Pandora Papers: la UIF trabaja en normas para identificar beneficiarios finales de empresas offshore

La Unidad de Información Financiera (UIF) avanza en la elaboración de normas para identificar a los beneficiarios finales de las empresas offshore, se informó oficialmente, luego de las revelaciones de la investigación denominada Pandora Papers que llevó adelante el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y que involucra entre otros a argentinos, entre ellos uno de los hermanos del expresidente Mauricio Macri, Mariano Macri.

El organismo trabaja “en la elaboración de normas que permitan unificar criterios de definición, interpretación y alcance en la identificación de los beneficiarios finales respecto de las obligaciones que tienen los Sujetos Obligados”, indicó la UIF en un comunicado.

En esta línea, señaló se “están evaluando mecanismos que permitan individualizar quiénes son los verdaderos dueños de las personas y/o estructuras jurídicas que resultan clientes del Sujeto Obligado”.

Bajo este mecanismo se podrá “analizar información sobre los entramados societarios como, por ejemplo, empresas offshore que aparecen en los Pandora Papers, cuyos beneficiarios finales hoy son desconocidos”, indicó la UIF.

En materia de Sujeto Obligado, el organismo señaló que tiene presente “el criterio propuesto por el estándar internacional derivado de la Recomendación 24 y 25 del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) para las personas y estructuras jurídicas, respectivamente”.

El trabajo de la UIF irá en la misma dirección que la AFIP, que en este caso concreto evaluará si los eventuales beneficiarios argentinos de los Pandora Papers eludieron regulaciones, ocultaron información o evadieron el pago de impuestos, según se adelantó.

Los contribuyentes argentinos en cuestión forman parte de la investigación bautizada Pandora Papers, sobre cuentas secretas en paraísos fiscales, que fue realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), en el que participaron 600 periodistas de 117 países.

El trabajo se basó en la filtración de 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur o Suiza.

La titular del organismo Mercedes Marcó del Pont advirtió que “la evasión y la elusión fiscal constituyen un problema sistémico que afecta con severidad a los países en desarrollo como Argentina”.

La funcionaria también enfatizó que “los flujos financieros ilícitos limitan los márgenes de maniobra de nuestros países y, por eso, desde que asumimos la gestión implementamos instrumentos y regulaciones que permiten abordar esta problemática tan compleja”.

Marcó del Pont recordó que el organismo estableció un registro de beneficiarios finales para sociedades y fideicomisos, creó un régimen de información sobre planificaciones fiscales, estableció pautas para explotar los datos provenientes del exterior y amplió la red de convenios de intercambio de información.

“Los datos generados a través del intercambio de información financiera y fiscal son una de las herramientas que tenemos los países en desarrollo para combatir mecanismos agresivos de planificación fiscal y los flujos financieros ilícitos que erosionan nuestra capacidad de recaudación”, expresó Marcó del Pont en declaraciones periodísticas tras las revelaciones.

Entre los argentinos mencionados figuran uno de los hermanos del expresidente Mauricio Macri, Mariano Macri; el fallecido Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado del presidente Néstor Kirchner; Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem; el futbolista Ángel Di María; el ex futbolista Javier Mascherano; y los empresarios farmacéuticos Hugo Sigman y Marcelo Figueiras.

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El Consejo de la Magistratura porteño realizará el Encuentro Nacional de Acceso a Justicia

Con el foco puesto en el abordaje territorial y las innovaciones que garantizan derechos, el organismo impulsa una iniciativa para generar un espacio de intercambio

El próximo 9 de septiembre en el Parque de la Innovación (Av. Campos Salles 1148), el Consejo de la Magistratura organizará una nueva edición del Encuentro Nacional de Acceso a Justicia (ENAJ), una iniciativa que busca generar un espacio de intercambio y producción de conocimiento local y federal incorporando al diálogo experiencias internacionales en torno a la garantía efectiva del acceso a derechos. Previo a dicha actividad, también se realizará una de manera virtual el día 1 de septiembre.

