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Malas noticias: impuesto sobre consumos con tarjeta de crédito

Los consumos de tarjetas de crédito empiezan a pagar 1,2% de impuesto en la Ciudad de Buenos Aires

A partir del 1 de enero, los consumos con tarjetas de crédito en la Ciudad de Buenos Aires comenzarán a pagar una nueva alícuota de 1,2% por impuesto de sellos. Este nuevo tributo forma parte del Presupuesto 2021, que fue aprobado por la Legislatura porteña el 10 de diciembre pasado.

El Impuesto a los Sellos a las tarjetas de crédito fue incluido por el Gobierno de la Ciudad con el objetivo de recaudar $7.700 millones. Para ello, fijaron para el 2021 “la suspensión, ralentización y postergación” de obras, un mantenimiento “mínimo y esencial del espacio público” y la revisión de “los grandes contratos y servicios que brinda la Ciudad”, como el de la recolección de residuos.

La base imponible de este gravamen serán todas las tarjetas de crédito bancarias para todo consumo tanto en pesos como en dólares. Aplica a todas aquellas cuentas registradas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, aunque su titular resida en otra jurisdicción.

También se determinaron cambios impositivos a partir de la eliminación de la exención sobre los Ingresos Brutos a las Letras de Liquidez (Leliq) y una modificación que consiste en incrementar del 7% al 8% la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al sector financiero.

El objetivo de estas medidas es equilibrar las cuentas que estaban planificadas previamente a la decisión del Gobierno nacional de redirigir un porcentaje de la partida de la coparticipación que percibía la Ciudad, que fue calculado en $52.000 millones. Al defender el proyecto, el ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Martín Mura, explicó que “estos tributos no son un invento de la Ciudad, sino que se aplican en otras jurisdicciones”.

Críticas contra los nuevos impuestos

Frente a estas iniciativas, entidades como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), la Asamblea de los Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) de la Ciudad se manifestaron en contra de estas medidas. Entienden que el riesgo es la mayor informalidad en las ventas y el menor incentivo a la bancarización.

El vicepresidente de Apyme, Julián Moreno, manifestó que “los impuestos deberían gravar otras cuestiones, como los grandes patrimonios o las transacciones financieras especulativas” y lamentó que “en un país donde el consumo representa las dos terceras partes del producto, la Ciudad se da el lujo de gravar con un impuesto al motor de la recuperación pospandemia”.

Por su lado, el presidente de la CAME, Gerardo Díaz Beltrán, sostuvo su “enfático rechazo” al nuevo tributo y consideró que “es insólito, porque quieren estimular la economía agobiando al que la pone en marcha; en lugar de generar más incentivos para movilizar las ventas y la actividad productiva, le pegan al cliente”

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Tremendo aumento del subte porteño del 500% en mayo y junio

Desde mayo el boleto de subte comenzará a aumentar. El gobierno de Ciudad de Buenos Aires llevará los aumentos de forma escalonada y en tramos para llegar al valor objetivo planteado: Desde el 1 de mayo, el pasaje pasará de $125 a $574. Dos semanas después, llegará a $667. Para completar el ajuste, el 1° de junio el costo será de $757.

Está pautada para hoy la audiencia pública para el aumento del pasaje del subte porteño y el premetro. El paso no es vinculante pero sí obligatorio para ejecutar la suba, que iba a hacerse antes y se pospuso por una caída del sistema que impidió la participación ciudadana.

El cronograma de subas prevé pasar de los 125 pesos que vale ahora a 574 pesos a los cinco días hábiles de la aprobación (359,2% más), según establece la resolución de la empresa Subterráneos de Buenos Aires (Sbase).

A los 15 días de eso, el pasaje pasará a costar $667 (433,6% más que hoy) y, otros 15 días después, llegará a $757 por viaje. Es decir, en poco más de un mes, el subte porteño pasará a costar un 505,6% más.

Los usuarios que no hayan registrado la tarjeta SUBE deberán pagar $859,07 para el subte y $300,67 en el premetro.

¿cuanto cuesta hoy ?

