El proyecto de UP obtuvo dictamen y está en condiciones de debatirse un proyecto que viene presentando el bloque opositor Unión por la Patria, el legislador Juan Pablo O’Dezaille. Esta iniciativa se debatió en la Comisión de Tránsito y Transporte y contó con apoyo de otros bloques en el medio del renovado conflicto del sindicato de peones de taxis contra las apps que le ganan clientela a diario.
El proyecto establece un listado de antigüedades prorrogadas para los taxis modelo 2009 con una convergencia en el año 2030, en el que se vuelve a los diez años de antigüedad y que las unidades que cuenten con más de diez años realicen la Verificación Técnica Obligatoria cada seis meses, en vez de cada año.
En 2024, el límite será de 13 años para la vigencia de un taxi y en 2025, de 12. Recién en 2026 se restablecerá la antigüedad máxima de 10 años que fija el Código de Tránsito y Transporte porteño.
“Hemos logrado un dictamen en comisión para nuestro proyecto legislativo sobre la problemática de los taxistas” escribió en sus redes sociales el diputado O’ Dezaille y completó con que “enfrentamos el desafío de la reglamentación actual que limita a los autos con más de diez años de antigüedad. Con el aumento exorbitante de precios de autos nuevos, muchos taxistas se ven obligados a la ilegalidad”.
La medida, de aprobarse, beneficiaría a 7 mil vehículos, regularizando su situación de acuerdo a los fundamentos de la propuesta donde se destaca que la modificación propuesta “busca prorrogar la vigencia de los autos modelo 2009 en adelante para el año 2024”.
En ese marco, el Sindicato de Peones de Taxi de CABA (SPT), conducido por Jorge García, exige que se garantice los derechos laborales y el marco legal existente. “Su presencia en el mercado afecta drásticamente a los trabajadores del sector”, señalan.
El Sindicato reclama al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que establezca un marco regulatorio a las “aplicaciones ilegales de transporte” que circulan en el distrito y, advierten, aumentan cada vez más su caudal, afectando a los trabajadores del sector.
Bajo ese panorama, insisten en que “se garantice los derechos laborales y el marco legal existente”, para un área que se vió castigada durante los últimos años.
“Estas aplicaciones, que operan ilegalmente en el territorio porteño para la movilización urbana de pasajeros, aumentaron sideralmente su presencia en el mercado, afectando drásticamente a los trabajadores del sector”, lamentó García.
Para cerrar, recalcó que insistirán con las protestas para sostener las fuentes laborales: “Se viene una ardua lucha para nuestro sector y tanto los titulares y peones estamos unidos para enfrentar las políticas neoliberales que precarizan nuestra actividad”.
