La Provincia habilitó el nuevo parque industrial de Luján

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta tarde el acto de habilitación del parque industrial y tecnológico “Don Julio Steverlynck” del municipio de Luján, junto a los ministros de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; del Interior, Eduardo de Pedro; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, Augusto Costa; el intendente local, Leonardo Boto; los precandidatos a diputados nacionales Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan; y el presidente del parque, Andrés Magge. Más temprano, las autoridades recorrieron las obras de construcción de un puente sobre el camino vecinal que conecta las localidades de Goldney y Olivera, sobre el Río Luján.

En ese marco, Kicillof destacó que “nos propusimos apoyar la producción sembrando parques industriales por toda la provincia de Buenos Aires”. “La habilitación de este parque demoró muchos años porque faltó decisión y orientación hacia la producción y el trabajo”, sostuvo.

“Hemos visto cómo la Provincia desfallecía pese a ser el corazón productivo, industrial y agropecuario de la Argentina, producto de un modelo en el que se abrían las importaciones, el crédito era inaccesible, las tarifas muy elevadas y los salarios perdían poder adquisitivo”, afirmó el Gobernador, al tiempo que señaló que “vinimos a revertir cuatro años de políticas que impedían el crecimiento industrial de nuestra Provincia”.

Asimismo, De Pedro hizo hincapié en que “nos guía el valor de la palabra y el compromiso de impulsar un proyecto nacional, inclusivo, productivo y democrático”. “Venimos para estar al lado de la necesidad de la gente, gobernar para todos, generar empleo y dignidad y felicidad”, indicó.

Con la certificación de habilitación del nuevo parque industrial, se beneficia a las 15 empresas que ya están instaladas sobre las 94 hectáreas del predio y que generan empleo para 450 bonaerenses. Entre otras herramientas, las firmas podrán acceder a instrumentos de financiamiento y programas de asistencia para el impulso de la actividad.

El ministro Costa subrayó que “con este decreto que habilita formalmente al parque se abre una nueva etapa para la industria y la producción en Luján”. “Esto significa que las 15 empresas que operan aquí, creando más de 400 puestos de trabajo, pueden escriturar, acceder a créditos y herramientas concretas para producir mejor, fortalecer la competitividad y generar más producción y empleo”, añadió.

En tanto, Boto resaltó que la habilitación formal del parque industrial “va a permitir el acceso a nuevas herramientas para seguir creciendo y colaborar en el camino de la reactivación económica en la salida de la pandemia”. “En Luján, como en gran parte de la provincia y del país, estamos ante el mayor plan de obra pública de las últimas décadas, el cual es fruto del compromiso y el trabajo mancomunado entre Nación, Provincia y municipios”, cerró el intendente.

Por su parte, Magge remarcó: “Este parque es un proyecto colectivo, con un gigantesco potencial, donde las empresas que se radicarán darán trabajo a muchos bonaerenses y, con la inversión que realicen, brindarán servicios a la comunidad.” “Pasamos la peor de las tormentas, ahora comienza una nueva etapa en la que volveremos a crecer”, dijo.

“Cuando miremos hacia adelante, vamos a encontrar una Provincia en el camino del desarrollo, fruto del esfuerzo de las y los trabajadores y de nuestro pueblo”, concluyó Kicillof.

Participaron también de la jornada el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; el intendente de Mercedes, Juan Ustarroz, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Diego Menéndez.

Recorrida por las obras de construcción de un puente sobre el Río Luján

Con el financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) las obras de construcción del puente en el camino vecinal que conecta la localidad de Goldney con Olivera tienen un avance del 50% y beneficiarán a 120 mil bonaerenses al aumentar la capacidad de evacuación de los caudales, facilitar el escurrimiento del agua y contribuir así a mitigar las inundaciones en la zona.

