La Ciudad aprobó leyes para promover el desarrollo urbano y sustentable

La Legislatura porteña sancionó este jueves una ley para “promover el desarrollo urbano equitativo y sustentable de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; facilitar el acceso a la vivienda, la diversificación funcional y la regeneración y renovación de áreas urbanas”.

A tal efecto, la misma norma crea el Fondo para el Desarrollo Urbano Sustentable destinado al “financiamiento de proyectos públicos, privados y públicos privados de construcción, adecuación o puesta en valor de equipamientos urbanos y espacios públicos”.

Se identifican como áreas de “regeneración sostenible”, a las siguientes zonas de la CABA:

1. Área de Microcentro: polígono delimitado por las avenidas Santa Fe, Alem, Paseo Colón, San Juan, Entre Ríos y Callao.

2. Área de Hospitales Sur: entre las calles 15 de noviembre de 1889, Paracas, Ferrocarril Roca hasta Ramón Carrillo, prolongación virtual de calle Cnel. Rico, Vieytes, Av. Iriarte, Chubut, Ferrocarril Belgrano Sur, Av. Vélez Sarsfield, Los Patos, Santa Cruz, Av. Caseros y Combate de los Pozos.

3. Área Zona Sur 3: parcelas frentistas a la Av. San Juan, a la Av. Directorio, el eje de la Av. Olivera, frentistas a la Alberdi, el eje de la Av. General Paz, el Riachuelo, el eje Av. Pedro de Mendoza, el eje de la Av. Huergo.

4. Área Zona Sur 4: frentistas a las avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las parcelas frentistas a las calles Alberti y Manuel García y las parcelas frentistas a la Av. Amancio Alcorta (ambas aceras).

En un futuro, la Autoridad de Aplicación, en función de indicadores económicos, urbanísticos y sociales, podrá incorporar o crear otras áreas.

Un Comité de Asesoramiento del Fondo para el Desarrollo Urbano Sostenible estará integrado por 3 representantes del Poder Ejecutivo, 3 de la Legislatura y 1 del Banco Ciudad.

La iniciativa fue presentada por el diputado Diego García de García Vilas (VJ) y otros de su bancada oficialista; fue tratada en las comisiones de Planeamiento Urbano, Vivienda y Presupuesto, y obtuvo aprobación en el recinto con 36 votos positivos de VJ, UCR y aliados y 19 negativos de FdT, AyL y FI.

Ley marco de Economía Circular

Por iniciativa de Hernán Reyes (VJ) y otros legisladores de su bloque, el parlamento de la Ciudad sancionó la ley marco que “tiene por objeto establecer los lineamientos para la implementación de la Economía Circular en el ámbito de la CABA, a través del diseño de una estrategia transversal a todas las áreas de Gobierno y en articulación con los distintos actores de la sociedad civil y el sector privado, en cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda de Carbono Neutral 2050 y demás compromisos asumidos en la materia”.

Los principales objetivos de la norma aprobada son “estimular la adaptación del diseño industrial a la economía circular, eliminar el desperdicio y la contaminación, y conducir a la circulación social y económicamente sostenible de los productos y materiales en el mercado”.

Se procurará “promover el desarrollo de modelos productivos, comerciales y sistemas de gestión que preserven el capital natural, optimicen el uso de los recursos, cierren el ciclo de vida de los productos e internalicen el impacto ambiental”, menciona el texto de la propia ley.

El proyecto fue despachado por la comisión de Desarrollo Económico y en la sesión ordinaria de este jueves obtuvo 48 votos positivos de casi todos los bloques, 1 negativo de AyL y la abstención del FI.

Paralelamente, sobre tablas se votó a mano alzada una propuesta de la diputada Lucía Cámpora (FdT) en respaldo al tratamiento en el Congreso Nacional de una “ley de envaes”, referido al tratamiento de residuos y el cuidado del medio ambiente.

Alivio fiscal para cines y hoteles

Las exenciones transitorias dispuestas para paliar los efectos negativos de la pandemia en actividades como la hotelería y la exhibición de películas, fueron extendidas en su vigencia hasta fin de año.