Tarjeta SUBE : Subte y premetro con combinación Tarifa según cantidad de viajes:

1 a 20 viajes: $125
21 a 30 viajes: $100
31 a 40 viajes: $87,50
41 viajes en adelante: $75

Premetro
$43,75

La tarifa gradual se aplica desde el primer día del mes hasta el último. Se puede utilizar todos los días, sin límite de horario.

Ayuda Escolar en C.A.B.A.: ya se anotaron más de 100 mil familias

La inversión estimada de la medida por tres meses es de entre $ 11.000 y $ 12.000 millones y abarca a 212 mil alumnos de los tres niveles educativos obligatorios de 854 escuelas que reciben algún aporte del Estado. Una familia tipo de dos hijos recibirá por el beneficio entre $ 19.000 y $ 60.000 por mes, dependiendo del aporte total que tenga su escuela. 

Más de 100 mil estudiantes ya están inscriptos en el Programa “Ayuda Cuota Escolar”, que brinda un beneficio para las familias que envían a sus hijos a las escuelas privadas de la Ciudad que reciben aportes del Estado. Durante tres meses (mayo, junio y julio), esas familias van a ver reflejado un descuento en la cuota de hasta $ 30 mil, dependiendo del porcentaje de aporte que reciba su institución. 

Hasta el momento hay 102.721 anotados en las distintas comunas de la Ciudad. 

Para solicitar o aplicar al beneficio hay tiempo hasta el 20 de mayo, y las familias deberán ingresar a https://buenosaires.gob.ar/educacion/ayudacuotaescolar para completar un formulario con los datos del o los estudiantes y de la escuela a la que asisten. El beneficio no tiene restricciones por cantidad de hijos. El Gobierno de la Ciudad le transferirá a las escuelas los importes del beneficio, para que sean usados únicamente para cubrir los aranceles.

Para solicitar o aplicar al beneficio hay tiempo hasta el 20 de mayo, y las familias deberán ingresar aquí para completar un formulario.

Colegios privados y discapacidad: los cambios que se vienen

Tras años de debate judicial, el conflicto parece llegar a su fin con el compromiso del gobierno de Jorge Macri de acompañar la matriculación de personas con discapacidad lo cual era muy difícil años anteriores.

A partir de una demanda de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia que data de 2019 según contó Tiempo Judicial, el Gobierno porteño acordó garantizar el derecho a una educación inclusiva. Los detalles del acuerdo alcanzado.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)  con el asesoramiento de la Clínica Jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), impulsó una acción de amparo denunciando los rechazos de matriculación que enfrentan niños, niñas y adolescentes con discapacidad en las escuelas privadas de la Capital Federal. En el 2022, el Juzgado N° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA ordenó al Gobierno implementar una política pública para revertir el panorama.

Con el cambio de gestión parece que se avecinan cambios para evitar la innecesaria e injusta decisión que tienen que tomar los padres de niños con discapacidad de acudir a la justicia porque a sus hijos no los “toman” en las instituciones privadas.

Agostina Quiroz, abogada del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ confirmó que “Es algo histórico es la primera vez que una normativa obliga expresamente al Gobierno porteño a controlar a las escuelas de gestión privada en lo que respecta a la inclusión de estudiantes con discapacidad y a realizar acciones tendientes a evitar los rechazos por matriculación y rematriculación de estudiantes con discapacidad”.

En concreto, el Gobierno porteño se comprometió a:

Acompañar a las personas con discapacidad y sus familias durante los procesos de inscripción en instituciones educativas de gestión privada. 

Orientar a las escuelas para que el proceso de matriculación se realice respetando el derecho a la educación inclusiva. 

Disponibilizar canales específicos, accesibles y eficaces para denunciar los rechazos de matriculación y rematriculación.

Implementar un protocolo para gestionar dichas denuncias e imponer sanciones ante prácticas discriminatorias. 

Difundir el derecho a la educación inclusiva y los mecanismos para exigir su cumplimiento. 

Producir y publicar información que permita monitorear la efectividad de las acciones implementadas para garantizar el ingreso y la continuidad de las personas con discapacidad en las escuelas.