Malvinas: reunión con el gobierno británico por la soberanía

El canciller Santiago Cafiero se reunió con su par británico y propone reiniciar la discusión sobre la soberanía en ONU, luego de notificarle el fin del comunicado conjunto de 2016.

En el marco de su participación en la Cumbre de Cancilleres del G20 que se realiza en la ciudad de Nueva Delhi, República de la India, el canciller Santiago Cafiero se reunió hoy con su par del Reino Unido, el secretario de Estado para Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo, James Cleverly.

Cafiero le informó a Cleverly que el gobierno argentino da por finalizado el Comunicado Conjunto del 13 de septiembre de 2016 https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/comunicados/comunicado-conjunto-9 conocido como “Foradori-Duncan”. Asimismo, el jefe de la diplomacia argentina formuló una propuesta para reiniciar negociaciones por la soberanía en la Cuestión Malvinas e invitó a concretar una reunión para concertar la agenda de negociaciones en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

La nota entregada por Cafiero a Cleverly señala que nuestro país ha buscado colaborar en asuntos concretos como vuelos, actividad científica en la Antártida o conservación y preservación de recursos pesqueros, ‘‘sin que la disposición demostrada por la Argentina haya sido respondida de manera recíproca por su gobierno’’. Por el contrario ‘‘el Reino Unido ha realizado continuadamente actos unilaterales, que han sido oportuna y debidamente protestados por la República Argentina. Asimismo, a lo largo de este tiempo, el Gobierno británico se ha negado sistemáticamente a reanudar las negociaciones de soberanía a que reiteradamente instan las Naciones Unidas y que exige el artículo 2(3) de la Carta. En consecuencia, tampoco se ha permitido dar cumplimiento al mandato impuesto por la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

El canciller Cafiero resaltó que esas acciones son incompatibles con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que insta a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso de descolonización. Por esto, el documento presentado por el Canciller argentino ‘‘informa al gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que el Comunicado Conjunto del 13 de septiembre de 2016, conocido como ‘Foradori-Duncan’, y sus efectos, se dan por terminados’’.

Asimismo, el gobierno argentino pone de manifiesto la necesidad de reanudar un proceso formal de negociaciones. En este sentido plantea retomar el espíritu de negociación, cooperación y diálogo que primó tras la aprobación de la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que permitió el abordaje de todos los temas de interés mutuo, entre ellos la cuestión de la soberanía. Incluso la República Argentina propuso realizar una primera reunión en la sede de las Naciones Unidas, en la ciudad Nueva York, como cita la comunicación que está dirigida al Secretario de Estado para Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad, James Cleverly.

La propuesta que presentó Cafiero indica que ‘‘la República Argentina considera la necesidad de adoptar una nueva agenda bilateral relativa al Atlántico Sur’’, y por esto considera que se requiere ‘‘el establecimiento de un proceso formal de negociaciones dentro del marco general establecido por la Resolución 2065 (XX)’’, transparente y de buena fe, donde se aborden los temas de interés mutuo, que contengan como mínimo:

La reanudación de negociaciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, en los términos de la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y demás resoluciones pertinentes.

La conectividad aérea y marítima de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes con el territorio continental argentino.

Medidas prácticas tendientes a garantizar los intereses y el modo de vida de los habitantes de las Islas de forma tal que favorezcan el desarrollo de vínculos culturales, económicos, sanitarios, educativos y otros entre las Islas Malvinas y el territorio continental argentino.

Medidas que permitan ajustar el aprovechamiento, la conservación y preservación de los recursos naturales en el área bajo disputa de soberanía a lo establecido por las resoluciones de la Asamblea General y del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.

La desmilitarización de las áreas bajo disputa de soberanía.

Cafiero destacó en su nota la “voluntad de dar continuidad a la relación bilateral en todas las áreas en las que se han registrado avances y en las que se hayan planteado cursos de acción en los que no hayan surgido divergencias”, en particular “la continuidad de las acciones humanitarias de identificación de los soldados argentinos caídos en el Conflicto del Atlántico Sur que fueran concretadas por ambos países y con la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja a través del Plan Proyecto Humanitario I y II, y cuya tercera etapa se encuentra en el proceso final de análisis para lograr un acuerdo.”

Cabe destacar que el documento se presenta en el marco del mantenimiento y desarrollo de las buenas relaciones entre ambos países y en cumplimiento del mandato de las Naciones Unidas que surge de la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General y demás resoluciones pertinentes de esa organización, de avanzar hacia la solución definitiva de la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

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Detuvieron a “robabronces” en Recoleta

La Policía de la Ciudad detuvo a dos hombres que intentaron robar una baranda de bronce de un edificio de Ayacucho al 1800, en Recoleta

El hecho ocurrió cuando oficiales de la Comisaría Vecinal 2A que realizaban una recorrida en prevención de ilícitos observaron a dos hombres salir de manera apresurada de un edificio ubicado en Ayacucho al 1800, en el barrio de Recoleta.

Ante la actitud sospechosa, los oficiales iniciaron un seguimiento y lograron interceptarlos sobre la avenida Alvear al 1900.

Al ser requisados no tenían en su poder elementos constitutivos de delito pero se constató que una baranda de bronce de dos metros ubicada en el edificio donde se los había visto salir raudamente había sido violentada, aunque no pudo ser arrancada.

Además, personal de seguridad privada aportó las imágenes de las cámaras de seguridad en las que se observa el momento en que los sospechosos intentaban desprender el objeto.

Los detenidos, de 37 y 26 años, quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°62, a cargo de la Dra. Patricia Guichandut, Secretaría Nº 79 del Dr. Juan Petrecca, quienes caratularon la causa como tentativa de robo.

