Search
Close this search box.

Vacío legal de las app que terminó en tragedia

Ramiro Cayola Camacho, un joven de Quilmes de 20 años, que trabajaba como repartidor de la aplicación Rappi, falleció el mes pasado luego de que un camión lo atropellara en Retiro.

El joven, que andaba en su bicicleta y con la caja que tenía que entregar en la espalda, falleció en el acto a las 19 entre las calles San Martín y la Avenida Madero, y su autopsia reveló que  presentaba “politraumatismos con hemorragia interna y externa”, según aseguró la Asociación de Personal de Plataformas (APP) y la Policía.

El accidente ocurrió dos días después de que la Justicia porteña prohibió el funcionamiento de Pedidos Ya, Rappi y Glovo, tres aplicaciones para realizar pedidos por el celular, debido a que ninguna de las tres empresas cumplía con los requisitos de seguridad establecidos por el Código de Transporte.

El secretario general de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM), Marcelo Pariente, aseguró que día a día se sufren accidentes similares: “Es una enorme tragedia lo que le pasó al compañero Ramiro”, explicó.

Ese mismo viernes, registramos tres casos de chicos que estaban trabajando para estas plataformas; uno se pudo ir a la casa porque no fue tan grave, otro fue derivado al Hospital Fernández por un traumatismo, y el tercero fue Ramiro. Este es el resultado del incumplimiento de un montón de normas de seguridad vial”.

Además, señaló que la ley 5226, que legisla el Código de Tránsito y Transporte, que crea el Registro Único de Transporte en Motovehículos y/o Ciclorodados (RUTRAMyC) y que fue presentada por los trabajadores y votada por unanimidad en la Cámara nunca fue reglamentada en la Secretaría de Transporte. La ley además prohíbe manejar a los trabajadores de mensajería y repartos sin cumplir las medidas de seguridad.

El dirigente gremial afirmó también que mientras que el juez Gallardo avanza en el cuidado de los trabajadores el gobierno porteño apela. En ese marco pidió, junto a sus representados, la renuncia del Secretario de Transporte, Juanjo Méndez.

Relacionados: 

Tremendo aumento del subte porteño en mayo y junio

Desde mayo el boleto de subte comenzará a aumentar. El gobierno de Ciudad de Buenos Aires llevará los aumentos de forma escalonada y en tramos para llegar al valor objetivo planteado: Desde el 1 de mayo, el pasaje pasará de $125 a $574. Dos semanas después, llegará a $667. Para completar el ajuste, el 1° de junio el costo será de $757.

¿cuanto cuesta hoy ?

Tarjeta SUBE : Subte y premetro con combinación Tarifa según cantidad de viajes:

1 a 20 viajes: $125
21 a 30 viajes: $100
31 a 40 viajes: $87,50
41 viajes en adelante: $75

Premetro
$43,75

La tarifa gradual se aplica desde el primer día del mes hasta el último. Se puede utilizar todos los días, sin límite de horario.

Ayuda Escolar en C.A.B.A.: ya se anotaron más de 100 mil familias

La inversión estimada de la medida por tres meses es de entre $ 11.000 y $ 12.000 millones y abarca a 212 mil alumnos de los tres niveles educativos obligatorios de 854 escuelas que reciben algún aporte del Estado. Una familia tipo de dos hijos recibirá por el beneficio entre $ 19.000 y $ 60.000 por mes, dependiendo del aporte total que tenga su escuela. 

Más de 100 mil estudiantes ya están inscriptos en el Programa “Ayuda Cuota Escolar”, que brinda un beneficio para las familias que envían a sus hijos a las escuelas privadas de la Ciudad que reciben aportes del Estado. Durante tres meses (mayo, junio y julio), esas familias van a ver reflejado un descuento en la cuota de hasta $ 30 mil, dependiendo del porcentaje de aporte que reciba su institución. 

Hasta el momento hay 102.721 anotados en las distintas comunas de la Ciudad. 

Para solicitar o aplicar al beneficio hay tiempo hasta el 20 de mayo, y las familias deberán ingresar a https://buenosaires.gob.ar/educacion/ayudacuotaescolar para completar un formulario con los datos del o los estudiantes y de la escuela a la que asisten. El beneficio no tiene restricciones por cantidad de hijos. El Gobierno de la Ciudad le transferirá a las escuelas los importes del beneficio, para que sean usados únicamente para cubrir los aranceles.

Para solicitar o aplicar al beneficio hay tiempo hasta el 20 de mayo, y las familias deberán ingresar aquí para completar un formulario.

Colegios privados y discapacidad: los cambios que se vienen

Tras años de debate judicial, el conflicto parece llegar a su fin con el compromiso del gobierno de Jorge Macri de acompañar la matriculación de personas con discapacidad lo cual era muy difícil años anteriores.

A partir de una demanda de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia que data de 2019 según contó Tiempo Judicial, el Gobierno porteño acordó garantizar el derecho a una educación inclusiva. Los detalles del acuerdo alcanzado.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)  con el asesoramiento de la Clínica Jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), impulsó una acción de amparo denunciando los rechazos de matriculación que enfrentan niños, niñas y adolescentes con discapacidad en las escuelas privadas de la Capital Federal. En el 2022, el Juzgado N° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA ordenó al Gobierno implementar una política pública para revertir el panorama.

Con el cambio de gestión parece que se avecinan cambios para evitar la innecesaria e injusta decisión que tienen que tomar los padres de niños con discapacidad de acudir a la justicia porque a sus hijos no los “toman” en las instituciones privadas.

Agostina Quiroz, abogada del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ confirmó que “Es algo histórico es la primera vez que una normativa obliga expresamente al Gobierno porteño a controlar a las escuelas de gestión privada en lo que respecta a la inclusión de estudiantes con discapacidad y a realizar acciones tendientes a evitar los rechazos por matriculación y rematriculación de estudiantes con discapacidad”.

En concreto, el Gobierno porteño se comprometió a:

Acompañar a las personas con discapacidad y sus familias durante los procesos de inscripción en instituciones educativas de gestión privada. 

Orientar a las escuelas para que el proceso de matriculación se realice respetando el derecho a la educación inclusiva. 

Disponibilizar canales específicos, accesibles y eficaces para denunciar los rechazos de matriculación y rematriculación.

Implementar un protocolo para gestionar dichas denuncias e imponer sanciones ante prácticas discriminatorias. 

Difundir el derecho a la educación inclusiva y los mecanismos para exigir su cumplimiento. 

Producir y publicar información que permita monitorear la efectividad de las acciones implementadas para garantizar el ingreso y la continuidad de las personas con discapacidad en las escuelas.