Según indicaron desde la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano de la Ciudad, son aproximadamente 1800 los locales que fueron habilitados a partir de septiembre. Se trata de aquellos que ya contaban con mesas al aire libre desde antes del inicio de la cuarentena.
Los comercios gastronómicos que a partir de ahora quieran utilizar mesas al aire libre deberán tramitar una habilitación a través de la web oficial del Gobierno de la Ciudad. Una vez solicitado el permiso se evaluará el espacio del que disponen para calcular la cantidad de mesas que podrán incorporar.
Desde el Gobierno porteño informaron también que, en algunos locales, se podrá incorporar un “plus de espacio”, a partir del uso de “parte de la calzada, veredas de parques y plazas habilitadas”, siempre que cuenten con ciertas normas de seguridad: “en las calles deberá haber vallas rellenas de agua, vallas anti arrebatos y macetas, entre otros elementos”. También se estudia programar cortes de calles en días y horarios específicos con el objetivo de ampliar el espacio para mesas y sillas.
En las mesas, que deberán ser sanitizadas luego de cada cambio de cliente, podrán sentarse un máximo de cuatro comensales. En aquellos establecimientos que cuenten con terraza o patio interno, sin acceso directo desde la calle, se deberá demarcar un pasillo libre de objetos que contemple ambos sentidos de circulación, en el que se requerirá “evitar la permanencia de personas”.
Además, según indica el protocolo, tanto los clientes como el personal gastronómico deberán usar tapabocas y habrá un punto de higiene con alcohol en gel en cada uno de los espacios abiertos. Para los empleados, el comercio deberá garantizar la permanente “reposición de elementos de protección personal y kits de desinfección húmeda: agua, detergente y una solución de lavandina de uso comercial con agua”. Los trabajadores no podrán usar el transporte público dado que está reservado para el personal esencial. El protocolo también recomienda “usar mamparas o pantallas en las cajas que aseguren la protección del vendedor y del cliente”, así como “el uso de medios de pago electrónicos”, para lo que “se deberá desinfectar tanto las tarjetas como el posnet utilizados con solución de agua y alcohol”.
El Consejo de la Magistratura porteño realizará el Encuentro Nacional de Acceso a Justicia
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Con el foco puesto en el abordaje territorial y las innovaciones que garantizan derechos, el organismo impulsa una iniciativa para generar un espacio de intercambio
El próximo 9 de septiembre en el Parque de la Innovación (Av. Campos Salles 1148), el Consejo de la Magistratura organizará una nueva edición del Encuentro Nacional de Acceso a Justicia (ENAJ), una iniciativa que busca generar un espacio de intercambio y producción de conocimiento local y federal incorporando al diálogo experiencias internacionales en torno a la garantía efectiva del acceso a derechos. Previo a dicha actividad, también se realizará una de manera virtual el día 1 de septiembre.
El evento, que fue impulsado por el vicepresidente segundo del Consejo, Diego García de García Vilas, la consejera Lorena Clienti y la directora de Acceso a Justicia del Consejo, tendrá diversas actividades y paneles, entre ellos, uno sobre la medición de la garantía efectiva del acceso a justicia, un debate federal entre ministerios públicos y tribunales superiores provinciales, un diálogo territorial con referentes comunitarios y una Expo de innovación con herramientas e intervenciones de acceso a justicia.
En ese sentido, el vicepresidente segundo del Consejo, Diego García de García Vilas, destacó: “Este encuentro representa una oportunidad para analizar, desde una mirada plural -tanto internacional como federal-, la manera en la que estamos garantizando el acceso a la Justicia y cuáles son los desafíos que todavía tenemos por delante. El intercambio entre distintas jurisdicciones, equipos técnicos y referentes nos permite conocer experiencias diversas, aprender de aquello que funciona y también hacer una autocrítica sobre aquello que podemos mejorar”. Y agregó: “Creo que ese diálogo es fundamental para construir instituciones más cercanas, accesibles y capaces de dar respuestas concretas a las necesidades de los vecinos”.
Por su parte, la consejera Lorena Clienti, resaltó: “Este año este encuentro es una oportunidad para abrir el diálogo a las experiencias internacionales que se suman a la mirada federal y el trabajo territorial que se viene construyendo, con un objetivo común: hacer una justicia cada vez más cercana y accesible para las personas”.
Sobre ello, Clienti dijo: “Eventos como estos permiten intercambios productivos que repercuten en mejor gestión local de cada participante y el hecho no menor que, además, se desarrolle en el Parque de la Innovación nos impone pensar en el sentido transformador, aportando herramientas concretas para garantizar derechos y mejorar el acceso a justicia”.
Asimismo, la directora de Participación Ciudadana, Acceso a la Justicia y Derechos Universales, Jessica Malegarie, afirmó: “El ENAJ es un espacio de diálogo en muchos niveles: internacional, federal, local y comunitario, porque creemos que el acceso a justicia no se alcanza en soledad. Este año proponemos pensar juntos apoyos y adaptaciones, acompañamientos que ayuden a una persona a entender y ejercer sus derechos”. Al respecto, Malegarie reconoció: “Pensamos que las adaptaciones tienen que estar centradas en las personas, en el lenguaje, en el formato de un trámite, en el seguimiento y contacto personalizado, que las políticas públicas judiciales se adapten a la persona, y no al revés. Aquí está la diferencia, sin esos apoyos, muchas personas quedan afuera; con ellos, un derecho que parecía inalcanzable se vuelve real”.
