Volver al cole con precios por las nubes

Con el inicio anticipado de las clases en la ciudad de Buenos Aires, se adelantaron también las compras para tener todo listo para el primer día de escuela. Pero quienes se acerquen a los comercios por estos días se llevarán una sorpresa: los aumentos en la canasta escolar llegan al 142% en relación con 2022 y, para adquirir todo de cero, podrán desembolsar hasta casi $ 60.000, según un relevamiento realizado por la consultora Focus Market para el blog de Naranja X Hablemos de plata.

El informe destaca que, para comprar un kit de útiles escolares clásicos desde cero, sin contar los libros y la indumentaria, se necesitan en total unos $ 10.442. Esto representa un 135% más de lo que costaba el mismo listado de materiales el año pasado. Entre los materiales, se incluye una mochila escolar básica, una caja de 12 lápices largos de colores, una caja de 10 marcadores escolares, una caja de 12 crayones de color, un adhesivo de 30 ml, una tijera de 12 cm, un sacapuntas de metal, un repuesto de ocho hojas para dibujo N° 5 y uno de seis hojas para dibujo a color N° 5, una regla de acrílico de 20 cm, dos paquetes de papel glacé, dos lápices negros, dos gomas de borrar, 12 rótulos autoadhesivos, un cuaderno tapa flexible de 48 hojas rayadas, dos cuadernos tapa flexible de 24 hojas rayadas y un cuaderno de 42 hojas forrado.

En el caso de que se utilice guardapolvo, comprar uno nuevo tiene un valor de $ 7250, versus los $ 2999 que costaba el año pasado; un 142% más. Y, si se opta por renovar la mochila o la cartuchera, existen modelos para todos los bolsillos y colores. Una mochila con tiras básica lisa o reforzada de 16 a 20 litros va de $ 3999 a $ 23.290. Una de carrito de 23 a 28 litros puede costar de $ 21.900 a $ 55.800, y una de carrito con luces de 18 pulgadas gamer o de unicornio, cuesta desde $ 35.599 a $ 52.699. 

En cuanto a las cartucheras, una clásica con cierre oscila entre $ 1890 a $ 23.290 y, una de dos pisos, entre $ 2990 y $ 9800.

Con respecto a los costos de la canasta escolar, los comerciantes resaltaron que varían significativamente entre escuelas públicas y privadas, así como entre los niveles educativos. Aunque, en los últimos años, no hubo grandes cambios en las listas de útiles, hay un tendencia al alza en la inclusión de dispositivos tecnológicos, que engrosan el presupuesto e implican un recambio cada tres años.

Así, para acceder al pack de un guardapolvo, una mochila básica y el listado de los 21 útiles, se necesitan alrededor de $ 17.692, contra los $ 7470 que costaba el año pasado. Si se reemplaza la mochila clásica por una con carrito, y la cartuchera con cierre por una de dos pisos, ese mismo combo se va a $ 58.938.

“En el caso de los productos específicos para el rubro escolar, como guardapolvo y calzado, tuvieron incrementos interanuales de hasta el 142%. El Gobierno puede intentar acordar una canasta de útiles escolares con los diferentes proveedores de artículos escolares pero será un acuerdo hacia adelante ya que el arrastre de variación de precios en las diferentes categorías no se puede retrotraer”, señaló Damián Di Pace, director de Focus Market.

En tanto, para comprar el combo de útiles escolares para la secundaria, hay que pensar en gastar desde $ 10.169, sin considerar libros ni indumentaria. El kit incluye dos bolígrafos azules, dos negros, cuatro de colores y uno roller, una carpeta con solapa de colores, un cuaderno espiral de 84 hojas rayadas y uno similar de hojas cuadriculadas, dos gomas de borrar, un lápiz corrector, un lápiz portaminas con un set de seis minas, una regla transparente de 20 cm, cuatro resaltadores gruesos color pastel y dos finos, un sacapuntas de metal, un set de seis microfibras de colores, una tijera de 17 cm y una voligoma de 30 ml.

CANASTA ESCOLAR” tuvieron un aumento del 90.24 % en útiles escolares y 164.09% en indumentaria respecto al año 2022.

El ejecutivo mencionó que se observa una anticipación del 25% de las compras versus los tres años anteriores. “Este crecimiento está impulsado por los ajustes de precios que se esperan por la inflación prevista para el primer trimestre. Comprando hoy, se ahorra un 30% que a mediados de febrero, la época de mayor concentración de ventas en la previa de la ‘Vuelta al Cole'”, explicó el número uno de ALOT, cadena con 12 sucursales en el país, donde recibe a más de 1 millón de clientes durante la temporada.

Con respecto a los costos de la canasta escolar, los comerciantes resaltaron que varían significativamente entre escuelas públicas y privadas, así como entre los niveles educativos. Aunque, en los últimos años, no hubo grandes cambios en las listas de útiles, hay un tendencia al alza en la inclusión de dispositivos tecnológicos, que engrosan el presupuesto e implican un recambio cada tres años.

