Hallazgo mundial: descubrieron cajas nazis en el Palacio de Tribunales argentino

El hallazgo se produjo de manera fortuita durante el proceso de mudanza preparatorio para las obras del futuro Museo de la Corte Suprema. Al abrir una de las cajas, se identificó material destinado a consolidar y propagar la ideología de Adolf Hitler en Argentina, en plena Segunda Guerra Mundial.

Un descubrimiento de trascendencia mundial tuvo lugar en los archivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: en el marco de las obras para la creación del Museo del máximo tribunal y el traslado de documentación de su archivo, funcionarios judiciales detectaron una serie de cajas conteniendo material vinculado al nazismo, cuyo ingreso al país tuvo lugar en 1941.

Ante la relevancia histórica del hallazgo y la potencial información crucial que podría contener para esclarecer sucesos relacionados con el Holocausto, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, ordenó un exhaustivo relevamiento de todo el material encontrado tras su preservación inicial.

El pasado viernes, Rosatti encabezó la apertura formal de las cajas en un despacho del cuarto piso del Palacio de Tribunales. El acto contó con la presencia del Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra; el director Ejecutivo del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Jonathan Karszenbaum; y la investigadora del mismo museo, Profesora Marcia Ras. También participaron el titular del Centro de Asistencia Judicial Federal, Pablo Lamounan; la directora de Bibliotecas de la Corte Suprema, Jessica Susco; el director de la Oficina de Servicios Auxiliares, Marcelo Valente; y la licenciada en conservación y restauración de bienes culturales, María de la Paz Podestá.

Según se pudo reconstruir, la historia de esas cajas se remonta al 20 de junio de 1941, con la llegada de 83 bultos enviados por la embajada alemana en Tokio a bordo del vapor japonés “Nan-a-Maru”. La representación diplomática alemana en Argentina había declarado el contenido como efectos personales para sus miembros, solicitando su libre despacho. 

Sin embargo, la División de Aduanas y Puertos detuvo su ingreso y dio intervención al entonces canciller Enrique Ruiz Guiñazú sobre posibles inconvenientes dada la cantidad y la potencial naturaleza del material, que podrían afectar la neutralidad argentina ante el conflicto europeo.

La Comisión Especial Investigadora de las Actividades Antiargentina, dependiente de la Cámara de Diputados, que funcionó entre 1941 y 1943, tomó cartas en el asunto. El diputado radical Raúl Damonte Taborda, presidente de la comisión, solicitó a la Aduana información sobre los envíos del vapor japonés.

El 8 de agosto de 1941, representantes de la Aduana, la Cancillería y la comisión abrieron cinco cajas al azar: entre los documentos hallados había postales, fotografías y material propagandístico del régimen alemán, así como miles de libretas pertenecientes a la Organización del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán en el exterior y a la Unión Alemana de Gremios.

Los representantes diplomáticos alemanes solicitaron que les devolvieran los paquetes para reenviarlos a su embajada en Tokio. Los funcionarios nacionales se inclinaron por hacer lugar al pedido pero la comisión investigadora fue a tribunales para impedirlo ante la presencia de propaganda antidemocrática y lesiva para las naciones aliadas de Argentina en el material ya examinado. Se subrayó que solo se revisaron cajas de manera aleatoria y que, previamente, la embajada alemana también había mentido para ingresar un transmisor radiotelegráfico como correo diplomático.

El juez federal de la Capital Federal Miguel Luciano Jantus ordenó la incautación de las encomiendas el 13 de septiembre de 1941. El magistrado requirió más informes y dispuso el secuestro del material. Tres días después, el 16 de septiembre de 1941, el juez remitió la causa a la Corte Suprema, al tratarse de un asunto que involucraba directamente a un país extranjero y, por lo tanto, de competencia originaria del máximo tribunal.

La mudanza de los archivos para la futura instalación del museo de la Corte Suprema llevó a funcionarios a toparse con estas cajas que estaban arrumbadas en el subsuelo del edificio. El director de la Oficina de Servicios Auxiliares, Marcelo Valente, dio aviso al responsable del Centro de Asistencia Judicial Federal, Pablo Lamounan, quien ordenó la inmediata preservación de los objetos e informó de la situación al presidente del máximo tribunal.