En esta ocasión, entre los organismos internacionales confirmados, se encuentran el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el World Justice Project, la Alianza Iberoamericana por el Acceso a Justicia, la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y Pathfinders (NYU–CIC). Asimismo, participarán los poderes judiciales provinciales y Tribunales Superiores de Mendoza, Tucumán, Córdoba, Chaco, Corrientes, Chubut junto a los equipos técnicos de la Mesa Permanente de Acceso a Justicia del Poder Judicial de CABA y referentes comunitarias de la Ciudad de Buenos Aires.
Tras más de diez años de trayectoria territorial y articulación interjurisdiccional de la Dirección de Acceso a Justicia, el Consejo de la Magistratura busca consolidar la articulación federal por el acceso a justicia y, por primera vez en esta temática, integra de manera central la mirada internacional: referentes y organismos de alcance regional y global compartirán experiencias comparadas, tendencias y desafíos sobre cómo pensar una justicia centrada en las personas.
Avanza la Línea F de Subte porteño: el sueño de Jorge
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La primera iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo porteño y aprueba la realización de operaciones de crédito público para financiar la construcción total de la Línea F de Subterráneos. La propuesta prevé la obtención de recursos por un monto de hasta 1.350 millones de dólares a través de organismos multilaterales, instituciones financieras y la colocación de títulos de deuda.
El propósito es impulsar una de las principales obras de infraestructura proyectadas para la Ciudad, con el fin de optimizar la conectividad del sistema de transporte, favorecer la movilidad urbana y expandir la red de subterráneos.
El cronograma preliminar, la construcción de la Línea F está prevista para comenzar en enero de 2027. Por la complejidad técnica y el alcance del proyecto, las estimaciones oficiales indican un plazo de ejecución superior a los seis años. Eso implica que el servicio recién podría estar operativo hacia la próxima década, una vez finalizadas todas las etapas de obra y pruebas.
La magnitud del emprendimiento incluye la excavación de túneles, la construcción de estaciones, la instalación de vías, sistemas de señalamiento y la compra de material rodante, además de las obras complementarias en superficie.
La Ciudad proyecta articular la ejecución en tramos, buscando minimizar el impacto en el tránsito y en la vida cotidiana de los barrios alcanzados.
Recorrido y estaciones de la Línea F
El trazado de la Línea F conectará distintos puntos neurálgicos de la Ciudad y atravesará los barrios de Barracas, Constitución, Monserrat, San Cristóbal, San Nicolás, Balvanera, Recoleta y Palermo. La intención oficial es que la nueva línea funcione como un eje estructurante que complemente al resto de la red y mejore las combinaciones existentes.
Brandsen (Barracas)
Constitución (Constitución)
Cochabamba (San Cristóbal)
Chile (Monserrat)
Congreso (San Nicolás)
Tucumán (Balvanera)
Santa Fe (Recoleta)
Recoleta (Recoleta)
Hospital Rivadavia (Palermo – Recoleta)
Parque Las Heras (Recoleta)
Plaza Italia (Palermo)
Uno de los puntos destacados del proyecto es que la Línea F tendrá correspondencia con las seis líneas actuales del subte (A, B, C, D, E y H) y conexión con las líneas del ferrocarril Roca. De este modo, se busca facilitar trasbordos más directos y reducir tiempos de viaje para quienes se desplazan diariamente desde y hacia el sur del conurbano bonaerense.
La construcción de la Línea F será la primera ampliación de la red de subte porteña en 25 años y se perfila como una obra estratégica para la movilidad urbana.
VTV: cualquier taller mecánico y las concesionarias habilitadas para hacerlas
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La Legislatura porteña se aprobó la extensión del número de establecimientos autorizados para llevar a cabo la verificación técnica vehicular (VTV).
De este modo, avanzò la normativo que permite la incorporación de talleres y concesionarios que acrediten el cumplimiento de los requisitos técnicos definidos por la normativa vigente.
Asimismo, la propuesta incorpora ajustes en los plazos de vigencia de las verificaciones y en distintos aspectos relacionados con la operación y el control de los centros habilitados para prestar este servicio.
Según el proyecto, los vehículos particulares 0 km deberán realizar la primera VTV a los cinco años (60 meses) desde la fecha de patentamiento. Para los vehículos de hasta diez años de antigüedad, la verificación será requerida cada dos años, mientras que para aquellos que superen los diez años, la revisión tendrá carácter anual.
Implementación gradual
El Gobierno aclaró que el nuevo esquema no comenzará a aplicarse de inmediato.
Para su puesta en marcha será necesario habilitar nuevos talleres, establecer procesos de certificación técnica, adaptar sistemas informáticos y desarrollar mecanismos de fiscalización.
Por ese motivo, la implementación será gradual y dependerá también de la adhesión de cada provincia.
Según el Ejecutivo, el objetivo final es transformar el sistema actual en uno “más competitivo, accesible y moderno”, que facilite el cumplimiento de la verificación técnica y reduzca los costos para los conductores.
