Audiencias públicas: una herramienta clave que poco se conoce para que los vecinos participen

Esta semana, en la Legislatura porteña y en el marco de la Ley Nº6 modificada por la Ley Nº 6629, se realizaron dos audiencias públicas bajo la modalidad mixta que permitió la participación de más de 80 vecinos entre ambas. Por ahora es baja la participación, pero se espera que vaya en aumento por la creciente demanda participativa que pretende la población y la falta de conocimiento de la herramienta ciudadana.

La primera de ellas, en el Salón San Martín, para tratar la ley de la Comisión de Planeamiento Urbano para ampliar el centro de atención ambulatoria de la Fundación Favaloro, en su anexo del barrio de Belgrano. 

Fue presidida por el legislador Edgardo Alifraco (La Libertad Avanza), Presidente de la Comisión, junto al vicepresidente primero de la Legislatura, Matías López (Vamos por más) y los legisladores integrantes de la misma comisión, Paola Michielotto (Vamos por más), María Sol Méndez (Confianza Publica), Gimena Villafruela (Vamos por más), Ignacio Parera (Vamos por más), Francisco Loupias (UCR / Evolución), Juan Modarelli (Unión por la Patria), Claudia Neira (Unión por la Patria), María Cecilia Ferrero (Vamos por más) y Sandra Rey (La Libertad avanza).

Entre los asistentes estuvieron presentes los ex legisladores mandato cumplido, Daniel del Sol y Diego Weck. Expusieron los expertos del proyecto, como el Director Operativo del Hospital Universitario de La Fundación Favaloro, Luciano Gentile, quien expresó la necesidad de incrementar la cantidad de camas para la recuperación de los pacientes, ampliar el laboratorio de análisis clínicos, hacer lugar a la instalación de los equipos de estudios de alta complejidad y generar espacio para  más consultorios, con el fin de “aportar a la salud de la población con medicina de alta calidad, accesible y sin dejar de hacer docencia e investigación”.

Entre los números que aportó el expositor, detalló que la institución atiende 20.000 consultas mensuales, entre 400 y 500 cirugías por mes y que dos tercios de esas cirugías se realizan a pacientes de Pami y solo un tercio a pacientes de prepagas.  También estuvieron la arquitecta Mariana Irigoyen, titular del Estudio Arquisalud, responsable de la realización del proyecto; y, la magister arquitecta Flavia Rinaldi, quien realizó la investigación y análisis de la situación urbana, ambiental y patrimonial del edificio que conforma el proyecto.

Asimismo, entre los inscriptos se expresó la señora Laura Favaloro, sobrina nieta de René Favaloro, quien agradeció a la Legislatura por el trabajo para así honrar el legado familiar de “seguir innovando y creciendo para atender a las necesidades de los pacientes con el mismo compromiso y excelencia que él nos inculcó”.

Más tarde, en el Salón Presidente Alfonsín, la segunda audiencia pública fue para tratar una ley de la Comisión de Cultura, para poner el nombre de “Luis Alberto Spinetta” a la Escuela Educación Media N° 2 del D. E. Nº 10

Fue presidida por la legisladora María Cecilia Ferrero (Vamos por más), Presidenta de la comisión, junto a los legisladores integrantes de la misma, Juan Pablo O´Dezaille (Unión por la Patria), Vicepresidente 1º, María  González Estevarena (Vamos por más), Patricia Glize (Vamos por más) e Inés Parry (UCR / Evolución).

También contó con la presencia del ex legislador mandato cumplido, Claudio Morresi y el periodista Juan Carlos Diez, autor del libro “Martropía, conversaciones con Spinetta”, en el que concentra cinco años de encuentros personales, ensayos y grabaciones compartidas con Luis Alberto Spinetta.

¿Qué son las audiencias públicas?

A diferencia de los servicios en los que un consumidor puede elegir al proveedor que le ofrezca el mejor precio o calidad, en el caso de los servicios públicos hay una única empresa que cubre una zona, por lo que el consumidor está obligado a contratarla -salvo internet, la televisión paga y la telefonía móvil, que pasaron a ser servicios públicos por decreto en agosto de 2020 y que son prestados por varias empresas-.

En el caso de la luz y el gas, por ejemplo, se trata de un prestador por zona. En esta situación monopólica, estas empresas, como Metrogas, Edenor y Edesur, están sometidas a un sistema distinto de fijación de precios: es el Estado el que establece cuánto se pagará.

Dado que el cliente no puede optar por dejar de contratar el servicio, se organiza una audiencia pública para que los consumidores puedan presentar sus argumentos a la hora de establecer los precios.

