Vicente López: protocolos en la vuelta a clases

El Municipio de Vicente López continúa trabajando con los protocolos en jardines y escuela municipal y secundaria. Entre otras cosas, será obligatorio el uso de tapabocas y todas las instituciones contarán con mochilas sanitizantes.

Las clases comenzarán el 1 de marzo y el inicio presencial será progresivo y gradual y será complementado virtualmente. Además, comienzan las actividades virtuales en maternales y el vínculo entre directivos y docentes con alumnos y familias.

En el protocolo se indica que al ingresar a la institución se les tomará la temperatura, se controlarán los síntomas y se pedirá que cada niño y docente firme una declaración jurada para llevar un registro diario.

También será obligatoria la higienización de manos con alcohol y del calzado en las alfombras sanitizantes.

Cada grupo tendrá un horario distinto de ingreso para que no se genere aglomeración de personas en la entrada. Los mismos serán cada 15 minutos de diferencia. El mismo protocolo aplicará al horario de salida.

Las jornadas dobles serán de cuatro horas con 15 alumnos por aula y habrá turno mañana y turno tarde y las simples ya existentes se dividirán en 2 grupos asistiendo cada uno en distintos días.

Cada Institución, además, deberá contar con un “aula de aislamiento”, para los casos en que algún chico presente síntomas durante la jornada.

En las aulas  se deberá cumplir con distanciamiento de 1,5 metros  por persona, se mantendrán puertas y ventanas abiertas para mayor circulación del aire.

Por otra parte, los alumnos deberán utilizar obligatoriamente tapaboca y los docentes tapaboca y máscara de acetato, que fueron fabricadas en FabLab (Laboratorio de Fabricación Digital) de Vicente López.

Durante la pandemia, el FabLab desarrolló más de 3000 mascarillas reutilizables, a través de tecnología de impresión 3D y las mismas fueron entregadas al personal de las áreas de Salud, Seguridad, Higiene Urbana, Desarrollo Social y Educación y Empleo, que trabajan a diario en la atención y asistencia de personas.

En cuanto a las aulas, cada una deberá contar con una señalética que indique los protocolos, y será higienizada una vez finalizada la jornada de cada turno.

Adicionalmente, se colocará un sensor de nivel de dióxido de carbono (CO2) para identificar en qué momento se deben realizar acciones adicionales de ventilación y el  personal será capacitado sobre los cuidados y la implementación de todos los protocolos.

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Censo Popular de personas en situación de calle que incomoda al gobierno

Los datos fueron presentados este lunes por la tarde, como parte de un esfuerzo colectivo por visibilizar la crisis habitacional que atraviesa la ciudad más rica del país. En lo que va del año, según la Asamblea Popular, 63 personas murieron en situación de calle, 13 de ellas en la propia CABA.

El número que incomoda al Ejecutivo porteño

Desde las organizaciones sociales aseguran que el Ejecutivo subestima sistemáticamente la cifra de personas en calle. La legisladora de Unión por la Patria, Berenice Iañez, explicó que el Gobierno de la Ciudad “suele mostrar números similares a las plazas que tiene disponibles en los Centros de Inclusión Social”.

El nuevo censo mostró un crecimiento alarmante respecto a los anteriores:

  • En 2017 se relevaron 3.560 personas.
  • En 2019, el número se duplicó a 7.251.
  • En 2025, la cifra se disparó un 60% más.

Cómo se hizo el censo y quiénes participaron

El relevamiento, realizado el 26, 27 y 28 de junio, cubrió todos los barrios porteños en tres turnos diarios. La metodología incluyó:

  • Planillas observacionales para contar a quienes no quisieran responder.
  • Encuestas sobre salud, trayectoria en la calle, niñez a cargo y violencia institucional.
  • Una app móvil para cargar y procesar los datos en tiempo real.

Organizaciones como Proyecto 7, Red Puentes, Barrios de Pie, Lxs Irrompibles, La Patria es el Otro y otras más fueron parte de esta movida que busca, año tras año, poner sobre la mesa un problema que muchas veces se quiere invisibilizar.

“No fue el frío, fue la violencia del Estado”

Según Iañez, hay una contradicción total en el abordaje oficial. Por un lado, operativos de ingreso a los Centros de Inclusión; por otro, represión policial contra personas sin techo. “Lo vimos en las campañas de limpieza que impulsó Jorge Macri el año pasado”, señaló la legisladora.

