La Ciudad cuenta con 194 mil luminarias y todas son 100% LED desde 2019. Esto garantiza un ahorro energético de más del 50%, un mantenimiento más eficiente y una mayor vida útil.
Con más tecnología al servicio del orden y la seguridad, el Gobierno de la Ciudad cuenta además con otras herramientas, como el Anillo Digital, los lectores de patentes, las cámaras que videovigilan las calles de la Ciudad y los Centros de Monitoreo.
Y la implementación de los tótems es otra muestra del trabajo articulado con la Justicia, clave para avanzar hacia una Ciudad cada vez más segura.
Ya se sumaron luminarias en Barrancas de Belgrano, Parque Vuelta de Obligado, en el Parque Olímpico, Parque El Salvador, Parque de las Américas y en el Florentino Ameghino.
Seguimos sumando tecnología para prevenir delitos y asistir a los vecinos
Para continuar fortaleciendo la seguridad y el orden en la Ciudad, instalamos los primeros “Puntos Seguros” en plazas y parques. Los vecinos podrán informar de manera instantánea de cualquier incidente a… pic.twitter.com/cTPpDzyMFz
Y explicó que “al llamar, del otro lado el operador ve quién es el que aprieta el botón, y va a quedar grabada toda la información, ya sea con las cámaras de la zona o con la cámara de cada tótem”. Los tótems tienen sirena, baliza de identificación, intercomunicador antivandálico y cámara.
En este punto, agregó: “Esto sirve para alguien al que le robaron el celular, para reportar un accidente de tránsito, un incendio, alguien que se descompone en la vía pública, cualquiera de estas situaciones. En Vicente López funcionó muy bien con mujeres que eran víctimas de violencia de género. A veces se escapaban de la casa hasta un punto seguro como éste, apretaban el botón y ya se sentían en una zona protegida”.
Avanza la Línea F de Subte porteño: el sueño de Jorge
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La primera iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo porteño y aprueba la realización de operaciones de crédito público para financiar la construcción total de la Línea F de Subterráneos. La propuesta prevé la obtención de recursos por un monto de hasta 1.350 millones de dólares a través de organismos multilaterales, instituciones financieras y la colocación de títulos de deuda.
El propósito es impulsar una de las principales obras de infraestructura proyectadas para la Ciudad, con el fin de optimizar la conectividad del sistema de transporte, favorecer la movilidad urbana y expandir la red de subterráneos.
El cronograma preliminar, la construcción de la Línea F está prevista para comenzar en enero de 2027. Por la complejidad técnica y el alcance del proyecto, las estimaciones oficiales indican un plazo de ejecución superior a los seis años. Eso implica que el servicio recién podría estar operativo hacia la próxima década, una vez finalizadas todas las etapas de obra y pruebas.
La magnitud del emprendimiento incluye la excavación de túneles, la construcción de estaciones, la instalación de vías, sistemas de señalamiento y la compra de material rodante, además de las obras complementarias en superficie.
La Ciudad proyecta articular la ejecución en tramos, buscando minimizar el impacto en el tránsito y en la vida cotidiana de los barrios alcanzados.
Recorrido y estaciones de la Línea F
El trazado de la Línea F conectará distintos puntos neurálgicos de la Ciudad y atravesará los barrios de Barracas, Constitución, Monserrat, San Cristóbal, San Nicolás, Balvanera, Recoleta y Palermo. La intención oficial es que la nueva línea funcione como un eje estructurante que complemente al resto de la red y mejore las combinaciones existentes.
Brandsen (Barracas)
Constitución (Constitución)
Cochabamba (San Cristóbal)
Chile (Monserrat)
Congreso (San Nicolás)
Tucumán (Balvanera)
Santa Fe (Recoleta)
Recoleta (Recoleta)
Hospital Rivadavia (Palermo – Recoleta)
Parque Las Heras (Recoleta)
Plaza Italia (Palermo)
Uno de los puntos destacados del proyecto es que la Línea F tendrá correspondencia con las seis líneas actuales del subte (A, B, C, D, E y H) y conexión con las líneas del ferrocarril Roca. De este modo, se busca facilitar trasbordos más directos y reducir tiempos de viaje para quienes se desplazan diariamente desde y hacia el sur del conurbano bonaerense.
