Tras años de debate judicial, el conflicto parece llegar a su fin con el compromiso del gobierno de Jorge Macri de acompañar la matriculación de personas con discapacidad lo cual era muy difícil años anteriores.
A partir de una demanda de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia que data de 2019 según contó Tiempo Judicial, el Gobierno porteño acordó garantizar el derecho a una educación inclusiva. Los detalles del acuerdo alcanzado.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) con el asesoramiento de la Clínica Jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), impulsó una acción de amparo denunciando los rechazos de matriculación que enfrentan niños, niñas y adolescentes con discapacidad en las escuelas privadas de la Capital Federal. En el 2022, el Juzgado N° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA ordenó al Gobierno implementar una política pública para revertir el panorama.
Con el cambio de gestión parece que se avecinan cambios para evitar la innecesaria e injusta decisión que tienen que tomar los padres de niños con discapacidad de acudir a la justicia porque a sus hijos no los “toman” en las instituciones privadas.
Agostina Quiroz, abogada del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ confirmó que “Es algo histórico es la primera vez que una normativa obliga expresamente al Gobierno porteño a controlar a las escuelas de gestión privada en lo que respecta a la inclusión de estudiantes con discapacidad y a realizar acciones tendientes a evitar los rechazos por matriculación y rematriculación de estudiantes con discapacidad”.
En concreto, el Gobierno porteño se comprometió a:
Acompañar a las personas con discapacidad y sus familias durante los procesos de inscripción en instituciones educativas de gestión privada.
Orientar a las escuelas para que el proceso de matriculación se realice respetando el derecho a la educación inclusiva.
Disponibilizar canales específicos, accesibles y eficaces para denunciar los rechazos de matriculación y rematriculación.
Implementar un protocolo para gestionar dichas denuncias e imponer sanciones ante prácticas discriminatorias.
Difundir el derecho a la educación inclusiva y los mecanismos para exigir su cumplimiento.
Producir y publicar información que permita monitorear la efectividad de las acciones implementadas para garantizar el ingreso y la continuidad de las personas con discapacidad en las escuelas.