Quedan exceptuados del pago del impuesto Inmobiliario y de la tasa de ABL, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, “los titulares de dominio, los usufructuarios, los titulares de derechos de superficie y los poseedores a título de dueño de los inmuebles donde se desarrollen las actividades de hotelería, alojamiento, pensiones, albergues transitorios y/o moteles de la Ciudad”.

El proyecto fue del diputado Sergio Abrevaya (Gen), despachado por las comisiones de Desarrollo Económico y de Presupuesto.

Respecto del paliativo fiscal para las salas de cine, se deja sin efecto la obligación del pago de impuesto a los Ingresos Brutos durante el último trimestre del año 2021 “a los contribuyentes o responsables que desarrollen la actividad de Exhibición de filmes y videocintas, contemplada en el Código N° 591300 del Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES)”. La iniciativa fue de Juan Nosiglia y otros legisladores del bloque UCR.

En ambos casos, los beneficios deberán ser tramitados ante la AGIP y las actividades deberán estar debidamente habilitadas. En caso de que se haya realizado algún pago de forma anticipada o anual, se otorgará al contribuyente el crédito fiscal proporcional que corresponda. De cualquier manera, deberán presentarse las declaraciones juradas pertinentes.

Las dos leyes fueron presentadas al debate por Claudio Romero (VJ), presidente de la comisión de Presupuesto, quien como miembro informante señaló que “cines y hoteles fueron dos de los sectores más afectados por la pandemia.

Se aprobó por 50 votos positivos y 1 negativo de la izquierda.

Espacios verdes y recreativos en baldíos ociosos

Otra ley sancionada es la de “refuncionalización temporal y voluntaria de terrenos baldíos de propiedad privada en espacios recreativos, de libre acceso y uso público para el disfrute general de toda la ciudadanía”.

Se trata de un programa por el cual el Estado de la Ciudad tratará de acordar con particulares que poseen terrenos en desuso para convertirlos transitoriamente (al menos por diez años) en espacio verde, recreativo, de tránsito, esparcimiento, uso comunitario o paseo para el uso libre de todos los vecinos.

Los propietarios de terrenos ociosos que voluntariamente se inscriban en un registro, podrán acceder a beneficios tales como la exención en el pago de ABL e impuesto Inmobiliario; planes especiales de pago y/o condonación de deuda hasta un máximo del 50% ; condonación de multas y sanciones que pesen sobre el inmueble por incumplimiento de mantenimiento de baldíos, tapiales, veredas, limpieza y/o mantenimiento.

La ley especifica que se dará prioridad a los convenios de comodato en las comunas que tengan menor proporción de espacios públicos y/o verdes.

El proyecto fue del diputado Marcelo Guouman (UCR) y otros de su bloque, con tratamiento en las comisiones de Planeamiento Urbano y de Presupuesto. Se aprobó con 36 votos de VJ, UCR y aliados, 4 votos negativos de AyL y FI y la abstención del FdT.

Preocupa el vandalismo en escuelas

El pleno de los legisladores votó sobre tablas y a mano alzada una declaración de preocupación ante reiterados actos de vandalismo en varias instituciones educativas. Hay muchas denuncias sobre robo de equipamiento informático, computadoras, medidores de agua y materiales diversos, según explicó la diputada Claudia Neira (FdT).

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Cambios en la VTV: cualquier taller mecánico y concesionarias podrá realizarla

La Legislatura porteña se aprobó la extensión del número de establecimientos autorizados para llevar a cabo la verificación técnica vehicular (VTV).

De este modo, avanzò la normativo que permite la incorporación de talleres y concesionarios que acrediten el cumplimiento de los requisitos técnicos definidos por la normativa vigente.

Asimismo, la propuesta incorpora ajustes en los plazos de vigencia de las verificaciones y en distintos aspectos relacionados con la operación y el control de los centros habilitados para prestar este servicio.

Según el proyecto, los vehículos particulares 0 km deberán realizar la primera VTV a los cinco años (60 meses) desde la fecha de patentamiento. Para los vehículos de hasta diez años de antigüedad, la verificación será requerida cada dos años, mientras que para aquellos que superen los diez años, la revisión tendrá carácter anual.

Implementación gradual

El Gobierno aclaró que el nuevo esquema no comenzará a aplicarse de inmediato.

