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La desigualdad se agiganta en C.A.B.A.

Los barrios del sur y del norte de la ciudad de Buenos Aires muestran marcadas diferencias económicas y sociales, que se reflejan en una brecha en los niveles de pobreza, ingreso, desocupación, formalidad laboral, acceso a los servicios y hasta en la cantidad de habitantes por hogar, según los datos informados por la Dirección General de Estadística y Censos (Dgeyc) porteña.

Estas cifras dan cuenta de esa brecha que, si bien es histórica, se ha profundizado por “patrones de mercado que son muy difíciles de alterar”, sostuvo a Télam el director de Investigaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia.

En el mismo sentido, el organismo estadístico porteño advirtió en su informe que “en los hogares de la zona sur se observa el mayor porcentaje de hogares en condición de pobreza multidimensional que en el resto de la ciudad”, una situación que se agudiza al considerar que “en los hogares unipersonales se perciben los ingresos más altos” y que “los hogares familiares”, que a diferencia del norte son mayoría en el sur, “son más pobres”.

Las cifras oficiales dejan en evidencia ese contraste: mientras el ingreso per cápita familiar fue en el segundo trimestre de $ 86.215 en todo el distrito, en los barrios del norte fue un 43,2% más ($ 123.446), pero en los del sur un 42,1% menos ($ 49.877), con una brecha entre los dos extremos del 147,5% o, si se prefiere, un habitante de los barrios del sur necesita trabajar dos veces y media más que uno del norte para adquirir los mismos bienes y servicios.

La diferencia en la medición de pobreza multidimensional es aún mayor: del 17,5% en el promedio del distrito, del 7,4% en los barrios del norte y del 32,1% en los del sur, 4,3 veces más que en el otro extremo de la ciudad.

La pobreza multidimensional tiene en cuenta, además de los ingresos, variables como alimentación y salud, servicios básicos, vivienda, hábitat, accesos educativos, empleo y seguridad social.

Salvia señaló que el contraste norte-sur en la ciudad “tiene una larga historia” cuyos orígenes se remontan a la década del ’70 del siglo XIX, cuando a raíz de la epidemia de fiebre amarilla las familias de mayores recursos, que habitaban en los barrios de San Telmo, Monserrat y San Nicolás, resolvieron instalarse en Barrio Norte, Recoleta, Retiro y Belgrano.

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Colegios privados y discapacidad: los cambios que se vienen

Tras años de debate judicial, el conflicto parece llegar a su fin con el compromiso del gobierno de Jorge Macri de acompañar la matriculación de personas con discapacidad lo cual era muy difícil años anteriores.

A partir de una demanda de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia que data de 2019 según contó Tiempo Judicial, el Gobierno porteño acordó garantizar el derecho a una educación inclusiva. Los detalles del acuerdo alcanzado.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)  con el asesoramiento de la Clínica Jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), impulsó una acción de amparo denunciando los rechazos de matriculación que enfrentan niños, niñas y adolescentes con discapacidad en las escuelas privadas de la Capital Federal. En el 2022, el Juzgado N° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA ordenó al Gobierno implementar una política pública para revertir el panorama.

Con el cambio de gestión parece que se avecinan cambios para evitar la innecesaria e injusta decisión que tienen que tomar los padres de niños con discapacidad de acudir a la justicia porque a sus hijos no los “toman” en las instituciones privadas.

Agostina Quiroz, abogada del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ confirmó que “Es algo histórico es la primera vez que una normativa obliga expresamente al Gobierno porteño a controlar a las escuelas de gestión privada en lo que respecta a la inclusión de estudiantes con discapacidad y a realizar acciones tendientes a evitar los rechazos por matriculación y rematriculación de estudiantes con discapacidad”.

En concreto, el Gobierno porteño se comprometió a:

Acompañar a las personas con discapacidad y sus familias durante los procesos de inscripción en instituciones educativas de gestión privada. 

Orientar a las escuelas para que el proceso de matriculación se realice respetando el derecho a la educación inclusiva. 

Disponibilizar canales específicos, accesibles y eficaces para denunciar los rechazos de matriculación y rematriculación.

Implementar un protocolo para gestionar dichas denuncias e imponer sanciones ante prácticas discriminatorias. 

Difundir el derecho a la educación inclusiva y los mecanismos para exigir su cumplimiento. 

Producir y publicar información que permita monitorear la efectividad de las acciones implementadas para garantizar el ingreso y la continuidad de las personas con discapacidad en las escuelas. 

El sube y baja en las entradas de las escuelas sigue en aumento

La doble fila en los colegios, el estacionamiento en las esquinas que obstruye las rampas para personas con movilidad reducida, e incluso el estacionamiento sobre las veredas son las infracciones más comunes en las zonas donde se encuentran escuelas.

