Seguridad: debaten cambios en la ley de reiterancia

La Legislatura porteña, en la Comisión de Justicia, presidida por Inés Parry (UCR Evolución), y la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Hernán Reyes (Vamos por más), junto con los legisladores integrantes de ambas comisiones y el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Matías López, recibieron a varios expertos para analizar el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que busca una modificación integral del Código Procesal Penal de la Ciudad.

Las exposiciones mostraron diferentes posturas respecto a los distintos expedientes en trámite que plantean modificar el artículo 181 y concordantes del Código Procesal Penal (Ley 2303). La Ley de Reiterancia es un proyecto propuesto por el jefe de Gobierno, Jorge Macri y abrió una discusión en la casa parlamentaria que incluye otras cuatro iniciativas de distintos espacios políticos.

Participaron Luis Velazco, abogado especialista de la UCA; Adrián Albor, abogado penalista de la UBA; Mauro Teresko, fiscal penal juvenil de CABA; Florencia Fernández, de la Fundación Pensamiento Penal; Daniel González Stier, profesor y ex defensor general adjunto; Ana Laura Palmucci, penalista; Gonzalo Rua, Juez penal de faltas de CABA; Paula Wachter, de la Red por la Infancia; Alejo Carlos Caivano, abogado de la UBA; Héctor Madagliano, fiscal de CABA; Fabio Vallarelli, del CELS; Cristian Penna, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales; y Leandro Halperín, profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos de la UBA.

Esta fue la segunda jornada de la semana dedicada a trabajar este proyecto, conocido como Reiterancia, “que implica darle una herramienta a los jueces” para que aquella persona que vuelve a cometer un delito, atraviese el proceso en la cárcel, en lugar de hacerlo en libertad, explicó el Ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, quien estuvo en la Legislatura el pasado martes para brindarle detalles del proyecto a los diputados de la casa.

Además de los presidentes de las comisiones y del diputado López, participaron también de la reunión los legisladores Sergio Siciliano, Ignacio Parera, Gimena Villafruela, Paola Michielotto (Vamos por Más), Claudia Neira, Graciana Peñafort, Franco Vitali (Unión por la Patria), Rebeca Fleitas, Jorge Reta (La Libertad Avanza), Aldana Crucita (UCR / Evolución), Andrés La Blunda (Unión por la Patria), Gabriel Solano (Frente de Izquierda de los Trabajadores / PO), Cele Fierro (MST/Frente de Izquierda/Unidad), Alejandrina Barry (PTS Frente de Izquierda-Unidad) y Jessica Barreto (Partido Socialista).

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Recitales en Vélez: La Policía de la Ciudad desarticuló una banda de estafadores en recital de Shakira 

La Policía de la Ciudad desarticuló una banda de “trapitos de lujo” que involucra a barras de Vélez, un gremialista y un agente penitenciario detenidos por el delito de asociación ilícita y estafa.

Así se puso fin a una banda de “trapitos de lujo” integrada por un agente penitenciario ligado a la barra brava de Vélez y un delegado gremial que cobraba por estacionar ilegalmente dentro de un hipermercado durante recitales en el estadio de Vélez Sarsfield.

Ocho hombres y una mujer fueron detenidos por personal de la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad en el marco del operativo de seguridad montado para el recital de Shakira, y encausados por asociación ilícita y estafas.

La organización cobraba ilegalmente entre 30 mil y 40 mil pesos por el estacionamiento en el hipermercado Carrefour, ubicado a unos cien metros del estadio, por fuera del circuito legal.

Al mismo tiempo, desde el Ministerio de Seguridad, se decidió aplicar una sanción de dos años de derecho de admisión a los estadios.

De acuerdo a los investigadores, esas maniobras se habrían estado desarrollando en los últimos recitales realizados en el estadio de Liniers. Fue durante el operativo de seguridad por el recital de Shakira que los detectives lograron dar con el modus operandi y la integración de la banda.

Tras ser demorado y llevado hasta el gazebo de la Superintendencia de Investigaciones instalada en las afueras del estadio, un “trapito” empezó a quejarse, a decir que era de la barra de Vélez y a negar que cobrara por cuidar coches, sino que solo se dedicaba a mandar a los conductores que querían estacionar hasta el Carrefour cercano al estadio.

Para dar fe de lo que decía, mostró un papel pequeño con la palabra “sindicato”, ni más ni menos que la contraseña para entrar al estacionamiento del hipermercado.

Carrefour de Liniers, según sabían los policías, brinda en alquilar una cantidad de cocheras -serían unas 300- para cuando hay recitales en Vélez a la empresa Seeker Parking, que a su vez vende las plazas a través de su página web y a contrapago otorga al cliente un QR con el cual accede al estacionamiento.

Los detectives fueron hasta el hipermercado y vieron cómo se desarrollaba el procedimiento con quienes llevaban la contraseña con el papelito “sindicato”. Los investigadores esclarecieron cómo era la trazabilidad y la tarea de cada uno de los nueve componentes de la maniobra.

Cuando llegaba el auto y el conductor le mostraba el papelito, dos empleados de la empresa de parking -que estaban allí para verificar el QR-, lo dirigían hacia el estacionamiento del subsuelo. Una vez abajo lo recibían otros dos empleados infieles, uno el encargado de Seeker Parking y el otro el encargado de seguridad de ese sector del hipermercado, y le indicaban al “cliente” a qué lugar del estacionamiento dirigirse.