Relacionados: 

Renovación peronista: Un histórico del PJ dijo que “reemplazar a Cristina tiene que ser con votos”

El dirigente peronista Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN) y referente histórico del Partido Justicialista porteño, planteó la necesidad de abrir una competencia interna en el peronismo para definir liderazgos y dejar atrás la lógica de confrontación permanente con el gobierno de Javier Milei. Lo hizo durante una entrevista radial.

Según Olmos, el justicialismo perdió terreno frente a La Libertad Avanza porque se concentró más en consolidarse como oposición que en ofrecer una alternativa programática capaz de convocar nuevos apoyos.

Durante la conversación, el dirigente sostuvo que el debate dentro del PJ quedó atrapado en las discusiones personalistas y en la disputa por posiciones de poder, en lugar de centrarse en la elaboración de un proyecto de país.

“El que quiera reemplazar a Cristina lo tiene que hacer con votos”, afirmó, al referirse a la necesidad de que cualquier liderazgo futuro se legitime en las urnas y no en acuerdos de cúpula.

Olmos remarcó que el desafío actual es definir una estrategia común y establecer una mesa de discusión programática. Señaló que la falta de un rumbo compartido derivó en diferencias entre sectores internos, incluido el que encabeza el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Programa antes que candidaturas

El presidente de la AGN cuestionó la anticipación de la carrera electoral hacia 2027 y señaló que concentrar la discusión en nombres es una señal de debilidad política.

“Las diferencias, cuando son de proyectos, son legítimas y hay que darlas; cuando son de personas, son berretas”, afirmó. Planteó que el peronismo debe determinar primero a quién busca representar, qué modelo de país propone y cómo piensa implementarlo.

Internas como mecanismo de legitimación

Para reconstruir el espacio, Olmos propuso organizar elecciones internas abiertas o, en caso de que se mantengan las PASO, utilizarlas como vía para definir liderazgos. En su visión, la competencia debe incluir tanto al PJ como a los sectores kirchneristas.

“Si no hay PASO, tienen que ser internas. Y si no hay internas, listas separadas”, definió.

Lectura sobre Milei y el reordenamiento político

Además, evaluó la estrategia del presidente Javier Milei y su vínculo con el expresidente Mauricio Macri. Describió que el mandatario libertario está reorganizando el escenario político alrededor de su gobierno:

“Milei está acumulando todo lo que no es peronismo. Con Macri come milanesas, pero no lo incorpora. Ya se quedó con el PRO”, sostuvo. Según Olmos, esa dinámica obliga al justicialismo a definir una identidad clara si pretende volver a ser competitivo.

Congreso Internacional de Contrataciones Públicas

Se realizó la tercera edición en la Facultad de Derecho (UBA) y estuvo organizada por los tres poderes de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante los días 3 y 4 de noviembre se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires la III edición del Congreso Internacional de Contrataciones Públicas. Bajo el lema “Fortaleciendo capacidades para optimizar resultados”, el encuentro fue organizado de manera conjunta por el Consejo de la Magistratura porteño, a través de la Secretaría de Administración General y Presupuesto (SAGyP), el Gobierno de la Ciudad y la Legislatura porteña. Al igual que en ediciones anteriores, la iniciativa buscó reflexionar sobre la compra pública como herramienta estratégica para el cumplimiento de las funciones del Estado y para el desarrollo económico y social. 

La apertura de la actividad, que tuvo entre sus presentes a los expositores internacionales y magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as del Poder Judicial de la Ciudad, contó con la participación de la jueza del Tribunal Superior de Justicia porteña, Marcela De Langhe, la Secretaría de Administración General y Presupuesto, Genoveva Ferrero y el vicepresidente primero de la Legislatura, Matías López.

Allí, la jueza del Tribunal Superior de Justicia señaló: “Desde el Poder Judicial observamos con mucho interés esta agenda y estas Jornadas que son un espacio de altísimo nivel y reflexión porque entendemos que la contratación pública se enfrenta con el desafío más ambicioso de la historia: modernizarse atendiendo los avances en materia de inteligencia artificial y transformación digital”. En ese sentido, De Langhe resaltó: “Hablar de contratación pública es hablar de ética republicana, eficiencia estatal y calidad democrática”.

Por su parte, la Secretaria de Administración General y Presupuesto, Genoveva Ferrero, afirmó: “Este Congreso, que contó con representantes de más de 30 países y el apoyo de un montón de organismos internacionales, debatió temas centrales de la contratación pública como la profesionalización de los equipos, la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos de contratación y cómo la contratación pública es utilizada para fomentar derechos sociales, derechos ambientales y como la utilizamos como herramienta para lograr el desarrollo de las naciones”.

