Encuentro Federal por la Memoria

En una jornada inédita que tuvo lugar esta mañana, en el emblemático edificio de Pasteur 633, la mayoría de los gobernadores del país se dieron cita para participar del Encuentro Federal por la Memoria, que AMIA organizó en el marco de los 30 años del atentado terrorista del 18 de julio de 1994, que se cumplirán en pocas semanas.

Asistieron a la sede de la institución los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Macri (CABA), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Claudio Poggi (San Luis),  Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), y Gustavo Sáenz (Salta).

“Haber podido recibir hoy a los gobernadores y a los representantes de las provincias tiene, para AMIA, una importancia fundamental, porque nos permitió reforzar –con espíritu federal– el compromiso para mantener vivo el reclamo de justicia, y fortalecer lo que siempre hemos recalcado. Quienes atentaron contra la sede de Pasteur 633 no solo intentaron aniquilar a la institución madre de la comunidad judía de la Argentina, sino que cometieron un crimen contra toda la sociedad”, sostuvo el presidente de la institución, al término de la histórica jornada.

El Encuentro Federal por la Memoria fue organizado por el Vaad Hakehilot de AMIA (la Federación de Comunidades Judías de la República Argentina). Se trata del área que desde AMIA trabaja para fortalecer, unir y apoyar a las más de 70 comunidades judías del interior del país. La misión que cumple es la de centralizar y coordinar las acciones que se desarrollan en pos del mantenimiento de la vida judía organizada con esas comunidades.

El Encuentro Federal por la Memoria tuvo lugar en el marco del “Mes de la Memoria”, una iniciativa desarrollada por la AMIA durante los 30 días previos al aniversario del atentado, para visibilizar masivamente la lucha contra el olvido y la búsqueda de justicia.

Por la provincia de Río Negro, participó el vicegobernador Pedro Pesatti, mientras que por Misiones hizo lo propio Miriam Durán, representante de la Casa de esa provincia en la ciudad de Buenos Aires; en tanto que Juan Luis Ousset, jefe de gabinete de Neuquén, estuvo presente en nombre de su jurisdicción.

En el acto, los gobernadores suscribieron una declaración conjunta en la que dejaron de manifiesto su compromiso con el ejercicio de la memoria y el pedido de justica.

Al llegar al edificio de Pasteur 633, los mandatarios provinciales participaron de una ceremonia en la que se honró la memoria de las 85 personas que fueron asesinadas en la masacre del 18 de julio de 1994. Cada gobernador tuvo a su cargo el encendido de una vela en homenaje y recordación a las víctimas fatales del ataque terrorista, y escucharon las palabras del presidente de la institución, Amos Linetzky.

“La democracia está incompleta sin justicia. Si una de las causas emblemáticas de la justicia argentina, de lo que fue el peor atentado del fundamentalismo terrorista que sufrió nuestro país sigue impune, entonces hay una enorme deuda pendiente. No hay una sola persona que haya respondido por este crimen de lesa humanidad”, destacó el titular de la entidad, en el inicio del encuentro.

Por su parte, el rabino de AMIA, Eliahu Hamra, compartió, ante los presentes, la oración El Maleh Rachamim, en recuerdo de las 85 víctimas fatales, momentos antes de que los gobernadores pasaran al auditorio de la institución, para firmar la declaración conjunta por la memoria y la justicia.

A través del acta que firmaron, los mandatarios provinciales se comprometieron a garantizar el cumplimiento de las siguientes acciones:

-Realizar y apoyar la organización de actividades tendientes a denunciar la impunidad vigente en la causa, y mantener vivo el reclamo de justicia, y el homenaje permanente a las 85 víctimas fatales de la masacre perpetrada el 18 de julio de 1994.

-Emprender iniciativas que promuevan la paz, la defensa de los derechos humanos, la convivencia en la diversidad, y que fomenten el ejercicio de la memoria colectiva para evitar el germen de toda acción de odio y discriminación.

-Asegurar que la educación sea un pilar central para transmitir valores de respeto, concordia y solidaridad, y para enseñar, a las futuras generaciones, las funestas consecuencias que el terrorismo y la violencia dejan en la sociedad.

-Contribuir con proyectos y programas sociales, culturales y educativos al combate contra el antisemitismo y la xenofobia, promoviendo una cultura de respeto y entendimiento mutuo.

-Fomentar la importancia que tiene para todo sistema republicano la apropiada administración de justicia, para la construcción de una sociedad justa y equitativa.

