El Consejo de la Magistratura porteño fue la sede de la Asamblea General Ordinaria del FOFECMA

En la reunión se confirmó la continuidad del organismo al frente de la Secretaría General y se designó como presidente a la provincia de Tierra del Fuego.

Este jueves 28 de noviembre, en la Sala de Plenario “Dr. Enzo Pagani”, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA). En la misma se definió como quedará conformado el Comité Ejecutivo de cara a los próximos dos años.

Allí se definió que la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presidirá el organismo, acompañado en la vicepresidencia primera por la provincia de Mendoza y en la vicepresidencia segunda por la provincia de Buenos Aires.

La reunión contó con la presencia de los representantes del Consejo ante el FOFECMA, Francisco Quintana y Alberto Biglieri, los consejeros Lorena Clienti, Luis Duacastella Arbizu, Gabriela Zangaro, Martín Converset, la secretaria de Innovación y ex presidenta del FOFECMA, Silvia Bianco y la titular de la Oficina de Enlace del Consejo ante el Foro, María Victoria Ricápito.

En la reunión se estableció que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúe ocupando el cargo de la Secretaría General, el cual desempeñó en el año 2016 y desde el año 2022 hasta la fecha.

El Comité Ejecutivo del FOFECMA quedó conformado con la presidencia a cargo de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Ernesto Löffler), la vicepresidencia primera a cargo de la provincia de Mendoza (Marcelo D’Agostino), la vicepresidencia segunda a cargo de la provincia de Buenos Aires (Ana Laura Ramos), la Secretaría General a cargo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Secretaría Académica a cargo de Córdoba, la Secretaría de Relaciones Institucionales a cargo de Entre Ríos, la Secretaría de Género y Diversidad a cargo de Corrientes y la Secretaría Ambiental a cargo de Neuquén, la Tesorería a cargo de Chaco, la Protesorería a cargo de San Luis, las Vocalías a cargo de La Pampa, Chubut, Tucumán, Salta y Catamarca, el Revisor de Cuentas a cargo de Jujuy y el Revisor de Cuentas Suplente a cargo de la Nación.

En esta reunión también se aprobó la creación de tres comisiones de trabajo permanente: la Comisión de Jurado de Enjuiciamiento (a cargo de Rio Negro), la Comisión de Tecnología e Innovación (a cargo de Misiones) y la Comisión de Ética e Idoneidad en el acceso a la Magistratura (a cargo de Santa Cruz).

Además de los mencionados, la asamblea tuvo representantes de todas las provincias que integran el Comité, tanto presencial como virtual.

En ese sentido, estuvieron presentes el presidente saliente, Marcelo D’Agostino, el nuevo presidente del Foro, Ernesto Löffler, la consejera bonaerense, Ana Laura Ramos, el presidente del Consejo de la Magistratura de Salta, Gabriel Chibán, el presidente del Consejo de la Magistratura de Chubut, Rafael Lucchelli, el presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, Mauro Vazón, el presidente del Consejo de la Magistratura de San Luis, Jorge Levingston y los miembros honorarios, José Roberto Sappa y Eduardo Pértile, entre otros.

EL FOFECMA es un espacio de intercambio de experiencias entre los Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento del país cuyo objetivo es coordinar y concretar acciones de cooperación tendientes al análisis e implementación de políticas comunes en materia judicial entre las distintas jurisdicciones que la componen.

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Detuvieron a “robabronces” en Recoleta

La Policía de la Ciudad detuvo a dos hombres que intentaron robar una baranda de bronce de un edificio de Ayacucho al 1800, en Recoleta

El hecho ocurrió cuando oficiales de la Comisaría Vecinal 2A que realizaban una recorrida en prevención de ilícitos observaron a dos hombres salir de manera apresurada de un edificio ubicado en Ayacucho al 1800, en el barrio de Recoleta.

Ante la actitud sospechosa, los oficiales iniciaron un seguimiento y lograron interceptarlos sobre la avenida Alvear al 1900.

Al ser requisados no tenían en su poder elementos constitutivos de delito pero se constató que una baranda de bronce de dos metros ubicada en el edificio donde se los había visto salir raudamente había sido violentada, aunque no pudo ser arrancada.

Además, personal de seguridad privada aportó las imágenes de las cámaras de seguridad en las que se observa el momento en que los sospechosos intentaban desprender el objeto.

Los detenidos, de 37 y 26 años, quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°62, a cargo de la Dra. Patricia Guichandut, Secretaría Nº 79 del Dr. Juan Petrecca, quienes caratularon la causa como tentativa de robo.

Servicio Penitenciario para la Ciudad: avanza el debate en la Legislatura

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires esta semana continuó trabajando el proyecto de ley para crear el servicio penitenciario porteño.

Las comisiones de Justicia, Seguridad, Legislación del Trabajo y Asuntos Constitucionales, volvieron a convocar a funcionarios de la Ciudad y expertos, donde también se está avanzando con el régimen de ejecución penal y el régimen jurídico del futuro sistema penitenciario de la Ciudad.