Ahora, Rosatti dispuso el traslado del material a una sala especialmente acondicionada en el cuarto piso de los tribunales, con medidas de seguridad reforzadas. El viernes pasado, se procedió a la apertura de las cajas frente a expertos e investigadores.

A partir de ahora, comenzará un inventario para relevar la documentación. El objetivo principal es realizar un minucioso relevamiento para determinar si el material contiene información crucial sobre el Holocausto y si las pistas encontradas pueden arrojar luz sobre aspectos aún desconocidos, como la ruta del dinero nazi a nivel global.

En este contexto, cabe recordar que el 26 de diciembre de 2024, con la firma de los jueces Rosatti, Carlos  Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema firmó un convenio de cooperación con la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina y la Fundación Memoria del Holocausto, con el fin de promover actividades conjuntas de investigación y difusión. El Museo del Holocausto fue convocado específicamente para colaborar en la investigación del material recientemente descubierto y su relevancia histórica.

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Tensión en Balvanera con la comisaría del barrio y los vecinos

Un video filmado por vecinos de la Comuna 3 alarmó al barrio por la cantidad de ruidos, peleas y el hacinamiento que viven los casi 100 detenidos por diferentes hurtos en la Alcaidía Anexo 3 en el barrio porteño de Balvanera.

La calle General Urquiza, entre Agrelo y Venezuela, tiene alto tráfico aunque no tanto como cerca de Plaza Miserere (Once) porque pasan cuatro líneas de colectivos, alumnos que entran y salen de dos colegios de la zona, ambulancias que ingresan al Hospital Ramos Mejía, taxis y remises que dejan a pacientes en la guardia.

“Acá no hay que temerle a una entradera desde la calle; acá los presos se me meten desde adentro”, contó un vecino que no quiso dar su nombre por miedo quien recordó que durante una quema de colchones, en mayo y en diciembre del año pasado, se fugaron varios presos y uno de ellos escapó por la terraza de su casa, reprodujo Infobae la queja vecinal.

Según los números que presenta la administración de Jorge Macri, hasta el 20 de febrero había, dentro del universo de detenidos, 544 imputados, 1509 procesados y 387 condenados. Alegan que hay 139 internos con entre 1 y 2 años de permanencia en comisarías, y 23 que llevan más de 2 años. Cada preso le cuesta a los vecinos de la Ciudad $83.576 diarios. En 2024, destinaron $70.161.000.000 a la gestión de detenidos.

Hoy, 9 de junio, los datos oficiales sostienen que sigue la superpoblación en las comisarías y las alcaldías porteñas: poseen 2.240 detenidos dentro de sus calabozos, los cuales tienen una capacidad máxima para 1.270. En esta alcaldía de Balvanera, 60 detenidos.

El conflicto lo provocó el mismísimo gobierno porteño según un vecino que vive al lado de la comisaría: “Nos trajeron el conflicto al barrio. Ellos se llenan la boca hablando de seguridad, pero esto es una cargada. Encima ya no tenemos comisaría. Si hay un problema, no hay nadie para atenderte. Los policías de la alcaidía están para vigilar a los presos, no para cuidarnos a nosotros”.

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Apuestas ilegales: nueva modalidad a través de Whatsapp

La Fiscalía Penal Especializada en Juegos de Azar (FEJA) de la Ciudad llevó adelante una serie de operativos y allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las localidades de Chacabuco y Vicente López en la Pcia. de Buenos Aires.

El caso surgió a raíz de la denuncia de la madre de un menor que detectó movimientos extraños en la billetera virtual de su hijo y finalmente supo que esas entradas y salidas de dinero eran por apuestas deportivas que el menor hacía a través de WhatsApp.

Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal Juan Rozas, a cargo de la FEJA,  y  permitieron recabar elementos de prueba significativos para la causa, entre ellos dispositivos electrónicos, documentación relevante y soportes digitales que dan cuenta del funcionamiento de una organización dedicada a la captación ilegal de apuestas.

Asimismo, durante los operativos se logró ubicar e identificar 3 personas que quedaron imputadas y sujetas al proceso judicial.

