Venta de inmuebles en la Ciudad: con una baja del 24%, septiembre fue el mejor mes de 2020
El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer los datos de la cantidad de escrituras de compraventa realizadas en agosto de 2020. El informe correspondiente a septiembre se refiere a actos oficializados por escribanos de CABA sobre inmuebles ubicados en esta demarcación.
La cantidad total de las escrituras de compraventa de inmuebles registró en el noveno mes de 2020 una baja de 24% respecto del nivel de un año antes, al sumar 2181 registros, mientras que el monto total de las transacciones realizadas creció un 9,5%, con $21.321 millones. Es el vigésimo octavo mes consecutivo con caída en la medición interanual.
Septiembre fue el mejor mes de 2020, pero no podemos dejar de ver que son 28 meses de caída interanual” (Carlos Allende, presidente del Colegio de Escribanos de CABA).
El monto medio de los actos fue de $9.775.837 (123.167 dólares de acuerdo al tipo de cambio oficial promedio): subió 44,2% en un año en pesos, mientras que en moneda estadounidense creció 6,8%.
En septiembre, hubo 98 escrituras formalizadas con hipoteca bancaria. Por lo que la caída en ese sentido es del 74,5%. Y los primeros 9 meses acumulan una baja de escrituras con crédito del 66%
7 Carlos Allende, presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires dijo respecto de las estadísticas del último mes: “Tenemos dos claras lecturas de los últimos datos: septiembre fue el mejor mes de 2020, pero no podemos dejar de ver que son 28 meses de caída interanual y estos 9 meses del período actual son una baja del 56% respecto al mismo tiempo de 2019, que ya era el peor registro de nuestra serie histórica”.
“Seguimos apostando por todo lo que pueda generar la Mesa Inmobiliaria y deseamos que las últimas medidas generen un aliciente para un sector muy golpeado en los últimos años”, agregó.
Por su parte el prosecretario Ricardo Blanco Lara explicó los números del último mes que confirman la baja acumulada en los 9 meses del 56%.
Se realizó la tercera edición en la Facultad de Derecho (UBA) y estuvo organizada por los tres poderes de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante los días 3 y 4 de noviembre se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires la III edición del Congreso Internacional de Contrataciones Públicas. Bajo el lema “Fortaleciendo capacidades para optimizar resultados”, el encuentro fue organizado de manera conjunta por el Consejo de la Magistratura porteño, a través de la Secretaría de Administración General y Presupuesto (SAGyP), el Gobierno de la Ciudad y la Legislatura porteña. Al igual que en ediciones anteriores, la iniciativa buscó reflexionar sobre la compra pública como herramienta estratégica para el cumplimiento de las funciones del Estado y para el desarrollo económico y social.
La apertura de la actividad, que tuvo entre sus presentes a los expositores internacionales y magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as del Poder Judicial de la Ciudad, contó con la participación de la jueza del Tribunal Superior de Justicia porteña, Marcela De Langhe, la Secretaría de Administración General y Presupuesto, Genoveva Ferrero y el vicepresidente primero de la Legislatura, Matías López.
Allí, la jueza del Tribunal Superior de Justicia señaló: “Desde el Poder Judicial observamos con mucho interés esta agenda y estas Jornadas que son un espacio de altísimo nivel y reflexión porque entendemos que la contratación pública se enfrenta con el desafío más ambicioso de la historia: modernizarse atendiendo los avances en materia de inteligencia artificial y transformación digital”. En ese sentido, De Langhe resaltó: “Hablar de contratación pública es hablar de ética republicana, eficiencia estatal y calidad democrática”.
Por su parte, la Secretaria de Administración General y Presupuesto, Genoveva Ferrero, afirmó: “Este Congreso, que contó con representantes de más de 30 países y el apoyo de un montón de organismos internacionales, debatió temas centrales de la contratación pública como la profesionalización de los equipos, la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos de contratación y cómo la contratación pública es utilizada para fomentar derechos sociales, derechos ambientales y como la utilizamos como herramienta para lograr el desarrollo de las naciones”.
CRÉDITO: CONSEJO CABA
Durante su exposición en la apertura y el cierre del encuentro, Ferrero valoró el trabajo mancomunado entre los tres poderes de la Ciudad y resaltó los diferentes logros en los que se avanzó en la materia, como la incorporación de las compras públicas sustentables en el GCBA, el convenio con la UCA para la profesionalización de las contrataciones públicas y el acuerdo entre el Consejo y el OCDE para mejoras en la Economía y Gobernanza del Sector Público.
Durante los dos días del Congreso se desarrollaron siete paneles temáticos con más de treinta exposiciones de especialistas nacionales e internacionales. Allí se abordaron la transformación digital y los avances en inteligencia artificial, la profesionalización de los equipos de compras y los objetivos socialmente estratégicos en las contrataciones públicas como también se analizó la utilización de datos para el análisis y la definición estratégica de compras, las tendencias e innovaciones —incluyendo el uso de tiendas virtuales para la compra gubernamental— y se expusieron las directrices de la Unión Europea y las nuevas medidas en los Estados Unidos, para culminar con un panel dedicado a los desafíos y reformas en la contratación pública argentina.
