Unión por la Patria reclamó “medidas urgentes” para las personas en situación de calle

Según datos recientes, la Ciudad de Buenos Aires ha experimentado un incremento mensual del 10 % en el número de personas sin hogar en los últimos meses. ” Son 300 personas nuevas por mes que entran. Teníamos 4,500 en situación de calle en abril. La enorme mayoría de esa gente viene del conurbano”, destacó el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, durante una entrevista en Canal 9.

“La Legislatura expresa su profundo pesar y preocupación frente a las recientes muertes de cinco personas que se encontraban en situación de calle los días 26 de mayo, 29 de junio, 30 de junio y 8 de julio del corriente año, como consecuencia de la ola de frío polar y solicita al Poder Ejecutivo a tomar medidas urgentes para atender esta grave situación”, sostuvo la presentación que dio paso a la presencia de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires detallaron ante la Comisión de Promoción e Integración Social las políticas para tratar la problemática en el Salón San Martín en la Legislatura porteña.

La Comisión realizó la reunión informativa con la presencia de Patricio Scarzella, Jefe de Gabinete en Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat-GCBA, y los funcionarios del equipo Juan Pablo Gutiérrez y Luciano Cabrera.

¿Cómo se está realizando la asistencia a las personas en situación de calle y cómo funciona la nueva Red de Atención? Fueron los principales ejes del encuentro presidido por la legisladora Berenice Iañez (Unión por la Patria) titular de la comisión, y los legisladores Gustavo Mola y Aldana Crucitta (UCR Evolución), vicepresidente primero y segundo, junto al resto de los diputados integrantes. 

El funcionario señaló que la magnitud del problema aumentó y la cantidad de personas en situación de calle creció fruto del contexto económico, sumado a las problemáticas asociadas a la salud mental y las adicciones.

La principal crítica fue de la legisladora porteña de UP Claudia Neira, junto a los diputados porteños Manuela Thourte (UCR, Evolución); Graciela Ocaña (Confianza Pública); Matías Lammens (UxP); Juan Modarelli (UxP) y Berenice Iañez (UxP), quienes presentaron un proyecto de declaración ante el fallecimiento de cinco personas en situación de calle y pidieron “medidas urgentes” para esa situación en la Ciudad.

“Entre 6 y 7 personas de cada 10 que asistimos tiene problemas en este sentido” detalló y afirmó que el tema no está circunscripto a los límites de la ciudad. Otras razones esbozadas por el experto se basaron en “violencia en contextos familiares” o “problemas habitacionales”.

En su balance, Scarzella explicó que “2/3 de la población que acompañamos ya se encuentra dentro de nuestros Centros de Inclusión Social y 1/3 sigue en situación de calle y es objeto de nuestro trabajo diario”.

En relación a los programas disponibles, durante la reunión se detalló que “hasta diciembre se tenía el programa Buenos Aires Presente (BAP) con una sede operativa para toda la ciudad” y hoy se está descentralizando esa capacidad y ya se abrió una sede en la comuna 15.

También fue explicada la forma de abordaje a la población en situación de calle, a través de una segmentación que incluye dos miradas: la criticidad, alta-medio o baja para poder darle asistencia con las herramientas en pos de la revicunlación  y la segunda mirada es temática: no es lo mismo un hombre solo, que una mujer, mujer con niño, familia, persona mayor o persona con problema de salud mental.

También desarrolló los dos dispositivos nuevos que hay: el Centro Lantieri, dispositivo de salud mental, que se abrió hace 2 meses, con 30 plazas específicas, en Constitución y el Centro de inclusión social América que es para familias, con 160 plazas que se han ampliado con una habitación, un baño privado, acompañamiento para que los menores estén escolarizados, equipos para la capacitación y haciendo foco en el proyecto de vida como familia para salir de la situación.