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Prisión preventiva a integrantes de una Red Transnacional de abuso sexual infantil 

Así lo resolvió la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 2, Dra. Barbara Moramarco Terrarosa, en virtud de la evidencia recolectada y la posibilidad de que los investigados entorpezcan la investigación o bien se den a la fuga

La jueza porteña deicidio que los 3 imputados que formaban parte de la Red transnacional de abuso infantil que operaba a través de mensajería cifrada, permanezcan detenidos hasta tanto se lleve a cabo el juicio oral y público en su contra.

A partir de la medida dispuesta por Moramarco Terrarosa, el pasado 16 de diciembre de 2025, en el marco de una investigación coordinada por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos (UFEDyCI), a cargo de la fiscal Daniela Dupuy, se realizaron nueve (9) allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en distintas localidades del Conurbano bonaerense.

La organización operaba a través de la plataforma Signal a través de la cual distribuía imágenes y videos en los que se observa a niñas y niños de muy corta edad, incluso bebés, siendo sometidos a abusos sexuales por parte de adultos.

¿cómo fue la “Operación Dori”?

El procedimiento se desarrolló en el contexto de la denominada “Operación Dori”, una investigación de alcance transnacional que tuvo su origen en tareas realizadas por el Grupo 3° de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional de España. En ese marco, se detectaron múltiples grupos de la aplicación de mensajería Signal —similar a WhatsApp o Telegram— integrados por usuarios de distintos países, dedicados al intercambio y comercialización de material de abuso sexual infantil.

La justicia argentina, trabaja desde mediados de 2025 en conjunto con la oficina de enlace de España en el AC3 de Ameripol Buenos Aires que dio intervención a la UFEDyCI, para que inicie la investigación de los objetivos locales.

En tres de los domicilios allanados, y con expresa autorización judicial, se realizó un análisis preliminar de los dispositivos electrónicos hallados en el lugar, en el que se encontró una gran cantidad de imágenes y videos de abuso sexual infantil.

La jueza interviniente resolvió en la audiencia posterior a las detenciones, y tras valorar la gravedad de los hechos, la evidencia recolectada y el riesgo de entorpecimiento de la investigación o de fuga, que los tres imputados permanezcan detenidos hasta la realización del juicio oral.

Jorge Macri preocupado por la investigación de sus departamentos en Miami

La denuncia que se presentó en la justcia de San Isidro ya llego a la Corte Suprema y está investigando el dinero utilizado para la compra de un departamento en Miami del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Es noticia esta semana de fin de año porque la Corte Suprema debe sortear otros integrantes para definir si se reabre una causa por lavado de dinero que involucra al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.

Los conjueces son otros jueces que integran el Poder Judicial que son designados por sorteo para intervenir en causas puntuales como por ejemplo esta causa por lavado de dinero del ex intendente de Vicente López.

La investigación comenzó en 2016 por una decisión de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que buscaba investigar “la hipotética canalización de fondos provenientes de actividades delictivas a través de la adquisición del Inmueble” en Miami, por 402.963,62 dólares, que sucedió en abril de 2011 por parte de una sociedad, “IconUnit 1704”, constituida un mes antes por Jorge Macri -por entonces legislador bonaerense- y su entonces esposa, con un capital inicial de 10.000 dólares.

Según aquella denuncia, el dinero para esa compra provenía de dos préstamos: uno del banco “Bac Florida Bank” por 219 mil dólares y otro de una sociedad uruguaya, Fawsley SA”, por 184 mil dólares, que fue cedida luego a otra firma constituida en Panamá, ‘Cometas Company Inc.’, y adquirida por una hermana de Jorge Macri.

Para los fiscales, según un comunicado de la Procuración “ese último préstamo ‘no existió y se trató de un acto simulado, lo que generaba serias sospechas sobre el efectivo origen y procedencia del dinero’”.

La jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado dispuso el sobreseimiento de Jorge Macri y su entonces esposa. La Cámara Federal de San Martin confirmó la decisión en diciembre de 2019. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, declaró inadmisible el recurso de la fiscalía. Es así que el caso llegó a la Corte Suprema.

Este 2026, el presidente de la Cámara Federal de Córdoba, Abel Sánchez Torres y el presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Pablo Candisano Mera- tendrán que votar ahora junto a jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Eso ocurrió porque Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti no lograron ponerse de acuerdo sobre la decisión, y, como hay dos vacantes en la Corte, no se conseguía la mayoría de tres votos necesarios para tomar una definición.