Para su puesta en marcha será necesario habilitar nuevos talleres, establecer procesos de certificación técnica, adaptar sistemas informáticos y desarrollar mecanismos de fiscalización.

Por ese motivo, la implementación será gradual y dependerá también de la adhesión de cada provincia.

Según el Ejecutivo, el objetivo final es transformar el sistema actual en uno “más competitivo, accesible y moderno”, que facilite el cumplimiento de la verificación técnica y reduzca los costos para los conductores.

De la feroz pelea anti-UBER a la modernización de lo taxis porteños

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para modernizar el sistema de taxis y ordenar las aplicaciones de viajes (como Uber o Cabify) “para que todos compitan con reglas más claras”.

“Mediante el decreto y posterior proyecto de ley, se busca sumar un nuevo marco legal que aumente la seguridad, y ordene y modernice el servicio de transporte privado de pasajeros en la Ciudad”, señala.

“El objetivo es agilizar viajes, mejorar la seguridad y reducir trámites para los choferes de taxis. Este proceso busca normalizar la convivencia entre el servicio de taxis y las aplicaciones digitales, un sector que durante años estuvo marcado por conflictos regulatorios y protestas”, se detalló.

¿Qué cambios habrá en el servicio de taxi porteño? 

En primer lugar los taxistas van a poder trabajar con vehículos más grandes, de hasta ocho ocho plazas (incluido el conductor). Al mismo tiempo, se reduce la capacidad mínima de pasajeros a cuatro (con el conductor). Hoy es de cinco personas, lo que posibilitará que se puedan usar autos más chicos y económicos.

A su vez se eliminarán:

  • La capacidad mínima de baúl o compartimiento de carga requerida.
  • El máximo de plazas permitidas para vehículos accesibles.
  • La necesidad de escribano público para formalizar la operatoria. Hoy  la transferencia de una licencia exige escribano público, constancia de radicación, y vinculación a BA Taxi.
  • La obligatoriedad de turnos fijos.
  • La obligatoriedad del uso de tarjetas físicas identificatorias; ahora podrán ser digitales.
  • La obligatoriedad del uso de camisa en conductores.

El proyecto de ley también incluirá:

  • Eliminación de la obligatoriedad de constancia de adhesión a BA Taxi (que ya fue concesionada).
  • Eliminación de las tasas de transferencia, costos de renovación y transferencias de licencias.
  • Eliminación de tasas de renovación para conductores de taxis: altas, bajas y otras modificaciones.

También ahora se va a simplificar parte del trabajo cotidiano de los taxistas mediante pagos electrónicos, validación automática de pasajeros y acceso a viajes desde el celular.

¿Qué cambios habrá para los autos de aplicaciones?

  • Los vehículos deberán contar con VTV al día y seguro específico creado para estas aplicaciones por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
  • Los choferes deberán ser mayores de 21 años y contar con licencia de conducir profesional.
  • Se otorgará un plazo de 90 días para el cumplimiento y se abrirá un proceso abreviado para asegurar que puedan generarla de forma rápida.

“Durante muchos años, la política fingió demencia, eligió mirar para otro lado. Todos usaban las plataformas y sabían que existían, pero nadie se animaba a ordenar las cosas. Y para los taxis tampoco funcionaba. Los habían dejado atrapados en un sistema lleno de requisitos absurdos y cada vez menos competitivos”, sostuvo Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“La Ciudad que tendría que haber sido vanguardia terminó quedándose atrás. Eso se terminó. Decidimos ordenar el sistema y poner la libertad de los usuarios por encima de las trabas burocráticas. Desde ahora, taxis y aplicaciones van a competir con reglas claras”, agregó el funcionario.

Desburocratizamos y le sacamos reglas absurdas a los taxis y normalizamos el servicio de las plataformas para que puedan trabajar en libertad.

Ordenamos algo que debería haberse ordenado hace tiempo. pic.twitter.com/IbBHERNM2e— Jorge Macri (@jorgemacri) May 21, 2026

Las medidas fueron anunciadas en un encuentro con representantes del Sindicato de Taxistas y de las empresas de aplicaciones de viaje. También participaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; los legisladores Pablo Donati y Francisco Loupias; y el secretario de Transporte porteño, Guillermo Krantzer.

