenos Aires, construir módulos carcelarios para descentralizar los lugares de detención y abastecer a la policía bonaerense de herramientas tecnológicas como cámaras de seguridad y botones anti-pánico. Además, pretenden incluir una partida presupuestaria especial para las zonas con mayor delito.

La iniciativa surgió a partir del incremento de la inseguridad durante el aislamiento, preventivo, social y obligatorio en el conurbano, que incluso llevo al enfrentamiento público entre la ministra de Seguridad nacional, Sabrina Frederic, y su par provincial, Sergio Berni. En los últimos meses, ambos funcionarios tuvieron fuertes cruces, ya sea a través de reuniones o por declaraciones.

“Vamos a dar batalla contra la inseguridad. No queremos hacernos los distraídos si es que hay una demanda ciudadana que reclama más policías, más efectivos y más seguridad”, había afirmado Fernández hace una semana. “Estamos trabajando muy a pleno con el gobernador (Kicillof). Vamos a contarles la semana que viene qué hemos pensado para llevarles tranquilidad a todos ellos”, agregó en el mismo sentido, en el contexto del anuncio sobre inversiones en obras de infraestructura para distritos bonaerenses.

Hoy, en el almuerzo pactado para definir los últimos detalles del proyecto, también participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los ministros Gabriel Katopodis, Wado de Pedro y Mario Meoni y los intendentes Juan Zabaleta (Hurlingham), Fernando Espinoza (La Matanza), Martín Insaurralde (Almirante Brown) y Jorge Ferraresi (Avellaneda).

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El Gobierno declara servicio público a la telefonía, internet y TV paga

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El gobierno nacional anunció este viernes la declaración de servicios públicos y esenciales a la telefonía fija y móvil, Internet y Tv por cable, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca congelar los precios hasta el 31 de diciembre. “Estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado”, expresó el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

“El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”, agregó el mandatario a través de su cuenta de Twitter (@alferdez).

Un aspecto clave de la iniciativa, según el Presidente, es la creación de los Planes Universales, una tarifa social básica que será obligatoria en todas las compañías de telefonía, internet móvil y televisión. En este punto se busca que los planes reemplacen a los prepagos actuales, pero con una mejora en las prestaciones de servicios, con el objetivo de garantizar prestaciones mínimas. Estos aportes entrarán en el mismo mecanismo que los planes convencionales.

Para el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López, “quedó demostrado que los servicios de Internet, telefonía y de cable no son servicios suntuarios, sino que son esenciales para el acceso al conocimiento, la educación, a la cultura, pero también al trabajo y el desarrollo económico”. La norma, próximamente publicada por el Boletín Oficial, establece que ningún aumento podrá hacerse efectivo sin la previa autorización y aprobación del ente regulador.

Según López, el Presidente de la Nación logró recuperar un elemento básico que se había perdido durante la gestión de Mauricio Macri: “Era imprescindible recuperar la declaración de servicio público que había eliminado el ex presidente a la semana que asumió, dejando esto como una simple mercancía entre privados y no un derecho humano básico”.

En diciembre de 2015, A través de un DNU firmado por Macri, se modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y se creó el Enacom, organismo por el cual el Estado perdió el poder regulatorio. De esta manera, el Gobierno anterior derogó el artículo 15 de la Ley Argentina Digital que le daba al estado la facultad para autorizar y permitir aumentos.

El anuncio de la medida se definió luego de que las tres compañías de telefonía móvil (Movistar, Telecom Personal y Claro) comunicaran los próximos aumentos para septiembre, los cuales representaban un incremento del 10% al 15%, según la empresa. Mediante el decreto, esta alza en los precios de los servicios queda sin efecto.

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