Villa Azul: Finalizó el aislamiento comunitario

En el barrio Villa Azul, Provincia de Buenos Aires, se levantó hoy el confinamiento estricto luego de dos semanas debido a la baja tasa de contagios y los vecinos podrán transitar por las calles con las mismas restricciones que cualquier habitante bonaerense. Aquellas familias que cuenten con al menos un caso positivo deberán someterse a un aislamiento focalizado.

 Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, habló acerca de los resultados que generó la medida: “Si no hubiésemos tomado las decisiones que tomamos, hoy, en lugar de tener 344 casos tendríamos 3.000”.

La ex Diputada Nacional afirmó que “si realmente nos indigna las villas donde vive la gente hacinada, hay que plantear la urbanización de los barrios populares de Argentina y que sea una política de Estado”.  Sumado a ésto, señaló que un solo gobierno no puede hacerse cargo de estas problemáticas, sino que es mejor trabajar en concordancia con los regímenes de todos los distritos. “Uno tiene que poder pensar y planificar para construir mil casas como las que se necesitan en el barrio Villa Azul, pero quizás eso tarda más de lo que dura una gestión. Por eso, esto tiene que ser una política más allá de los gobiernos y debemos buscar las herramientas que nos permitan concretarla”, sostuvo.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, comparten la idea de urbanizar el barrio y todos aquellos lugares donde el hacinamiento y las malas condiciones sanitarias son una constante. “Villa Azul es el ejemplo más claro de la injusticia. No es posible que haya gente en situación de hacinamiento, sin cloacas, compartiendo baños. Hay que remediar eso que la pandemia dejó expuesto”, declaró hace unas semanas el mandatario nacional en diálogo con AM750.

A partir de la finalización del aislamiento comunitario en Villa Azul, tanto el gobierno bonaerense, como los municipios de Quilmes y Avellaneda, decidieron poner en marcha un confinamiento focalizado sobre aquellas familias que cuentan con casos positivos. “Hacemos un control más exhaustivo para que puedan cumplir con la cuarentena”, expresó la intendenta. 

Desde que se implementó el aislamiento inflexible, en la comunidad fallecieron dos personas por COVID-19, mayores de 65 años y que ya estaban internados por enfermedades previas. Uno de ellos presentaba hipertensión y diabetes, y el otro tenía problemas hepáticos previos.

Por otro lado, Avellaneda superó el domingo pasado la barrera de los 600 infectados y 13 fallecidos, mientras que Quilmes cuenta con 893 casos confirmados y 9 muertes.  

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La Justicia porteña debe definir si reconoce derechos de licenciados en Enfermería

El Sindicato de Trabajadores de Enfermería (SITRE) presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires este martes, exponiendo sus argumentos para rechazar la Ley 6.767, conocida como Ley de Enfermería, al considerar que sigue habiendo un trato desigual, con salarios más bajos, menos descanso y días destinados a la formación, en comparación con otros profesionales de la salud. 

El recorrido judicial se inició con un amparo, que ya tuvo dos fallos favorables para los trabajadores, ordenando la nivelación salarial. Sin embargo, tras las apelaciones del Gobierno porteño -en la última instancia, bajo la administración de Jorge Macri cuando el reclamo se inició en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta-, el caso quedó en manos del Tribunal, que aún no emitió su sentencia.

El objetivo del SITRE es que los licenciados sean incluidos en la Ley 6.035, que define cuáles son las 24 carreras profesionales de la salud porteña. “No estar incluidos significa ganar muchísimo menos, en algunos casos la mitad de lo que deberíamos”, advierte el secretario general, Christian Acosta. 

En concreto, un enfermero que recién ingresa a trabajar en el ámbito porteño promedia los 900.000 pesos de bolsillo. “Además, si un enfermero trabaja en terapias intensivas, no percibe el plus por estar en áreas críticas”, advierte el sindicalista. 

