CABA. Comenzó la campaña de poda invernal.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lanzó hoy la Campaña de Poda Invernal 2019, para mejorar el espacio urbano y conservar las especies arbóreas de la Ciudad.


“Además de mantener de la manera más vigorosa posible a todos los árboles, la poda también contribuye a la seguridad”, expresó Rodríguez Larreta. 


Los trabajos permitirán despejar el alumbrado público de obstrucciones y mejorar la iluminación, la seguridad y la señalética urbana, además de mantener a los árboles saludables. 

Además, el Jefe de Gobierno porteño indicó que “éste es uno de los reclamos más numerosos de los vecinos”, y agregó: “Venimos con muy buen ritmo y vamos barrio por barrio, pasando por todas las comunas”. 
En esa línea reconoció que “es muy importante despejar las luminarias, las cámaras de seguridad y los semáforos”. 

De la actividad también participaron el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el secretario de Atención y Gestión Ciudadana, Facundo Carrillo, y la subsecretaria de Gestión Comunal, Marina Hernández.

Por su parte, Carrillo dijo que “independientemente de los pedidos de los vecinos, el mantenimiento es una tarea rutinaria que se hace todos los años”, y sostuvo: “Tenemos un plan quinquenal con el objetivo de darle un sano crecimiento a todos los árboles y que puedan entrar en armonía con el transporte público y la seguridad”. 

Además, explicó que el servicio de poda y retiro es gratuito y las solicitudes “se pueden realizar por la aplicación BA147, por teléfono llamando al 147, o por Internet”.

A través de los mismos canales se puede solicitar el retiro de residuos producidos por la poda. 

La cantidad de árboles que tiene la Ciudad en la actualidad es 431.326, de los cuales 75.000 serán intervenidos durante la poda, que se realiza durante los meses de invierno y verano, motivo por el que quedan exceptuados los tiempos de veda, es decir otoño y primavera. 

Este año la veda fue desde el 15 de abril hasta fines de mayo. Sin embargo, la duración de los períodos no se ajusta a las estaciones, sino a las condiciones climáticas y tipo de especie arbórea, por lo que todos los años se presenta un cronograma. 

Cada comuna planifica la poda de su jurisdicción, en un trabajo articulado con la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana. Para esto se cuenta con personal especializado (ingenieros agrónomos, técnicos en jardinería y paisajismo) y empresas contratistas que realizan las tareas. 

Previamente a efectuar la poda (corte de raíz o extracción), un equipo especializado lleva a cabo un revelamiento del lugar para determinar si corresponde o no hacer el trabajo. En caso de que sea necesario, se determina qué tipo de intervención se llevará adelante. 
Además, supervisa que la ejecución se haga de forma correcta y brinda información a los vecinos acerca de cómo se planifica y/o interviene en las distintas especies. 

Los trabajos de poda se realizan junto a 115 ingenieros agrónomos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Buenos Aires, quienes se encargan de garantizar el correcto procedimiento para cuidar la salud de todas las especies. 

Si alguna persona o empresa no autorizada poda o destruye un árbol público estará cometiendo el delito de “daño a especies vegetales”. 
En caso de que el hecho se esté efectuando, los vecinos pueden denunciarlo en la comisaría de su zona para que envíe un móvil, frene la acción y detenga a los responsables. 

En caso de que ya haya ocurrido, también puede asentar una denuncia en la misma comisaría. 

Las plantaciones de nuevas especies las realizan las comunas. Por eso, si un vecino desea plantar un árbol en su vereda debe dirigirse a la comuna que corresponda.

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Sólo en octubre, se denunciaron 10 estafas a jubilados de sus propios cuidadores

A partir de un análisis de datos de casos que tramitan en la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes (FISEC) del Ministerio Público Fiscal de Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr. Miguel Kessler, se detectó un considerable crecimiento de denuncias sobre el uso de datos de tarjetas de crédito correspondientes a personas mayores por parte de las personas que los cuidan.

De este modo, a través de la calificación y categorización de los datos obtenidos en los casos que tramita, se logró detectar un patrón relacionado con damnificados de consumos no autorizados ni relizados por sus titulares, pertenecientes a este segmento vulnerable de la población, víctimas de estafas por uso de sus tarjetas.

