Subte: aumento anual del 100 % y medidas de fuerza de metrodelegados

Bajo la órbita de la administración porteña desde hace más de una década, los servicios de la red de subterráneos y el premetro registraron cuatro aumentos de tarifas en lo que va del año. El primer ajuste se dio en marzo, cuando el precio del boleto pasó de $ 42 a $ 58. Luego vinieron un aumento en mayo, que llevó la tarifa a $ 67; y otro en junio, que la incrementó a $ 74. La última suba se registró en setiembre, al trepar el valor del boleto a $ 80, acumulando casi un 100% de incremento en siete meses.

Los trabajadores nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) retomaron el plan de lucha para denunciar la presencia de asbesto en los subtes de la Ciudad.
 
Esta semana realizaron la apertura de molinetes en las estaciones Congreso de Tucumán y Catedral de la línea D, entre las 17 y las 19 horas. Así lo anunciaron a través de un comunicado en el día de ayer en reclamo por la presencia de asbesto en las formaciones y por la reducción de la jornada laboral semanal.
 
El secretario ejecutivo de la AGTSyP, Claudio Dellecarbonara, indicó: “Los trabajadores del subte retomamos nuestro plan de lucha exigiendo la desasbestización integral de la red, el recambio de flotas contaminadas y la reducción de la jornada laboral semanal a 30 horas”.
 
“De esta manera continuamos reclamando a la empresa concesionaria Emova y al Gobierno de la Ciudad una solución a la crisis sanitaria que padecemos los miles de trabajadores y los millones de usuarios y vecinos de la red de subterráneos”, indicaron.
 
“Seguiremos con este plan de acción en defensa de nuestra salud hasta obtener las respuestas que necesitamos y no descartamos nuevas acciones las próximas semanas”, finaliza el comunicado.
 
La apertura de molinetes será de 17 a 19 como medida de fuerza y se hará solamente en las estaciones cabeceras Congreso de Tucumán y Catedral del subte D.

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Audiencias públicas: una herramienta clave que poco se conoce para que los vecinos participen

Esta semana, en la Legislatura porteña y en el marco de la Ley Nº6 modificada por la Ley Nº 6629, se realizaron dos audiencias públicas bajo la modalidad mixta que permitió la participación de más de 80 vecinos entre ambas. Por ahora es baja la participación, pero se espera que vaya en aumento por la creciente demanda participativa que pretende la población y la falta de conocimiento de la herramienta ciudadana.

La primera de ellas, en el Salón San Martín, para tratar la ley de la Comisión de Planeamiento Urbano para ampliar el centro de atención ambulatoria de la Fundación Favaloro, en su anexo del barrio de Belgrano. 

Fue presidida por el legislador Edgardo Alifraco (La Libertad Avanza), Presidente de la Comisión, junto al vicepresidente primero de la Legislatura, Matías López (Vamos por más) y los legisladores integrantes de la misma comisión, Paola Michielotto (Vamos por más), María Sol Méndez (Confianza Publica), Gimena Villafruela (Vamos por más), Ignacio Parera (Vamos por más), Francisco Loupias (UCR / Evolución), Juan Modarelli (Unión por la Patria), Claudia Neira (Unión por la Patria), María Cecilia Ferrero (Vamos por más) y Sandra Rey (La Libertad avanza).

Entre los asistentes estuvieron presentes los ex legisladores mandato cumplido, Daniel del Sol y Diego Weck. Expusieron los expertos del proyecto, como el Director Operativo del Hospital Universitario de La Fundación Favaloro, Luciano Gentile, quien expresó la necesidad de incrementar la cantidad de camas para la recuperación de los pacientes, ampliar el laboratorio de análisis clínicos, hacer lugar a la instalación de los equipos de estudios de alta complejidad y generar espacio para  más consultorios, con el fin de “aportar a la salud de la población con medicina de alta calidad, accesible y sin dejar de hacer docencia e investigación”.

Entre los números que aportó el expositor, detalló que la institución atiende 20.000 consultas mensuales, entre 400 y 500 cirugías por mes y que dos tercios de esas cirugías se realizan a pacientes de Pami y solo un tercio a pacientes de prepagas.  También estuvieron la arquitecta Mariana Irigoyen, titular del Estudio Arquisalud, responsable de la realización del proyecto; y, la magister arquitecta Flavia Rinaldi, quien realizó la investigación y análisis de la situación urbana, ambiental y patrimonial del edificio que conforma el proyecto.