Finalmente destacó el desafío de abordar la problemática más allá de las herramientas de gobierno, apostando a la articulación con la Sociedad Civil y ONGs y en ese sentido afirmó estar trabajando con 106 organizaciones y  describió “una red de mentores para que cada persona en situación de calle que se encuentra dentro de un Centro de Inclusión tenga donde referenciarse hasta que logramos su independencia del sistema de acompañamiento”.

Al mediodía se realizó la reunión de la Comisión de Cultura, en el Salón San Martín de la Legislatura, que fue conducida por su presidenta, la legisladora María Cecilia Ferrero (Vamos por más), junto a los diputados integrantes de la misma, Sandra Rey (La Libertad avanza), vicepresidente 2ª, Juan Pablo Arenaza (Vamos por más), Jessica Barreto (Partido Socialista), Patricia Inés Glize (Vamos por más), María Luisa González Estevarena (Vamos por más), Alejandro Omar Grillo (Unión por la Patria), Juan Pablo Modarelli (Unión por la Patria), Juan Manuel Valdés (Unión por la Patria), Guillermo Suárez (UCR / Evolución), María Graciela Ocaña (Confianza Publica). También estuvieron los diputados Silvia Imas (Vamos por más) y Matías Barroetaveña (Unión por la Patria) que no la integran pero se trataron proyectos de su autoría.

Por Reglamento, participaron vecinos que están vinculados con algunos de los proyectos del orden del día, quienes expresaron su agradecimiento a la Legislatura.

Se trataron distintos aniversarios y celebraciones, como fue el 30º Aniversario del fallecimiento del cantante de tango Roberto Goyeneche, quien falleció el 27 de agosto de 1994 y se hizo presente su hijo, Roberto Emilio Goyeneche. También se abordó la denominación de varias instituciones, como nombrar “Padre Carlos Mugica” al Centro de Formación Profesional N° 38; “Caídos de Malvinas” a la Escuela de Educación Media N°1 D.E 18 o “Luis Alberto Spinetta” a la Escuela Educación Media N° 2 DEL D. E. Nº 10, entre otras.

A las 13 llegó el turno de la comisión de Seguridad, que estuvo presidida por Gimena Villafruela (Vamos por Más) y cuyo vicepresidente es Claudio Ferraño (Unión por la Patria). De la misma participaron vecinos de Lugano, Saavedra, Barracas y Chacarita, quienes se acercaron para hablar sobre la seguridad en sus zonas.

Se trató la creación de módulos carcelarios debido a la superpoblación de presos en las comisarías de la Ciudad por demoras que viene arrastrando el sistema penitenciario federal para recibir nuevos detenidos y se acordó solicitar información al ejecutivo sobre varias cuestiones relacionadas a la temática.

Finalmente, la última comisión en reunirse fue la de Personas Mayores, en el Salón Presidente Alfonsín; y que contó con la presencia de la presidenta y vicepresidente de la comisión, Graciela Ocaña (Confianza Pública) y Andrés La Blunda (Unión por la Patria); y los legisladores Matías Barroetaveña, Berenice Iañez (Unión por la Patria), Pablo Alejandro Donati (Frente Liberal Republicano), Aldana Crucitta (UCR/Evolución), Patricia Glize y Claudio Romero (Vamos por Más).

En la reunión informativa se habló de la visión de la Secretaria de Bienestar Integral y la importancia de la alianza entre los distintos poderes del Estado, abocados en los sectores sociales con mayor vulnerabilidad, entre otros temas. Además de contestar las preguntas de los diputados presentes.

Allí participaron Victoria Morales Gorleri, Secretaria de Bienestar Integral; el director general de Ciudad Amigable, Ignacio Salaverri; el director general de Políticas Asistenciales para Personas Mayores, Mauricio Damiano; el director general de Promoción de Derechos para Personas Mayores, Agustín Fernández Bertuzzi; y la directa general de Promoción y Bienestar Social, Mercedes Joury.