En los últimos 12 meses se sumaron 25 escuelas, lo que significa que un 25% del total de colegios de la Ciudad cuenta con la participación de instituciones educativas al proyecto. Actualmente, 200 colegios forman parte y se contempla ampliarlo en un 20% para el 2024.

El sistema, que venía funcionando en 175 colegios, sumó 25 establecimientos más en los últimos 12 meses y arrancó el ciclo lectivo 2024 con 25% del total de colegios adheridos.

Actualmente, ya son 200 los colegios que participan y desde el Ministerio de Infraestructura, a cargo de Pablo Bereciartúa, se trabaja en conjunto con todas las instituciones educativas, de gestión privada y pública de la Ciudad de Buenos Aires, tanto en nivel inicial, primario y secundario, para ampliarlo en un 20% más este año.

Para garantizar el correcto funcionamiento del programa, cada colegio cuenta con un voluntario, designado por el colegio. Éste es quien abre la puerta de los vehículos cuando llegan al colegio, asiste a los niños en el descenso para que el padre/madre/tutor no se baje del vehículo y continúe con su rol de conductor, cierra la puerta del auto para que se incorporen al flujo vehicular.

De esta manera, el programa logra disminuir la doble fila, que está prohibida en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas veces las calles son vistas como un espacio desfavorable para los chicos ante la presencia de vehículos, por ello con Sube y Baja se busca recuperar el espacio público para los más pequeños adaptándolo a sus necesidades y fomentando su autonomía.

Objetivos del programa

– Promover el ordenamiento del tránsito.

– Garantizar la seguridad vial.

– Mejorar las prácticas de convivencia.

– Agilizar la entrada y salida de los alumnos.

Sube y Baja en números

● 200 escuelas:

○ 162 gestión privadas.

○ 31 gestión pública.

○ 7 Educación especial.

● 106 mil alumnos son beneficiados diariamente por este programa

● 100% de disminución de la doble fila.

● 20 minutos de reducción en el tiempo de entrada.

● Desde 2 voluntarios por turno.

● 9 jurisdicciones pidieron asesoramiento (Rawson -Chubut-, San José de Cuyo y Mendoza Capital -Mendoza-, Córdoba Capital -Córdoba-, Venado Tuerto -Santa Fe-, Concordia -Entre Ríos-, Resistencia -Chaco-, Montevideo -Uruguay- y Bogotá -Colombia-).

El gobernador recibió a intendentes bonaerenses preocupados por el sistema de salud

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes una reunión con integrantes del Foro de Intendentes e Intendentas Radicales en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno. Fue junto a la vicegobernadora Verónica Magario; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Economía, Pablo López; de Salud, Nicolás Kreplak; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; de Seguridad, Javier Alonso; y la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila.

Durante el encuentro, los intendentes expresaron su preocupación por la situación que atraviesa el sistema de salud en sus municipios debido al incremento de los precios de medicamentos e insumos médicos, así como también por la migración de numerosos vecinos desde el sistema privado al sistema público de salud. Además, recalcaron la necesidad de que continúe la obra pública provincial teniendo en cuenta la paralización de la obra pública nacional y el rol clave que esta cumple en la generación de empleo local.

En ese marco, Kicillof destacó que “el Gobierno nacional ha paralizado la obra pública y cortado drásticamente las transferencias a las provincias: el ajuste que está llevando adelante ya impacta en cada municipio en el que cierran las pymes y se deterioran los ingresos”. “Nosotros no vamos a apoyar ningún tipo de recorte. Quienes coincidimos en que lo que necesitan nuestros vecinos y vecinas es más empleo, salud y educación pública, debemos trabajar en conjunto para dar respuestas más allá de nuestras diferencias”.

Estuvieron presentes las y los intendentes de Monte, José Castro; de General Alvear, Ramón Capra; de Lobería, Pablo Barrena; de Lezama, Arnaldo Harispe; de General Belgrano, Osvaldo Dinapoli; de Balcarce, Esteban Reino; de Rojas, Román Bouvier; de Gonzales Chaves, Miriam Gómez; de General Viamonte, Franco Flexas; de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat; de Saladillo, José Luis Salomón; de Maipú, Matías Rapallini; de Ayacucho, Emilio Cordonnier; de Tandil, Miguel Ángel Lunghi; de Adolfo Alsina, Javier Andrés; de Florentino Ameghino, Nahuel Mittelbach; de Pellegrini, Sofía Gambier; de Tres Lomas, Luciano Spinolo Sayago; de General Lavalle, Nahuel Guardia; de General La Madrid, Martín Randazzo; de San Cayetano, Miguel Gargaglione; de Rauch, Maximiliano Suescun; de General Madariaga, Carlos Santoro; de Magdalena, Lisandro Hourcade; y de General Arenales, Érica Revilla.