Duro informe del MpD al Ejecutivo por “operativos de limpieza urbana”

El informe del Ministerio Público de la Defensa CABA realizó un pedido de informes al Gobierno porteño para que responda, de forma urgente, sobre los denominados “operativos de limpieza urbana”, que afectarían gravemente derechos constitucionales de personas en situación de calle y por la reciente puesta en funcionamiento del “Protocolo de atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático”.

La nota, enviada por la Defensora General de la Ciudad, Marcela Millán al Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, solicita que se detallen las intervenciones realizadas en relación a personas en situación de calle, indicando domicilios, cantidad de personas abordadas y soluciones habitacionales ofrecidas, explicando dónde y cómo se registran tales intervenciones; cantidad de Centros de Inclusión Social (CIS) gestionados por el GCBA y cantidad de plazas disponibles; así como también las derivaciones realizadas a estos centros y otros tipos de soluciones habitacionales otorgadas en el marco de dichas intervenciones.

Además, se consulta acerca de las soluciones habitacionales ofrecidas en el caso de adultos mayores y de personas con discapacidad, así como en los casos de personas no autoválidas; las derivaciones realizadas a efectores de salud mental, las medidas adoptadas para garantizar la intervención de profesionales capacitados en materia de salud mental; las políticas habitacionales y de cuidado y atención de la salud mental que se implementan hacia las personas con padecimientos mentales; y si existen instancias de articulación con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad para dichas políticas habitacionales.

Finalmente, Millán pregunta en referencia al protocolo, sobre los modos y mecanismos en que se realiza la identificación de las personas en situación de calle y el registro de tales identificaciones y sobre las actividades de capacitación realizadas con las fuerzas de seguridad a los efectos de su implementación, para que se detalle el contenido de las mismas.

En la presentación, el MPD destaca que, en su carácter de órgano constitucional de protección de derechos, tiene el deber de recordar que las acciones estatales deben realizarse con un estricto apego al sistema de protección de derechos humanos, considerando con especial atención la situación de personas y grupos en situación de vulnerabilidad social.

La Defensa Pública señala que, en especial, “debe evitarse la estigmatización de las personas en situación de calle y es necesario desarrollar políticas públicas que garanticen efectivamente el derecho a la vivienda digna, de manera que el Estado promueva soluciones de fondo a la grave problemática habitacional de la Ciudad”.

Y agrega: “Del mismo modo, y en relación a las políticas de salud mental, es necesario que  tengan una perspectiva integral fundada en los derechos humanos, y que los abordajes sean llevados a cabo exclusivamente por efectores de salud, con personal y profesionales idóneos y debidamente capacitados”.

“En atención al tenor de las atribuciones constitucionales de este Ministerio, y a la preocupación suscitada por las situaciones descriptas, que ha motivado diversas consultas a este MPD, se requiere contar —de manera previa a la iniciación de acciones judiciales— con la información que por medio de la presente se solicita”, concluye el pedido de informes.

Por el lado del gobierno de Jorge Macri a través de una charla organizada por el MPD, el Ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, Gabriel Mraida, hizo una breve reseña de la implementación de la “Nueva Red de atención”  y destacó que el programa parte de un abordaje centrado en mejorar el tiempo y la calidad de la atención gubernamental, en tanto “hay una mejor segmentación y un contacto más directo con las personas”, además de “la apertura de nuevos centros de inclusión (CIS) y el trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil.”

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Recitales en Vélez: La Policía de la Ciudad desarticuló una banda de estafadores en recital de Shakira 

La Policía de la Ciudad desarticuló una banda de “trapitos de lujo” que involucra a barras de Vélez, un gremialista y un agente penitenciario detenidos por el delito de asociación ilícita y estafa.

Así se puso fin a una banda de “trapitos de lujo” integrada por un agente penitenciario ligado a la barra brava de Vélez y un delegado gremial que cobraba por estacionar ilegalmente dentro de un hipermercado durante recitales en el estadio de Vélez Sarsfield.

Ocho hombres y una mujer fueron detenidos por personal de la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad en el marco del operativo de seguridad montado para el recital de Shakira, y encausados por asociación ilícita y estafas.

La organización cobraba ilegalmente entre 30 mil y 40 mil pesos por el estacionamiento en el hipermercado Carrefour, ubicado a unos cien metros del estadio, por fuera del circuito legal.

Al mismo tiempo, desde el Ministerio de Seguridad, se decidió aplicar una sanción de dos años de derecho de admisión a los estadios.

De acuerdo a los investigadores, esas maniobras se habrían estado desarrollando en los últimos recitales realizados en el estadio de Liniers. Fue durante el operativo de seguridad por el recital de Shakira que los detectives lograron dar con el modus operandi y la integración de la banda.

Tras ser demorado y llevado hasta el gazebo de la Superintendencia de Investigaciones instalada en las afueras del estadio, un “trapito” empezó a quejarse, a decir que era de la barra de Vélez y a negar que cobrara por cuidar coches, sino que solo se dedicaba a mandar a los conductores que querían estacionar hasta el Carrefour cercano al estadio.

Para dar fe de lo que decía, mostró un papel pequeño con la palabra “sindicato”, ni más ni menos que la contraseña para entrar al estacionamiento del hipermercado.

Carrefour de Liniers, según sabían los policías, brinda en alquilar una cantidad de cocheras -serían unas 300- para cuando hay recitales en Vélez a la empresa Seeker Parking, que a su vez vende las plazas a través de su página web y a contrapago otorga al cliente un QR con el cual accede al estacionamiento.

Los detectives fueron hasta el hipermercado y vieron cómo se desarrollaba el procedimiento con quienes llevaban la contraseña con el papelito “sindicato”. Los investigadores esclarecieron cómo era la trazabilidad y la tarea de cada uno de los nueve componentes de la maniobra.