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Prisión preventiva a integrantes de una Red Transnacional de abuso sexual infantil 

Así lo resolvió la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 2, Dra. Barbara Moramarco Terrarosa, en virtud de la evidencia recolectada y la posibilidad de que los investigados entorpezcan la investigación o bien se den a la fuga

La jueza porteña deicidio que los 3 imputados que formaban parte de la Red transnacional de abuso infantil que operaba a través de mensajería cifrada, permanezcan detenidos hasta tanto se lleve a cabo el juicio oral y público en su contra.

A partir de la medida dispuesta por Moramarco Terrarosa, el pasado 16 de diciembre de 2025, en el marco de una investigación coordinada por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos (UFEDyCI), a cargo de la fiscal Daniela Dupuy, se realizaron nueve (9) allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en distintas localidades del Conurbano bonaerense.

La organización operaba a través de la plataforma Signal a través de la cual distribuía imágenes y videos en los que se observa a niñas y niños de muy corta edad, incluso bebés, siendo sometidos a abusos sexuales por parte de adultos.

¿cómo fue la “Operación Dori”?

El procedimiento se desarrolló en el contexto de la denominada “Operación Dori”, una investigación de alcance transnacional que tuvo su origen en tareas realizadas por el Grupo 3° de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional de España. En ese marco, se detectaron múltiples grupos de la aplicación de mensajería Signal —similar a WhatsApp o Telegram— integrados por usuarios de distintos países, dedicados al intercambio y comercialización de material de abuso sexual infantil.

La justicia argentina, trabaja desde mediados de 2025 en conjunto con la oficina de enlace de España en el AC3 de Ameripol Buenos Aires que dio intervención a la UFEDyCI, para que inicie la investigación de los objetivos locales.

En tres de los domicilios allanados, y con expresa autorización judicial, se realizó un análisis preliminar de los dispositivos electrónicos hallados en el lugar, en el que se encontró una gran cantidad de imágenes y videos de abuso sexual infantil.

La jueza interviniente resolvió en la audiencia posterior a las detenciones, y tras valorar la gravedad de los hechos, la evidencia recolectada y el riesgo de entorpecimiento de la investigación o de fuga, que los tres imputados permanezcan detenidos hasta la realización del juicio oral.

Jorge Macri preocupado por la investigación de sus departamentos en Miami

La denuncia que se presentó en la justcia de San Isidro ya llego a la Corte Suprema y está investigando el dinero utilizado para la compra de un departamento en Miami del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Es noticia esta semana de fin de año porque la Corte Suprema debe sortear otros integrantes para definir si se reabre una causa por lavado de dinero que involucra al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.

Los conjueces son otros jueces que integran el Poder Judicial que son designados por sorteo para intervenir en causas puntuales como por ejemplo esta causa por lavado de dinero del ex intendente de Vicente López.

La investigación comenzó en 2016 por una decisión de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que buscaba investigar “la hipotética canalización de fondos provenientes de actividades delictivas a través de la adquisición del Inmueble” en Miami, por 402.963,62 dólares, que sucedió en abril de 2011 por parte de una sociedad, “IconUnit 1704”, constituida un mes antes por Jorge Macri -por entonces legislador bonaerense- y su entonces esposa, con un capital inicial de 10.000 dólares.

Según aquella denuncia, el dinero para esa compra provenía de dos préstamos: uno del banco “Bac Florida Bank” por 219 mil dólares y otro de una sociedad uruguaya, Fawsley SA”, por 184 mil dólares, que fue cedida luego a otra firma constituida en Panamá, ‘Cometas Company Inc.’, y adquirida por una hermana de Jorge Macri.

Para los fiscales, según un comunicado de la Procuración “ese último préstamo ‘no existió y se trató de un acto simulado, lo que generaba serias sospechas sobre el efectivo origen y procedencia del dinero’”.

La jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado dispuso el sobreseimiento de Jorge Macri y su entonces esposa. La Cámara Federal de San Martin confirmó la decisión en diciembre de 2019. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, declaró inadmisible el recurso de la fiscalía. Es así que el caso llegó a la Corte Suprema.