La construcción de la Línea F será la primera ampliación de la red de subte porteña en 25 años y se perfila como una obra estratégica para la movilidad urbana.
De la feroz pelea anti-UBER a la modernización de lo taxis porteños
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El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para modernizar el sistema de taxis y ordenar las aplicaciones de viajes (como Uber o Cabify) “para que todos compitan con reglas más claras”.
“Mediante el decreto y posterior proyecto de ley, se busca sumar un nuevo marco legal que aumente la seguridad, y ordene y modernice el servicio de transporte privado de pasajeros en la Ciudad”, señala.
“El objetivo es agilizar viajes, mejorar la seguridad y reducir trámites para los choferes de taxis. Este proceso busca normalizar la convivencia entre el servicio de taxis y las aplicaciones digitales, un sector que durante años estuvo marcado por conflictos regulatorios y protestas”, se detalló.
¿Qué cambios habrá en el servicio de taxi porteño?
En primer lugar los taxistas van a poder trabajar con vehículos más grandes, de hasta ocho ocho plazas (incluido el conductor). Al mismo tiempo, se reduce la capacidad mínima de pasajeros a cuatro (con el conductor). Hoy es de cinco personas, lo que posibilitará que se puedan usar autos más chicos y económicos.
A su vez se eliminarán:
La capacidad mínima de baúl o compartimiento de carga requerida.
El máximo de plazas permitidas para vehículos accesibles.
La necesidad de escribano público para formalizar la operatoria. Hoy la transferencia de una licencia exige escribano público, constancia de radicación, y vinculación a BA Taxi.
La obligatoriedad de turnos fijos.
La obligatoriedad del uso de tarjetas físicas identificatorias; ahora podrán ser digitales.
La obligatoriedad del uso de camisa en conductores.
El proyecto de ley también incluirá:
Eliminación de la obligatoriedad de constancia de adhesión a BA Taxi (que ya fue concesionada).
Eliminación de las tasas de transferencia, costos de renovación y transferencias de licencias.
Eliminación de tasas de renovación para conductores de taxis: altas, bajas y otras modificaciones.
También ahora se va a simplificar parte del trabajo cotidiano de los taxistas mediante pagos electrónicos, validación automática de pasajeros y acceso a viajes desde el celular.
¿Qué cambios habrá para los autos de aplicaciones?
Los vehículos deberán contar con VTV al día y seguro específico creado para estas aplicaciones por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Los choferes deberán ser mayores de 21 años y contar con licencia de conducir profesional.
Se otorgará un plazo de 90 días para el cumplimiento y se abrirá un proceso abreviado para asegurar que puedan generarla de forma rápida.
“Durante muchos años, la política fingió demencia, eligió mirar para otro lado. Todos usaban las plataformas y sabían que existían, pero nadie se animaba a ordenar las cosas. Y para los taxis tampoco funcionaba. Los habían dejado atrapados en un sistema lleno de requisitos absurdos y cada vez menos competitivos”, sostuvo Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
“La Ciudad que tendría que haber sido vanguardia terminó quedándose atrás. Eso se terminó. Decidimos ordenar el sistema y poner la libertad de los usuarios por encima de las trabas burocráticas. Desde ahora, taxis y aplicaciones van a competir con reglas claras”, agregó el funcionario.
Desburocratizamos y le sacamos reglas absurdas a los taxis y normalizamos el servicio de las plataformas para que puedan trabajar en libertad.
Las medidas fueron anunciadas en un encuentro con representantes del Sindicato de Taxistas y de las empresas de aplicaciones de viaje. También participaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; los legisladores Pablo Donati y Francisco Loupias; y el secretario de Transporte porteño, Guillermo Krantzer.
