Las fugas de presos de las comisarias porteñas está calentando el conflicto entre dos gobiernos afines como el de Javier Milei y el de Jorge Macri aunque las rispideces políticas entre los líderes ahora se sienten en las calles. La gestión ineficiente de los detenidos federales que no son trasladados a su debido tiempo a los penales del SPF hace que las comisarías porteñas estén abarrotadas de presos por causas menores.

“Estamos licitando una construcción para poder contener esta alta población de presos, porque hay problemas para contener a los detenidos: no tenemos lugar donde meterlos”, dijo hoy el Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff.

Cabe destacar que, días atrás, el ministro decidió despedir al asesor de su cartera, Sebastián Vela, y al director de Alcaidías de la Policía de la Ciudad, comisario mayor Adrián Ochoa, ante la reiterada fuga de presos en la CABA. Y también detuvieron a un oficial de la Policía de la Ciudad por supuesta “connivencia” o ayuda a los fugados.

Este conflicto que va en aumento parecía resuelto cuando a fines de octubre el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acordó con la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el traspaso del servicio penitenciario en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, lo que implicará que la Ciudad se haga responsable del cuidado de los detenidos. Pero el conflicto continúa por la gran cantidad de presos detenidos en pésimas condiciones en comisarías y también en los penales.

En agosto pasado, cuatro detenidos se escaparon durante la madrugada del anexo de la Alcaidía 4, ubicada en el barrio porteño de Nueva Pompeya, cercano al establecimiento. A mediados de abril, dos detenidos se escaparon de la alcaidía de la Comisaría Vecinal 12 C de la Policía de la Ciudad, en el barrio de Villa Urquiza. En esa oportunidad, los presos habían limado los barrotes y salieron por la ventana.

Ocurrió una nueva fuga de detenidos el último fin de semana de fin de noviembre en Nueva Pompeya, además, a pocos días del anuncio de un acuerdo entre Nación y Ciudad para el traspaso del Servicio Penitenciario en el ámbito porteño.

Datos

En CABA, hay más 2.000 presos en comisarías y alcaidías, el doble de la cantidad de plazas habilitadas en el distrito. Esas dependencias no cuentan con infraestructura para brindar un alojamiento prolongado, ya que son espacios destinados al alojamiento transitorio por un máximo de 72 horas, así como tampoco con medidas de seguridad adecuadas.

Luego de varios escapes que se dieron con poco tiempo de diferencia, desde el Gobierno de la Ciudad reclamaron que esos presos deberían estar bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que, en esta gestión, pasó del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich.

“La solución es política. Que se lleven a los presos. Que tome conciencia el gobierno nacional que se tiene que hacer cargo de esto y rápidamente retrotraerse a niveles y parámetros de seguridad estándar”, le había manifestado en ese momento el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, a Infobae hace mas de 7 meses. Y esta semana lo volvio a repetir para culpar al gobierno de Javier Milei sobre la “enorme responsabilidad que tiene el Gobierno Nacional ante los ya “20 escapes de comisarías porteñas” abarrotadas de presos sin lugar ni para hacer pis.

La Ciudad tiene transferido el 20% de los delitos penales, el resto los juzga la Justicia nacional. Por ende, le corresponden al Servicio Penitenciario Federal. De cada 100 detenidos, 94 tienen causas en la Justicia Nacional o Federal y el 20% tienen sentencia firme, ya están condenados.

Con la firma de este traspaso, la Policía de la Ciudad además podrá liberar personal que podrá enviar a patrullar las calles, en lugar de ejercer como carceleros en las comisarías porteñas, por ejemplo.

“En el 2023 hubo un total de 41 fugas y en el primer trimestre de este año tuvimos 10, eso indica que estamos dentro de las estadísticas del año pasado”

El traspaso de competencias le dará a la Ciudad facultades para la ejecución de penas privativas de la libertad y la guarda de detenidos en forma cautelar por delitos no federales.

¿que decidió la Justicia?

La Cámara Federal de Casación Penal exhortó a los tribunales inferiores a que arbitren las medidas necesarias para propiciar los traslados al Servicio Penitenciario Federal de las personas detenidas en dependencias transitorias de fuerzas de seguridad federales (PFA, GNA, PSA y PNA) con la mayor urgencia posible.

Para ello, la citada Cámara emitió la Resolución N.° 357/24, basándose principalmente en los informes que periódicamente elabora esta PPN, de los cuales se desprende que durante 2023 el encarcelamiento en dependencias policiales aumentó casi un 11 % en relación con el año anterior.

Asimismo, esta medida fue tomada tras un pormenorizado análisis de la situación de hacinamiento que atraviesan actualmente todas las dependencias, así como de la situación de las policías provinciales,
principalmente la Policía de la Ciudad, en conjunto con los informes producidos por el SNEEP.

Esta resolución recoge la postura institucional al resaltar que el alojamiento prolongado de personas en espacios transitorios de detención constituye un agravamiento de las condiciones de detención, en detrimento de los postulados de la ley de ejecución de la pena, imposibilitando que la persona privada de libertad trabaje, estudie o incluso acceda a espacios de recreación al aire libre o, en los casos más graves, a espacios de esparcimiento fuera de la celda.

Sin lugar a dudas, la medida adoptada por la Cámara Federal de Casación Penal es importante en cuanto reconoce y pone en discusión la situación de sobrepoblación y hacinamiento de las dependencias policiales, un fenómeno históricamente denunciado por esta PPN desde el inicio de la pandemia en 2020.