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La Legislatura debatió sobre el proyecto de “Ficha Limpia” para candidatos

La Legislatura organizó este jueves un nuevo encuentro para debatir sobre el proyecto de ley de la Ficha Limpia, que se enfoca en la inhabilitación a presentarse a elecciones a personas que tengan condenas por causas de corrupción.

Emmanuel Ferrario (VJ), vicepresidente primero del cuerpo parlamentario, y Hernán Reyes (VJ), en su rol de titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, lideraron la convocatoria abierta hacia los vecinos, representantes de la sociedad civil y de poderes legislativos de otras jurisdicciones de nuestro país. Dentro de los cuatro bloques expositores sobre el proyecto, participaron diputados provinciales y nacionales y también agrupaciones de la sociedad civil que impulsan el mismo.

“Las personas no se resisten a los cambios, sino a las pérdidas que éstos generan. En el caso de la Ficha Limpia lo que ataca es a todos los políticos que están anclados en privilegios. Eso es lo que busca este proyecto, esa pérdida en beneficio de la democracia, de una mejor representación”, sostuvo Ferrario durante su intervención. 

Por su parte, Reyes explicó: “Los argentinos se merecen poner un límite a la posibilidad que personas condenadas por corrupción administren nuestros fondos y administren el destino de nuestra nación. Lo merecemos como ciudadanos y lo necesitamos como democracia”.

Según lo expuesto durante el encuentro, propuestas que siguen el lineamiento de la Ficha Limpia fueron aprobadas a nivel provincial en Salta, Mendoza, Chubut y Jujuy. En el año 2020, en el Recinto de Perú 160, se alcanzaron 39 votos a favor del proyecto, quedando a un solo sufragio positivo del primer paso del cambio legal en la Ciudad. 

La diputada provincial de Mendoza María José Sanz (UCR) explicó que, tras la implementación de la Ficha Limpia en su provincia, 12 personas fueron inhabilitadas para presentarse a elecciones, hecho que fue celebrado en el salón como un triunfo republicano.

La legisladora Claudia Neira (FdT) consideró de mayor relevancia acelerar los tiempos de los procesos judiciales para un mayor y real impacto de la Ficha Limpia, ya que exige una doble sentencia. Además, sumó: “Tenemos que animarnos a dar los debates asumiendo que mayoritariamente en la política argentina tenemos algunos consensos. Los mismos tienen que llevarnos a buscar a tener un sistema democrático más transparente”.

Además de vecinos, en la actividad participaron: Diego García Vilas, Graciela Ocaña, Paula Oliveto Lago, Fanny Mandelbaum, Claudio Savoia, Gastón Blanchetiere, Gastón Marra, Silvia Lospennato, Laura Cartuccia, Marcela Campagnoli, María José Sanz, Marcelo Cossar, Natalia Fidel, Jorge Djivaris, Cecilia Ferrero y Marcelo Guouman, entre otros.

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Colegios privados y discapacidad: los cambios que se vienen

Tras años de debate judicial, el conflicto parece llegar a su fin con el compromiso del gobierno de Jorge Macri de acompañar la matriculación de personas con discapacidad lo cual era muy difícil años anteriores.

A partir de una demanda de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia que data de 2019 según contó Tiempo Judicial, el Gobierno porteño acordó garantizar el derecho a una educación inclusiva. Los detalles del acuerdo alcanzado.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)  con el asesoramiento de la Clínica Jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), impulsó una acción de amparo denunciando los rechazos de matriculación que enfrentan niños, niñas y adolescentes con discapacidad en las escuelas privadas de la Capital Federal. En el 2022, el Juzgado N° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA ordenó al Gobierno implementar una política pública para revertir el panorama.

Con el cambio de gestión parece que se avecinan cambios para evitar la innecesaria e injusta decisión que tienen que tomar los padres de niños con discapacidad de acudir a la justicia porque a sus hijos no los “toman” en las instituciones privadas.

Agostina Quiroz, abogada del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ confirmó que “Es algo histórico es la primera vez que una normativa obliga expresamente al Gobierno porteño a controlar a las escuelas de gestión privada en lo que respecta a la inclusión de estudiantes con discapacidad y a realizar acciones tendientes a evitar los rechazos por matriculación y rematriculación de estudiantes con discapacidad”.

En concreto, el Gobierno porteño se comprometió a:

Acompañar a las personas con discapacidad y sus familias durante los procesos de inscripción en instituciones educativas de gestión privada. 

Orientar a las escuelas para que el proceso de matriculación se realice respetando el derecho a la educación inclusiva. 

Disponibilizar canales específicos, accesibles y eficaces para denunciar los rechazos de matriculación y rematriculación.