Servicio Penitenciario para la Ciudad: avanza el debate en la Legislatura

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires esta semana continuó trabajando el proyecto de ley para crear el servicio penitenciario porteño.

Las comisiones de Justicia, Seguridad, Legislación del Trabajo y Asuntos Constitucionales, volvieron a convocar a funcionarios de la Ciudad y expertos, donde también se está avanzando con el régimen de ejecución penal y el régimen jurídico del futuro sistema penitenciario de la Ciudad.

Esta mañana se realizó una reunión conjunta de las comisiones de Justicia —presidida por Inés Parry—, Seguridad —a cargo de Gimena Villafruela—, Legislación del Trabajo —encabezada por Matías Barroetaveña— y Asuntos Constitucionales —presidida por Hernán Reyes— para continuar trabajado el proyecto de ley que establecerá la creación y el régimen jurídico del Sistema Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El encuentro contó con la presencia del subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Leandro Halperín, quien dialogó con los legisladores sobre los ejes de  los capítulos vinculados a la ejecución de la pena, abordando temas como el ámbito de aplicación, finalidad y objeto de la ley; la descripción del sistema; la competencia judicial; el rol de la víctima; el tratamiento individualizado de quienes enfrentan una condena mediante el “plan de vida”.

Uno de los puntos centrales fue el rol de la víctima, que, en línea con la Ley 6115, que debe ser informada y escuchada en el proceso, también se mencionaron alternativas de reparación que no impliquen prisión y se advirtió que la incorporación de figuras de justicia restaurativa genera divergencias entre los proyectos.

También se destacó la propuesta del “plan de vida”, que trasciende el tradicional plan de actividades penitenciarias y apunta a garantizar derechos y promover beneficios en función de las necesidades y antecedentes de cada persona, incluso en condenas condicionales o sin encierro.

Este plan, se propuso, podría ser implementado por organizaciones de la sociedad civil en convenio con el sector privado, cooperativas y universidades, asegurando la continuidad de las acciones una vez que la persona recupere la libertad con el objetivo de alcanzar una reinserción social real.

Otro eje fue la inclusión de personas privadas de libertad sin condena en programas educativos, culturales y laborales, para evitar períodos de inactividad, aunque se planteó la necesidad de garantizar la separación física entre procesados y condenados.

Finalmente, se discutió la cuestión de infraestructura, ya que, al no contar la Ciudad con establecimientos penitenciarios propios, se trabaja en un convenio con Nación para utilizar edificios disponibles y establecer que, aunque el alojamiento se realice fuera del territorio porteño, rija la normativa de la Ciudad.

El trabajo en las distintas comisiones de los expedientes vinculados a la creación del servicio penitenciario porteño continuará su discusión parlamentaria a fin de seguir desarrollando el contenido para lograr un texto consensuado que pueda ser sancionado en el recinto.

La Justicia porteña debe definir si reconoce derechos de licenciados en Enfermería

El Sindicato de Trabajadores de Enfermería (SITRE) presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires este martes, exponiendo sus argumentos para rechazar la Ley 6.767, conocida como Ley de Enfermería, al considerar que sigue habiendo un trato desigual, con salarios más bajos, menos descanso y días destinados a la formación, en comparación con otros profesionales de la salud. 

El recorrido judicial se inició con un amparo, que ya tuvo dos fallos favorables para los trabajadores, ordenando la nivelación salarial. Sin embargo, tras las apelaciones del Gobierno porteño -en la última instancia, bajo la administración de Jorge Macri cuando el reclamo se inició en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta-, el caso quedó en manos del Tribunal, que aún no emitió su sentencia.

El objetivo del SITRE es que los licenciados sean incluidos en la Ley 6.035, que define cuáles son las 24 carreras profesionales de la salud porteña. “No estar incluidos significa ganar muchísimo menos, en algunos casos la mitad de lo que deberíamos”, advierte el secretario general, Christian Acosta. 

En concreto, un enfermero que recién ingresa a trabajar en el ámbito porteño promedia los 900.000 pesos de bolsillo. “Además, si un enfermero trabaja en terapias intensivas, no percibe el plus por estar en áreas críticas”, advierte el sindicalista. 

Así, mientras el amparo avanzaba en el Poder Judicial, el Sindicato inició conversaciones con distintos legisladores porteños para intentar que los enfermeros con licenciatura sean incluidos en aquella ley. Cuando parecía que estaban los votos necesarios para hacerlo, rápidamente el Gobierno porteño presentó un proyecto alternativo, conocido como Ley de Enfermería (la 6.767), que terminó aprobándose en noviembre del 2024, por un solo voto de diferencia. 

A fines prácticos, eso representó menos derechos laborales que la idea original. “Plantea una nivelación salarial hacia el escalafón más bajo de la carrera profesional, en cuatro tramos en dos años. Osea, migajas, de acá al 2027. Nos acercan a un salario de un residente de reciente ingreso, un R1, que hoy gana más de 1.300.000 de bolsilo. Es decir, alguien que recién pisa un hospital. Yo, con 20 años de trabajo, en dos años, voy a ganar lo que ganan ellos”, describe. Y añade: “Los residentes no ganan bien, pero hoy nosotros estamos mucho peor”. 

Para concluir, Acosta destaca que la Justicia porteña ya reconoció la capacidad del SITRE para representar a sus afiliados en este amparo colectivo, y que, tras años de lucha, confía en que finalmente su actividad sea reconocida: “No vamos a parar hasta obtener lo que merecemos. Salario digno, tiempo disponible para mejorar nuestra formación, descanso acorde y la reivindicación de nuestra profesión”.