La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires avanzará a nivel judicial para cuestionar los importantes aumentos de los planes de ahorro para la compra de automóviles 0 Km. Las cuotas de estos planes en muchos casos ya alcanzan a superar la mitad del salario del comprador y generan un verdadero apuro financiero para los usuarios.
Maniobras ilegales.
En los últimos meses hubo un fuerte aumento de las quejas de los compradores, que llevó a la Defensoría a iniciar acciones legales para denunciar maniobras que violan la Ley de Defensa del Consumidor. Para el organismo, el comportamiento de las concesionarias viola el artículo 42 de la Constitución Nacional, el cual protege de manera expresa los intereses económicos de los consumidores. “Recibimos casos en que las cuotas aumentaron un 300 por ciento en un año y representan hasta la mitad del salario de quien tiene un plan de ahorro. Es una situación desesperante que se agrava mes a mes, por lo que es necesario encontrar alguna solución a este drama”, aseguró el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
Una trampa para los consumidores.
La Defensoría puso el foco en una serie de prácticas abusivas que llevaron adelante las empresas para definir el incremento del monto final de las cuotas, que generaron una alteración de las condiciones que los consumidores tuvieron en cuenta en el momento de contratar el plan de ahorro y que hoy las torna prácticamente imposibles de pagar. “Existe una distorsión discriminatoria entre los precios de lista que pagan los ahorristas frente a los precios con bonificaciones que día a día se promocionan en las concesionarias”, plantean en la Defensoría. Esto se debe a que aquellos modelos bonificados no son los mismos que se comercializan a través de los planes de ahorro. “Un mecanismo que se creó para aumentar las ventas resulta hoy una trampa para los consumidores, ya que no pueden afrontar los aumentos de las cuotas. El ahorrista se encuentra desprotegido y sin poder hacer nada para cambiar esta situación, por lo que resulta necesario que se modifique este esquema que se parece más a una estafa legal que a un plan de ahorro”, sostuvo Lorenzino.
Pedidos de informes.
Con el objetivo de reforzar la intervención, la Defensoría del Pueblo envió pedidos de informes a la Inspección General de Justicia de la Nación, a la Dirección Provincial de Comercio y a las empresas que administran los planes de ahorro de todas las automotrices. Esta estrategia apunta a recabar la información necesaria para acelerar acciones de mediación de las autoridades competentes ante las situaciones denunciadas.