Implementar un protocolo para gestionar dichas denuncias e imponer sanciones ante prácticas discriminatorias. 

Difundir el derecho a la educación inclusiva y los mecanismos para exigir su cumplimiento. 

Producir y publicar información que permita monitorear la efectividad de las acciones implementadas para garantizar el ingreso y la continuidad de las personas con discapacidad en las escuelas. 

El sube y baja en las entradas de las escuelas sigue en aumento

La doble fila en los colegios, el estacionamiento en las esquinas que obstruye las rampas para personas con movilidad reducida, e incluso el estacionamiento sobre las veredas son las infracciones más comunes en las zonas donde se encuentran escuelas.

En los últimos 12 meses se sumaron 25 escuelas, lo que significa que un 25% del total de colegios de la Ciudad cuenta con la participación de instituciones educativas al proyecto. Actualmente, 200 colegios forman parte y se contempla ampliarlo en un 20% para el 2024.

El sistema, que venía funcionando en 175 colegios, sumó 25 establecimientos más en los últimos 12 meses y arrancó el ciclo lectivo 2024 con 25% del total de colegios adheridos.

Actualmente, ya son 200 los colegios que participan y desde el Ministerio de Infraestructura, a cargo de Pablo Bereciartúa, se trabaja en conjunto con todas las instituciones educativas, de gestión privada y pública de la Ciudad de Buenos Aires, tanto en nivel inicial, primario y secundario, para ampliarlo en un 20% más este año.

Para garantizar el correcto funcionamiento del programa, cada colegio cuenta con un voluntario, designado por el colegio. Éste es quien abre la puerta de los vehículos cuando llegan al colegio, asiste a los niños en el descenso para que el padre/madre/tutor no se baje del vehículo y continúe con su rol de conductor, cierra la puerta del auto para que se incorporen al flujo vehicular.

De esta manera, el programa logra disminuir la doble fila, que está prohibida en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas veces las calles son vistas como un espacio desfavorable para los chicos ante la presencia de vehículos, por ello con Sube y Baja se busca recuperar el espacio público para los más pequeños adaptándolo a sus necesidades y fomentando su autonomía.

Objetivos del programa

– Promover el ordenamiento del tránsito.

– Garantizar la seguridad vial.

– Mejorar las prácticas de convivencia.

– Agilizar la entrada y salida de los alumnos.

Sube y Baja en números

● 200 escuelas:

○ 162 gestión privadas.

○ 31 gestión pública.

○ 7 Educación especial.

● 106 mil alumnos son beneficiados diariamente por este programa

● 100% de disminución de la doble fila.

● 20 minutos de reducción en el tiempo de entrada.

● Desde 2 voluntarios por turno.

● 9 jurisdicciones pidieron asesoramiento (Rawson -Chubut-, San José de Cuyo y Mendoza Capital -Mendoza-, Córdoba Capital -Córdoba-, Venado Tuerto -Santa Fe-, Concordia -Entre Ríos-, Resistencia -Chaco-, Montevideo -Uruguay- y Bogotá -Colombia-).

Preocupación en una escuela de Flores: un niño llevó un arma cargada

Un alumno de 6 años llevó un arma cargada con siete balas a una escuela de Flores y la Policía de la Ciudad debió acercarse hasta el establecimiento para resguardar la situación.

Fue en la Escuela Primaria Común N°10 Ingeniero Octavio S. Pico, ubicada sobre la calle Lafuente al 500, cuando el menor le exhibió a un compañero una pistola calibre 22. que estaba cargada con siete balas.

Este último corrió hasta la maestra, le advirtió que el alumno tenía un arma y de forma inmediata la llevó hasta la dirección. En principio se creyó que era de juguete, pero al ser revisada se confirmó que era de verdad.

Con este escenario se activó el protocolo correspondiente y efectivos de la Policía de la Ciudad se acercaron hasta el edificio para secuestrar el arma y poner a resguardo a los alumnos.

Desde la institución confirmaron que el menor nunca maniobró el arma si no que se la mostró a su compañero, que rápidamente avisó a las autoridades.

“El equipo directivo puso en marcha inmediatamente los protocolos correspondientes, llamando a los supervisores, a la policía, a la guardia de abogados, y también se puso en contacto con el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que intervenga en el caso. Personal del Consejo se hizo presente en la escuela y llevó al menor a la sede de Martín García 464; el chico fue acompañado por la directora de la escuela. El caso ya se encuentra judicializado”, informó el Ministerio de Educación.

El caso quedó a cargo de la jueza en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Laura De Marinis, que trata de saber porqué el alumno tenía en su mochila la pistola.