Seguridad: la oposición exigió “medidas concretas” y ve “un desgobierno”

Después de que el ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, renunciara a su cargo tras el estallido de la polémica por el viaje a Lago Escondido, la vicepresidenta segunda del bloque Frente de Todos (FdT), Claudia Neira, dialogó con parlamentario.com respecto de la situación en materia de seguridad que atraviesa la Ciudad y exigió “medidas concretas” para revertir la situación.

En ese sentido, la opositora explicó que “Horacio Rodríguez Larreta dejó 78 días a la Ciudad sin ministro de Seguridad por sostener a D Alessandro”; a la vez que advirtió que “mientras tanto la inseguridad creció, en el marco de un desgobierno total. Vimos tiroteos asesinatos, robos y tomas de rehenes, y todo sin un Ministro para hacerse responsable”.

“Ahora designan a Eugenio Burzaco que en dos oportunidades salió abruptamente de la gestión,  luego de denuncias reiteradas. Los porteños necesitamos una política de seguridad. Por eso le vamos a pedir al nuevo ministro medidas concretas, entre ellas que convoque al Consejo de Seguridad para que oficialismo y oposición podamos debatir la seguridad como una política de Estado”, sentenció.

Además remarcó que le solicitarán al flamante ministro que aplique de “forma urgente” un refuerzo de seguridad en la zona sur, que se implemente un plan de seguridad para las escuelas, un replanteo y reorganización de las brigadas de la Policía de la Ciudad, una mayor presencia policial en el barrio Ricciardelli (ex villa 1-11-14) y la incorporación de nuevas fuentes al Mapa del Delito.

“Como oposición, estamos comprometidos con la seguridad de los porteños. Dejen de dar estadísticas que no están ni publicadas. Salgan a la calle, escuchen y miren lo que está pasando. ¡Y pónganse las pilas!”, cerró Neira.

Renuncia de D’Alessandro

El ministro de Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, presentó el 22 de marzo su renuncia al cargo para enfrentar la causa abierta tras la filtración de presuntos chats que intercambió con jueces y directivos del Grupo Clarín, así como con un colaborador de la Corte Suprema y empresarios, y será reemplazado por el exviceministro de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco.

Tras la salida del funcionario, fuentes de la administración porteña informaron que el lunes asumirá Burzaco, quien fue viceministro de Seguridad nacional (segundo de Patricia Bullrich) durante la presidencia de Mauricio Macri, y también ocupó la jefatura de la Policía Metropolitana en 2009.

“En 2016 asumí un enorme compromiso con la seguridad de la Ciudad. Hoy, después de siete años, le comuniqué al jefe de Gobierno mi decisión de dar un paso al costado para convertirme en querellante de la causa que investiga la operación ilegal de inteligencia en mi contra”, anunció el ahora exfuncionario porteño en un posteo en redes sociales.

La declinación fue respaldada por Horacio Rodríguez Larreta, quien también eligió las redes para resaltar lo hecho por D’Alessandro en el Ministerio, le agradeció por su gestión y aseguró que confía en su “inocencia”, por lo que adelantó que lo sumará a los equipos técnicos que trabajan en un “plan nacional de seguridad” que podría aplicar de llegar a la Presidencia.

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Tensión en Balvanera con la comisaría del barrio y los vecinos

Un video filmado por vecinos de la Comuna 3 alarmó al barrio por la cantidad de ruidos, peleas y el hacinamiento que viven los casi 100 detenidos por diferentes hurtos en la Alcaidía Anexo 3 en el barrio porteño de Balvanera.

La calle General Urquiza, entre Agrelo y Venezuela, tiene alto tráfico aunque no tanto como cerca de Plaza Miserere (Once) porque pasan cuatro líneas de colectivos, alumnos que entran y salen de dos colegios de la zona, ambulancias que ingresan al Hospital Ramos Mejía, taxis y remises que dejan a pacientes en la guardia.

“Acá no hay que temerle a una entradera desde la calle; acá los presos se me meten desde adentro”, contó un vecino que no quiso dar su nombre por miedo quien recordó que durante una quema de colchones, en mayo y en diciembre del año pasado, se fugaron varios presos y uno de ellos escapó por la terraza de su casa, reprodujo Infobae la queja vecinal.

Según los números que presenta la administración de Jorge Macri, hasta el 20 de febrero había, dentro del universo de detenidos, 544 imputados, 1509 procesados y 387 condenados. Alegan que hay 139 internos con entre 1 y 2 años de permanencia en comisarías, y 23 que llevan más de 2 años. Cada preso le cuesta a los vecinos de la Ciudad $83.576 diarios. En 2024, destinaron $70.161.000.000 a la gestión de detenidos.

Hoy, 9 de junio, los datos oficiales sostienen que sigue la superpoblación en las comisarías y las alcaldías porteñas: poseen 2.240 detenidos dentro de sus calabozos, los cuales tienen una capacidad máxima para 1.270. En esta alcaldía de Balvanera, 60 detenidos.

El conflicto lo provocó el mismísimo gobierno porteño según un vecino que vive al lado de la comisaría: “Nos trajeron el conflicto al barrio. Ellos se llenan la boca hablando de seguridad, pero esto es una cargada. Encima ya no tenemos comisaría. Si hay un problema, no hay nadie para atenderte. Los policías de la alcaidía están para vigilar a los presos, no para cuidarnos a nosotros”.