Tensión en Balvanera con la comisaría del barrio y los vecinos

Un video filmado por vecinos de la Comuna 3 alarmó al barrio por la cantidad de ruidos, peleas y el hacinamiento que viven los casi 100 detenidos por diferentes hurtos en la Alcaidía Anexo 3 en el barrio porteño de Balvanera.

La calle General Urquiza, entre Agrelo y Venezuela, tiene alto tráfico aunque no tanto como cerca de Plaza Miserere (Once) porque pasan cuatro líneas de colectivos, alumnos que entran y salen de dos colegios de la zona, ambulancias que ingresan al Hospital Ramos Mejía, taxis y remises que dejan a pacientes en la guardia.

“Acá no hay que temerle a una entradera desde la calle; acá los presos se me meten desde adentro”, contó un vecino que no quiso dar su nombre por miedo quien recordó que durante una quema de colchones, en mayo y en diciembre del año pasado, se fugaron varios presos y uno de ellos escapó por la terraza de su casa, reprodujo Infobae la queja vecinal.

Según los números que presenta la administración de Jorge Macri, hasta el 20 de febrero había, dentro del universo de detenidos, 544 imputados, 1509 procesados y 387 condenados. Alegan que hay 139 internos con entre 1 y 2 años de permanencia en comisarías, y 23 que llevan más de 2 años. Cada preso le cuesta a los vecinos de la Ciudad $83.576 diarios. En 2024, destinaron $70.161.000.000 a la gestión de detenidos.

Hoy, 9 de junio, los datos oficiales sostienen que sigue la superpoblación en las comisarías y las alcaldías porteñas: poseen 2.240 detenidos dentro de sus calabozos, los cuales tienen una capacidad máxima para 1.270. En esta alcaldía de Balvanera, 60 detenidos.

El conflicto lo provocó el mismísimo gobierno porteño según un vecino que vive al lado de la comisaría: “Nos trajeron el conflicto al barrio. Ellos se llenan la boca hablando de seguridad, pero esto es una cargada. Encima ya no tenemos comisaría. Si hay un problema, no hay nadie para atenderte. Los policías de la alcaidía están para vigilar a los presos, no para cuidarnos a nosotros”.

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Una ONG expuso la situación de las personas en situación de calle

El pronunciamiento internacional surge en simultáneo a la elaboración del informe “Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires” , realizado en conjunto por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (MPD CABA) para aportar datos, estándares de derechos, análisis y propuestas.

Del documento se desprende el aumento de personas en situación de calle, la falta de políticas para abordar esta problemática de forma integral y un fuerte punitivismo por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

También muestra cómo la estrategia de la nueva gestión del GCBA tuvo un abordaje bifrontal: por un lado, con una política de fuerte tinte punitivo y estigmatizante, ilustrada por el paradigma oficial de “Orden y limpieza”, que incluye la remoción de personas en situación de calle del espacio público, detenciones, y violencia institucional; y, en paralelo, con un aumento presupuestario para dispositivos destinados a brindar alojamiento transitorio y una mejor segmentación de sus prestaciones , que aún así no logra trascender las intervenciones de emergencia.

Sobre el paradigma “Orden y limpieza”, según datos del MPD CABA, las denuncias de violencia institucional ejercida contra personas en situación de calle ascienden a más del doble entre el primer semestre de 2023 y el primer semestre de 2024 (128% de aumento) .

El 34% de las personas en situación de calle detenidas en 2024 reportan haber sufrido violencia institucional al momento de la detención. Este enfoque ubica a las personas como parte del problema de higiene urbana, los despersonaliza y fortalece la estigmatización del grupo, desconociendo los estándares y garantías fijadas por la normativa nacional y local.

Sobre las políticas públicas para atender la emergencia , en el año 2025, las partidas presupuestarias destinadas a programas habitacionales para personas en situación de calle presentaron un aumento del 40,11% en términos reales .

Sin embargo, estos programas se siguen orientando principalmente a ofrecer una respuesta de emergencia y transitoria , principalmente a través de un subsidio habitacional, o de una vacante en un Centro de Inclusión Social (CIS), sin resolver otros problemas estructurales.

La problemática de situación de calle debe abordarse desde enfoques no punitivos, respondiendo adecuadamente a las emergencias y abriendo alternativas de solución habitacional definitiva, tal como fue consagrado en la normativa local, nacional e internacional. 

En el informe elaborado por el CELS, ACIJ y el MPD CABA presentan líneas de acción que incluyen medidas paliativas y programas potencialmente transformadores, sobre las que es necesario profundizar para alcanzar consensos entre los distintos actores que abordan esta problemática.