La provincia otorgará licencias para mujeres víctimas de violencia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, firmó el decreto que reglamenta la Ley N° 14.893, que establece la “Licencia para mujeres víctimas de violencia”. La norma había sido promulgada en 2017 y estaba pendiente su reglamentación.

La Ley N° 14.893 estableció una “Licencia para Mujeres Víctimas de Violencia”, destinada a todas las trabajadoras de la Administración Pública o sociedades de economía mixta con participación estatal mayoritaria de la Provincia de Buenos Aires.

Esta licencia contempla las ausencias y la flexibilidad horaria necesaria para atender situaciones de las mujeres víctima de violencia. Las características principales son: obligatoriedad, confidencialidad e indemnidad.

Además, en aquellos casos donde el agresor denunciado sea un trabajador de la misma dependencia pública, se impulsarán las medidas precautorias que correspondan para garantizar las condiciones para que la trabajadora pueda desempeñar, en forma segura, sus actividades laborales habituales. Asimismo, si la mujer afectada solicita un cambio en el lugar de trabajo se impulsará priorizando la continuidad de su carrera administrativa.

La Autoridad de Aplicación de esta Ley será la Subsecretaría de Empleo Público y Gestión de Bienes del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros.

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz; y la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec .

Este jueves, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz; y la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, presentaron los alcances del decreto reglamentario ante autoridades de los gremios provinciales.

En ese contexto, Díaz aseguró que la normativa “pone en el centro la protección del trabajo y de la trabajadora y da un paso decisivo que es la constitución de equipos interdisciplinarios en todas las dependencias”. Asimismo, sostuvo que “había una gran deuda con las trabajadoras del Estado respecto a la reglamentación de esta licencia” y valoró: “Hoy tenemos un gobierno que plantea que las luchas por derechos deben ser políticas de gestión pública”.

Por su parte, Ruiz Malec explicó que “se trata de una herramienta que es amplia, pretende ser comprensiva, contenedora y reparadora no solo en los términos de poder ausentarse del trabajo sino también en un acompañamiento por parte del Estado”. Y amplió: “Entendemos que es una licencia que es mucho más que una licencia, pretende ser una presencia activa del Estado con estos equipos interdisciplinarios”.

Del acto de presentación, que se realizó en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense, también participaron el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, la subsecretaria Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete, Cecilia Pérez Araujo; y la jefa de gabinete de la Asesoría General, Ana Adelardi.

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La Justicia porteña debe definir si reconoce derechos de licenciados en Enfermería

El Sindicato de Trabajadores de Enfermería (SITRE) presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires este martes, exponiendo sus argumentos para rechazar la Ley 6.767, conocida como Ley de Enfermería, al considerar que sigue habiendo un trato desigual, con salarios más bajos, menos descanso y días destinados a la formación, en comparación con otros profesionales de la salud. 

El recorrido judicial se inició con un amparo, que ya tuvo dos fallos favorables para los trabajadores, ordenando la nivelación salarial. Sin embargo, tras las apelaciones del Gobierno porteño -en la última instancia, bajo la administración de Jorge Macri cuando el reclamo se inició en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta-, el caso quedó en manos del Tribunal, que aún no emitió su sentencia.

El objetivo del SITRE es que los licenciados sean incluidos en la Ley 6.035, que define cuáles son las 24 carreras profesionales de la salud porteña. “No estar incluidos significa ganar muchísimo menos, en algunos casos la mitad de lo que deberíamos”, advierte el secretario general, Christian Acosta. 

En concreto, un enfermero que recién ingresa a trabajar en el ámbito porteño promedia los 900.000 pesos de bolsillo. “Además, si un enfermero trabaja en terapias intensivas, no percibe el plus por estar en áreas críticas”, advierte el sindicalista. 

Así, mientras el amparo avanzaba en el Poder Judicial, el Sindicato inició conversaciones con distintos legisladores porteños para intentar que los enfermeros con licenciatura sean incluidos en aquella ley. Cuando parecía que estaban los votos necesarios para hacerlo, rápidamente el Gobierno porteño presentó un proyecto alternativo, conocido como Ley de Enfermería (la 6.767), que terminó aprobándose en noviembre del 2024, por un solo voto de diferencia. 

A fines prácticos, eso representó menos derechos laborales que la idea original. “Plantea una nivelación salarial hacia el escalafón más bajo de la carrera profesional, en cuatro tramos en dos años. Osea, migajas, de acá al 2027. Nos acercan a un salario de un residente de reciente ingreso, un R1, que hoy gana más de 1.300.000 de bolsilo. Es decir, alguien que recién pisa un hospital. Yo, con 20 años de trabajo, en dos años, voy a ganar lo que ganan ellos”, describe. Y añade: “Los residentes no ganan bien, pero hoy nosotros estamos mucho peor”. 

Para concluir, Acosta destaca que la Justicia porteña ya reconoció la capacidad del SITRE para representar a sus afiliados en este amparo colectivo, y que, tras años de lucha, confía en que finalmente su actividad sea reconocida: “No vamos a parar hasta obtener lo que merecemos. Salario digno, tiempo disponible para mejorar nuestra formación, descanso acorde y la reivindicación de nuestra profesión”.