En las diferentes investigaciones llevadas adelante por la FISEC, se estableció que en cuantiosos casos sus autores fueron las personas que cumplían la función de cuidadoras de los adultos mayores, respectivos titulares de las tarjetas. Aprovechando su tarea y el acceso a la intimidad del hogar, se hacían de imágenes de sus tarjetas, o de los propios plásticos, para luego realizar pagos de productos en distintos establecimientos.

Solo en el mes de octubre de 2025, se pudo determinar en más de 10 casos que las autoras fueron personas que cumplían funciones como cuidadoras de víctimas de avanzada edad, y que luego de cometer las estafas no volvieron a su lugar de trabajo. A su vez, se han registrado casos en los que se han realizado extracciones de elevadas sumas de dinero en cajeros automáticos.

Es de destacar que en estos casos que tratan defraudaciones a través del uso de tarjetas o de sus datos, se provoca un daño en las personas mayores que trasciende lo simplemente patrimonial, en tanto se registra un abuso de confianza, una vulneración de la intimidad y la generación en las víctimas de sentimientos de incertidumbre e inseguridad por parte de quienes debieron velar por su bienestar.

Desde la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes, que concentra con exclusividad todos los casos denunciados en la Ciudad de Buenos Aires por uso no autorizado de tarjetas de débito y crédito, se recomienda tomar recaudos para la efectiva protección de los datos de los medios de pago en cuestión.

La Policía de la Ciudad atrapó a delincuentes de una banda organizada que robó a un empresario

La Policía de la Ciudad puso fin a una banda altamente organizada que robó en agosto último millones de pesos y un lujoso reloj a un empresario en Balvanera. Detuvo a dos de sus integrantes durante una serie de allanamientos en Capital y el conurbano, en los que se secuestraron joyas, dinero, vehículos y una gran cantidad de equipos de comunicaciones.

La dilucidación del caso estuvo a cargo de la División Investigaciones Comunales 3 (DIC3) de la Policía de la Ciudad, tras casi dos meses de averiguaciones y la realización de tres allanamientos simultáneos en el barrio porteño de Caballito y en las localidades bonaerenses de Merlo y Lanús. 

El 8 de agosto al mediodía un empresario del rubro farmacéutico bajaba de su auto dentro de un garaje en Moreno al 3000, en Balvanera, y un sujeto le robó a mano armada la mochila Louis Vuitton que cargaba, tras lo cual salió corriendo y se subió a una moto con otro hombre que la manejaba.

En la denuncia ante la Comisaría Vecinal 3 A de la Policía de la Ciudad el damnificado contó que llegaba de una reunión en Palermo y en la mochila tenía 8 millones de pesos y un reloj Rolex valuado en miles de dólares, con lo cual los efectivos vislumbraron que no había sido un arrebato al voleo.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 23, a cargo del Dr. Marcelo Martín Retes, Secretaría del Dr. Hernán Leandro Gorosito, dispuso la intervención de los detectives de la DIC3 para dar con los autores.

La investigación dio que no solo estaban involucrados el autor material del robo y el conductor de la moto, sino que también hubo otros dos involucrados y sendos autos de apoyo y un andamiaje bien preparado, dando cuenta que sabían que la víctima iría a esa reunión y saldría con el dinero. Con esos autos y la moto siguieron a la víctima hasta dejar su vehículo en el garaje de Once.

Si bien ambos vehículos Citroën, no llevaban las patentes, el trabajo con cámaras de seguridad permitió recabar qué pasó en los momentos previos al asalto, lo cual fue fundamental para la pesquisa.

Los investigadores lograron determinar que los Citroën sin patentes que había utilizado la banda para dar cobertura a los delincuentes en moto, fueron abordados a varias cuadras del edificio en Palermo donde luego iba a salir la víctima. Los dos sujetos antes de subirse a los automóviles, llegaron uno en un Fiat Uno, y otro en una camioneta Volkswagen Amarok, los dos vehículos que fueron secuestrados en dos de los allanamientos.

El trabajo con imágenes y el cruzamiento de datos permitió lograr las identidades de tres de los involucrados por lo cual el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°42, a cargo de la Dra. Ángeles Mariana Gómez Maiorano, Secretaría N°106 del Dr. Juan Pablo Carovano, ordenó los tres allanamientos, vía exhorto ante los Juzgados de Garantías N° 2 de Morón y N° 2 de Lanús.

