Venta en Once: incautaron termos falsos

Por infracciones a la Ley de Marcas, la Policía de la Ciudad allanó cuatro comercios del barrio de Balvanera buscando detectar termos adulterados que podrían resultar nocivos para la salud. La investigación dio con termos falsificados por más de 48 millones de pesos.

La Policía de la Ciudad allanó en las últimas horas cuatro comercios del barrio de Balvanera buscando detectar termos adulterados que podrían resultar nocivos para la salud.

La División Investigaciones Especiales concretó cuatro procedimientos en comercios de la avenida Rivadavia y la calle Castelli tras la denuncia de la marca Lumilagro por la comercialización de sus termos, pero apócrifos, es decir que no están confeccionados dentro de las normas que establecen las organizaciones reguladoras.

En los cuatro operativos simultáneos se secuestraron 1920 termos imitaciones de las marcas Lumilagro y Stanley principalmente, por un valor estimado en el mercado de 48 millones de pesos.

Los organismos interventores -Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC), la Dirección General Protección del Trabajo (DGPT), funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF, representantes de la Aduana y de la empresa –  labraron las actas correspondientes según su área de especialización.

Clausuran un centro de estética que contaba con un quirófano ilegal y secuestran medicamentos vencidos

La Policía de la Ciudad participó de un procedimiento en un centro de estética ubicado en la zona de Tribunales: fue clausurado por el Ministerio de Salud tras constatarse que utilizaba equipos sin habilitar y ofrecía medicamentos vencidos.

Personal de la División Delitos Contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad encabezó la inspección en el local de Montevideo al 700 y contó la colaboración del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y de representantes del Ministerio de Salud para constatar la legalidad de los tratamientos que se efectuaban.

El procedimiento verificó que el centro de estética carecía de profesionales matriculados.

Se incautaron más de 500 pastillas de medicamentos vencidos (clonazepam, tramadol y lidocaína, entre otros) y el equipamiento láser hallado no estaba homologado por la ANMAT. Se secuestraron más de 130 historias clínicas de pacientes.

Al consultar con la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Número 11, a cargo de la doctora Massaglia, Secretaría del doctor Pérez Bustos, se dispuso la imputación de la mujer que atendía el local y el secuestro de todos los elementos encontrados, tanto de los medicamentos como el equipo de depilación láser.

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Constitución: rescataron más de 50 animales maltratados

Clausuraron en el barrio porteño de Constitución un criadero ilegal de felinos. La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del Fiscal Carlos Fel Rolero Santurian, clausuró de un criadero ilegal de felinos de las razas scotish y siberianos que funcionaba sobre la calle Pavón al 1600 en el barrio de Constitución.

El caso se inició por tareas realizadas por los agentes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que detectaron la venta ilegal online de felinos por valores que rondaban entre 750.000 y 900.000 pesos por ejemplar.

Una vez localizado el domicilio, se realizó el allanamiento que fue coordinado por el CIJ y realizado conjuntamente con la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad y con la intervención de la Dirección General de Canes y Felinos Domésticos y de la Dirección General de Control Ambiental de la Subsecretaria de Ambiente del GCBA.

Como resultado, se rescataron un total de veintinueve 29 felinos, 1 perro, 20 conejos, 2 cocotillas, 2 cotorras australianas, 8 palomas, 1 canario, 7 gallinas 1 gallo. Los animales estaban en malas condiciones ambientales y presentaban graves lesiones y evidencias de falta de cuidado e higiene. Tampoco tenían ningún certificado de atención médica veterinaria.

Los animales fueron puestos a resguardo en ONGs, que recibieron a los animales en custodia judicial y se encargarán de los cuidados y atención veterinaria necesaria.

El fiscal Rolero Santurián imputó a la responsable del criadero como autora penalmente responsable de los delitos de acto de crueldad animal y de infracciona a las normas de policía sanitaria animal local y por infracción a la Ley de conservación de fauna silvestre.

Por su parte los inspectores de la DCONTA procedieron a la clausura inmediata y preventiva del domicilio y al decomiso de la totalidad de los felinos, como así también del resto de los animales que no eran domésticos.

Secuestraron pastillas ortopédicas ilegales por 80 millones de pesos vendidas en dos shoppings

Desarticulan banda que vendía plantillas ortopédicas ilegales y secuestran elementos por suma millonaria

Como resultado de una investigación realizada por la Policía de la Ciudad, fueron allanados dos stands de ortopedia ubicados en el Dot Baires Shopping y el Abasto Shopping donde se secuestraron plantillas ortopédicas, accesorios e impresoras 3D valoradas en más de 80 millones de pesos.

