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Villa 21-24: multa al gobierno porteño por riesgo eléctrico

El GCBA deberá pagar $10.000 diarios por incumplir el plan para eliminar el riesgo eléctrico en la Villa 21-24. Larreta tiene 10 días hábiles de plazo para presentar un proyecto eléctrico adecuado para la Villa 21-24 e iniciar las obras para erradicar el riesgo eléctrico del barrio.

La Justicia falló a favor de los vecinos y vecinas de la Villa 21-24, quienes habían impulsado una causa para que el GCBA garantice un acceso seguro y adecuado al servicio eléctrico en el barrio, con el patrocinio de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad.

La Justicia confirmó la sentencia a favor de los vecinos y vecinas de la Villa 21-24, quienes, representados por la Junta Vecinal de la Villa 21-24 conformada por Juana Arce, Natalia Molina, Flavia Romero, Pedro Cáceres Iturbe y Lucas Bogado, impulsaron una causa para que el Gobierno porteño garantice un acceso seguro y adecuado al servicio eléctrico en el barrio, con el patrocinio de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y de la Defensora CAyT Mariana Pucciarello del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad.

La sentencia, confirmada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, ordena al Gobierno porteño cumplir en un plazo máximo de 10 días con la presentación de un “Proyecto Eléctrico Adecuado”, y al Jefe de Gobierno a pagar una multa de diez mil pesos diarios por cada día de incumplimiento.

De esta manera, se busca garantizar un acceso seguro y adecuado al servició eléctrico en el barrio, en igualdad de condiciones con el resto de la Ciudad y eliminando el grave riesgo eléctrico existente, que en este caso implica cortes de suministro, daños en las viviendas e incendios periódicos, y que ya provocó la muerte de varias vecinas y vecinos.

En agosto del  2019, el juez de primera instancia intimó al GCBA a que presentara el plan integral para solucionar las falencias y peligros del deficiente servicio eléctrico existente en la Villa 21-24 y diera cumplimiento a lo que le había ordenado el Tribunal Superior de Justicia en diciembre de 2018.

Además, dispuso multar a Horacio Rodríguez Larreta, hasta que se haga efectivo el cumplimiento de la sentencia. En caso de no ejecutarse el plan por parte del Gobierno, dispuso que sea cumplido por un tercero a cuenta de éste. En el mismo sentido se expresó luego en su dictamen el Asesor Tutelar ante la Cámara, Gustavo Moreno. Dicha decisión fue apelada por el GCBA, que pretendió demostrar que la sentencia no se encontraba incumplida, introduciendo argumentaciones procesales para evitar el pago de las multas impuestas.

Sin embargo, este 6 de marzo, el fallo suscripto por el juez Carlos Balbín y las juezas Fabiana Schafrik y Mariana Díaz confirma la declaración de incumpliento de la sentencia que pesa sobre el Gobierno de la Ciudad, reconoce que “la situación de riesgo eléctrico hace especialmente relevante el oportuno cumplimiento de la sentencia de fondo”, y le obliga a cumplir con las medidas de ejecución dispuestas en 2019. En su fallo, el tribunal sostiene que “ha transcurrido en exceso el plazo razonable para llevar adelante -cuanto menos- los aspectos esenciales que debe contener el proyecto eléctrico”.

Como consecuencia de esta decisión, una vez notificado, el GCBA tiene 10 días hábiles de plazo para presentar un proyecto eléctrico adecuado para la Villa 21-24 e iniciar las obras para erradicar el riesgo eléctrico del barrio. Si no lo hace deberá pagar la multa que se le impuso en 2019 y que la Cámara ha confirmado. Asimismo, la misma Sala declaró la inconstitucionalidad de la Ley 6021, por lo que las eventuales apelaciones contra su sentencia en lo relativo a las multas no suspenderán su ejecución.

Esta decisión afirma una vez más la responsabilidad del gobierno porteño y su obligación de revertir la grave vulneración de derechos que padecen las vecinas y vecinos de la Villa 21-24 debido al riesgo que corre su vida y su integridad física por no acceder a un servicio eléctrico adecuado y en igualdad de condiciones con el resto de los barrios porteños.

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Personas en situación de calle: la autocrítica de Jorge y la crítica interna

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se disculpó tras la polémica por los operativos de orden y limpieza en los barrios porteños y reconoció que la idea de ocultar personas en situación de calle “fue una muy mala comunicación”. 

El mismo tiempo, tras haber eliminado todas las publicaciones en redes sociales, indicó que fue una iniciativa “poco feliz”. El posteo que compartió en instagram combinó dos fotos. En la de arriba, se ve personas sin techo en la que son interrogadas por personal de la Ciudad de Buenos Aires, y posteriormente, el momento en que retiran las pertenencias de los indigentes. 

La repudiable situación generó, incluso, las críticas de dirigentes del mismo espacio. La ex ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad y actual directora de Integración Socioproductiva de Fundar, María Migliore, expresó: “No podemos mostrar a las personas en situación de calle como si fueran un objeto a mover para limpiar un lugar”.