Uno de los procedimientos fue realizado en un departamento de la calle Valle al 300 en Caballito, donde fue detenido uno de los sospechosos, que sería quien habría conducido uno de los vehículos. También, en un garaje cercano fue secuestrado el Fiat Uno. En este domicilio los oficiales incautaron cuatro celulares, dos de ellos Iphone 16, un anillo, una cadena, dos dijes y 600 dólares.

Otro de los involucrados fue detenido en Viena al 1000, en Merlo, donde los efectivos secuestraron cuatro radios de comunicación Motorola con dos cargadores, cuatro celulares, dos de ellos Iphone, cinco cartuchos de escopeta calibre 32, 413 dólares y la camioneta Amarok.

El tercer allanamiento, fue en un departamento en Lanús, donde fueron secuestrados tres celulares, pero no se encontró al involucrado por lo cual pesa sobre él, un pedido de captura.

Además de detectives de la DIC3, en los procedimientos en el conurbano participaron por jurisdicción, efectivos de la Comisaría 2da. de Lanús y la Comisaría 1ra. de Merlo.

Polémicas por las vacantes en las escuelas y el rechazo de alumnos

La Comisión de Educación de la Legislatura porteña, presidida por Sergio Siciliano, con las diputadas María Bielli y Marina Kienast como vicepresidentas, realizó hoy una reunión de trabajo para abordar un proyecto que propone la modificación de la Ley 2.681.

La iniciativa, impulsada por la diputada María Graciela Ocaña junto a legisladores de distintos bloques, busca establecer nuevas regulaciones en materia de vacantes y procesos de inscripción en las escuelas privadas incorporadas a la enseñanza oficial. El objetivo central, según los considerandos de la propuesta, “es garantizar mayor transparencia, inclusión y resguardo de derechos en el acceso a la educación”.

Los puntos principales del proyecto proponen prohibir rechazos arbitrarios, estableciendo que los colegios privados incorporados a la enseñanza oficial no podrán negar inscripción o reinscripción sin justa causa y en caso de que exista una, describir detalladamente la definición de “justa causa”: solo será válida si no contradice derechos constitucionales, de la CABA ni tratados internacionales (en especial, de niñez y discapacidad).

También habilita a las familias a que tengan el derecho a pedir esos fundamentos ante una negativa y crear un Registro Público de Vacantes, donde el Ministerio de Educación deberá crearlo y publicarlo. Allí debe constar la cantidad de vacantes disponibles en cada curso y escuela para dar mayor transparencia.

Durante el encuentro expusieron representantes de organizaciones de la sociedad civil, especialistas en derecho educativo, referentes de instituciones y madres y padres de niños/as con discapacidad. Entre ellos, participaron Agostina Quiroz (ACIJ), Paulo Morales (Tea Activa), Gustavo Moreno (Asesor Tutelar del MPT), el Dr. La Greca (Academia Nacional de Educación), Silvina Lannicelli (Disfam), Gerardo Suárez y Juan Navarro Floria (Faera), el Dr. Norberto Baloira (Coordiep), Jorgha García Domínguez (FEDUTEC), Genoveva Ferrero (Poder Judicial) y distintas familias que compartieron sus experiencias.

El debate giró en torno a los límites entre la gestión estatal y privada en materia de educación inclusiva, donde algunos especialistas destacaron la necesidad de resguardar la autonomía de las instituciones, mientras que organizaciones sociales y familias remarcaron las dificultades que enfrentan cuando se rechaza la inscripción de un niño con TEA, dislexia u otras condiciones, sin una explicación clara. Se señaló que muchas veces esas negativas no quedan asentadas por escrito, lo que impide reclamar, y que la falta de información transparente sobre las vacantes genera incertidumbre y exclusión.

La reunión permitió recoger distintos puntos de vista y aportes que nutran el trabajo legislativo en torno a la propuesta en debate, que seguirá siendo analizada en la Comisión. Antes del cierre, el diputado Siciliano, recordó que “el próximo martes a las 14:00 se realizará una nueva convocatoria para seguir dialogando en la búsqueda de un proyecto mejor”.