Santilli: “Hay que permitir que las fuerzas de seguridad trabajen”
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El vicejefe de Gobierno porteño a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Diego Santilli, se refirió a la represión de la Policía de la Ciudad a los feriantes de San Telmo el pasado fin de semana y dijo que “hay que inculcar el respeto al espacio público”.
Como resultado del operativo 18 personas fueron detenidas. El vicejefe de Gobierno aseguró que todo quedó filmado y que se evaluarán los procedimientos para “darle un marco legal y constatar si se actuó correctamente”.
“Si quieren pegarle a una persona, a un policía o ser violentos, en la Ciudad de Buenos Aires no. Hay un fiscal investigando todo, nosotros vamos a cumplir con lo que dice la justicia”, dijo Santilli.
El funcionario también se manifestó preocupado en relación a lo ocurrido en el Barrio 20 donde la Policía ingresó para detener a un criminal con pedido de captura y fue agredida por los vecinos.
“Vamos a seguir actuando y deteniendo a los delincuentes que tienen que estar presos”, finalizó.
La Policía de la Ciudad desarticuló una “usina de clonación de tarjetas” de débito y crédito, utilizada para estafar a víctimas a través de venta de pasajes de avión.
La pesquisa estuvo a cargo de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Dirección de Lucha contra el Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, que logró la detención del cerebro de la banda durante un allanamiento a una casa en la localidad bonaerense de Ituzaingó, donde fueron incautadas más de trescientas tarjetas entre clonadas y en blanco, equipos tecnológicos, como máquinas de copiado y transferencia de datos en bandas magnéticas, un postnet y un revólver.
Todo se inició a partir de una denuncia de un hombre que descubrió débitos por compras de pasajes de avión a Brasil a una plataforma que nunca había hecho, lo cual quedó a investigación de la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes.
Los especialistas en cibercrimen de la Policía de la Ciudad, convocados por esa fiscalía, avanzaron con la delimitación de los consumos, identificando a las empresas de aviación comercial que habían emitido los pasajes, identificando a los pasajeros, origen, destino y los datos de conexión de los pagos.
Tras confirmarse por Dirección Nacional de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el pasajero que había viajado con aquella compra fue convocado a la sede de la fiscalía, ratificando que había viajado y que compró el pasaje mediante un “conocido de un conocido” que decía tener agencia de viajes y que vendía pasajes más baratos, argumentando que poseía un “sistema de millas” que le permitían venderlos más económico.
Como el pago el cliente lo hacía por transferencia, el dinero quedaba para el estafador y el pago a las empresas de viajes lo hacía con las tarjetas clonadas de las víctimas.
Los investigadores continuaron las averiguaciones, logrando contactar a unas siete personas que habían viajado de esa forma, la mayoría confirmando que el contacto era por vía perfil de whatsapp, hasta que los detectives lograron dar con un cliente que hizo el pago personal en el domicilio de Ituzaingó.
Con ese dato la fiscalía solicitó el allanamiento a esa finca del oeste bonaerense donde fue detenido el cerebro de la maniobra y fue descubierta la usina de clonación, y la identificación de dos mujeres que se hallaban en el lugar.
Además de 33 tarjetas clonadas impresas listas para ser utilizadas a nombre de los imputado, de distintas entidades bancarias, otras 259 tarjetas en blanco fueron incautadas.
También secuestraron una máquina de grabado en relieve, una de aplicación de tinta metálica que se utiliza para falsificar los hologramas, una posnet, una notebook, un pendrive, un revólver calibre 22 largo con número de serie suprimido, siete proyectiles de ese calibre, cuatro celulares y 10.550 pesos.
Cinco clausuras y celulares incautados en Flores y Parque Avellaneda
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Cinco locales fueron clausurados, uno de ellos tapiado, y más de 130 celulares, módulos y plaquetas secuestrados fueron el resultado de una serie de inspecciones en Flores y Parque Avellaneda encabezadas por la Policía de la Ciudad junto a agencias del Gobierno porteño.
Uno de los operativos, que estuvo a cargo de la División Conductas Tecnológicas Ilícitas de la Policía de la Ciudad junto a agentes de la Dirección General de Coordinación Operativa (DGCOPE) y de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), se desarrolló en un local de reparación en la avenida Eva Perón al 3700, cuyo encargado terminó detenido.
Allí se comercializaban teléfonos y repuestos sin la correspondiente documentación y funcionaba un laboratorio con distintas máquinas.
Verificados los IMEI (la identidad del teléfono) cinco de los celulares estaban denunciados, al igual que once bandejas porta SIM, todo lo cual quedó a cargo del personal policial.