El evento, que fue impulsado por el vicepresidente segundo del Consejo, Diego García de García Vilas, la consejera Lorena Clienti y la directora de Acceso a Justicia del Consejo, tendrá diversas actividades y paneles, entre ellos, uno sobre la medición de la garantía efectiva del acceso a justicia, un debate federal entre ministerios públicos y tribunales superiores provinciales, un diálogo territorial con referentes comunitarios y una Expo de innovación con herramientas e intervenciones de acceso a justicia.

En ese sentido, el vicepresidente segundo del Consejo, Diego García de García Vilas, destacó: “Este encuentro representa una oportunidad para analizar, desde una mirada plural -tanto internacional como federal-, la manera en la que estamos garantizando el acceso a la Justicia y cuáles son los desafíos que todavía tenemos por delante. El intercambio entre distintas jurisdicciones, equipos técnicos y referentes nos permite conocer experiencias diversas, aprender de aquello que funciona y también hacer una autocrítica sobre aquello que podemos mejorar”. Y agregó: “Creo que ese diálogo es fundamental para construir instituciones más cercanas, accesibles y capaces de dar respuestas concretas a las necesidades de los vecinos”.

Por su parte, la consejera Lorena Clienti, resaltó: “Este año este encuentro es una oportunidad para abrir el diálogo a las experiencias internacionales que se suman a la mirada federal y el trabajo territorial que se viene construyendo, con un objetivo común: hacer una justicia cada vez más cercana y accesible para las personas”.

Sobre ello, Clienti dijo: “Eventos como estos permiten intercambios productivos que repercuten en mejor gestión local de cada participante y el hecho no menor que, además, se desarrolle en el Parque de la Innovación nos impone pensar en el sentido transformador, aportando herramientas concretas para garantizar derechos y mejorar el acceso a justicia”.

Asimismo, la directora de Participación Ciudadana, Acceso a la Justicia y Derechos Universales, Jessica Malegarie, afirmó: “El ENAJ es un espacio de diálogo en muchos niveles: internacional, federal, local y comunitario, porque creemos que el acceso a justicia no se alcanza en soledad. Este año proponemos pensar juntos apoyos y adaptaciones, acompañamientos que ayuden a una persona a entender y ejercer sus derechos”. Al respecto, Malegarie reconoció: “Pensamos que las adaptaciones tienen que estar centradas en las personas, en el lenguaje, en el formato de un trámite, en el seguimiento y contacto personalizado, que las políticas públicas judiciales se adapten a la persona, y no al revés. Aquí está la diferencia, sin esos apoyos, muchas personas quedan afuera; con ellos, un derecho que parecía inalcanzable se vuelve real”.

En esta ocasión, entre los organismos internacionales confirmados, se encuentran el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el World Justice Project, la Alianza Iberoamericana por el Acceso a Justicia, la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y Pathfinders (NYU–CIC). Asimismo, participarán los poderes judiciales provinciales y Tribunales Superiores de Mendoza, Tucumán, Córdoba, Chaco, Corrientes, Chubut junto a los equipos técnicos de la Mesa Permanente de Acceso a Justicia del Poder Judicial de CABA y referentes comunitarias de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras más de diez años de trayectoria territorial y articulación interjurisdiccional de la Dirección de Acceso a Justicia, el Consejo de la Magistratura busca consolidar la articulación federal por el acceso a justicia y, por primera vez en esta temática, integra de manera central la mirada internacional: referentes y organismos de alcance regional y global compartirán experiencias comparadas, tendencias y desafíos sobre cómo pensar una justicia centrada en las personas.

Para inscribirte a la jornada del 1 de septiembre, se deberán inscribir en https://forms.gle/NY32Q1xBHbKfMD876

Para quienes estén interesados en participar en la actividad del 9 de septiembre, deberán inscribirse en https://forms.gle/NY32Q1xBHbKfMD876

Para dudas o consultas, contactarse por correo electrónico a direccionpajdu@jusbaires.gob.ar

Avanza la Línea F de Subte porteño: el sueño de Jorge

La primera iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo porteño y aprueba la realización de operaciones de crédito público para financiar la construcción total de la Línea F de Subterráneos. La propuesta prevé la obtención de recursos por un monto de hasta 1.350 millones de dólares a través de organismos multilaterales, instituciones financieras y la colocación de títulos de deuda.

