Patada mortal: Amnistía Internacional condena el episodio y exige medidas para investigarlo
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Jorge Martín Gómez falleció el lunes 19 de agosto tras recibir una patada de un agente de la fuerza de seguridad de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Amnistía Internacional condena el episodio y llama a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para investigar los hechos y en base a ello determinar las responsabilidades en el caso.
De
acuerdo al derecho internacional, el Estado debe garantizar: que el uso de
la fuerza sólo será utilizado como último recurso y de manera excepcional; que
se garanticen las normas de proporcionalidad y necesidad en relación con la
amenaza; que se respeten las garantías constitucionales y de derechos humanos
para la protección de la vida de las personas.
Asimismo, el Estado debe asegurar que ante un supuesto uso arbitrario de la fuerza por parte de la Policía, se investigue en forma rigurosa y se castigue como delito.
La
invocación del uso de armas de electrochoque tipo Taser en contextos como el
ocurrido, refuerzan la necesidad de capacitar tanto a funcionarios como a
fuerzas de seguridad para que estén en condiciones de evaluar situaciones
que justifiquen una intervención, como así también valorar las amenazas
existentes y en función de ello, dirimir las respuestas para garantizar que el
uso de la fuerza sea siempre el último recurso y se implemente en proporción
directa a dicha amenaza.
Amnistía Internacional ha advertido que este tipo de armas eléctricas solo deberían utilizarse en situaciones extremas y limitadas -cuando exista un peligro inminente de muerte o de lesiones graves- como sustituto de las armas letales y únicamente por personal de las fuerzas de seguridad capacitado.
Amnistía
Internacional dará seguimiento a las medidas adoptadas para garantizar una
investigación imparcial e independiente.
Más controles de tránsito en las calles con agentes de tránsito y motos
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La Ciudad reforzó el Plan de Reordenamiento de Tránsito para controlar y mejorar la seguridad vial en las calles porteñas, una prioridad del Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Con las nuevas incorporaciones, el Cuerpo de Tránsito suma 1.300 agentes y cerca de 200 motos.
“Asumimos el compromiso de ordenar la Ciudad, por eso reforzamos nuestro cuerpo de tránsito con más agentes en moto para que tengan mayor capacidad de despliegue y puedan cubrir más zonas. Son 45 motos de 150 cc, muy ágiles y suficientemente seguras y rápidas para moverse en la Ciudad”, dijo Jorge Macri, quien supervisó la salida de los nuevos agentes en el Planetario, acompañado por el ministro de Infraestructura, Pablo Bereciartua.
De esta forma, se intensificaron los controles para impedir detenciones en doble fila en zonas céntricas y se extendió el sistema de estacionamiento medido a Puerto Madero, con 3.695 nuevos espacios, entre otras medidas.
En lo que va de 2024 la mayoría de las infracciones que se labraron estuvieron relacionadas con excesos de velocidad y estacionamiento indebido. Y se hicieron más de 270 mil controles de alcoholemia, con una tasa de positividad de 1,25%.
“La idea es que el responsable de tránsito ya no esté solo en una esquina, donde se le hace difícil advertir qué está pasando a la vuelta o a dos cuadras, sino que con la moto tenga la posibilidad de desplazarse rápido y cubrir de manera preventiva una zona mucho más grande”, agregó Jorge Macri, y dijo que seguirán sumando motos y agentes.
En la primera etapa del Plan de Reordenamiento de Tránsito se reforzaron los controles en avenidas y calles y en las inmediaciones de hospitales, escuelas, bancos, empresas transportistas, paradas de colectivos y lugares de carga y descarga. También ya se eliminaron 40 giros a la izquierda en avenidas de doble mano, se rediseñaron carriles y se reubicaron contenedores de basura en calles y avenidas muy transitadas.
“Asumimos el compromiso de ordenar la Ciudad, por eso reforzamos nuestro cuerpo de tránsito”. (Jorge Macri)
“Reforzamos nuestro cuerpo para que tengan mayor capacidad de despliegue y puedan cubrir más zonas”, dijo Jorge Macri.
Refuerzo en Seguridad
En total, en la Ciudad hay 202.500 luminarias, de las cuales 62.482 son peatonales. Todas son LED desde 2019, lo que garantiza un mantenimiento más eficiente y un ahorro energético de más del 50%.
Las nuevas luces peatonales se suman al plan del Gobierno porteño de “Parques Seguros”, que busca mejorar la seguridad en las plazas sumando iluminación, cámaras y más vigilancia. También en plazas y parques se están instalando tótems de seguridad para hablar con la Policía llamados “Puntos Seguros”, al igual que cámaras infrarrojas en las zonas consideradas de mayor riesgo.
Para reforzar la seguridad y brindarles mayor tranquilidad a los vecinos, la Ciudad instaló 2.100 nuevas luces peatonales en 510 cuadras en lo que va del año. Se las conoce como “bracitos”: tienen un radio más amplio de iluminación porque están ubicadas por debajo de la copa de los árboles. Y sirven para aumentar los niveles de luz en las veredas.
Requisas policiales: la decisión de la Justicia porteña
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La Sala IV de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas revocó un fallo sobre armas blancas apartando a la jueza interviniente que ordenó revisar todo lo actuado en 115 procedimientos policiales en la vía pública.