Uno de los aspectos más alarmantes que surgieron de la investigación fue la verificación de que existieron víctimas menores de edad que accedían a las plataformas de apuestas desde escuelas primarias y secundarias, lo que alerta sobre la gravedad del fenómeno del juego ilegal y su incidencia directa en la población infantil y adolescente.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad recuerda que las plataformas de juego deben contar con autorización y control de la Lotería de la Ciudad (LOTBA S.E.), y que sólo las plataformas legales poseen mecanismos de validación de identidad que garantizan el cumplimiento de los requisitos legales, entre ellos la mayoría de edad. Solo si una plataforma termina en “.bet.ar ” es legal y segura.

Los procedimientos se realizaron con el apoyo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y la participación de la Policía de la Ciudad.

En 2024, hubo 1 femicidio cada 39 horas

El dato surge de la undécima edición del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), que elabora la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OM-CSJN), con datos provistos por todas las jurisdicciones del país.

De allí se desprende también que el año pasado en promedio hubo una víctima directa de femicidio cada 39 horas, y una víctima de la violencia letal de género cada 36 (incluyendo a las víctimas de femicidio vinculado), lo que arroja un promedio de más de 18 femicidios directos por mes.

Con una tasa de víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres del 0,95, del estudio surge que en al menos el 86% de los casos la víctima directa de femicidio tenía vínculo previo con el sujeto activo. En efecto, en el 54% eran parejas, ex parejas o tenían otro tipo de relación sexo-afectiva; en el 16% eran familiares, y en el 16% tenían otro tipo de vínculo. Solo en el 9% de los casos eran desconocidos entre sí.

El informe agrega que al momento del hecho, al menos 96 víctimas directas de femicidio tenían a cargo a 204 niñas, niños o adolescentes (de 0 a 17 años de edad).

En al menos el 48% de los casos relevados se registraron hechos previos de violencia de género/doméstica entre la víctima y el sujeto activo de femicidio directo, mientras que al menos el 12% de los femicidas tenían antecedentes de violencia de género respecto a otras víctimas (distintas a las del femicidio).

En cuanto a la nacionalidad de los victimarios, al menos el 88% eran argentinos, mientras que al menos 11% eran de origen extranjero.

Inmediatamente después de cometer el hecho, 41 sujetos activos (17%) se suicidaron y otros 13 lo intentaron (5%); 85 (35%), en tanto, se dieron a la fuga, mientras que 76 sujetos activos (31%) buscaron ocultar su autoría.

Las víctimas directas de femicidio fueron asesinadas principalmente mediante el uso de la fuerza física (manual y con elementos) en 86 casos (36%); con armas blancas y/o elementos cortopunzantes en 67 (29%); con armas de fuego, en 46 (20%); con fuego u otros medios combustibles en 13 (6%), y en 5 (2%) el femicidio directo se cometió por intoxicación o venenos.

De los casos relevados en 2024, al menos 36 de las 228 víctimas directas estuvieron desaparecidas o extraviadas previo al hallazgo del cuerpo.

El 79% (180) de las víctimas de femicidio directo fueron atacadas en viviendas, mientras que el 9% (20) de estos hechos ocurrió en el espacio público. El 84% de los hechos sucedieron en zonas urbanas, mientras que el 14% ocurrieron en zonas rurales.

Otros datos que surgen del RNFJA 2024:

Al menos 14 víctimas directas de femicidio eran migrantes internacionales, al menos 8 eran migrantes interprovinciales y otras 3 eran migrantes intraprovinciales.

Al menos 5 víctimas directas de femicidio tenían algún tipo de discapacidad; al menos 3 se encontraban embarazadas al momento del hecho, y al menos 3 eran lesbianas/bisexuales.

Al menos 12 víctimas se encontraban en situación de prostitución y al menos 2 estaban en situación de calle.

Al menos 2 eran indígenas o descendientes de pueblos indígenas u originarios (una de la comunidad Wichí Betania y otra de la comunidad aborigen El Cóndor).

4 víctimas presentaban problemáticas de salud mental y 29 tenían consumo problemático de sustancias.

10 sujetos activos pertenecían a fuerzas de seguridad.