Así, mientras el amparo avanzaba en el Poder Judicial, el Sindicato inició conversaciones con distintos legisladores porteños para intentar que los enfermeros con licenciatura sean incluidos en aquella ley. Cuando parecía que estaban los votos necesarios para hacerlo, rápidamente el Gobierno porteño presentó un proyecto alternativo, conocido como Ley de Enfermería (la 6.767), que terminó aprobándose en noviembre del 2024, por un solo voto de diferencia. 

A fines prácticos, eso representó menos derechos laborales que la idea original. “Plantea una nivelación salarial hacia el escalafón más bajo de la carrera profesional, en cuatro tramos en dos años. Osea, migajas, de acá al 2027. Nos acercan a un salario de un residente de reciente ingreso, un R1, que hoy gana más de 1.300.000 de bolsilo. Es decir, alguien que recién pisa un hospital. Yo, con 20 años de trabajo, en dos años, voy a ganar lo que ganan ellos”, describe. Y añade: “Los residentes no ganan bien, pero hoy nosotros estamos mucho peor”. 

Para concluir, Acosta destaca que la Justicia porteña ya reconoció la capacidad del SITRE para representar a sus afiliados en este amparo colectivo, y que, tras años de lucha, confía en que finalmente su actividad sea reconocida: “No vamos a parar hasta obtener lo que merecemos. Salario digno, tiempo disponible para mejorar nuestra formación, descanso acorde y la reivindicación de nuestra profesión”.

Inmuebles en leve alza y en movimiento según inmobiliarias

Un informe privado a cargo de la plataforma inmobiliaria Zonaprop reveló que el precio medio de las propiedades en la Ciudad de Buenos Aires en julio subió un 0,5%, en comparación con el mes anterior, y se ubica en US$2440/m², nivel similar al de julio 2021.

El relevamiento informa que en lo que va del 2025, el incremento acumula un 5%. Mientras que, en los últimos 12 meses, la suba fue del 6,7%, revelando que los departamentos en pozo son los de mayor incremento de precio interanual.

En cuanto a la distribución de dichos incrementos en cada barrio porteño, alguno de ellos sufrieron subas más significativas. El aumento de mayor relevancia en el último año se dio en Núñez, que subió un 14,7%; seguido por Villa Riachuelo, con un 13,3%; y Mataderos, en el que las propiedades presentaron un alza del 12,4%.

En los casos recientemente mencionados, los precios actuales promedio se ubican en torno a los: US$3284/m² (siendo uno de los barrios con los valores más altos), US$1622/m² y US$1986/m², respectivamente.

En la vereda opuesta, hay dos barrios en los que se vislumbró una baja en el m² promedio de sus departamentos en venta. Estos son: Versalles y Parque Avellaneda, en los cuales los precios promedio bajaron un 1,6% y 1,9%, respectivamente.

Por último, en cuanto a los barrios más caros, Puerto Madero (US$6.124/m²) continúa primero en el ranking de barrios para la adquisición de departamentos, le siguen Palermo (US$3416/m²) y Núñez (US$3284/m²) completa el podio.

Por el contrario, Lugano es el barrio con el valor más bajo para la compra, con un precio de US$1070/m². Le siguen Nueva Pompeya (US$1437/m²) y Parque Avellaneda (US$1564/m²).

Macri aplicará multas por “revolver tachos de basura” a personas que no podrán pagarlas…

La medida fue dispuesta por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien instruyó a la Policía de la Ciudad y al Ministerio de Seguridad a intervenir ante este tipo de conductas, exigiendo la limpieza inmediata del área afectada y, en caso de negativa, sancionando a los responsables según lo establece el Código Contravencional.

“Di la orden al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad que, si encuentran a alguna persona o grupo de personas removiendo basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato. Si se niegan, que los sancionen según la normativa vigente”, afirmó Macri.

El accionar se enmarca en el artículo 94 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sanciona a quienes “manchan o ensucian por cualquier medio bienes de propiedad pública o privada”.

Las penas van de 1 a 15 días de trabajos de utilidad pública o multas que oscilan entre 81 y 1.217 unidades fijas, lo que al valor actual ($731,62 por unidad) representa montos de entre $59.260 y $890.544.