Allí los recibía un agente del Servicio Penitenciario Federal y miembro de “La Pandilla”, la barra brava de Vélez, que cobraba los 30 mil o 40 mil pesos. También había otros dos empleados de Carrefour, fuera de su horario de trabajo, ayudando a acomodar los coches, cumpliendo órdenes del cobrador.

Tras la consulta a la Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo del Dr. Corral Galvano, ordenó las detenciones y el secuestro de cada uno de los celulares que tenían, unos cien mil pesos que tenía el cobrador y la credencial del agente penitenciario.

Entre las protestas de algunos de los detenidos, uno de ellos admitió que “el que maneja todo es José”. Como ya los teléfonos estaban en poder de la policía, los detectives se dedicaron a esperar al tal José, supuestamente el delegado gremial del sindicato de Comercio.

Ante la falta de respuestas de sus supuestos cómplices que ya no tenían los teléfonos, José fue al lugar donde lo aguardaban los oficiales, donde también quedó detenido. Los nueve imputados fueron notificados de conformación de causa, en tanto avanza la investigación sobre una posible mayor integración de la organización delictiva.


La Policía de la Ciudad tiene su primera ambulancia exclusiva para su personal

La Policía de la Ciudad cuenta desde hoy con una ambulancia exclusiva destinada a atender a los oficiales en los operativos en los que intervienen, la cual fue entregada por la Obra Social de Personal de Seguridad de la Ciudad.

La cesión de la ambulancia, totalmente equipada para urgencias, se desarrolló en un acto encabezado por el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, en la sede de la Dirección de Operaciones Motorizadas de la Policía de la Ciudad, en la avenida Belgrano al 3100.

A la ceremonia asistieron el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, la subjefa Carla Mangiamelli, el secretario de Coordinación, Raúl López Presa, la presidenta de OSPESE, Georgina Ricciardi, y el gerente general de la obra social, Maximiliano Gallucci.

El ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, sostuvo que “hoy es un día muy importante para el personal policial porque estamos cumpliendo con todas las promesas que hizo el Ministerio de seguir apoyando el trabajo diario”.

“Nuestra obra social OSPESE nos ha dado una ambulancia para acompañar al personal en los distintos operativos de riesgo y salvaguardar la vida en caso de que sea necesario”, completó.

Por su parte, Georgina Ricciardi, presidenta de OSPESE, remarcó que “hoy estamos entregando un vehículo ambulancia para cubrir los operativos de la policía de la ciudad, materializando una vez más un objetivo que es cuidar a quienes nos protegen”.

Finalmente, Maximiliano Gallucci explicó que “la ambulancia es la primera que OSPESE entrega para uso exclusivo de la Policía de la Ciudad, totalmente equipada para estar en operativos o despliegues, a modo de prevención sanitaria, ante cualquier evento en el que se tenga que atender algún efectivo, mejorando las posibilidades y las condiciones del paciente”.

Agregó que “desde su creación hay un lema en la obra social: ‘CUIDANDO A LOS QUE NOS PROTEGEN’, y convertimos ese lema en un método de gestión para mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados, que son los policías, los bomberos y su grupo familiar”.

Diez mil prendas apócrifas secuestradas valuadas en 13 millones de pesos

crédito: Policía de la ciudad PRENSA.

Una investigación por venta ilegal y falsificación de marcas llevada adelante por la Fiscalía PCyF 35 Especializada en Investigaciones Complejas, a cargo de Celsa Ramírez, culminó con el secuestro de casi 10.000 prendas apócrifas valuadas en aproximadamente 13 millones de pesos. 

Ante la denuncia de representantes de diversas firmas comerciales, la fiscalía ordenó una serie de inspecciones integrales simultáneas en locales comerciales del barrio de Pompeya de esta ciudad, con el fin de constatar la venta de indumentaria y calzado apócrifos que carecen de las medidas de seguridad y certificaciones correspondientes.

Esta mercadería es ubicada en el mercado legal, sin ningún tipo de control y en contra de la salud pública. Y se comercializada de forma ilegal en locales mercadería de marcas falsificadas en Pompeya.

A partir de los procedimientos se secuestraron casi 10 mil elementos apócrifos – remeras, musculosas, shorts, camperas, pantalones largos, zapatillas- de marcas tales como Puma, Nike, Under Armour, Jordan, Lacoste, entre otras, por un valor estimado de mercado de 13 millones de pesos ($ 13.000.000,00.).

Las inspecciones fueron coordinadas por la Fiscalía 35 y la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad, y participaron además la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC) y la Dirección General de Protección del Trabajo (DGPT).

Los responsables de los comercios fueron sujetos a proceso penal por parte de la Fiscalía. A su vez, se dispuso la clausura inmediata y preventiva de los locales por falta de habilitaciones comerciales y por falta de adecuación a las medidas de seguridad obligatorias.

Además, los organismos intervinientes labraron diversas actas de intimación y solicitaron adecuaciones a las normativas vigentes que regulan la habilitación y autorización de actividades económicas en CABA.