Testimonios

Una mamá que estaba de compras escolares en Once contó a Clarín que gastó $ 25.000 pesos en una mochila y otros 25.000 en útiles. “Por miedo a que vuelvan a subir las cosas, vine a comprar ahora”.

Otra detalló que el año pasado gastó unos 10.000 pesos por hijo, haciendo sus compras en febrero. Esta vez desembolsó 23.000 pesos por cada uno.

“Todos estos días el movimiento ha sido constante”, comentó Martín, uno de los vendedores que, pese a tener tres ayudantes, no termina de atender a todos los padres que entran a su negocio para ver precios y comprar útiles. Y comentó que en esta fecha el movimiento solía ser más tranquilo años anteriores. “En enero todos estaban de vacaciones, ahora ya vinieron porque los precios van a seguir subiendo”, sostuvo.

Este panorama no es solo en la zona de Once, donde se encuentran cosas a un menor precio y la venta se suele hacer al por mayor. En otras librerías del AMBA el aumento en ventas de útiles escolares también se incrementó en enero a diferencia del año pasado.

En la cadena ALOT informaron que el adelanto de las compras de la canasta escolar se registra desde diciembre. Al comparar el último mes de 2023 con el de 2022 advirtieron un aumento del 25% en las ventas. Para enero esperan un comportamiento similar.

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Cinco clausuras y celulares incautados en Flores y Parque Avellaneda

Cinco locales fueron clausurados, uno de ellos tapiado, y más de 130 celulares, módulos y plaquetas secuestrados fueron el resultado de una serie de inspecciones en Flores y Parque Avellaneda encabezadas por la Policía de la Ciudad junto a agencias del Gobierno porteño.

Uno de los operativos, que estuvo a cargo de la División Conductas Tecnológicas Ilícitas de la Policía de la Ciudad junto a agentes de la Dirección General de Coordinación Operativa (DGCOPE) y de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), se desarrolló en un local de reparación en la avenida Eva Perón al 3700, cuyo encargado terminó detenido.

Allí se comercializaban teléfonos y repuestos sin la correspondiente documentación y funcionaba un laboratorio con distintas máquinas.

Verificados los IMEI (la identidad del teléfono) cinco de los celulares estaban denunciados, al igual que once bandejas porta SIM, todo lo cual quedó a cargo del personal policial.

Los demás teléfonos sin documentación, un total de 85, quedaron a cargo de la AGC en infracción a la ley de la ciudad 6009/18 y como además el local carecía de elementos de seguridad, los agentes dispusieron la clausura y colocación de faja.

Mientras el procedimiento se desarrollaba, el encargado, peruano de 54 años, intentó guardar entre sus ropas dos celulares, que al ser incautados los oficiales comprobaron que estaban bloqueados. Por ello los efectivos formalizaron la consulta correspondiente, y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 7, a cargo del Dr. Sebastián Casanello, Secretaría 15 del Dr. Nicolás Oppel, ordenó la detención del encargado por infracción a la Ley 25.891 que regula los servicios de comunicaciones móviles.

Los oficiales secuestraron también secuestraron tres microscopios electrónicos, una laminadora, una pistola de calor, juego de cables arrancadores de plaquetas, una fuente de energía, cuatro Iphone bloqueados, dos computadoras y el celular del encargado.

Los otros cuatro procedimientos se realizaron en Flores con la intervención de personal de la División Investigaciones Comunales 7 (DIC7) de la Policía de la Ciudad, la AGC y la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña.

Las inspecciones se hicieron en locales en galerías de Rivadavia al 6800 y al 7400, en Yerbal al 2500 y Bogotá al 2900, todos en el circuito comercial de Flores, donde se decomisaron más de 50 celulares y módulos de telefonía en condición irregular.

Los cuatro locales fueron clausurados preventivamente por faltas administrativas, y uno de ellos fue tapiado tras acumular tres violaciones de clausura.  La Ley 25.891 establece que solo las empresas autorizadas pueden vender celulares y prohíbe la activación de equipos reportados como robados o extraviados.

Roedores por la Ciudad y pedido de informes

Si bien el Gobierno porteño informó que en 2024 se realizaron 94.135 operativos de desratización en la vía pública y espacios verdes, el legislador señaló que las cifras actuales muestran la necesidad de reforzar la capacidad estatal, especialmente frente a la acumulación de basura, los contenedores desbordados y el mantenimiento deficiente de desagües y terrenos baldíos.

Andrés La Blunda, legislador porteño de Unión por la Patria, pidió al Gobierno de la Ciudad que brinde información por la “proliferación” de roedores en los distintos barrios.