Cuando llegaba el auto y el conductor le mostraba el papelito, dos empleados de la empresa de parking -que estaban allí para verificar el QR-, lo dirigían hacia el estacionamiento del subsuelo. Una vez abajo lo recibían otros dos empleados infieles, uno el encargado de Seeker Parking y el otro el encargado de seguridad de ese sector del hipermercado, y le indicaban al “cliente” a qué lugar del estacionamiento dirigirse.

Allí los recibía un agente del Servicio Penitenciario Federal y miembro de “La Pandilla”, la barra brava de Vélez, que cobraba los 30 mil o 40 mil pesos. También había otros dos empleados de Carrefour, fuera de su horario de trabajo, ayudando a acomodar los coches, cumpliendo órdenes del cobrador.

Tras la consulta a la Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo del Dr. Corral Galvano, ordenó las detenciones y el secuestro de cada uno de los celulares que tenían, unos cien mil pesos que tenía el cobrador y la credencial del agente penitenciario.

Entre las protestas de algunos de los detenidos, uno de ellos admitió que “el que maneja todo es José”. Como ya los teléfonos estaban en poder de la policía, los detectives se dedicaron a esperar al tal José, supuestamente el delegado gremial del sindicato de Comercio.

Ante la falta de respuestas de sus supuestos cómplices que ya no tenían los teléfonos, José fue al lugar donde lo aguardaban los oficiales, donde también quedó detenido. Los nueve imputados fueron notificados de conformación de causa, en tanto avanza la investigación sobre una posible mayor integración de la organización delictiva.


Subte F en marcha: una línea que promete transformar 7 barrios porteños

La licitación está prevista para este año, el inicio de obra para 2026 y la apertura para 2031. La NUEVA Línea F de subte avanzó un paso más hacia su concreción y promete modificar la dinámica urbana y el mercado inmobiliario porteño. Será la primera traza completamente nueva desde la inauguración de la línea H y recorrerá 9,8 km, con 12 estaciones que unirá Barracas con Palermo, beneficiando a unos 300.000 pasajeros diarios. 

La primera etapa incluirá las estaciones Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso y Tucumán, con un presupuesto inicial de US$1050 millones, parte de un total de US$1850 millones. Este tramo conectará con las líneas A, B, C, D y H, además del Ferrocarril Roca en Constitución, lo que consolidará un nuevo eje de movilidad transversal en el sur y el centro porteño.

El barrio que genera más expectativa es Barracas, donde estará la cabecera sur. Con una identidad fuerte, buena oferta edilicia y valores más bajos que otros sectores del sur, la llegada del subte podría revertir décadas de postergación por falta de conectividad. Constitución, por su parte, podría ordenar y dinamizar una zona que combina tránsito intenso, servicios y una renovación urbana que avanza de manera desigual.

Más hacia el norte, los barrios de San Cristóbal, Monserrat y San Nicolás recibirán una mejora directa en accesibilidad, con potencial para impulsar comercio y reactivar áreas que perdieron atractivo en los últimos años. En una segunda etapa, la traza alcanzará Santa Fe, Recoleta, Hospital Rivadavia, Parque Las Heras y Plaza Italia, donde el impacto será más funcional que inmobiliario: no se esperan saltos de precios, pero sí una mayor conectividad interna en zonas densas.

En total, la línea F atravesará siete barrios: Barracas (US$2103/m²), Constitución (US$1926/m²), San Cristóbal (US$1867/m²), Monserrat (US$2181/m²), San Nicolás (US$1851/m²), Recoleta (US$2749/m²) y Palermo (US$3398/m²). Aunque cada área reaccionará distinto, el nuevo subte ya empieza a influir en las expectativas de desarrolladores y en el movimiento del mercado inmobiliario.

La Policía de la Ciudad tiene su primera ambulancia exclusiva para su personal

La Policía de la Ciudad cuenta desde hoy con una ambulancia exclusiva destinada a atender a los oficiales en los operativos en los que intervienen, la cual fue entregada por la Obra Social de Personal de Seguridad de la Ciudad.

La cesión de la ambulancia, totalmente equipada para urgencias, se desarrolló en un acto encabezado por el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, en la sede de la Dirección de Operaciones Motorizadas de la Policía de la Ciudad, en la avenida Belgrano al 3100.

A la ceremonia asistieron el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, la subjefa Carla Mangiamelli, el secretario de Coordinación, Raúl López Presa, la presidenta de OSPESE, Georgina Ricciardi, y el gerente general de la obra social, Maximiliano Gallucci.

El ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, sostuvo que “hoy es un día muy importante para el personal policial porque estamos cumpliendo con todas las promesas que hizo el Ministerio de seguir apoyando el trabajo diario”.

“Nuestra obra social OSPESE nos ha dado una ambulancia para acompañar al personal en los distintos operativos de riesgo y salvaguardar la vida en caso de que sea necesario”, completó.

Por su parte, Georgina Ricciardi, presidenta de OSPESE, remarcó que “hoy estamos entregando un vehículo ambulancia para cubrir los operativos de la policía de la ciudad, materializando una vez más un objetivo que es cuidar a quienes nos protegen”.

Finalmente, Maximiliano Gallucci explicó que “la ambulancia es la primera que OSPESE entrega para uso exclusivo de la Policía de la Ciudad, totalmente equipada para estar en operativos o despliegues, a modo de prevención sanitaria, ante cualquier evento en el que se tenga que atender algún efectivo, mejorando las posibilidades y las condiciones del paciente”.

Agregó que “desde su creación hay un lema en la obra social: ‘CUIDANDO A LOS QUE NOS PROTEGEN’, y convertimos ese lema en un método de gestión para mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados, que son los policías, los bomberos y su grupo familiar”.