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Apuestas ilegales: nueva modalidad a través de Whatsapp

La Fiscalía Penal Especializada en Juegos de Azar (FEJA) de la Ciudad llevó adelante una serie de operativos y allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las localidades de Chacabuco y Vicente López en la Pcia. de Buenos Aires.

El caso surgió a raíz de la denuncia de la madre de un menor que detectó movimientos extraños en la billetera virtual de su hijo y finalmente supo que esas entradas y salidas de dinero eran por apuestas deportivas que el menor hacía a través de WhatsApp.

Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal Juan Rozas, a cargo de la FEJA,  y  permitieron recabar elementos de prueba significativos para la causa, entre ellos dispositivos electrónicos, documentación relevante y soportes digitales que dan cuenta del funcionamiento de una organización dedicada a la captación ilegal de apuestas.

Asimismo, durante los operativos se logró ubicar e identificar 3 personas que quedaron imputadas y sujetas al proceso judicial.

Uno de los aspectos más alarmantes que surgieron de la investigación fue la verificación de que existieron víctimas menores de edad que accedían a las plataformas de apuestas desde escuelas primarias y secundarias, lo que alerta sobre la gravedad del fenómeno del juego ilegal y su incidencia directa en la población infantil y adolescente.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad recuerda que las plataformas de juego deben contar con autorización y control de la Lotería de la Ciudad (LOTBA S.E.), y que sólo las plataformas legales poseen mecanismos de validación de identidad que garantizan el cumplimiento de los requisitos legales, entre ellos la mayoría de edad. Solo si una plataforma termina en “.bet.ar ” es legal y segura.

Los procedimientos se realizaron con el apoyo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y la participación de la Policía de la Ciudad.

En 2024, hubo 1 femicidio cada 39 horas

El dato surge de la undécima edición del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), que elabora la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OM-CSJN), con datos provistos por todas las jurisdicciones del país.

De allí se desprende también que el año pasado en promedio hubo una víctima directa de femicidio cada 39 horas, y una víctima de la violencia letal de género cada 36 (incluyendo a las víctimas de femicidio vinculado), lo que arroja un promedio de más de 18 femicidios directos por mes.

Con una tasa de víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres del 0,95, del estudio surge que en al menos el 86% de los casos la víctima directa de femicidio tenía vínculo previo con el sujeto activo. En efecto, en el 54% eran parejas, ex parejas o tenían otro tipo de relación sexo-afectiva; en el 16% eran familiares, y en el 16% tenían otro tipo de vínculo. Solo en el 9% de los casos eran desconocidos entre sí.

El informe agrega que al momento del hecho, al menos 96 víctimas directas de femicidio tenían a cargo a 204 niñas, niños o adolescentes (de 0 a 17 años de edad).

En al menos el 48% de los casos relevados se registraron hechos previos de violencia de género/doméstica entre la víctima y el sujeto activo de femicidio directo, mientras que al menos el 12% de los femicidas tenían antecedentes de violencia de género respecto a otras víctimas (distintas a las del femicidio).

En cuanto a la nacionalidad de los victimarios, al menos el 88% eran argentinos, mientras que al menos 11% eran de origen extranjero.

Inmediatamente después de cometer el hecho, 41 sujetos activos (17%) se suicidaron y otros 13 lo intentaron (5%); 85 (35%), en tanto, se dieron a la fuga, mientras que 76 sujetos activos (31%) buscaron ocultar su autoría.

Las víctimas directas de femicidio fueron asesinadas principalmente mediante el uso de la fuerza física (manual y con elementos) en 86 casos (36%); con armas blancas y/o elementos cortopunzantes en 67 (29%); con armas de fuego, en 46 (20%); con fuego u otros medios combustibles en 13 (6%), y en 5 (2%) el femicidio directo se cometió por intoxicación o venenos.

De los casos relevados en 2024, al menos 36 de las 228 víctimas directas estuvieron desaparecidas o extraviadas previo al hallazgo del cuerpo.

El 79% (180) de las víctimas de femicidio directo fueron atacadas en viviendas, mientras que el 9% (20) de estos hechos ocurrió en el espacio público. El 84% de los hechos sucedieron en zonas urbanas, mientras que el 14% ocurrieron en zonas rurales.

Otros datos que surgen del RNFJA 2024:

Al menos 14 víctimas directas de femicidio eran migrantes internacionales, al menos 8 eran migrantes interprovinciales y otras 3 eran migrantes intraprovinciales.

Al menos 5 víctimas directas de femicidio tenían algún tipo de discapacidad; al menos 3 se encontraban embarazadas al momento del hecho, y al menos 3 eran lesbianas/bisexuales.

Al menos 12 víctimas se encontraban en situación de prostitución y al menos 2 estaban en situación de calle.

Al menos 2 eran indígenas o descendientes de pueblos indígenas u originarios (una de la comunidad Wichí Betania y otra de la comunidad aborigen El Cóndor).

4 víctimas presentaban problemáticas de salud mental y 29 tenían consumo problemático de sustancias.

10 sujetos activos pertenecían a fuerzas de seguridad.