El 95% de las escuelas públicas porteñas no tiene un plan de mitigación de riesgos

El auditor porteño, por el Frente de Todos, Lisandro Teszkevwicz, explicó detalles del informe sobre mitigación de riesgo y Ley de escuelas Seguras de la Ciudad, donde quedaron evidenciadas importantes falencias en la materia.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), aprobó un informe sobre mitigación de riesgo y Ley de escuelas Seguras de la Ciudad, donde quedaron evidenciadas importantes falencias en la materia.

En ese marco, el auditor por el Frente de Todos, Lisandro Teszkevwicz, dijo que “mientras la Corte Suprema de Justicia, el jefe de gobierno porteño y la ministra de Educación de la Ciudad, se embarcan en el festejo irresponsable de haber partidizado el Poder Judicial, hasta el punto de ponernos a la población en riesgo, en la Auditoria de la Ciudad trabajamos un informe que demuestra de manera contundente que el 95% de los edificios escolares de la Ciudad no poseen un Plan de Mitigación de Riesgos, como marca la ley, incluso antes de la pandemia”.

Las declaraciones del auditor fueron al término de la reunión de Colegio de Auditores, donde se aprobó el informe final correspondiente al Proyecto 2.20.03 – Mitigación de riesgos y Ley de Escuelas Seguras, durante el período 2019.

El informe hace referencia a los planes de Autoprotección, para ellos la Ley 5.920 establece que cada establecimiento educativo debe presentar su plan de autoprotección, y el mismo debe ser aprobado. Sin embargo, en 2019, sólo se habían presentado 51 planes de 816. Es decir, menos del 10% de los establecimientos escolares tiene planes para reducir los riesgos en tiempos sin pandemia.

El documento también muestra que la dirección de mitigación ha sido recortada en varias de funciones, que han pasado a Mantenimiento, mostrando falta de coordinación entre las distintas unidades encargadas de la seguridad en las escuelas como la Agencia Gubernamental de control y Mitigación.

Además, da cuenta del déficit de control, capacitación y prevención de incendios. En ese sentido, según detalla el informe, se detectaron 47ascensores no aceptados por las empresas de mantenimiento que realizan el control de los mismos, no se ha finalizado con el reemplazo de vidrios estipulado por ley.Se observó subejecución presupuestaria en las siguientes obras: “Protección de vidrios” (solo se devengó el 42,72 %); “Elementos para la accesibilidad” (tuvo devengamiento 0%). Además, hay empresas encargadas de mantenimiento que no están habilitadas por la Agencia Gubernamental de Control, lo mismo sucede para el caso de los matafuegos.

El informe de la AGCBA también muestra que es deficitaria la cantidad de capacitaciones en materia de incendios y en la cantidad de simulacros, y no hay constancia de las personas que asistieron a las capacitaciones efectivamente dictadas. Además, señala que no es claro el destino de los 1800 kits de reposición de botiquines que fueron adquiridos.

Ante este escenario, el Auditor del Peronismo porteño remarcó que “a pesar de haberse promulgado la Ley 5920 en el año 2017 no se ha aprobado aproximadamente el 95% del universo de edificios que albergan establecimientos educativos de gestión estatal. Y en este contexto, como ya denunciamos las escuelas porteñas ingresaron en un año de pandemia, en el que se les recortó 528 millones de pesos destinados a cubrir algunas de esas falencias de infraestructura”.

“El nivel de irresponsabilidad con la que Larreta y Acuña tratan la salud de nuestros pibes, y la comunidad toda, no solo es alarmante, es terriblemente peligroso en tiempos de COVID19”concluyó Lisandro Teszkiewicz.

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Diez mil prendas apócrifas secuestradas valuadas en 13 millones de pesos

Una investigación por venta ilegal y falsificación de marcas llevada adelante por la Fiscalía PCyF 35 Especializada en Investigaciones Complejas, a cargo de Celsa Ramírez, culminó con el secuestro de casi 10.000 prendas apócrifas valuadas en aproximadamente 13 millones de pesos. 

