Quilmes. Estrategias para abordar la modalidad delictiva «gota a gota».

En el Centro de Emergencias Quilmes Bombero Sánchez, se conformó la primera mesa interdisciplinaria de la provincia de Buenos Aires, integrada por Martín Culatto del Ministerio de Seguridad de Nación, Guillermo Soares Gache subsecretario de Articulación Judicial  de la Nación, Denis Szafowal secretario de Seguridad y Ordenamiento Urbano municipal, Esteban Moreno delegado en Quilmes de la Dirección Nacional de Migraciones, el comisario mayor Carlos Dominguez de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Ignacio Chiodo secretario de la Agencia de Fiscalización y Control del municipio, junto a personal de Tránsito, Patrulla Urbana, Legales y Prensa de la secretaría de Seguridad de Quilmes. El objetivo de la mesa fue informar y plantear estrategias de acción en conjunto, frente a una nueva modalidad delictiva utilizada en algunos países latinoamericanos, denominada “gota a gota”, que ya tuvo algunas acciones en Argentina.

La modalidad delictiva consiste en el préstamo de dinero en efectivo sin avales ni garantías formales, para ser devuelto en cuotas “mínimas” pero a una tasa de interés usuraria. El sistema de créditos “gota a gota” o por “goteo” constituye un fenómeno delictivo relacionado con el lavado de activos y la delincuencia organizada con graves implicancias en la seguridad ciudadana. Existen indicios que los fondos prestados en estos esquemas, provienen de organizaciones delictivas relacionadas con la trata de personas y con el narcotráfico.

“Es sumamente importante tener una visión integral y poder anticiparnos a las problemáticas que pueden incidir negativamente en nuestro distrito. La vulnerabilidad económica de algunos sectores, propician la aparición de estas nuevas formas de delito y, es obligación de todos los organismos que forman el Estado, estar atentos para pensar y ejecutar acciones que tiendan a cuidar a los ciudadanos frente a estos hechos”, dijo el secretario de Seguridad municipal Denis Szafowal.

Según los expertos que conformaron la mesa interdisciplinaria en Quilmes, los Estados latinoamericanos no tienen mecanismos adecuados para proteger a sus ciudadanos en zonas empobrecidas y alejadas donde estos grupos extorsionadores terminan instalándose y especulando con la necesidad de la población. Las fallas en el funcionamiento del sistema judicial generan informalidad e ilegalidad, a lo que se suma el bajo nivel de bancarización en ciertos sectores sociales que imposibilitan el acceso al crédito expulsándolos necesariamente a moverse dentro de la economía informal.

Hasta ahora, la totalidad de los casos registrados en Argentina se caracterizan por el ofrecimiento de pequeñas sumas de dinero por medio de vendedores ambulantes de muebles. El préstamo se cancela por cuotas cobradas de forma periódica y cortoplacista: diaria, semanal o mensualmente. Cuando la persona se ve imposibilitada de devolver el préstamo, puede sufrir hostigamiento, amenazas, e incluso actos de violencia física hacia él o hacia las personas de su entorno. Al ser sumas de dinero pequeñas, las operaciones quedan por fuera de los radares del Estado, lo que favorece a estas organizaciones delictivas “lavar” fondos provenientes de otras actividades.

Antecedentes en países de la región marcan que estas prácticas involucran delitos que exceden a la propia usura ya que tienen como fin último apoderarse de los bienes de sus “clientes” y de los territorios donde operan, convirtiéndose en dueños de todos los negocios ilegales y, a posteriori, también de los legales.

Sobre el final de la jornada los organizadores destacaron que si bien en Argentina la modalidad del “gota a gota” aún se encuentra en una etapa embrionaria, es de suma utilidad que los responsables políticos de los distintos estratos del Estado comiencen a proyectar acciones y destinar recursos, para que los grupos que trabajan con esta modalidad delictiva sean detectados y neutralizados con antelación.  

Relacionados: 

Prisión preventiva a integrantes de una Red Transnacional de abuso sexual infantil 

Así lo resolvió la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 2, Dra. Barbara Moramarco Terrarosa, en virtud de la evidencia recolectada y la posibilidad de que los investigados entorpezcan la investigación o bien se den a la fuga

La jueza porteña deicidio que los 3 imputados que formaban parte de la Red transnacional de abuso infantil que operaba a través de mensajería cifrada, permanezcan detenidos hasta tanto se lleve a cabo el juicio oral y público en su contra.

A partir de la medida dispuesta por Moramarco Terrarosa, el pasado 16 de diciembre de 2025, en el marco de una investigación coordinada por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos (UFEDyCI), a cargo de la fiscal Daniela Dupuy, se realizaron nueve (9) allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en distintas localidades del Conurbano bonaerense.

La organización operaba a través de la plataforma Signal a través de la cual distribuía imágenes y videos en los que se observa a niñas y niños de muy corta edad, incluso bebés, siendo sometidos a abusos sexuales por parte de adultos.

¿cómo fue la “Operación Dori”?

El procedimiento se desarrolló en el contexto de la denominada “Operación Dori”, una investigación de alcance transnacional que tuvo su origen en tareas realizadas por el Grupo 3° de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional de España. En ese marco, se detectaron múltiples grupos de la aplicación de mensajería Signal —similar a WhatsApp o Telegram— integrados por usuarios de distintos países, dedicados al intercambio y comercialización de material de abuso sexual infantil.

