Esta semana, en la Legislatura porteña y en el marco de la Ley Nº6 modificada por la Ley Nº 6629, se realizaron dos audiencias públicas bajo la modalidad mixta que permitió la participación de más de 80 vecinos entre ambas. Por ahora es baja la participación, pero se espera que vaya en aumento por la creciente demanda participativa que pretende la población y la falta de conocimiento de la herramienta ciudadana.
La primera de ellas, en el Salón San Martín, para tratar la ley de la Comisión de Planeamiento Urbano para ampliar el centro de atención ambulatoria de la Fundación Favaloro, en su anexo del barrio de Belgrano.
Fue presidida por el legislador Edgardo Alifraco (La Libertad Avanza), Presidente de la Comisión, junto al vicepresidente primero de la Legislatura, Matías López (Vamos por más) y los legisladores integrantes de la misma comisión, Paola Michielotto (Vamos por más), María Sol Méndez (Confianza Publica), Gimena Villafruela (Vamos por más), Ignacio Parera (Vamos por más), Francisco Loupias (UCR / Evolución), Juan Modarelli (Unión por la Patria), Claudia Neira (Unión por la Patria), María Cecilia Ferrero (Vamos por más) y Sandra Rey (La Libertad avanza).
Entre los asistentes estuvieron presentes los ex legisladores mandato cumplido, Daniel del Sol y Diego Weck. Expusieron los expertos del proyecto, como el Director Operativo del Hospital Universitario de La Fundación Favaloro, Luciano Gentile, quien expresó la necesidad de incrementar la cantidad de camas para la recuperación de los pacientes, ampliar el laboratorio de análisis clínicos, hacer lugar a la instalación de los equipos de estudios de alta complejidad y generar espacio para más consultorios, con el fin de “aportar a la salud de la población con medicina de alta calidad, accesible y sin dejar de hacer docencia e investigación”.
Entre los números que aportó el expositor, detalló que la institución atiende 20.000 consultas mensuales, entre 400 y 500 cirugías por mes y que dos tercios de esas cirugías se realizan a pacientes de Pami y solo un tercio a pacientes de prepagas. También estuvieron la arquitecta Mariana Irigoyen, titular del Estudio Arquisalud, responsable de la realización del proyecto; y, la magister arquitecta Flavia Rinaldi, quien realizó la investigación y análisis de la situación urbana, ambiental y patrimonial del edificio que conforma el proyecto.
Asimismo, entre los inscriptos se expresó la señora Laura Favaloro, sobrina nieta de René Favaloro, quien agradeció a la Legislatura por el trabajo para así honrar el legado familiar de “seguir innovando y creciendo para atender a las necesidades de los pacientes con el mismo compromiso y excelencia que él nos inculcó”.
Más tarde, en el Salón Presidente Alfonsín, la segunda audiencia pública fue para tratar una ley de la Comisión de Cultura, para poner el nombre de “Luis Alberto Spinetta” a la Escuela Educación Media N° 2 del D. E. Nº 10
Fue presidida por la legisladora María Cecilia Ferrero (Vamos por más), Presidenta de la comisión, junto a los legisladores integrantes de la misma, Juan Pablo O´Dezaille (Unión por la Patria), Vicepresidente 1º, María González Estevarena (Vamos por más), Patricia Glize (Vamos por más) e Inés Parry (UCR / Evolución).
También contó con la presencia del ex legislador mandato cumplido, Claudio Morresi y el periodista Juan Carlos Diez, autor del libro “Martropía, conversaciones con Spinetta”, en el que concentra cinco años de encuentros personales, ensayos y grabaciones compartidas con Luis Alberto Spinetta.
¿Qué son las audiencias públicas?
A diferencia de los servicios en los que un consumidor puede elegir al proveedor que le ofrezca el mejor precio o calidad, en el caso de los servicios públicos hay una única empresa que cubre una zona, por lo que el consumidor está obligado a contratarla -salvo internet, la televisión paga y la telefonía móvil, que pasaron a ser servicios públicos por decreto en agosto de 2020 y que son prestados por varias empresas-.
En el caso de la luz y el gas, por ejemplo, se trata de un prestador por zona. En esta situación monopólica, estas empresas, como Metrogas, Edenor y Edesur, están sometidas a un sistema distinto de fijación de precios: es el Estado el que establece cuánto se pagará.
Dado que el cliente no puede optar por dejar de contratar el servicio, se organiza una audiencia pública para que los consumidores puedan presentar sus argumentos a la hora de establecer los precios.