Ante la denuncia de representantes de diversas firmas comerciales, la fiscalía ordenó una serie de inspecciones integrales simultáneas en locales comerciales del barrio de Pompeya de esta ciudad, con el fin de constatar la venta de indumentaria y calzado apócrifos que carecen de las medidas de seguridad y certificaciones correspondientes.

Esta mercadería es ubicada en el mercado legal, sin ningún tipo de control y en contra de la salud pública. Y se comercializada de forma ilegal en locales mercadería de marcas falsificadas en Pompeya.

A partir de los procedimientos se secuestraron casi 10 mil elementos apócrifos – remeras, musculosas, shorts, camperas, pantalones largos, zapatillas- de marcas tales como Puma, Nike, Under Armour, Jordan, Lacoste, entre otras, por un valor estimado de mercado de 13 millones de pesos ($ 13.000.000,00.).

Las inspecciones fueron coordinadas por la Fiscalía 35 y la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad, y participaron además la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC) y la Dirección General de Protección del Trabajo (DGPT).

Los responsables de los comercios fueron sujetos a proceso penal por parte de la Fiscalía. A su vez, se dispuso la clausura inmediata y preventiva de los locales por falta de habilitaciones comerciales y por falta de adecuación a las medidas de seguridad obligatorias.

Además, los organismos intervinientes labraron diversas actas de intimación y solicitaron adecuaciones a las normativas vigentes que regulan la habilitación y autorización de actividades económicas en CABA.

Congreso Internacional de Contrataciones Públicas

Se realizó la tercera edición en la Facultad de Derecho (UBA) y estuvo organizada por los tres poderes de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante los días 3 y 4 de noviembre se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires la III edición del Congreso Internacional de Contrataciones Públicas. Bajo el lema “Fortaleciendo capacidades para optimizar resultados”, el encuentro fue organizado de manera conjunta por el Consejo de la Magistratura porteño, a través de la Secretaría de Administración General y Presupuesto (SAGyP), el Gobierno de la Ciudad y la Legislatura porteña. Al igual que en ediciones anteriores, la iniciativa buscó reflexionar sobre la compra pública como herramienta estratégica para el cumplimiento de las funciones del Estado y para el desarrollo económico y social. 

La apertura de la actividad, que tuvo entre sus presentes a los expositores internacionales y magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as del Poder Judicial de la Ciudad, contó con la participación de la jueza del Tribunal Superior de Justicia porteña, Marcela De Langhe, la Secretaría de Administración General y Presupuesto, Genoveva Ferrero y el vicepresidente primero de la Legislatura, Matías López.

Allí, la jueza del Tribunal Superior de Justicia señaló: “Desde el Poder Judicial observamos con mucho interés esta agenda y estas Jornadas que son un espacio de altísimo nivel y reflexión porque entendemos que la contratación pública se enfrenta con el desafío más ambicioso de la historia: modernizarse atendiendo los avances en materia de inteligencia artificial y transformación digital”. En ese sentido, De Langhe resaltó: “Hablar de contratación pública es hablar de ética republicana, eficiencia estatal y calidad democrática”.

Por su parte, la Secretaria de Administración General y Presupuesto, Genoveva Ferrero, afirmó: “Este Congreso, que contó con representantes de más de 30 países y el apoyo de un montón de organismos internacionales, debatió temas centrales de la contratación pública como la profesionalización de los equipos, la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos de contratación y cómo la contratación pública es utilizada para fomentar derechos sociales, derechos ambientales y como la utilizamos como herramienta para lograr el desarrollo de las naciones”.

Durante su exposición en la apertura y el cierre del encuentro, Ferrero valoró el trabajo mancomunado entre los tres poderes de la Ciudad y resaltó los diferentes logros en los que se avanzó en la materia, como la incorporación de las compras públicas sustentables en el GCBA, el convenio con la UCA para la profesionalización de las contrataciones públicas y el acuerdo entre el Consejo y el OCDE para mejoras en la Economía y Gobernanza del Sector Público.