En ese marco, Kicillof destacó que la construcción de estos puentes “es una obra muy costosa, que demanda 200 millones de dólares y requiere una mirada de largo plazo, pero que se había prometido durante el Gobierno anterior y solo se había avanzado en un 3%”. “Recuperamos el crédito que se había perdido y, sin marketing ni grandes anuncios, estamos trabajando para brindar una solución real a los problemas de los vecinos y las vecinas de Luján”, afirmó.

En tanto, Katopodis enfatizó que “Luján necesita obras estructurales como las de la cuenca del Río Luján, que llegan a cambiar y a mejorar el día a día de los vecinos”. “No nos vamos a distraer con nada que nos impida poner en marcha la obra pública, que genera empleo y es una de las palancas más importante de la reactivación”, añadió.

Por su parte, el intendente Boto remarcó: “Se trata de la primera obra que se puso en marcha del conjunto de intervenciones previstas en el Plan de Saneamiento de la Cuenca del Río Luján”. En este sentido, subrayó que “el puente permite duplicar la capacidad de carga y el espacio para evacuar el agua rápidamente” y resaltó: “Junto a la Provincia estamos poniendo toda la obra pública en marcha para superar la problemática de las inundaciones en la zona”.

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Avanza la Línea F de Subte porteño: el sueño de Jorge

La primera iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo porteño y aprueba la realización de operaciones de crédito público para financiar la construcción total de la Línea F de Subterráneos. La propuesta prevé la obtención de recursos por un monto de hasta 1.350 millones de dólares a través de organismos multilaterales, instituciones financieras y la colocación de títulos de deuda.

El propósito es impulsar una de las principales obras de infraestructura proyectadas para la Ciudad, con el fin de optimizar la conectividad del sistema de transporte, favorecer la movilidad urbana y expandir la red de subterráneos.

El cronograma preliminar, la construcción de la Línea F está prevista para comenzar en enero de 2027. Por la complejidad técnica y el alcance del proyecto, las estimaciones oficiales indican un plazo de ejecución superior a los seis años. Eso implica que el servicio recién podría estar operativo hacia la próxima década, una vez finalizadas todas las etapas de obra y pruebas.

La magnitud del emprendimiento incluye la excavación de túneles, la construcción de estaciones, la instalación de vías, sistemas de señalamiento y la compra de material rodante, además de las obras complementarias en superficie.

La Ciudad proyecta articular la ejecución en tramos, buscando minimizar el impacto en el tránsito y en la vida cotidiana de los barrios alcanzados.

Recorrido y estaciones de la Línea F

El trazado de la Línea F conectará distintos puntos neurálgicos de la Ciudad y atravesará los barrios de Barracas, Constitución, Monserrat, San Cristóbal, San Nicolás, Balvanera, Recoleta y Palermo. La intención oficial es que la nueva línea funcione como un eje estructurante que complemente al resto de la red y mejore las combinaciones existentes.

  • Brandsen (Barracas)
  • Constitución (Constitución)
  • Cochabamba (San Cristóbal)
  • Chile (Monserrat)
  • Congreso (San Nicolás)
  • Tucumán (Balvanera)
  • Santa Fe (Recoleta)
  • Recoleta (Recoleta)
  • Hospital Rivadavia (Palermo – Recoleta)
  • Parque Las Heras (Recoleta)
  • Plaza Italia (Palermo)

Uno de los puntos destacados del proyecto es que la Línea F tendrá correspondencia con las seis líneas actuales del subte (A, B, C, D, E y H) y conexión con las líneas del ferrocarril Roca. De este modo, se busca facilitar trasbordos más directos y reducir tiempos de viaje para quienes se desplazan diariamente desde y hacia el sur del conurbano bonaerense.

La construcción de la Línea F será la primera ampliación de la red de subte porteña en 25 años y se perfila como una obra estratégica para la movilidad urbana.

De la feroz pelea anti-UBER a la modernización de lo taxis porteños

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para modernizar el sistema de taxis y ordenar las aplicaciones de viajes (como Uber o Cabify) “para que todos compitan con reglas más claras”.