Entre los oradores se destacaron, entre otros, el vicepresidente primero del Consejo, Horacio Corti, la profesora adjunta en el programa de Compras Públicas de la George Washington University, Ana Victoria Christoff, el profesor brasileño André Saddy, la investigadora británica Annamaria La Chimia, el especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública, Carlos Balbín, la catedrática española Patricia Valcárcel Fernández, la jueza porteña Natalia Tanno, el investigador estadounidense Christopher Yukins, la académica húngara Tünde Tátrai, la especialista sudafricana Sope Williams, el asociado en UNOPS Mariano Pastorella, el subsecretario salteño Facundo Marin y el ex consejero Alberto Biglieri.
También aportaron su experiencia representantes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, jueces, docentes universitarios y funcionarios de distintas jurisdicciones, lo que permitió un intercambio plural y enriquecedor.
El Congreso contó con la participación de la presidenta del Consejo, Karina Leguizamón, el vicepresidente segundo, Manuel Izura y los consejeros Marcelo Meis, Rocío López Di Muro, Lorena Clienti y Luis Duacastella Arbizu, entre otros.
Con esta tercera edición, el Congreso Internacional de Contrataciones Públicas se consolida como un espacio anual de debate y formación. La convocatoria, que reunió a expertos de distintos países y a representantes de los tres poderes de la Ciudad, reafirma el compromiso del Consejo de la Magistratura y de las instituciones porteñas con la profesionalización de las compras públicas y la búsqueda constante de mejores prácticas que impacten positivamente en la ciudadanía.
Sólo en octubre, se denunciaron 10 estafas a jubilados de sus propios cuidadores
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A partir de un análisis de datos de casos que tramitan en la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes (FISEC) del Ministerio Público Fiscal de Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr. Miguel Kessler, se detectó un considerable crecimiento de denuncias sobre el uso de datos de tarjetas de crédito correspondientes a personas mayores por parte de las personas que los cuidan.
De este modo, a través de la calificación y categorización de los datos obtenidos en los casos que tramita, se logró detectar un patrón relacionado con damnificados de consumos no autorizados ni relizados por sus titulares, pertenecientes a este segmento vulnerable de la población, víctimas de estafas por uso de sus tarjetas.
En las diferentes investigaciones llevadas adelante por la FISEC, se estableció que en cuantiosos casos sus autores fueron las personas que cumplían la función de cuidadoras de los adultos mayores, respectivos titulares de las tarjetas. Aprovechando su tarea y el acceso a la intimidad del hogar, se hacían de imágenes de sus tarjetas, o de los propios plásticos, para luego realizar pagos de productos en distintos establecimientos.
Solo en el mes de octubre de 2025, se pudo determinar en más de 10 casos que las autoras fueron personas que cumplían funciones como cuidadoras de víctimas de avanzada edad, y que luego de cometer las estafas no volvieron a su lugar de trabajo. A su vez, se han registrado casos en los que se han realizado extracciones de elevadas sumas de dinero en cajeros automáticos.
Es de destacar que en estos casos que tratan defraudaciones a través del uso de tarjetas o de sus datos, se provoca un daño en las personas mayores que trasciende lo simplemente patrimonial, en tanto se registra un abuso de confianza, una vulneración de la intimidad y la generación en las víctimas de sentimientos de incertidumbre e inseguridad por parte de quienes debieron velar por su bienestar.
Desde la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes, que concentra con exclusividad todos los casos denunciados en la Ciudad de Buenos Aires por uso no autorizado de tarjetas de débito y crédito, se recomienda tomar recaudos para la efectiva protección de los datos de los medios de pago en cuestión.
En el marco de una investigación por venta ilegal llevada adelante por la Fiscalía PCyF 35 Especializada en Investigaciones Complejas, a cargo de Celsa Ramírez, se realizaron inspecciones integrales simultáneas en locales comerciales de la zona de Once de esta ciudad.
A partir de los procedimientos se secuestraron casi 10 mil elementos apócrifos –indumentaria, gorras y lentes- de marcas tales como Puma, Nike, Jordan, New Era, New York, Tommy Highfilger, NBA, NFL, MLB, PGA, Lacoste, Oakley, Calvin Klein, Harlem, Versace, Channel y Ray Ban, entre otras, por un valor estimado de mercado de 100 millones de pesos ($ 100.000.000,00.).
Las inspecciones fueron coordinadas por la Fiscalía 35 y la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad, y participaron además la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC) y la Dirección General de Protección del Trabajo (DGPT).
El fin de los procedimientos es constatar la venta de productos de indumentaria, calzado y lentes apócrifos que carecen de las medidas de seguridad y certificaciones pertinentes, los cuales son puestos en el mercado legal irregularmente.
Los responsables de los comercios fueron sujetos a proceso penal por parte de la Fiscalía. A su vez, los organismos intervinientes labraron diversas actas de intimación y solicitaron adecuaciones a las normativas vigentes que regulan la habilitación y autorización de actividades económicas en CABA y el sistema de autoprotección y seguridad de los establecimientos/edificios ante riesgos y emergencias.