Durante los dos días del Congreso se desarrollaron siete paneles temáticos con más de treinta exposiciones de especialistas nacionales e internacionales. Allí se abordaron la transformación digital y los avances en inteligencia artificial, la profesionalización de los equipos de compras y los objetivos socialmente estratégicos en las contrataciones públicas como también se analizó la utilización de datos para el análisis y la definición estratégica de compras, las tendencias e innovaciones —incluyendo el uso de tiendas virtuales para la compra gubernamental— y se expusieron las directrices de la Unión Europea y las nuevas medidas en los Estados Unidos, para culminar con un panel dedicado a los desafíos y reformas en la contratación pública argentina.

Entre los oradores se destacaron, entre otros, el vicepresidente primero del Consejo, Horacio Corti, la profesora adjunta en el programa de Compras Públicas de la George Washington University, Ana Victoria Christoff, el profesor brasileño André Saddy, la investigadora británica Annamaria La Chimia, el especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública, Carlos Balbín, la catedrática española Patricia Valcárcel Fernández, la jueza porteña Natalia Tanno, el investigador estadounidense Christopher Yukins, la académica húngara Tünde Tátrai, la especialista sudafricana Sope Williams, el asociado en UNOPS Mariano Pastorella, el subsecretario salteño Facundo Marin y el ex consejero Alberto Biglieri.

También aportaron su experiencia representantes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, jueces, docentes universitarios y funcionarios de distintas jurisdicciones, lo que permitió un intercambio plural y enriquecedor.

El Congreso contó con la participación de la presidenta del Consejo, Karina Leguizamón, el vicepresidente segundo, Manuel Izura y los consejeros Marcelo Meis, Rocío López Di Muro, Lorena Clienti y Luis Duacastella Arbizu, entre otros.

Con esta tercera edición, el Congreso Internacional de Contrataciones Públicas se consolida como un espacio anual de debate y formación. La convocatoria, que reunió a expertos de distintos países y a representantes de los tres poderes de la Ciudad, reafirma el compromiso del Consejo de la Magistratura y de las instituciones porteñas con la profesionalización de las compras públicas y la búsqueda constante de mejores prácticas que impacten positivamente en la ciudadanía.

Sólo en octubre, se denunciaron 10 estafas a jubilados de sus propios cuidadores

A partir de un análisis de datos de casos que tramitan en la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes (FISEC) del Ministerio Público Fiscal de Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr. Miguel Kessler, se detectó un considerable crecimiento de denuncias sobre el uso de datos de tarjetas de crédito correspondientes a personas mayores por parte de las personas que los cuidan.

De este modo, a través de la calificación y categorización de los datos obtenidos en los casos que tramita, se logró detectar un patrón relacionado con damnificados de consumos no autorizados ni relizados por sus titulares, pertenecientes a este segmento vulnerable de la población, víctimas de estafas por uso de sus tarjetas.

En las diferentes investigaciones llevadas adelante por la FISEC, se estableció que en cuantiosos casos sus autores fueron las personas que cumplían la función de cuidadoras de los adultos mayores, respectivos titulares de las tarjetas. Aprovechando su tarea y el acceso a la intimidad del hogar, se hacían de imágenes de sus tarjetas, o de los propios plásticos, para luego realizar pagos de productos en distintos establecimientos.

Solo en el mes de octubre de 2025, se pudo determinar en más de 10 casos que las autoras fueron personas que cumplían funciones como cuidadoras de víctimas de avanzada edad, y que luego de cometer las estafas no volvieron a su lugar de trabajo. A su vez, se han registrado casos en los que se han realizado extracciones de elevadas sumas de dinero en cajeros automáticos.

Es de destacar que en estos casos que tratan defraudaciones a través del uso de tarjetas o de sus datos, se provoca un daño en las personas mayores que trasciende lo simplemente patrimonial, en tanto se registra un abuso de confianza, una vulneración de la intimidad y la generación en las víctimas de sentimientos de incertidumbre e inseguridad por parte de quienes debieron velar por su bienestar.

Desde la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes, que concentra con exclusividad todos los casos denunciados en la Ciudad de Buenos Aires por uso no autorizado de tarjetas de débito y crédito, se recomienda tomar recaudos para la efectiva protección de los datos de los medios de pago en cuestión.