“Una persona en situación de calle es alguien que además de estar en situación de pobreza perdió toda vinculación familiar, social, que está atravesando una situación de mucho dolor. Entonces, no podemos hablar y mostrarlas como si fueran un objeto a mover para limpiar un lugar. Eso no ayuda a cambiar su situación. El enfoque es otro, uno que no deshumanice. Porque la calle no es un lugar para vivir. Para nadie. Nunca”, completó la ex funcionaria de Horacio Rodríguez Larreta. 

En su defensa, Macri explicó que “las ciudades grandes del mundo están cruzadas por una problemática dramática de gente en situación de calle, combinadas con las adicciones y la salud mental”, aunque reconoció que la manera en que se informó “no resume lo que el Gobierno porteño está haciendo”. 

“Nosotros tenemos un abordaje muy claro: hemos ampliado la cantidad de oferta de refugios, mas de 3400 plazas y tenemos relevadas 3400 personas en situación de calle, pero hay mil y pico que no aceptan ir a esos lugares, duermen en la calle”, contó. 

A su vez, el titular del ejecutivo local informó que el 60% de las personas en situación de calle “no tiene vínculo identificado con nadie; están solos de soledad absoluta; nadie pide por ellos y ellos no reconocen quien puede pedir por ellos, no hay con quien trabajar su problemática de salud mental”. Mientras que “el 70% tiene adicciones graves y brotes psicóticos”.

“También nos ocupamos de limpiar los lugares que usaron de baño porque el resto de la sociedad merece vivir en una ciudad mas ordenada y limpia”, sostuvo Macri, quien aclaró que llevan adelante operativos con un enfoque “integral y humano”

Prevención y control de las motos en la Ciudad

El Ministerio de Justicia y Seguridad porteño desplegó personal policial y de tránsito en zonas estratégicas y de alta circulación para controlar a las motos que circulan en la Ciudad. Se retuvieron 17 licencias.

Este martes, el Ministerio de Justicia y Seguridad, informó que se realizaron procedimientos en conjunto entre los Agentes de Tránsito y la Policía de la Ciudad y ya se controló a 529 motos, incluyendo 127 bitripuladas. Se retuvieron 17 licencias, con la observación de faltas en los sistemas en 64 rodados.

“Tener presencia en las calles es fundamental para combatir el delito en motos y adelantarnos a los hechos antes de que ocurran”, aseguró el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Gustavo Coria quien visitó los controles junto al jefe de la Policía de la Ciudad Gabriel Berard y el Subsecretario de Seguridad Ciudadana y Orden Público, Maximiliano Piñeiro.

“Para eso seguimos recorriendo la Ciudad, no vamos a aflojar de estar en las calles junto a nuestra policía para cuidar a todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Porque el quien tiene que tener miedo es el delincuente”, resaltó Coria. 

Los controles estáticos se realizan en puntos clave y de alto tránsito del territorio porteño: en la intersección de las avenidas General Paz y Roca, y en el cruce de la avenida 27 de Febrero con el Puente Olímpico.

En tanto, los puntos dinámicos de seguridad se dieron en el barrio de Constitución (Pavón y San José, avenida Juan de Garay y Santiago del Estero, Salta y Cochabamba, y Salta y Ciudadela).

Entre las infracciones más detectables, se destacaron la falta de chapa patente de dominio, la no utilización del casco, la circulación sin espejos retrovisores, no tener la cédula para circular ni la licencia de conducir, y estar falto del seguro obligatorio.

Alquileres porteños: el GCBA ampliará la oferta de viviendas

Mientras se demora la derogación de la actual Ley de Alquileres y la oferta de viviendas se reduce día a día, Horacio Rodríguez Larreta anunció este jueves un paquete de medidas enfocadas en financiamiento y exenciones impositivas para inquilinos y propietarios.

Esta serie de iniciativas busca fortalecer programas ya existentes a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), que en su mayoría constan de herramientas que bajan las barreras de entradas a inquilinos. Pero, además, suman medidas que apuntan a la reducción de impuestos y la modificación de regulaciones; las cuales, en conjunto, tenderían a incentivar la oferta de viviendas para alquiler.

En cuanto a las primeras, la Ciudad ofrecerá la ampliación de tres programas del IVC que buscan combatir las cuestiones de corto plazo para facilitar la instancia de entrada al alquiler, la cual puede llegar a ser hasta cuatro veces más que la cuota mensual.

Según adelantaron desde el GCBA, el programa Garantía + fácil  bonificará hasta el 70% del seguro de caución, siendo aplicable para alquileres de hasta 654 UVAs, que a valor de hoy tiene un monto tope de $ 145.319,42. Algo por lo cual el inquilino podrá recurrir a un instrumento alternativo a una garantía propietaria.

En tanto, el programa Alquilar + fácil otorgará financiamiento para los siguientes gastos iniciales: primer mes del alquiler, depósito, mudanza y garantía. Estos podrán pagarse en hasta 36 cuotas y tendrá un máximo correspondiente a 1962 UVAs, es decir, $ 438.958,26. “Es para romper la barrera de quienes pueden pagar un alquiler, pero no los costos de entrada”, aseguraron desde el Gobierno porteño.