Los demás teléfonos sin documentación, un total de 85, quedaron a cargo de la AGC en infracción a la ley de la ciudad 6009/18 y como además el local carecía de elementos de seguridad, los agentes dispusieron la clausura y colocación de faja.
Mientras el procedimiento se desarrollaba, el encargado, peruano de 54 años, intentó guardar entre sus ropas dos celulares, que al ser incautados los oficiales comprobaron que estaban bloqueados. Por ello los efectivos formalizaron la consulta correspondiente, y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 7, a cargo del Dr. Sebastián Casanello, Secretaría 15 del Dr. Nicolás Oppel, ordenó la detención del encargado por infracción a la Ley 25.891 que regula los servicios de comunicaciones móviles.
Los oficiales secuestraron también secuestraron tres microscopios electrónicos, una laminadora, una pistola de calor, juego de cables arrancadores de plaquetas, una fuente de energía, cuatro Iphone bloqueados, dos computadoras y el celular del encargado.
Los otros cuatro procedimientos se realizaron en Flores con la intervención de personal de la División Investigaciones Comunales 7 (DIC7) de la Policía de la Ciudad, la AGC y la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña.
Las inspecciones se hicieron en locales en galerías de Rivadavia al 6800 y al 7400, en Yerbal al 2500 y Bogotá al 2900, todos en el circuito comercial de Flores, donde se decomisaron más de 50 celulares y módulos de telefonía en condición irregular.
Los cuatro locales fueron clausurados preventivamente por faltas administrativas, y uno de ellos fue tapiado tras acumular tres violaciones de clausura. La Ley 25.891 establece que solo las empresas autorizadas pueden vender celulares y prohíbe la activación de equipos reportados como robados o extraviados.
La Justicia porteña debe definir si reconoce derechos de licenciados en Enfermería
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El Sindicato de Trabajadores de Enfermería (SITRE) presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires este martes, exponiendo sus argumentos para rechazar la Ley 6.767, conocida como Ley de Enfermería, al considerar que sigue habiendo un trato desigual, con salarios más bajos, menos descanso y días destinados a la formación, en comparación con otros profesionales de la salud.
El recorrido judicial se inició con un amparo, que ya tuvo dos fallos favorables para los trabajadores, ordenando la nivelación salarial. Sin embargo, tras las apelaciones del Gobierno porteño -en la última instancia, bajo la administración de Jorge Macri cuando el reclamo se inició en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta-, el caso quedó en manos del Tribunal, que aún no emitió su sentencia.
El objetivo del SITRE es que los licenciados sean incluidos en la Ley 6.035, que define cuáles son las 24 carreras profesionales de la salud porteña. “No estar incluidos significa ganar muchísimo menos, en algunos casos la mitad de lo que deberíamos”, advierte el secretario general, Christian Acosta.
En concreto, un enfermero que recién ingresa a trabajar en el ámbito porteño promedia los 900.000 pesos de bolsillo. “Además, si un enfermero trabaja en terapias intensivas, no percibe el plus por estar en áreas críticas”, advierte el sindicalista.
Así, mientras el amparo avanzaba en el Poder Judicial, el Sindicato inició conversaciones con distintos legisladores porteños para intentar que los enfermeros con licenciatura sean incluidos en aquella ley. Cuando parecía que estaban los votos necesarios para hacerlo, rápidamente el Gobierno porteño presentó un proyecto alternativo, conocido como Ley de Enfermería (la 6.767), que terminó aprobándose en noviembre del 2024, por un solo voto de diferencia.
A fines prácticos, eso representó menos derechos laborales que la idea original. “Plantea una nivelación salarial hacia el escalafón más bajo de la carrera profesional, en cuatro tramos en dos años. Osea, migajas, de acá al 2027. Nos acercan a un salario de un residente de reciente ingreso, un R1, que hoy gana más de 1.300.000 de bolsilo. Es decir, alguien que recién pisa un hospital. Yo, con 20 años de trabajo, en dos años, voy a ganar lo que ganan ellos”, describe. Y añade: “Los residentes no ganan bien, pero hoy nosotros estamos mucho peor”.
Para concluir, Acosta destaca que la Justicia porteña ya reconoció la capacidad del SITRE para representar a sus afiliados en este amparo colectivo, y que, tras años de lucha, confía en que finalmente su actividad sea reconocida: “No vamos a parar hasta obtener lo que merecemos. Salario digno, tiempo disponible para mejorar nuestra formación, descanso acorde y la reivindicación de nuestra profesión”.