Esta mañana se realizó una reunión conjunta de las comisiones de Justicia —presidida por Inés Parry—, Seguridad —a cargo de Gimena Villafruela—, Legislación del Trabajo —encabezada por Matías Barroetaveña— y Asuntos Constitucionales —presidida por Hernán Reyes— para continuar trabajado el proyecto de ley que establecerá la creación y el régimen jurídico del Sistema Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El encuentro contó con la presencia del subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Leandro Halperín, quien dialogó con los legisladores sobre los ejes de  los capítulos vinculados a la ejecución de la pena, abordando temas como el ámbito de aplicación, finalidad y objeto de la ley; la descripción del sistema; la competencia judicial; el rol de la víctima; el tratamiento individualizado de quienes enfrentan una condena mediante el “plan de vida”.

Uno de los puntos centrales fue el rol de la víctima, que, en línea con la Ley 6115, que debe ser informada y escuchada en el proceso, también se mencionaron alternativas de reparación que no impliquen prisión y se advirtió que la incorporación de figuras de justicia restaurativa genera divergencias entre los proyectos.

También se destacó la propuesta del “plan de vida”, que trasciende el tradicional plan de actividades penitenciarias y apunta a garantizar derechos y promover beneficios en función de las necesidades y antecedentes de cada persona, incluso en condenas condicionales o sin encierro.

Este plan, se propuso, podría ser implementado por organizaciones de la sociedad civil en convenio con el sector privado, cooperativas y universidades, asegurando la continuidad de las acciones una vez que la persona recupere la libertad con el objetivo de alcanzar una reinserción social real.

Otro eje fue la inclusión de personas privadas de libertad sin condena en programas educativos, culturales y laborales, para evitar períodos de inactividad, aunque se planteó la necesidad de garantizar la separación física entre procesados y condenados.

Finalmente, se discutió la cuestión de infraestructura, ya que, al no contar la Ciudad con establecimientos penitenciarios propios, se trabaja en un convenio con Nación para utilizar edificios disponibles y establecer que, aunque el alojamiento se realice fuera del territorio porteño, rija la normativa de la Ciudad.

El trabajo en las distintas comisiones de los expedientes vinculados a la creación del servicio penitenciario porteño continuará su discusión parlamentaria a fin de seguir desarrollando el contenido para lograr un texto consensuado que pueda ser sancionado en el recinto.

La Justicia porteña debe definir si reconoce derechos de licenciados en Enfermería

El Sindicato de Trabajadores de Enfermería (SITRE) presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires este martes, exponiendo sus argumentos para rechazar la Ley 6.767, conocida como Ley de Enfermería, al considerar que sigue habiendo un trato desigual, con salarios más bajos, menos descanso y días destinados a la formación, en comparación con otros profesionales de la salud. 

El recorrido judicial se inició con un amparo, que ya tuvo dos fallos favorables para los trabajadores, ordenando la nivelación salarial. Sin embargo, tras las apelaciones del Gobierno porteño -en la última instancia, bajo la administración de Jorge Macri cuando el reclamo se inició en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta-, el caso quedó en manos del Tribunal, que aún no emitió su sentencia.

El objetivo del SITRE es que los licenciados sean incluidos en la Ley 6.035, que define cuáles son las 24 carreras profesionales de la salud porteña. “No estar incluidos significa ganar muchísimo menos, en algunos casos la mitad de lo que deberíamos”, advierte el secretario general, Christian Acosta. 

En concreto, un enfermero que recién ingresa a trabajar en el ámbito porteño promedia los 900.000 pesos de bolsillo. “Además, si un enfermero trabaja en terapias intensivas, no percibe el plus por estar en áreas críticas”, advierte el sindicalista. 

Así, mientras el amparo avanzaba en el Poder Judicial, el Sindicato inició conversaciones con distintos legisladores porteños para intentar que los enfermeros con licenciatura sean incluidos en aquella ley. Cuando parecía que estaban los votos necesarios para hacerlo, rápidamente el Gobierno porteño presentó un proyecto alternativo, conocido como Ley de Enfermería (la 6.767), que terminó aprobándose en noviembre del 2024, por un solo voto de diferencia. 

A fines prácticos, eso representó menos derechos laborales que la idea original. “Plantea una nivelación salarial hacia el escalafón más bajo de la carrera profesional, en cuatro tramos en dos años. Osea, migajas, de acá al 2027. Nos acercan a un salario de un residente de reciente ingreso, un R1, que hoy gana más de 1.300.000 de bolsilo. Es decir, alguien que recién pisa un hospital. Yo, con 20 años de trabajo, en dos años, voy a ganar lo que ganan ellos”, describe. Y añade: “Los residentes no ganan bien, pero hoy nosotros estamos mucho peor”. 

Para concluir, Acosta destaca que la Justicia porteña ya reconoció la capacidad del SITRE para representar a sus afiliados en este amparo colectivo, y que, tras años de lucha, confía en que finalmente su actividad sea reconocida: “No vamos a parar hasta obtener lo que merecemos. Salario digno, tiempo disponible para mejorar nuestra formación, descanso acorde y la reivindicación de nuestra profesión”.