Polémicas por las vacantes en las escuelas y el rechazo de alumnos

La Comisión de Educación de la Legislatura porteña, presidida por Sergio Siciliano, con las diputadas María Bielli y Marina Kienast como vicepresidentas, realizó hoy una reunión de trabajo para abordar un proyecto que propone la modificación de la Ley 2.681.

La iniciativa, impulsada por la diputada María Graciela Ocaña junto a legisladores de distintos bloques, busca establecer nuevas regulaciones en materia de vacantes y procesos de inscripción en las escuelas privadas incorporadas a la enseñanza oficial. El objetivo central, según los considerandos de la propuesta, “es garantizar mayor transparencia, inclusión y resguardo de derechos en el acceso a la educación”.

Los puntos principales del proyecto proponen prohibir rechazos arbitrarios, estableciendo que los colegios privados incorporados a la enseñanza oficial no podrán negar inscripción o reinscripción sin justa causa y en caso de que exista una, describir detalladamente la definición de “justa causa”: solo será válida si no contradice derechos constitucionales, de la CABA ni tratados internacionales (en especial, de niñez y discapacidad).

También habilita a las familias a que tengan el derecho a pedir esos fundamentos ante una negativa y crear un Registro Público de Vacantes, donde el Ministerio de Educación deberá crearlo y publicarlo. Allí debe constar la cantidad de vacantes disponibles en cada curso y escuela para dar mayor transparencia.

Durante el encuentro expusieron representantes de organizaciones de la sociedad civil, especialistas en derecho educativo, referentes de instituciones y madres y padres de niños/as con discapacidad. Entre ellos, participaron Agostina Quiroz (ACIJ), Paulo Morales (Tea Activa), Gustavo Moreno (Asesor Tutelar del MPT), el Dr. La Greca (Academia Nacional de Educación), Silvina Lannicelli (Disfam), Gerardo Suárez y Juan Navarro Floria (Faera), el Dr. Norberto Baloira (Coordiep), Jorgha García Domínguez (FEDUTEC), Genoveva Ferrero (Poder Judicial) y distintas familias que compartieron sus experiencias.

El debate giró en torno a los límites entre la gestión estatal y privada en materia de educación inclusiva, donde algunos especialistas destacaron la necesidad de resguardar la autonomía de las instituciones, mientras que organizaciones sociales y familias remarcaron las dificultades que enfrentan cuando se rechaza la inscripción de un niño con TEA, dislexia u otras condiciones, sin una explicación clara. Se señaló que muchas veces esas negativas no quedan asentadas por escrito, lo que impide reclamar, y que la falta de información transparente sobre las vacantes genera incertidumbre y exclusión.

La reunión permitió recoger distintos puntos de vista y aportes que nutran el trabajo legislativo en torno a la propuesta en debate, que seguirá siendo analizada en la Comisión. Antes del cierre, el diputado Siciliano, recordó que “el próximo martes a las 14:00 se realizará una nueva convocatoria para seguir dialogando en la búsqueda de un proyecto mejor”.

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La Policía de la Ciudad tiene su primera ambulancia exclusiva para su personal

La Policía de la Ciudad cuenta desde hoy con una ambulancia exclusiva destinada a atender a los oficiales en los operativos en los que intervienen, la cual fue entregada por la Obra Social de Personal de Seguridad de la Ciudad.

La cesión de la ambulancia, totalmente equipada para urgencias, se desarrolló en un acto encabezado por el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, en la sede de la Dirección de Operaciones Motorizadas de la Policía de la Ciudad, en la avenida Belgrano al 3100.

A la ceremonia asistieron el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, la subjefa Carla Mangiamelli, el secretario de Coordinación, Raúl López Presa, la presidenta de OSPESE, Georgina Ricciardi, y el gerente general de la obra social, Maximiliano Gallucci.

El ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, sostuvo que “hoy es un día muy importante para el personal policial porque estamos cumpliendo con todas las promesas que hizo el Ministerio de seguir apoyando el trabajo diario”.

“Nuestra obra social OSPESE nos ha dado una ambulancia para acompañar al personal en los distintos operativos de riesgo y salvaguardar la vida en caso de que sea necesario”, completó.

Por su parte, Georgina Ricciardi, presidenta de OSPESE, remarcó que “hoy estamos entregando un vehículo ambulancia para cubrir los operativos de la policía de la ciudad, materializando una vez más un objetivo que es cuidar a quienes nos protegen”.

Finalmente, Maximiliano Gallucci explicó que “la ambulancia es la primera que OSPESE entrega para uso exclusivo de la Policía de la Ciudad, totalmente equipada para estar en operativos o despliegues, a modo de prevención sanitaria, ante cualquier evento en el que se tenga que atender algún efectivo, mejorando las posibilidades y las condiciones del paciente”.

Agregó que “desde su creación hay un lema en la obra social: ‘CUIDANDO A LOS QUE NOS PROTEGEN’, y convertimos ese lema en un método de gestión para mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados, que son los policías, los bomberos y su grupo familiar”.

Diez mil prendas apócrifas secuestradas valuadas en 13 millones de pesos

crédito: Policía de la ciudad PRENSA.

Una investigación por venta ilegal y falsificación de marcas llevada adelante por la Fiscalía PCyF 35 Especializada en Investigaciones Complejas, a cargo de Celsa Ramírez, culminó con el secuestro de casi 10.000 prendas apócrifas valuadas en aproximadamente 13 millones de pesos. 

Ante la denuncia de representantes de diversas firmas comerciales, la fiscalía ordenó una serie de inspecciones integrales simultáneas en locales comerciales del barrio de Pompeya de esta ciudad, con el fin de constatar la venta de indumentaria y calzado apócrifos que carecen de las medidas de seguridad y certificaciones correspondientes.

Esta mercadería es ubicada en el mercado legal, sin ningún tipo de control y en contra de la salud pública. Y se comercializada de forma ilegal en locales mercadería de marcas falsificadas en Pompeya.

A partir de los procedimientos se secuestraron casi 10 mil elementos apócrifos – remeras, musculosas, shorts, camperas, pantalones largos, zapatillas- de marcas tales como Puma, Nike, Under Armour, Jordan, Lacoste, entre otras, por un valor estimado de mercado de 13 millones de pesos ($ 13.000.000,00.).

Las inspecciones fueron coordinadas por la Fiscalía 35 y la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad, y participaron además la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC) y la Dirección General de Protección del Trabajo (DGPT).

Los responsables de los comercios fueron sujetos a proceso penal por parte de la Fiscalía. A su vez, se dispuso la clausura inmediata y preventiva de los locales por falta de habilitaciones comerciales y por falta de adecuación a las medidas de seguridad obligatorias.

Además, los organismos intervinientes labraron diversas actas de intimación y solicitaron adecuaciones a las normativas vigentes que regulan la habilitación y autorización de actividades económicas en CABA.

Congreso Internacional de Contrataciones Públicas

Se realizó la tercera edición en la Facultad de Derecho (UBA) y estuvo organizada por los tres poderes de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante los días 3 y 4 de noviembre se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires la III edición del Congreso Internacional de Contrataciones Públicas. Bajo el lema “Fortaleciendo capacidades para optimizar resultados”, el encuentro fue organizado de manera conjunta por el Consejo de la Magistratura porteño, a través de la Secretaría de Administración General y Presupuesto (SAGyP), el Gobierno de la Ciudad y la Legislatura porteña. Al igual que en ediciones anteriores, la iniciativa buscó reflexionar sobre la compra pública como herramienta estratégica para el cumplimiento de las funciones del Estado y para el desarrollo económico y social. 