La Sala IV de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos aires ordenó revisar todo lo actuado respecto de requisas policiales y secuestro de armas blancas e impropias, hizo lugar al recurso de apelación del Ministerio Publico Fiscal y apartó a la magistrada actuante
En el fallo revocatorio, detalló errores procedimentales en todos los niveles de la causa: fiscalía y juzgado por los cuales se fundamenta la nulidad. Sala integrada por los Dres. Luisa María Escrich, Gonzalo Viña y Javier Alejandro Bujan, revocaron el fallo sobre 115 hechos ocurridos en el turno de la segunda quincena de junio, de la titular de Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas de Primera Instancia N° 17, Dra. Natalia Ohman.
Los hechos ocurrieron mientras el tribunal de grado estuvo de turno en el período comprendido entre el 16 y el 30 de junio de 2024 para entendiendo en todos los hechos que tuvieron lugar en la zona oeste de esta Ciudad (comunas 5, 6, 7, 10 y 11). En ese marco, el Ministerio Público Fiscal le informó que había convalidado diversos procedimientos policiales realizados en la vía pública que habían culminado con el secuestro de armas no convencionales (tales como cuchillos, destornilladores, tijeras o elementos corto punzantes). El 26 de junio de 2024, el representante de la acusación se limitó a informar a la jueza de grado que todos los casos solicitados se encontraban en la órbita de la Unidad de Intervención Temprana Oeste del Ministerio Público Fiscal. Tras ello, la magistrada dictó la resolución.
El juez Gonzalo E. D. Viña observó que: “conviene, entonces, dejar de lado mínimamente los cánones usuales de la mejor técnica judicial, para echar luz sobre el debate desatado y poner en su justo quicio cada aspecto de la controversia”.
Que “frente al incumplimiento por parte del Ministerio Público Fiscal de la orden judicial de remitir las constancias y registros de los casos en los que se habían adoptado autónomamente medidas precautorias, la jueza de grado debió insistir con la intimación, esta vez con el apercibimiento de ley pertinente (conf. art. 73 CPP; art. 6 LPC). Y que: “La resolución apelada debe ser revocada en todos sus términos. Esta decisión torna necesario el apartamiento de la jueza de grado en cada uno de los ciento quince casos afectados, como lo peticiona el recurrente”.
El Dr. Buján señaló que: “la resolución apelada debe ser revocada en todos sus términos. Esta decisión torna necesario el apartamiento de la jueza de grado en cada uno de los ciento quince casos afectados, como lo peticiona el recurrente”. Y que: “en mi interpretación se ha configurado de parte de la resolución de la magistrada a quo un claro caso de arbitrariedad en la resolución. La resolución carece no solo de prudencia y atino sin que a su vez en manera patente es carente de fundamentación suficiente. La resolución sub examine realiza afirmaciones meramente dogmáticas e infundadas, más de corte académico que judicial, cuya orfandad de sustento, atento a los escasos antecedentes que contaba al momento de resolver, descalifican la resolución dictada como acto jurisdiccional válido”.
La Sala por unanimidad con el tercer voto de la camasista Escrich revocó la resolución apelada, entendiendo que la jueza había realizado una conexidad indebida y que había resuelto en violación al principio de oralidad, inmediatez y debido proceso.
Tras la sentencia de la jueza de primera instancia apartada, la Policía de la Ciudad se había visto impedida de avanzar con este tipo de requisas. Según datos del Ministerio de Seguridad, en los primeros seis meses de este año la fuerza porteña incautó más de 1.500 armas blancas.
Por infracciones a la Ley de Marcas, la Policía de la Ciudad allanó cuatro comercios del barrio de Balvanera buscando detectar termos adulterados que podrían resultar nocivos para la salud. La investigación dio con termos falsificados por más de 48 millones de pesos.
La Policía de la Ciudad allanó en las últimas horas cuatro comercios del barrio de Balvanera buscando detectar termos adulterados que podrían resultar nocivos para la salud.
La División Investigaciones Especiales concretó cuatro procedimientos en comercios de la avenida Rivadavia y la calle Castelli tras la denuncia de la marca Lumilagro por la comercialización de sus termos, pero apócrifos, es decir que no están confeccionados dentro de las normas que establecen las organizaciones reguladoras.
En los cuatro operativos simultáneos se secuestraron 1920 termos imitaciones de las marcas Lumilagro y Stanley principalmente, por un valor estimado en el mercado de 48 millones de pesos.
Los organismos interventores -Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC), la Dirección General Protección del Trabajo (DGPT), funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF, representantes de la Aduana y de la empresa – labraron las actas correspondientes según su área de especialización.
crédito: Policía de la Ciudad
Clausuran un centro de estética que contaba con un quirófano ilegal y secuestran medicamentos vencidos
La Policía de la Ciudad participó de un procedimiento en un centro de estética ubicado en la zona de Tribunales: fue clausurado por el Ministerio de Salud tras constatarse que utilizaba equipos sin habilitar y ofrecía medicamentos vencidos.
Personal de la División Delitos Contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad encabezó la inspección en el local de Montevideo al 700 y contó la colaboración del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y de representantes del Ministerio de Salud para constatar la legalidad de los tratamientos que se efectuaban.
El procedimiento verificó que el centro de estética carecía de profesionales matriculados.
Se incautaron más de 500 pastillas de medicamentos vencidos (clonazepam, tramadol y lidocaína, entre otros) y el equipamiento láser hallado no estaba homologado por la ANMAT. Se secuestraron más de 130 historias clínicas de pacientes.
Al consultar con la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Número 11, a cargo de la doctora Massaglia, Secretaría del doctor Pérez Bustos, se dispuso la imputación de la mujer que atendía el local y el secuestro de todos los elementos encontrados, tanto de los medicamentos como el equipo de depilación láser.