“Mediante el decreto y posterior proyecto de ley, se busca sumar un nuevo marco legal que aumente la seguridad, y ordene y modernice el servicio de transporte privado de pasajeros en la Ciudad”, señala.

“El objetivo es agilizar viajes, mejorar la seguridad y reducir trámites para los choferes de taxis. Este proceso busca normalizar la convivencia entre el servicio de taxis y las aplicaciones digitales, un sector que durante años estuvo marcado por conflictos regulatorios y protestas”, se detalló.

¿Qué cambios habrá en el servicio de taxi porteño? 

En primer lugar los taxistas van a poder trabajar con vehículos más grandes, de hasta ocho ocho plazas (incluido el conductor). Al mismo tiempo, se reduce la capacidad mínima de pasajeros a cuatro (con el conductor). Hoy es de cinco personas, lo que posibilitará que se puedan usar autos más chicos y económicos.

A su vez se eliminarán:

  • La capacidad mínima de baúl o compartimiento de carga requerida.
  • El máximo de plazas permitidas para vehículos accesibles.
  • La necesidad de escribano público para formalizar la operatoria. Hoy  la transferencia de una licencia exige escribano público, constancia de radicación, y vinculación a BA Taxi.
  • La obligatoriedad de turnos fijos.
  • La obligatoriedad del uso de tarjetas físicas identificatorias; ahora podrán ser digitales.
  • La obligatoriedad del uso de camisa en conductores.

El proyecto de ley también incluirá:

  • Eliminación de la obligatoriedad de constancia de adhesión a BA Taxi (que ya fue concesionada).
  • Eliminación de las tasas de transferencia, costos de renovación y transferencias de licencias.
  • Eliminación de tasas de renovación para conductores de taxis: altas, bajas y otras modificaciones.

También ahora se va a simplificar parte del trabajo cotidiano de los taxistas mediante pagos electrónicos, validación automática de pasajeros y acceso a viajes desde el celular.

¿Qué cambios habrá para los autos de aplicaciones?

  • Los vehículos deberán contar con VTV al día y seguro específico creado para estas aplicaciones por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
  • Los choferes deberán ser mayores de 21 años y contar con licencia de conducir profesional.
  • Se otorgará un plazo de 90 días para el cumplimiento y se abrirá un proceso abreviado para asegurar que puedan generarla de forma rápida.

“Durante muchos años, la política fingió demencia, eligió mirar para otro lado. Todos usaban las plataformas y sabían que existían, pero nadie se animaba a ordenar las cosas. Y para los taxis tampoco funcionaba. Los habían dejado atrapados en un sistema lleno de requisitos absurdos y cada vez menos competitivos”, sostuvo Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“La Ciudad que tendría que haber sido vanguardia terminó quedándose atrás. Eso se terminó. Decidimos ordenar el sistema y poner la libertad de los usuarios por encima de las trabas burocráticas. Desde ahora, taxis y aplicaciones van a competir con reglas claras”, agregó el funcionario.

Desburocratizamos y le sacamos reglas absurdas a los taxis y normalizamos el servicio de las plataformas para que puedan trabajar en libertad.

Ordenamos algo que debería haberse ordenado hace tiempo. pic.twitter.com/IbBHERNM2e— Jorge Macri (@jorgemacri) May 21, 2026

Las medidas fueron anunciadas en un encuentro con representantes del Sindicato de Taxistas y de las empresas de aplicaciones de viaje. También participaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; los legisladores Pablo Donati y Francisco Loupias; y el secretario de Transporte porteño, Guillermo Krantzer.

Cajas meta

Cajas meta

Justicia porteña frenó el cobro de una deuda a una jubilada sobreendeudada en situación vulnerable

El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires alertó sobre el avance del crédito digital y la falta de información clara en las condiciones de contratación, una situación que expone a amplios sectores de la población a mayores riesgos de sobreendeudamiento.