La defensa de Jorge Macri

Desde el entorno del jefe de gobierno porteño, señalaron que para la propia Justicia consideró que el tema “está agotado”. “Que se haya dictado sobreseimiento en tres oportunidades quiere decir que los recursos presentados por la Fiscalía no lograron aportar nuevas pruebas y ya no debería continuar el proceso”, indicaron.

“La defensa de Jorge Macri pudo demostrar que el dinero provenía de dos préstamos: un préstamo hipotecario del BAC Florida Bank por 219.000 dólares y otro de una sociedad uruguaya por un monto de 184.000 dólares. De esta manera, el Juzgado Federal de San Isidro concluyó, en mayo de 2019, que los hechos no revestían relevancia penal y dictó el sobreseimiento”, remarcaron.

Sin embargo, la sentencia fue apelada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), al cuestionar el origen de los 184.000 dólares que fueron prestados por la sociedad uruguaya.

“La Cámara Federal de San Martín tomó el caso y confirmó el sobreseimiento en diciembre de 2019, aclarando que Macri había exteriorizado los fondos a través de la Ley 27.260 (Sinceramiento Fiscal) y que sus declaraciones juradas ante AFIP demostraban capacidad económica compatible con ese préstamo”, señalaron en el entorno del actual alcalde porteño.

Recordaron que el MPF interpuso un recurso de Casación, alegando que la confirmación del sobreseimiento era prematura. “Esta nueva presentación fue rechazada en diciembre de 2021, cuando la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) declaró que el recurso de casación presentado por el MPF resultaba inadmisible”, explicaron.

Fuente: Clarín y CSJN

Privatizaciones: ahora le toca a Tecnópolis

Por debajo del radar de los ajustes pasan las privatizaciones de diferentes predios que eran de uso totalmente público y gratuito. El predio en Villa Martelli de Tecnópolis abrió la licitación a manos privadas este lunes con el objetivo de lograr una administración de inversión privada decidido por el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

El Gobierno Nacional de Javier Milei lanzó la licitación para que el predio de Tecnópolis pase a manos privadas. Así lo oficializó a través de la resolución 98/2025 publicada en el Boletín Oficial.

La convocatoria fue oficializada a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), para la concesión de uso y explotación del predio de Villa Martelli por 25 años, prorrogables por 12 meses.

El destino fijado en el pliego contempla el desarrollo de actividades recreativas, de esparcimiento, ocio y recreación, con la posibilidad de sumar, de manera complementaria, propuestas deportivas no competitivas, acciones culturales, talleres, juegos y programas de integración comunitaria, siempre que sean compatibles con el uso principal.

“El predio (históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista) pasará a funcionar bajo el esquema de inversión privada: nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos”, aseguró el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al anunciar el domingo la medida en su cuenta de X.

Hasta ahora, el inmueble se encontraba bajo jurisdicción de la Secretaría de Cultura de la Nación. Según señalaron desde la cartera a cargo de Leonardo Cifelli, presentaba una “situación histórica de gastos extraordinarios, baja utilización y deterioro generalizado”.

“Tecnópolis acumulaba una deuda real superior a los $4813 millones, contaba con equipamiento faltante por $554 millones —con denuncia judicial en trámite— y requería mantenimiento permanente financiado exclusivamente por el Estado”, advirtieron.

De acuerdo a lo indicado en Cultura, desde diciembre de 2023, el Gobierno inició un proceso de ordenamiento que permitió reducir más del 30% de la dotación (de 333 a 198 empleados) y establecer un esquema de funcionamiento público-privado.

“Gracias a este modelo, el Estado dejó de gastar y pasó a recaudar: $600 millones en ingresos durante 2024; $2429 millones en 2025, con proyección de llegar a $2749 millones al cierre del año. Más de 500.000 personas participaron de las actividades desarrolladas bajo este nuevo esquema”, precisaron.

La concesión permitirá profundizar esta transformación: “El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un canon mensual inicial de $611 millones, junto con un seguro contra incendio de $60.000 millones, garantizando la protección del patrimonio estatal”.

El pliego prevé que el predio mantenga su uso para actividades recreativas, culturales, de esparcimiento, talleres, deportes no competitivos, integración comunitaria y propuestas educativas, incorporando inversiones privadas para su desarrollo y funcionamiento anual.

Uno de los puntos de la propuesta plantea que el privado asuma el control del predio a partir del 1 de julio de 2026 y que mantenga los acuerdos público-privados de programación comprometidos para el resto del año.

El procedimiento licitatorio se realizará íntegramente a través del sistema electrónico COMPR.AR, para “asegurar transparencia, competencia y participación amplia”.

Aysa
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