Este 2026, el presidente de la Cámara Federal de Córdoba, Abel Sánchez Torres y el presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Pablo Candisano Mera- tendrán que votar ahora junto a jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Eso ocurrió porque Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti no lograron ponerse de acuerdo sobre la decisión, y, como hay dos vacantes en la Corte, no se conseguía la mayoría de tres votos necesarios para tomar una definición.

La defensa de Jorge Macri

Desde el entorno del jefe de gobierno porteño, señalaron que para la propia Justicia consideró que el tema “está agotado”. “Que se haya dictado sobreseimiento en tres oportunidades quiere decir que los recursos presentados por la Fiscalía no lograron aportar nuevas pruebas y ya no debería continuar el proceso”, indicaron.

“La defensa de Jorge Macri pudo demostrar que el dinero provenía de dos préstamos: un préstamo hipotecario del BAC Florida Bank por 219.000 dólares y otro de una sociedad uruguaya por un monto de 184.000 dólares. De esta manera, el Juzgado Federal de San Isidro concluyó, en mayo de 2019, que los hechos no revestían relevancia penal y dictó el sobreseimiento”, remarcaron.

Sin embargo, la sentencia fue apelada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), al cuestionar el origen de los 184.000 dólares que fueron prestados por la sociedad uruguaya.

“La Cámara Federal de San Martín tomó el caso y confirmó el sobreseimiento en diciembre de 2019, aclarando que Macri había exteriorizado los fondos a través de la Ley 27.260 (Sinceramiento Fiscal) y que sus declaraciones juradas ante AFIP demostraban capacidad económica compatible con ese préstamo”, señalaron en el entorno del actual alcalde porteño.

Recordaron que el MPF interpuso un recurso de Casación, alegando que la confirmación del sobreseimiento era prematura. “Esta nueva presentación fue rechazada en diciembre de 2021, cuando la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) declaró que el recurso de casación presentado por el MPF resultaba inadmisible”, explicaron.

Fuente: Clarín y CSJN

Operación Freezer: heladeras comerciales robadas se vendían por redes sociales

La investigación realizada por personal de la Policía de la Ciudad permitió establecer el modus operandi, consistente en captar equipos entregados en comodato, acumularlos en depósitos y ofrecerlos a la venta en redes sociales mediante un perfil apócrifo.

La Policía de la Ciudad realizó cuatro allanamientos y recuperó 58 heladeras exhibidoras pertenecientes a una empresa cervecera que estaban siendo comercializadas ilegalmente a través de redes sociales.

Efectivos de la División Defraudaciones y Estafas realizaron una serie de cuatro allanamientos en forma simultánea, en el marco de una investigación por apropiación de bienes en comodato que eran ofrecidos a la venta mediante un perfil falso en redes sociales.

Durante los procedimientos, los efectivos policiales ingresaron a cuatro inmuebles ubicados sobre la calle Tinogasta al 5000, en el barrio de Villa Devoto, que eran utilizados como depósito y taller, donde se hallaron 58 heladeras exhibidoras con ploteos de distintas marcas de la empresa Maltería Quilmes.

Los equipos, cuya venta está prohibida, dado que habían sido entregados en comodato a comerciantes, fueron verificados “in situ” por personal técnico de la firma.

En el lugar se identificó y notificó a cuatro personas, entre ellas al responsable del depósito y técnicos y una administrativa,  por su presunta participación en la comercialización irregular de las heladeras.

La causa se inició tras la denuncia realizada por la empresa cervecera, que detectó la aparición de heladeras ploteadas en plataformas de compraventa.

Con la información aportada, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 37, a cargo de la Dra. Fabiana Galletti, Secretaría Nº 129 del Dr. Luis Álvarez, ordenó los allanamientos y avaló el secuestro de los elementos recuperados.

Aysa
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