Asimismo, entre los inscriptos se expresó la señora Laura Favaloro, sobrina nieta de René Favaloro, quien agradeció a la Legislatura por el trabajo para así honrar el legado familiar de “seguir innovando y creciendo para atender a las necesidades de los pacientes con el mismo compromiso y excelencia que él nos inculcó”.

Más tarde, en el Salón Presidente Alfonsín, la segunda audiencia pública fue para tratar una ley de la Comisión de Cultura, para poner el nombre de “Luis Alberto Spinetta” a la Escuela Educación Media N° 2 del D. E. Nº 10

Fue presidida por la legisladora María Cecilia Ferrero (Vamos por más), Presidenta de la comisión, junto a los legisladores integrantes de la misma, Juan Pablo O´Dezaille (Unión por la Patria), Vicepresidente 1º, María  González Estevarena (Vamos por más), Patricia Glize (Vamos por más) e Inés Parry (UCR / Evolución).

También contó con la presencia del ex legislador mandato cumplido, Claudio Morresi y el periodista Juan Carlos Diez, autor del libro “Martropía, conversaciones con Spinetta”, en el que concentra cinco años de encuentros personales, ensayos y grabaciones compartidas con Luis Alberto Spinetta.

¿Qué son las audiencias públicas?

A diferencia de los servicios en los que un consumidor puede elegir al proveedor que le ofrezca el mejor precio o calidad, en el caso de los servicios públicos hay una única empresa que cubre una zona, por lo que el consumidor está obligado a contratarla -salvo internet, la televisión paga y la telefonía móvil, que pasaron a ser servicios públicos por decreto en agosto de 2020 y que son prestados por varias empresas-.

En el caso de la luz y el gas, por ejemplo, se trata de un prestador por zona. En esta situación monopólica, estas empresas, como Metrogas, Edenor y Edesur, están sometidas a un sistema distinto de fijación de precios: es el Estado el que establece cuánto se pagará.

Dado que el cliente no puede optar por dejar de contratar el servicio, se organiza una audiencia pública para que los consumidores puedan presentar sus argumentos a la hora de establecer los precios.

Homenaje al Observatorio de las violencias de género ‘Ahora que si nos ven’

Por medio de un proyecto presentado por el legislador Franco Vitali, la Legislatura resaltó las actividades de esta iniciativa.

Los legisladores de la Ciudad declararon de Interés Cultural y para la promoción de la Defensa de los Derechos de las Mujeres y las diversidades sexuales al Observatorio de las Violencias de Género ‘Ahora que si nos ven’. La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Presidente Perón y contó con la presencia de la diputada Delfina Velázquez; la fundadora del observatorio, Raquel Vivanco; el periodista, Franco Torchia; la periodista parlamentaria, Amanda Alma y la licenciada, Laura Oszust.

“Este es un momento de estar, de ocupar los espacios y estar en los lugares donde tengamos la posibilidad de decir y hacer”, destacó la legisladora. Y acentuó: “Las políticas de género y diversidad no son un gasto superficial, sino que tienen que ver con recuperar el trabajo de derechos humanos y justicia social en nuestro país”.

Por su parte, Vivanco agradeció el reconocimiento y resaltó el trabajo que vienen llevando a cabo desde 2015: “Logramos imponer una agenda en los medios y en la agenda política, de una magnitud muy grande durante todos estos años”.

El Observatorio ‘Ahora que si nos ven’ nació con el objetivo de convertirse en una herramienta para visibilizar y denunciar las violencias machistas que afectan la libertad y la vida de las mujeres, trans, travestis, lesbianas y personas no binaries.

La información que provee está pensada como un insumo para el diseño y la implementación de políticas públicas que garanticen el derecho a vivir en una sociedad libre de violencias. Además, desde el mismo se realiza un monitoreo de leyes, campañas de comunicación, talleres e investigaciones relativas a los distintos tipos de violencias que sufren las mujeres y personas del colectivo LGBT+.

¿Cómo funciona el Observatorio de las violencias de género ‘Ahora que si nos ven’?