Inmuebles en leve alza y en movimiento según inmobiliarias

Un informe privado a cargo de la plataforma inmobiliaria Zonaprop reveló que el precio medio de las propiedades en la Ciudad de Buenos Aires en julio subió un 0,5%, en comparación con el mes anterior, y se ubica en US$2440/m², nivel similar al de julio 2021.

El relevamiento informa que en lo que va del 2025, el incremento acumula un 5%. Mientras que, en los últimos 12 meses, la suba fue del 6,7%, revelando que los departamentos en pozo son los de mayor incremento de precio interanual.

En cuanto a la distribución de dichos incrementos en cada barrio porteño, alguno de ellos sufrieron subas más significativas. El aumento de mayor relevancia en el último año se dio en Núñez, que subió un 14,7%; seguido por Villa Riachuelo, con un 13,3%; y Mataderos, en el que las propiedades presentaron un alza del 12,4%.

En los casos recientemente mencionados, los precios actuales promedio se ubican en torno a los: US$3284/m² (siendo uno de los barrios con los valores más altos), US$1622/m² y US$1986/m², respectivamente.

En la vereda opuesta, hay dos barrios en los que se vislumbró una baja en el m² promedio de sus departamentos en venta. Estos son: Versalles y Parque Avellaneda, en los cuales los precios promedio bajaron un 1,6% y 1,9%, respectivamente.

Por último, en cuanto a los barrios más caros, Puerto Madero (US$6.124/m²) continúa primero en el ranking de barrios para la adquisición de departamentos, le siguen Palermo (US$3416/m²) y Núñez (US$3284/m²) completa el podio.

Por el contrario, Lugano es el barrio con el valor más bajo para la compra, con un precio de US$1070/m². Le siguen Nueva Pompeya (US$1437/m²) y Parque Avellaneda (US$1564/m²).

En 2024, hubo 1 femicidio cada 39 horas

El dato surge de la undécima edición del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), que elabora la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OM-CSJN), con datos provistos por todas las jurisdicciones del país.

De allí se desprende también que el año pasado en promedio hubo una víctima directa de femicidio cada 39 horas, y una víctima de la violencia letal de género cada 36 (incluyendo a las víctimas de femicidio vinculado), lo que arroja un promedio de más de 18 femicidios directos por mes.

Con una tasa de víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres del 0,95, del estudio surge que en al menos el 86% de los casos la víctima directa de femicidio tenía vínculo previo con el sujeto activo. En efecto, en el 54% eran parejas, ex parejas o tenían otro tipo de relación sexo-afectiva; en el 16% eran familiares, y en el 16% tenían otro tipo de vínculo. Solo en el 9% de los casos eran desconocidos entre sí.

El informe agrega que al momento del hecho, al menos 96 víctimas directas de femicidio tenían a cargo a 204 niñas, niños o adolescentes (de 0 a 17 años de edad).

En al menos el 48% de los casos relevados se registraron hechos previos de violencia de género/doméstica entre la víctima y el sujeto activo de femicidio directo, mientras que al menos el 12% de los femicidas tenían antecedentes de violencia de género respecto a otras víctimas (distintas a las del femicidio).

En cuanto a la nacionalidad de los victimarios, al menos el 88% eran argentinos, mientras que al menos 11% eran de origen extranjero.

Inmediatamente después de cometer el hecho, 41 sujetos activos (17%) se suicidaron y otros 13 lo intentaron (5%); 85 (35%), en tanto, se dieron a la fuga, mientras que 76 sujetos activos (31%) buscaron ocultar su autoría.

Las víctimas directas de femicidio fueron asesinadas principalmente mediante el uso de la fuerza física (manual y con elementos) en 86 casos (36%); con armas blancas y/o elementos cortopunzantes en 67 (29%); con armas de fuego, en 46 (20%); con fuego u otros medios combustibles en 13 (6%), y en 5 (2%) el femicidio directo se cometió por intoxicación o venenos.

De los casos relevados en 2024, al menos 36 de las 228 víctimas directas estuvieron desaparecidas o extraviadas previo al hallazgo del cuerpo.

El 79% (180) de las víctimas de femicidio directo fueron atacadas en viviendas, mientras que el 9% (20) de estos hechos ocurrió en el espacio público. El 84% de los hechos sucedieron en zonas urbanas, mientras que el 14% ocurrieron en zonas rurales.

Otros datos que surgen del RNFJA 2024:

Al menos 14 víctimas directas de femicidio eran migrantes internacionales, al menos 8 eran migrantes interprovinciales y otras 3 eran migrantes intraprovinciales.

Al menos 5 víctimas directas de femicidio tenían algún tipo de discapacidad; al menos 3 se encontraban embarazadas al momento del hecho, y al menos 3 eran lesbianas/bisexuales.

Al menos 12 víctimas se encontraban en situación de prostitución y al menos 2 estaban en situación de calle.

Al menos 2 eran indígenas o descendientes de pueblos indígenas u originarios (una de la comunidad Wichí Betania y otra de la comunidad aborigen El Cóndor).

4 víctimas presentaban problemáticas de salud mental y 29 tenían consumo problemático de sustancias.

10 sujetos activos pertenecían a fuerzas de seguridad.