La acción fue impulsada por la Unidad Especializada en Relaciones de Consumo del MPD contra la entidad financiera con la que se había endeudado la mujer, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social y económica.

El pasado 5 de mayo, el Juzgado de Primera Instancia en lo CATyRC N.° 27 de la Ciudad dictó una medida cautelar por medio de la cual ordenó a la Compañía Financiera Argentina SA (conocida como “Efectivo Sí”) que suspenda el cobro de la deuda que una mujer jubilada de 68 años, en situación de vulnerabilidad social y económica, contrajo con esa entidad.

La demanda, impulsada por la Unidad Especializada en Relaciones de Consumo del MPD CABA (UERC), sostenía que se trata de una consumidora “hipervulnerable y sobreendeudada”, ya que solo percibe una jubilación mínima insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, por lo cual recibe asistencia del GCBA.

Vive, además, en una casa prestada y afronta el pago de los servicios y expensas, lo que supone una parte sustancial de sus ingresos. En este contexto de “precariedad, angustia y apremio cotidiano”, entre 2023 y 2025 la mujer recurrió al crédito ofrecido por Compañía Financiera Argentina SA y a sucesivos productos financieros para subsistir, incluidos préstamos personales y una tarjeta de crédito, algunos bajo la modalidad de “renovación”. Esta dinámica implicó la refinanciación de deudas previas y un endeudamiento progresivo. 

En la acción judicial se cuestionaba, justamente, el sucesivo otorgamiento de créditos, con tasas e intereses “sin que existieran verdaderas barreras de ingreso al sistema ni instancias reales de evaluación crediticia”. Además, se señalaba la ausencia de información clara, suficiente y comprensible acerca del alcance económico de las obligaciones asumidas y las consecuencias del endeudamiento progresivo.

Asimismo, se indicaba que la mujer había sido víctima de presuntas prácticas de hostigamiento en la cobranza: comunicaciones intimidatorias, engañosas y desproporcionadas, que incluyeron amenazas de acciones judiciales y posibles embargos.

Por todo ello, se afirmaba que “lejos de actuar con la diligencia que le es exigible como proveedora profesional de servicios financieros, la demandada se limitó a otorgar sucesivos créditos de manera casi automática, sin advertencias, sin asesoramiento y sin considerar su situación particular.

Esta conducta no solo implicó un incumplimiento de sus deberes de información y de trato digno, sino también una grave omisión en su deber de prevención del sobreendeudamiento”. Así, entre otras medidas, se solicitaba la nulidad o revisión de los contratos de préstamo, el cese de las gestiones de cobro, la suspensión de intereses, la exclusión de registros de deudores y la reparación por daños.

Al hacer lugar a la cautelar solicitada, el juez ordenó a Compañía Financiera Argentina SA “que suspenda el cobro judicial y extrajudicial de la deuda referida en el expediente y la capitalización de intereses y se abstenga de informar a la accionante en la base de deudores del sistema financiero del Banco Central de la República Argentina y administradores de datos privados o, en su caso, proceda a la rectificación provisoria de la calificación crediticia respecto de la deuda aquí cuestionada. Todo ello, hasta tanto se dicte sentencia definitiva”. 

El magistrado destacó la especial protección que le brinda nuestro sistema jurídico, así como las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, a los derechos de consumidores y usuarios. También se refirió a que la misma Corte Suprema de Justicia ha entendido que, en las relaciones de consumo con entidades bancarias, esta tutela se acentúa aún más, pues del otro lado de la relación jurídica está una entidad bancaria profesional y además el propio contexto es propicio para las cláusulas y prácticas abusivas. 

Según el fallo, estas circunstancias “habilitan la aplicación de mecanismos de tutela judicial efectiva con mayor rigurosidad”, ya que la continuidad de las acciones de cobro podría afectar ingresos de carácter alimentario y comprometer su economía de subsistencia.

Aysa
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