El propósito es impulsar una de las principales obras de infraestructura proyectadas para la Ciudad, con el fin de optimizar la conectividad del sistema de transporte, favorecer la movilidad urbana y expandir la red de subterráneos.

El cronograma preliminar, la construcción de la Línea F está prevista para comenzar en enero de 2027. Por la complejidad técnica y el alcance del proyecto, las estimaciones oficiales indican un plazo de ejecución superior a los seis años. Eso implica que el servicio recién podría estar operativo hacia la próxima década, una vez finalizadas todas las etapas de obra y pruebas.

La magnitud del emprendimiento incluye la excavación de túneles, la construcción de estaciones, la instalación de vías, sistemas de señalamiento y la compra de material rodante, además de las obras complementarias en superficie.

La Ciudad proyecta articular la ejecución en tramos, buscando minimizar el impacto en el tránsito y en la vida cotidiana de los barrios alcanzados.

Recorrido y estaciones de la Línea F

El trazado de la Línea F conectará distintos puntos neurálgicos de la Ciudad y atravesará los barrios de Barracas, Constitución, Monserrat, San Cristóbal, San Nicolás, Balvanera, Recoleta y Palermo. La intención oficial es que la nueva línea funcione como un eje estructurante que complemente al resto de la red y mejore las combinaciones existentes.

  • Brandsen (Barracas)
  • Constitución (Constitución)
  • Cochabamba (San Cristóbal)
  • Chile (Monserrat)
  • Congreso (San Nicolás)
  • Tucumán (Balvanera)
  • Santa Fe (Recoleta)
  • Recoleta (Recoleta)
  • Hospital Rivadavia (Palermo – Recoleta)
  • Parque Las Heras (Recoleta)
  • Plaza Italia (Palermo)

Uno de los puntos destacados del proyecto es que la Línea F tendrá correspondencia con las seis líneas actuales del subte (A, B, C, D, E y H) y conexión con las líneas del ferrocarril Roca. De este modo, se busca facilitar trasbordos más directos y reducir tiempos de viaje para quienes se desplazan diariamente desde y hacia el sur del conurbano bonaerense.

La construcción de la Línea F será la primera ampliación de la red de subte porteña en 25 años y se perfila como una obra estratégica para la movilidad urbana.

VTV: cualquier taller mecánico y las concesionarias habilitadas para hacerlas

La Legislatura porteña se aprobó la extensión del número de establecimientos autorizados para llevar a cabo la verificación técnica vehicular (VTV).

De este modo, avanzò la normativo que permite la incorporación de talleres y concesionarios que acrediten el cumplimiento de los requisitos técnicos definidos por la normativa vigente.

Asimismo, la propuesta incorpora ajustes en los plazos de vigencia de las verificaciones y en distintos aspectos relacionados con la operación y el control de los centros habilitados para prestar este servicio.

Según el proyecto, los vehículos particulares 0 km deberán realizar la primera VTV a los cinco años (60 meses) desde la fecha de patentamiento. Para los vehículos de hasta diez años de antigüedad, la verificación será requerida cada dos años, mientras que para aquellos que superen los diez años, la revisión tendrá carácter anual.

Implementación gradual

El Gobierno aclaró que el nuevo esquema no comenzará a aplicarse de inmediato.

Para su puesta en marcha será necesario habilitar nuevos talleres, establecer procesos de certificación técnica, adaptar sistemas informáticos y desarrollar mecanismos de fiscalización.

Por ese motivo, la implementación será gradual y dependerá también de la adhesión de cada provincia.

Según el Ejecutivo, el objetivo final es transformar el sistema actual en uno “más competitivo, accesible y moderno”, que facilite el cumplimiento de la verificación técnica y reduzca los costos para los conductores.

Aysa
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