Las ratas son una de las plagas urbanas más comunes y, a la vez, más riesgosas para la salud. No solo generan daños materiales en una vivienda al roer cables, muebles o alimentos, sino que también pueden transmitir enfermedades como leptospirosis, hantavirus o salmonelosis. Prevenir su aparición es fundamental para mantener un hogar seguro y saludable.

Entre otros puntos, se solicita: «Cuáles son los planes y acciones de desratización, por comuna, que se han implementado en el último año; si existe algún convenio vigente con empresas privadas para realizar tareas de control de roedores; si existen indicadores trimestrales o anuales sobre denuncias vecinales relacionadas con aparición de roedores, y qué instrumentos de monitoreo se utilizan».

Empresas de fumigación han informado un notable aumento en la demanda de servicios, indicando que la situación es alarmante: la población de roedores en la Ciudad estaría apenas un 25 % por debajo de la estimada en la ciudad de Nueva York, una metrópolis con una célebre problemática en esta materia”, fundamenta el pedido de informes.

El texto firmado por La Blunda cita estos datos: “Aumento del 40 % en las denuncias vecinales relacionadas con roedores a través de la aplicación BA Denuncia o canales similares en el último año, según registros del GCBA (datos estimados a julio de 2025). Creación de más de 150 nuevos focos detectados en zonas de espacio público, especialmente en parques y márgenes de arroyos entubados, lo que equivale a un incremento del 30 % respecto al año anterior, según reportes internos de empresas de control de plagas”.

“A pesar de que el Gobierno de la Ciudad ha informado2 que ha ejecutado su Plan Integral de Control de Plagas, con el que lleva realizados más de 60.028 operativos de desratización a lo largo del año, siendo que en 2024 fueron 94.135 en toda la vía pública y espacios verdes de la Ciudad, los datos mencionados ut supra, demuestran la urgencia en fortalecer la capacidad estatal en el abordaje del problema”, se mencionó.

“Urge avanzar con transparencia, coordinación y eficiencia en políticas de prevención, limpieza, promoción de la denuncia ciudadana y campañas de concientización. Contar con datos claros permitirá evaluar la eficacia de las acciones actuales y ajustar estrategias en base a resultados concreto”, finaliza el pedido de informes.

La Justicia porteña debe definir si reconoce derechos de licenciados en Enfermería

El Sindicato de Trabajadores de Enfermería (SITRE) presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires este martes, exponiendo sus argumentos para rechazar la Ley 6.767, conocida como Ley de Enfermería, al considerar que sigue habiendo un trato desigual, con salarios más bajos, menos descanso y días destinados a la formación, en comparación con otros profesionales de la salud. 

El recorrido judicial se inició con un amparo, que ya tuvo dos fallos favorables para los trabajadores, ordenando la nivelación salarial. Sin embargo, tras las apelaciones del Gobierno porteño -en la última instancia, bajo la administración de Jorge Macri cuando el reclamo se inició en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta-, el caso quedó en manos del Tribunal, que aún no emitió su sentencia.

El objetivo del SITRE es que los licenciados sean incluidos en la Ley 6.035, que define cuáles son las 24 carreras profesionales de la salud porteña. “No estar incluidos significa ganar muchísimo menos, en algunos casos la mitad de lo que deberíamos”, advierte el secretario general, Christian Acosta. 

En concreto, un enfermero que recién ingresa a trabajar en el ámbito porteño promedia los 900.000 pesos de bolsillo. “Además, si un enfermero trabaja en terapias intensivas, no percibe el plus por estar en áreas críticas”, advierte el sindicalista. 

Así, mientras el amparo avanzaba en el Poder Judicial, el Sindicato inició conversaciones con distintos legisladores porteños para intentar que los enfermeros con licenciatura sean incluidos en aquella ley. Cuando parecía que estaban los votos necesarios para hacerlo, rápidamente el Gobierno porteño presentó un proyecto alternativo, conocido como Ley de Enfermería (la 6.767), que terminó aprobándose en noviembre del 2024, por un solo voto de diferencia. 

A fines prácticos, eso representó menos derechos laborales que la idea original. “Plantea una nivelación salarial hacia el escalafón más bajo de la carrera profesional, en cuatro tramos en dos años. Osea, migajas, de acá al 2027. Nos acercan a un salario de un residente de reciente ingreso, un R1, que hoy gana más de 1.300.000 de bolsilo. Es decir, alguien que recién pisa un hospital. Yo, con 20 años de trabajo, en dos años, voy a ganar lo que ganan ellos”, describe. Y añade: “Los residentes no ganan bien, pero hoy nosotros estamos mucho peor”. 

Para concluir, Acosta destaca que la Justicia porteña ya reconoció la capacidad del SITRE para representar a sus afiliados en este amparo colectivo, y que, tras años de lucha, confía en que finalmente su actividad sea reconocida: “No vamos a parar hasta obtener lo que merecemos. Salario digno, tiempo disponible para mejorar nuestra formación, descanso acorde y la reivindicación de nuestra profesión”.