Es una Asociación Civil cuyo objeto es el “relevamiento, análisis y visibilización de las violencias y desigualdades por razones de género en los distintos ámbitos de la sociedad, así como también lograr incidencia política en todos los ámbitos que supongan o reproduzcan obstáculos a la plena autonomía y los derechos de las mujeres, trans, travestis, lesbianas y personas no binaries”.

El Observatorio de las violencias de género “Ahora Que Sí Nos Ven” nació hace 9 años para 2relevar los femicidios en la Argentina a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país luego de la gran movilización del 3 de junio del 2015 en la que la sociedad entera exigió Ni Una Menos”.

También lleva adelante el monitoreo de leyes e investigaciones relativas a los distintos tipos de violencias que sufrimos las mujeres, trans, travestis, lesbianas y personas no binaries en todos los ámbitos en los que desarrollamos nuestras relaciones interpersonales: hogar, trabajo, espacio públicos, instituciones educativas, etc.

“Este Observatorio pretende ser un espacio de producción de información, conocimiento y formación puesto al servicio de las grandes mayorías silenciadas de nuestro país. Lo integramos personas que provenimos de distintas experiencias de formación y participación, a su vez que es un espacio abierto a la incorporación de distintos saberes”, dice el Quienes Somos de su sitio web donde publiquen sus informes sobre la dura realidad de los femicidios.

Fue fundado por Raquel Vivanco quien lo presidió desde su creación hasta el 1 de marzo del 2020, actualmente funciona co-dirigido por Gisela Morinigo, Analía Morra y Laura Oszust.

Taxis y las aplicaciones: debate viejo y renovado

El proyecto de UP obtuvo dictamen y está en condiciones de debatirse un proyecto que viene presentando el bloque opositor Unión por la Patria, el legislador Juan Pablo O’Dezaille. Esta iniciativa se debatió en la Comisión de Tránsito y Transporte y contó con apoyo de otros bloques en el medio del renovado conflicto del sindicato de peones de taxis contra las apps que le ganan clientela a diario.

El proyecto establece un listado de antigüedades prorrogadas para los taxis modelo 2009 con una convergencia en el año 2030, en el que se vuelve a los diez años de antigüedad y que las unidades que cuenten con más de diez años realicen la Verificación Técnica Obligatoria cada seis meses, en vez de cada año.

En 2024, el límite será de 13 años para la vigencia de un taxi y en 2025, de 12. Recién en 2026 se restablecerá la antigüedad máxima de 10 años que fija el Código de Tránsito y Transporte porteño.

“Hemos logrado un dictamen en comisión para nuestro proyecto legislativo sobre la problemática de los taxistas” escribió en sus redes sociales el diputado O’ Dezaille y completó con que “enfrentamos el desafío de la reglamentación actual que limita a los autos con más de diez años de antigüedad. Con el aumento exorbitante de precios de autos nuevos, muchos taxistas se ven obligados a la ilegalidad”.

La medida, de aprobarse, beneficiaría a 7 mil vehículos, regularizando su situación de acuerdo a los fundamentos de la propuesta donde se destaca que la modificación propuesta “busca prorrogar la vigencia de los autos modelo 2009 en adelante para el año 2024”.

En ese marco, el Sindicato de Peones de Taxi de CABA (SPT), conducido por Jorge García, exige que se garantice los derechos laborales y el marco legal existente. “Su presencia en el mercado afecta drásticamente a los trabajadores del sector”, señalan.

El Sindicato reclama al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que establezca un marco regulatorio a las “aplicaciones ilegales de transporte” que circulan en el distrito y, advierten, aumentan cada vez más su caudal, afectando a los trabajadores del sector. 

Bajo ese panorama, insisten en que “se garantice los derechos laborales y el marco legal existente”, para un área que se vió castigada durante los últimos años. 

“Estas aplicaciones, que operan ilegalmente en el territorio porteño para la movilización urbana de pasajeros, aumentaron sideralmente su presencia en el mercado, afectando drásticamente a los trabajadores del sector”, lamentó García. 

Para cerrar, recalcó que insistirán con las protestas para sostener las fuentes laborales: “Se viene una ardua lucha para nuestro sector y tanto los titulares y peones estamos unidos para enfrentar las políticas neoliberales que precarizan nuestra actividad”.