La apertura de la actividad, que tuvo entre sus presentes a los expositores internacionales y magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as del Poder Judicial de la Ciudad, contó con la participación de la jueza del Tribunal Superior de Justicia porteña, Marcela De Langhe, la Secretaría de Administración General y Presupuesto, Genoveva Ferrero y el vicepresidente primero de la Legislatura, Matías López.

Allí, la jueza del Tribunal Superior de Justicia señaló: “Desde el Poder Judicial observamos con mucho interés esta agenda y estas Jornadas que son un espacio de altísimo nivel y reflexión porque entendemos que la contratación pública se enfrenta con el desafío más ambicioso de la historia: modernizarse atendiendo los avances en materia de inteligencia artificial y transformación digital”. En ese sentido, De Langhe resaltó: “Hablar de contratación pública es hablar de ética republicana, eficiencia estatal y calidad democrática”.

Por su parte, la Secretaria de Administración General y Presupuesto, Genoveva Ferrero, afirmó: “Este Congreso, que contó con representantes de más de 30 países y el apoyo de un montón de organismos internacionales, debatió temas centrales de la contratación pública como la profesionalización de los equipos, la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos de contratación y cómo la contratación pública es utilizada para fomentar derechos sociales, derechos ambientales y como la utilizamos como herramienta para lograr el desarrollo de las naciones”.

Durante su exposición en la apertura y el cierre del encuentro, Ferrero valoró el trabajo mancomunado entre los tres poderes de la Ciudad y resaltó los diferentes logros en los que se avanzó en la materia, como la incorporación de las compras públicas sustentables en el GCBA, el convenio con la UCA para la profesionalización de las contrataciones públicas y el acuerdo entre el Consejo y el OCDE para mejoras en la Economía y Gobernanza del Sector Público.

Durante los dos días del Congreso se desarrollaron siete paneles temáticos con más de treinta exposiciones de especialistas nacionales e internacionales. Allí se abordaron la transformación digital y los avances en inteligencia artificial, la profesionalización de los equipos de compras y los objetivos socialmente estratégicos en las contrataciones públicas como también se analizó la utilización de datos para el análisis y la definición estratégica de compras, las tendencias e innovaciones —incluyendo el uso de tiendas virtuales para la compra gubernamental— y se expusieron las directrices de la Unión Europea y las nuevas medidas en los Estados Unidos, para culminar con un panel dedicado a los desafíos y reformas en la contratación pública argentina.

Entre los oradores se destacaron, entre otros, el vicepresidente primero del Consejo, Horacio Corti, la profesora adjunta en el programa de Compras Públicas de la George Washington University, Ana Victoria Christoff, el profesor brasileño André Saddy, la investigadora británica Annamaria La Chimia, el especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública, Carlos Balbín, la catedrática española Patricia Valcárcel Fernández, la jueza porteña Natalia Tanno, el investigador estadounidense Christopher Yukins, la académica húngara Tünde Tátrai, la especialista sudafricana Sope Williams, el asociado en UNOPS Mariano Pastorella, el subsecretario salteño Facundo Marin y el ex consejero Alberto Biglieri.

También aportaron su experiencia representantes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, jueces, docentes universitarios y funcionarios de distintas jurisdicciones, lo que permitió un intercambio plural y enriquecedor.

El Congreso contó con la participación de la presidenta del Consejo, Karina Leguizamón, el vicepresidente segundo, Manuel Izura y los consejeros Marcelo Meis, Rocío López Di Muro, Lorena Clienti y Luis Duacastella Arbizu, entre otros.

Con esta tercera edición, el Congreso Internacional de Contrataciones Públicas se consolida como un espacio anual de debate y formación. La convocatoria, que reunió a expertos de distintos países y a representantes de los tres poderes de la Ciudad, reafirma el compromiso del Consejo de la Magistratura y de las instituciones porteñas con la profesionalización de las compras públicas y la búsqueda constante de mejores prácticas que impacten positivamente en la ciudadanía.