Cajas meta

Cajas meta

Justicia porteña frenó el cobro de una deuda a una jubilada sobreendeudada en situación vulnerable

El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires alertó sobre el avance del crédito digital y la falta de información clara en las condiciones de contratación, una situación que expone a amplios sectores de la población a mayores riesgos de sobreendeudamiento.

La acción fue impulsada por la Unidad Especializada en Relaciones de Consumo del MPD contra la entidad financiera con la que se había endeudado la mujer, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social y económica.

El pasado 5 de mayo, el Juzgado de Primera Instancia en lo CATyRC N.° 27 de la Ciudad dictó una medida cautelar por medio de la cual ordenó a la Compañía Financiera Argentina SA (conocida como “Efectivo Sí”) que suspenda el cobro de la deuda que una mujer jubilada de 68 años, en situación de vulnerabilidad social y económica, contrajo con esa entidad.

La demanda, impulsada por la Unidad Especializada en Relaciones de Consumo del MPD CABA (UERC), sostenía que se trata de una consumidora “hipervulnerable y sobreendeudada”, ya que solo percibe una jubilación mínima insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, por lo cual recibe asistencia del GCBA.

Vive, además, en una casa prestada y afronta el pago de los servicios y expensas, lo que supone una parte sustancial de sus ingresos. En este contexto de “precariedad, angustia y apremio cotidiano”, entre 2023 y 2025 la mujer recurrió al crédito ofrecido por Compañía Financiera Argentina SA y a sucesivos productos financieros para subsistir, incluidos préstamos personales y una tarjeta de crédito, algunos bajo la modalidad de “renovación”. Esta dinámica implicó la refinanciación de deudas previas y un endeudamiento progresivo. 

En la acción judicial se cuestionaba, justamente, el sucesivo otorgamiento de créditos, con tasas e intereses “sin que existieran verdaderas barreras de ingreso al sistema ni instancias reales de evaluación crediticia”. Además, se señalaba la ausencia de información clara, suficiente y comprensible acerca del alcance económico de las obligaciones asumidas y las consecuencias del endeudamiento progresivo.

Asimismo, se indicaba que la mujer había sido víctima de presuntas prácticas de hostigamiento en la cobranza: comunicaciones intimidatorias, engañosas y desproporcionadas, que incluyeron amenazas de acciones judiciales y posibles embargos.

Por todo ello, se afirmaba que “lejos de actuar con la diligencia que le es exigible como proveedora profesional de servicios financieros, la demandada se limitó a otorgar sucesivos créditos de manera casi automática, sin advertencias, sin asesoramiento y sin considerar su situación particular.

Esta conducta no solo implicó un incumplimiento de sus deberes de información y de trato digno, sino también una grave omisión en su deber de prevención del sobreendeudamiento”. Así, entre otras medidas, se solicitaba la nulidad o revisión de los contratos de préstamo, el cese de las gestiones de cobro, la suspensión de intereses, la exclusión de registros de deudores y la reparación por daños.

Al hacer lugar a la cautelar solicitada, el juez ordenó a Compañía Financiera Argentina SA “que suspenda el cobro judicial y extrajudicial de la deuda referida en el expediente y la capitalización de intereses y se abstenga de informar a la accionante en la base de deudores del sistema financiero del Banco Central de la República Argentina y administradores de datos privados o, en su caso, proceda a la rectificación provisoria de la calificación crediticia respecto de la deuda aquí cuestionada. Todo ello, hasta tanto se dicte sentencia definitiva”. 

El magistrado destacó la especial protección que le brinda nuestro sistema jurídico, así como las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, a los derechos de consumidores y usuarios. También se refirió a que la misma Corte Suprema de Justicia ha entendido que, en las relaciones de consumo con entidades bancarias, esta tutela se acentúa aún más, pues del otro lado de la relación jurídica está una entidad bancaria profesional y además el propio contexto es propicio para las cláusulas y prácticas abusivas. 

Según el fallo, estas circunstancias “habilitan la aplicación de mecanismos de tutela judicial efectiva con mayor rigurosidad”, ya que la continuidad de las acciones de cobro podría afectar ingresos de carácter alimentario y comprometer su economía de subsistencia.

Aysa
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