Justicia porteña frenó el cobro de una deuda a una jubilada sobreendeudada en situación vulnerable
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El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires alertó sobre el avance del crédito digital y la falta de información clara en las condiciones de contratación, una situación que expone a amplios sectores de la población a mayores riesgos de sobreendeudamiento.
La acción fue impulsada por la Unidad Especializada en Relaciones de Consumo del MPD contra la entidad financiera con la que se había endeudado la mujer, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social y económica.
El pasado 5 de mayo, el Juzgado de Primera Instancia en lo CATyRC N.° 27 de la Ciudad dictó una medida cautelar por medio de la cual ordenó a la Compañía Financiera Argentina SA (conocida como “Efectivo Sí”) que suspenda el cobro de la deuda que una mujer jubilada de 68 años, en situación de vulnerabilidad social y económica, contrajo con esa entidad.
La demanda, impulsada por la Unidad Especializada en Relaciones de Consumo del MPD CABA (UERC), sostenía que se trata de una consumidora “hipervulnerable y sobreendeudada”, ya que solo percibe una jubilación mínima insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, por lo cual recibe asistencia del GCBA.
Vive, además, en una casa prestada y afronta el pago de los servicios y expensas, lo que supone una parte sustancial de sus ingresos. En este contexto de “precariedad, angustia y apremio cotidiano”, entre 2023 y 2025 la mujer recurrió al crédito ofrecido por Compañía Financiera Argentina SA y a sucesivos productos financieros para subsistir, incluidos préstamos personales y una tarjeta de crédito, algunos bajo la modalidad de “renovación”. Esta dinámica implicó la refinanciación de deudas previas y un endeudamiento progresivo.
En la acción judicial se cuestionaba, justamente, el sucesivo otorgamiento de créditos, con tasas e intereses “sin que existieran verdaderas barreras de ingreso al sistema ni instancias reales de evaluación crediticia”. Además, se señalaba la ausencia de información clara, suficiente y comprensible acerca del alcance económico de las obligaciones asumidas y las consecuencias del endeudamiento progresivo.
Asimismo, se indicaba que la mujer había sido víctima de presuntas prácticas de hostigamiento en la cobranza: comunicaciones intimidatorias, engañosas y desproporcionadas, que incluyeron amenazas de acciones judiciales y posibles embargos.
Por todo ello, se afirmaba que “lejos de actuar con la diligencia que le es exigible como proveedora profesional de servicios financieros, la demandada se limitó a otorgar sucesivos créditos de manera casi automática, sin advertencias, sin asesoramiento y sin considerar su situación particular.
Esta conducta no solo implicó un incumplimiento de sus deberes de información y de trato digno, sino también una grave omisión en su deber de prevención del sobreendeudamiento”. Así, entre otras medidas, se solicitaba la nulidad o revisión de los contratos de préstamo, el cese de las gestiones de cobro, la suspensión de intereses, la exclusión de registros de deudores y la reparación por daños.
Al hacer lugar a la cautelar solicitada, el juez ordenó a Compañía Financiera Argentina SA “que suspenda el cobro judicial y extrajudicial de la deuda referida en el expediente y la capitalización de intereses y se abstenga de informar a la accionante en la base de deudores del sistema financiero del Banco Central de la República Argentina y administradores de datos privados o, en su caso, proceda a la rectificación provisoria de la calificación crediticia respecto de la deuda aquí cuestionada. Todo ello, hasta tanto se dicte sentencia definitiva”.
El magistrado destacó la especial protección que le brinda nuestro sistema jurídico, así como las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, a los derechos de consumidores y usuarios. También se refirió a que la misma Corte Suprema de Justicia ha entendido que, en las relaciones de consumo con entidades bancarias, esta tutela se acentúa aún más, pues del otro lado de la relación jurídica está una entidad bancaria profesional y además el propio contexto es propicio para las cláusulas y prácticas abusivas.
Según el fallo, estas circunstancias “habilitan la aplicación de mecanismos de tutela judicial efectiva con mayor rigurosidad”, ya que la continuidad de las acciones de cobro podría afectar ingresos de carácter alimentario y comprometer su economía de subsistencia.