Durante su exposición en la apertura y el cierre del encuentro, Ferrero valoró el trabajo mancomunado entre los tres poderes de la Ciudad y resaltó los diferentes logros en los que se avanzó en la materia, como la incorporación de las compras públicas sustentables en el GCBA, el convenio con la UCA para la profesionalización de las contrataciones públicas y el acuerdo entre el Consejo y el OCDE para mejoras en la Economía y Gobernanza del Sector Público.

Durante los dos días del Congreso se desarrollaron siete paneles temáticos con más de treinta exposiciones de especialistas nacionales e internacionales. Allí se abordaron la transformación digital y los avances en inteligencia artificial, la profesionalización de los equipos de compras y los objetivos socialmente estratégicos en las contrataciones públicas como también se analizó la utilización de datos para el análisis y la definición estratégica de compras, las tendencias e innovaciones —incluyendo el uso de tiendas virtuales para la compra gubernamental— y se expusieron las directrices de la Unión Europea y las nuevas medidas en los Estados Unidos, para culminar con un panel dedicado a los desafíos y reformas en la contratación pública argentina.

Entre los oradores se destacaron, entre otros, el vicepresidente primero del Consejo, Horacio Corti, la profesora adjunta en el programa de Compras Públicas de la George Washington University, Ana Victoria Christoff, el profesor brasileño André Saddy, la investigadora británica Annamaria La Chimia, el especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública, Carlos Balbín, la catedrática española Patricia Valcárcel Fernández, la jueza porteña Natalia Tanno, el investigador estadounidense Christopher Yukins, la académica húngara Tünde Tátrai, la especialista sudafricana Sope Williams, el asociado en UNOPS Mariano Pastorella, el subsecretario salteño Facundo Marin y el ex consejero Alberto Biglieri.

También aportaron su experiencia representantes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, jueces, docentes universitarios y funcionarios de distintas jurisdicciones, lo que permitió un intercambio plural y enriquecedor.

El Congreso contó con la participación de la presidenta del Consejo, Karina Leguizamón, el vicepresidente segundo, Manuel Izura y los consejeros Marcelo Meis, Rocío López Di Muro, Lorena Clienti y Luis Duacastella Arbizu, entre otros.

Con esta tercera edición, el Congreso Internacional de Contrataciones Públicas se consolida como un espacio anual de debate y formación. La convocatoria, que reunió a expertos de distintos países y a representantes de los tres poderes de la Ciudad, reafirma el compromiso del Consejo de la Magistratura y de las instituciones porteñas con la profesionalización de las compras públicas y la búsqueda constante de mejores prácticas que impacten positivamente en la ciudadanía.

Sólo en octubre, se denunciaron 10 estafas a jubilados de sus propios cuidadores

A partir de un análisis de datos de casos que tramitan en la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes (FISEC) del Ministerio Público Fiscal de Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr. Miguel Kessler, se detectó un considerable crecimiento de denuncias sobre el uso de datos de tarjetas de crédito correspondientes a personas mayores por parte de las personas que los cuidan.

De este modo, a través de la calificación y categorización de los datos obtenidos en los casos que tramita, se logró detectar un patrón relacionado con damnificados de consumos no autorizados ni relizados por sus titulares, pertenecientes a este segmento vulnerable de la población, víctimas de estafas por uso de sus tarjetas.

En las diferentes investigaciones llevadas adelante por la FISEC, se estableció que en cuantiosos casos sus autores fueron las personas que cumplían la función de cuidadoras de los adultos mayores, respectivos titulares de las tarjetas. Aprovechando su tarea y el acceso a la intimidad del hogar, se hacían de imágenes de sus tarjetas, o de los propios plásticos, para luego realizar pagos de productos en distintos establecimientos.

Solo en el mes de octubre de 2025, se pudo determinar en más de 10 casos que las autoras fueron personas que cumplían funciones como cuidadoras de víctimas de avanzada edad, y que luego de cometer las estafas no volvieron a su lugar de trabajo. A su vez, se han registrado casos en los que se han realizado extracciones de elevadas sumas de dinero en cajeros automáticos.

Es de destacar que en estos casos que tratan defraudaciones a través del uso de tarjetas o de sus datos, se provoca un daño en las personas mayores que trasciende lo simplemente patrimonial, en tanto se registra un abuso de confianza, una vulneración de la intimidad y la generación en las víctimas de sentimientos de incertidumbre e inseguridad por parte de quienes debieron velar por su bienestar.

Desde la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes, que concentra con exclusividad todos los casos denunciados en la Ciudad de Buenos Aires por uso no autorizado de tarjetas de débito y crédito, se recomienda tomar recaudos para la efectiva protección de los datos de los medios de pago en cuestión.