La justicia argentina, trabaja desde mediados de 2025 en conjunto con la oficina de enlace de España en el AC3 de Ameripol Buenos Aires que dio intervención a la UFEDyCI, para que inicie la investigación de los objetivos locales.

En tres de los domicilios allanados, y con expresa autorización judicial, se realizó un análisis preliminar de los dispositivos electrónicos hallados en el lugar, en el que se encontró una gran cantidad de imágenes y videos de abuso sexual infantil.

La jueza interviniente resolvió en la audiencia posterior a las detenciones, y tras valorar la gravedad de los hechos, la evidencia recolectada y el riesgo de entorpecimiento de la investigación o de fuga, que los tres imputados permanezcan detenidos hasta la realización del juicio oral.

Detuvieron a cuatro personas con drogas sintéticas

La Patrulla de Control de Accesos de la Policía de la Ciudad detuvo este lunes a cuatro hombres que viajaban en un Volkswagen Bora durante un control vehicular en el Puente Cabildo, donde se secuestraron más de 60 dosis de distintas sustancias ilegales, entre ellas tusi, éxtasis y marihuana.

El procedimiento se realizó cuando los oficiales detuvieron la marcha del vehículo y advirtieron el evidente nerviosismo del conductor, junto con un fuerte olor compatible con marihuana. Ante esa situación, y en presencia de testigos, se procedió a la requisa del rodado.

Debajo del asiento del conductor se hallaron tres gramos de tusi, dos gramos de cristales, tres gramos de picadura de marihuana y cincuenta y cinco pastillas de éxtasis.

Los detenidos son tres hombres de 24, 24 y 26 años, y una mujer de 25, todos domiciliados en la ciudad de Mar del Plata. Los cuatro quedaron a disposición de la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la Dra. María Milagro Pauls. En tanto las sustancias fueron secuestradas para su análisis y las actuaciones continúan bajo la intervención judicial correspondiente.

La “Patrulla de Control de Accesos” monitorea de manera rotativa y aleatoria durante las 24 horas los puntos de ingreso y egreso a la Ciudad de Buenos Aires, entre los que se encuentran los 24 kilómetros de la avenida General Paz y los puentes que atraviesan el Riachuelo, por donde circulan diariamente millones de personas.

Esta fuerza trabaja de manera coordinada con el Sistema Integral de Seguridad Pública, que abarca el Anillo Digital, el Centro de Monitoreo Urbano y la red de cámaras de videovigilancia del distrito, y colaboró en la baja del 28 por ciento del delito de robo en territorio porteño durante los primeros 11 meses de 2025.

La Justicia porteña debe definir si reconoce derechos de licenciados en Enfermería

El Sindicato de Trabajadores de Enfermería (SITRE) presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires este martes, exponiendo sus argumentos para rechazar la Ley 6.767, conocida como Ley de Enfermería, al considerar que sigue habiendo un trato desigual, con salarios más bajos, menos descanso y días destinados a la formación, en comparación con otros profesionales de la salud. 

El recorrido judicial se inició con un amparo, que ya tuvo dos fallos favorables para los trabajadores, ordenando la nivelación salarial. Sin embargo, tras las apelaciones del Gobierno porteño -en la última instancia, bajo la administración de Jorge Macri cuando el reclamo se inició en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta-, el caso quedó en manos del Tribunal, que aún no emitió su sentencia.

El objetivo del SITRE es que los licenciados sean incluidos en la Ley 6.035, que define cuáles son las 24 carreras profesionales de la salud porteña. “No estar incluidos significa ganar muchísimo menos, en algunos casos la mitad de lo que deberíamos”, advierte el secretario general, Christian Acosta. 

En concreto, un enfermero que recién ingresa a trabajar en el ámbito porteño promedia los 900.000 pesos de bolsillo. “Además, si un enfermero trabaja en terapias intensivas, no percibe el plus por estar en áreas críticas”, advierte el sindicalista. 

Así, mientras el amparo avanzaba en el Poder Judicial, el Sindicato inició conversaciones con distintos legisladores porteños para intentar que los enfermeros con licenciatura sean incluidos en aquella ley. Cuando parecía que estaban los votos necesarios para hacerlo, rápidamente el Gobierno porteño presentó un proyecto alternativo, conocido como Ley de Enfermería (la 6.767), que terminó aprobándose en noviembre del 2024, por un solo voto de diferencia. 

A fines prácticos, eso representó menos derechos laborales que la idea original. “Plantea una nivelación salarial hacia el escalafón más bajo de la carrera profesional, en cuatro tramos en dos años. Osea, migajas, de acá al 2027. Nos acercan a un salario de un residente de reciente ingreso, un R1, que hoy gana más de 1.300.000 de bolsilo. Es decir, alguien que recién pisa un hospital. Yo, con 20 años de trabajo, en dos años, voy a ganar lo que ganan ellos”, describe. Y añade: “Los residentes no ganan bien, pero hoy nosotros estamos mucho peor”. 

Para concluir, Acosta destaca que la Justicia porteña ya reconoció la capacidad del SITRE para representar a sus afiliados en este amparo colectivo, y que, tras años de lucha, confía en que finalmente su actividad sea reconocida: “No vamos a parar hasta obtener lo que merecemos. Salario digno, tiempo disponible para mejorar nuestra formación, descanso acorde y la reivindicación de nuestra profesión”.

Aysa
Banner capacitate
¡Publicitá aquí!

ÚLTIMAS

Tal vez te interese