La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó un habeas corpus preventivo y colectivo ante la Justicia para resguardar los derechos de las personas que participen de la manifestación o transiten por la zona en la que se desarrolla.
La acción fue interpuesta frente a la creciente preocupación por el accionar de las fuerzas de seguridad en el contexto del Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de Circulación, aprobado por resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación.
El organismo solicitó que la Justicia ordene a las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como de la Ciudad, que actúen conforme a los estándares internacionales a fin de evitar detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y resguardar la integridad física de quienes se manifiesten.
Además, se requirió que el personal policial y de fuerzas de seguridad se encuentre visiblemente identificado, exhibiendo en su uniforme el nombre, apellido y rango correspondiente, para garantizar el correcto control de su accionar.
Desde la entrada en vigencia del protocolo, la Defensoría realizó 30 observaciones en movilizaciones y protestas sociales, que derivaron en 56 pedidos de informes y recomendaciones dirigidos a los Ministerios de Seguridad de Nación y Ciudad. Hasta el momento ninguno de estos requerimientos tuvo una respuesta adecuada.
En esos documentos se advirtió sobre la inconstitucionalidad de la normativa, la violación de los estándares internacionales de derechos humanos, la afectación de la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de seguridad pública, el despliegue inusual y excesivo de fuerzas federales y locales, y el uso innecesario, irracional y desproporcionado de la fuerza, entre otras.
Además de ejercer sus competencias constitucionales para monitorear el accionar de las fuerzas de seguridad que cumplen funciones de policía en la Ciudad, la Defensoría del Pueblo intervino desde diciembre de 2023 hasta el pasado miércoles para asistir a más de 80 personas detenidas y brindar atención humanitaria a otras 164 a través del Cuerpo de Emergencias y Primeros Auxilios (CEPA). Solo en la última manifestación, 114 personas fueron detenidas y más de 400 recibieron asistencia humanitaria.
Junto con esta presentación, la Defensoría interpuso otras dos acciones judiciales. La primera, un habeas corpus en favor de niños, niñas y adolescentes que participen en las manifestaciones, solicitando expresamente que se prohíba a las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como porteñas, proceder a la detención de menores de edad salvo en casos de flagrancia de delito grave.
La segunda, con el objeto de que la Justicia ordene a las fuerzas de seguridad que se abstengan de obstaculizar la labor del personal del grupo de rescatistas y atención humanitaria CEPA, a fin de garantizar su intervención ante situaciones de emergencia durante el desarrollo de las manifestaciones.