La Sección Relevamiento en Investigaciones Complejas llevó a cabo una serie de pesquisas que permitieron determinar que en distintos stands ubicados en los mencionados centros comerciales se ofrecían servicios y atención médica ortopédica sin autorización de los organismos de salud correspondientes.

Durante las tareas de investigación, los especialistas en Ciberprevención lograron establecer la existencia de distintos canales de venta de plantillas y otros accesorios a través de las redes sociales, promoviendo de esta manera, una actividad médica que no respondía a los parámetros establecidos por los organismos facultativos en materia de salud operando de manera ilegal.

Con anuencia de la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°35 a cargo de Celsa Ramírez, se concretaron dos procedimientos en los shoppings del Abasto y de Saavedra en los stands investigados.

En los mismos teléfonos se encontraron 2 impresoras 3D mediante las cuales se confeccionaban las plantillas, 4 baropodómetros, instrumento mediante el cual se estudia la presión que ejerce el pie al caminar, un total de 504 plantillas, 67 accesorios entre moldes, arcos, calibres digitales, 5 notebooks, 1 CPU, 5 posnets, 1, 1 esqueleto de pie realizado en 3D y 250 cajas.

Todos estos elementos fueron secuestrados, comprobándose que las herramientas para confeccionar las plantillas tienen un valor aproximado de 5 millones de pesos, mientras que el resto del material incautado escala a los 80 millones. Asimismo, fueron identificadas cinco personas que trabajaban en los locales, quienes fueron notificadas y puestas en libertad por no tener antecedentes.

La Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyCO) labraron actas por falta de habilitación; en tanto que el Ministerio de Salud procedió a efectuar las clausuras preventivas de ambos puestos, labrando la intimación correspondiente.

De esta manera se logró desbaratar una red criminal que haciéndose pasar por especialistas de la salud efectuaban una maniobra fraudulenta que no sólo incumplía con la ley por su falta de habilitación, sino que, además, ponía en riesgo la salud de las personas.

Marcha de los Jubilados: la Defensoría del Pueblo presentó un habeas corpus preventivo

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó un habeas corpus preventivo y colectivo ante la Justicia para resguardar los derechos de las personas que participen de la manifestación o transiten por la zona en la que se desarrolla.

La acción fue interpuesta frente a la creciente preocupación por el accionar de las fuerzas de seguridad en el contexto del Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de Circulación, aprobado por resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El organismo solicitó que la Justicia ordene a las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como de la Ciudad, que actúen conforme a los estándares internacionales a fin de evitar detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y resguardar la integridad física de quienes se manifiesten.

Además, se requirió que el personal policial y de fuerzas de seguridad se encuentre visiblemente identificado, exhibiendo en su uniforme el nombre, apellido y rango correspondiente, para garantizar el correcto control de su accionar.

Desde la entrada en vigencia del protocolo, la Defensoría realizó 30 observaciones en movilizaciones y protestas sociales, que derivaron en 56 pedidos de informes y recomendaciones dirigidos a los Ministerios de Seguridad de Nación y Ciudad. Hasta el momento ninguno de estos requerimientos tuvo una respuesta adecuada.

En esos documentos se advirtió sobre la inconstitucionalidad de la normativa, la violación de los estándares internacionales de derechos humanos, la afectación de la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de seguridad pública, el despliegue inusual y excesivo de fuerzas federales y locales, y el uso innecesario, irracional y desproporcionado de la fuerza, entre otras.

Además de ejercer sus competencias constitucionales para monitorear el accionar de las fuerzas de seguridad que cumplen funciones de policía en la Ciudad, la Defensoría del Pueblo intervino desde diciembre de 2023 hasta el pasado miércoles para asistir a más de 80 personas detenidas y brindar atención humanitaria a otras 164 a través del Cuerpo de Emergencias y Primeros Auxilios (CEPA). Solo en la última manifestación, 114 personas fueron detenidas y más de 400 recibieron asistencia humanitaria.

Junto con esta presentación, la Defensoría interpuso otras dos acciones judiciales. La primera, un habeas corpus en favor de niños, niñas y adolescentes que participen en las manifestaciones, solicitando expresamente que se prohíba a las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como porteñas, proceder a la detención de menores de edad salvo en casos de flagrancia de delito grave.

La segunda, con el objeto de que la Justicia ordene a las fuerzas de seguridad que se abstengan de obstaculizar la labor del personal del grupo de rescatistas y atención humanitaria CEPA, a fin de garantizar su intervención ante situaciones de emergencia durante el desarrollo de las manifestaciones.