El gobierno porteño busca legislar sobre los alquileres turísticos sin tener en cuenta las consecuencias que tendrá en la crisis habitacional que existe en la ciudad. Además, el proyecto de ley no tuvo instancias participativas ni de discusión.
El 27 de noviembre la legislatura porteña tratará el proyecto de ley de regulación del mercado de alquileres temporales que impulsó el ejecutivo. La iniciativa favorece los intereses de las plataformas online de alquileres temporales y agrava la crisis habitacional de la ciudad. Los derechos de los inquilinos y las inquilinas están en juego.
El proyecto de ley, presentado por el diputado oficialista Gonzalo Straface, se basa en la necesidad de captar “las bondades” del turismo en la ciudad de Buenos Aires, pero desconoce la relación que existe entre la proliferación y liberalización del mercado de alquileres temporales y/o turístico y los alquileres con destino habitacional. La iniciativa fomenta indirectamente el cambio de uso de las viviendas de residenciales a turísticas, desprotegiendo a los inquilinos e inquilinas a contramano de lo que se buscó al reducir los costos de ingreso con la ley 5859 del 2017 o con la ley de alquileres nacional votada recientemente en la cámara de diputados.
El efecto de los alquileres temporarios desregulados en varias ciudades del mundo ha sido el retiro de propiedades del mercado de alquileres permanentes y un alza generalizada de los precios de los arrendamientos de vivienda tradicional. Desconocer el impacto de estas plataformas en el mercado locaciones urbanas es desconocer del esfuerzo de muchas ciudades, como Nueva York, San Francisco, Amsterdam, Londres, Berlín, Hamburgo o París, de reducir los daños causados por crecimiento exponencial de estas maneras de alquilar.
Además, el proyecto no distingue entre distintos tipos de ofertas e iguala aquellas situaciones que van desde grandes inversores multipropietarios que realizan negocios inmobiliarios hasta personas que deciden cohabitar (alquilando una habitación de su vivienda) o alquilar su vivienda de forma esporádica para complementar ingresos.
Por último, la iniciativa parlamentaria consolida una desigualdad en relación al ejercicio de actividades locativas. A diferencia de otros actores del mercado inmobiliario, la actividad de alquileres temporarios no pagan cánones ni contribuciones por el ejercicio de una actividad lucrativa, cuyas consecuencias, como la suba de precios de los alquileres formales, deben ser soportados por toda la sociedad.
Reafirmamos que la gestión de la ciudad exige una discusión profunda y participativa sobre actividades que pueden afectar los derechos de su población. Pese a existir espacios convocados por el propio GCBA para la discusión de la problemática del alquiler, el proyecto fue presentado en forma expeditiva, sin tiempo ni ámbitos apropiados para debatir las graves repercusiones que puede generar.
Solicitamos que se revise el proyecto de ley y se convoque a todos los actores involucrados en el debate sobre el acceso a la vivienda en la ciudad para que la propuesta tenga un tratamiento adecuado y respetuoso de las obligaciones del gobierno de la ciudad en materia de política habitacional.
