Subte: aumento del boleto, patovicas, menos viajes y molinetes rotos

Se siguen sumando críticas al pésimo estado del subterráneo de C.A.B.A que sigue en aumento y brinda un pésimo servicio no acorde a sus tarifas. En cada estación los molinetes nuevos se cruzan con los viejos que ya no sirve y no los cambian, pusieron “patovicas” a controlar que la gente pague el aumento, no hay obras en las filtraciones de agua, y además la medida no salió bien porque la gente decide otras opciones más económicas como la bicicleta, el tren o el colectivo.

La estadísticas oficiales reflejan que la implementación de los aumentos tarifarios que llevaron la tarifa de $125 a $650, y se prevé otro aumento más, produjo una importante disminución de pasajeros pagos transportados, según datos de Sitio “En el SUBTE”.

El fuerte incremento tarifario en un contexto general de pérdida de poder adquisitivo de los salarios llevó a que se presentaran proyectos en la Legislatura Porteña para intentar morigerar los aumentos pero no fueron tratados. 

El impacto del aumento en el bolsillo podría agravarse en el caso de que prosperen las intenciones del Gobierno nacional de dejar de financiar los descuentos de la “Red SUBE”, del 50% en la primera combinación y del 75% en las siguientes dentro de las dos horas de la primera validación.

Aumentos

Los incrementos llevaron el valor del pasaje de $125 a $574 a mediados de mayo y a $650 a fines de ese mismo mes. Se trata de uno de los mayores incrementos en la historia de la red, cuya implementación aún no ha terminado: resta aplicar un último tramo, que llevará la tarifa a $757 en octubre en principio.

Sin obras en 2024

Las filtraciones de agua en estaciones, las obras inconclusas de reparaciones, la imposibilidad de invertir en nuevas estaciones o ampliar el recorrido de las líneas de subte actuales y menos la ilusión de la Línea F están vedadas este 2024 ya que no figuran en el presupuesto aprobado por la Legislatura porteña.

Las trazas contempladas en la ley 670 (líneas F, G e I), que fueron aprobadas por la Legislatura hace más de dos décadas, sin que a la fecha se tengan planes para comenzar con la construcción de ninguna de ellas.

El Presupuesto 2024 solo contiene una breve mención a “desarrollar la ingeniería para la licitación de la línea F”, que uniría Barracas y Palermo. Se trata de una fórmula textualmente calcada de los presupuestos de 2021, 2022 y 2023, años en que los avances en la materia fueron nulos.

Sin ir más lejos, en mayo de 2022, y tras 14 postergaciones, la Ciudad decidió dar de baja la licitación de los estudios de la línea F que había sido lanzada en 2019. En aquel entonces se prometió que la ingeniería de la línea sería desarrollada por equipos propios de SBASE, sin recurrir a servicios de consultoría externa.

Hasta el momento, los avances han sido más bien escasos. Desde SBASE aseguran que está “prácticamente finalizado el diseño conceptual” de la línea F, pero que todavía no se ha avanzado en la ingeniería básica licitatoria. No obstante, vale aclarar que la elaboración de estos estudios no tiene ningún efecto concreto sobre la eventual construcción de la línea -o de al menos parte de ella-: la obra no tiene plazos ni presupuesto asignado.

Patovicas

EMOVA contrató alrededor de 80 personas de la firma Rebor que trabajan entre 8 y 10 horas, con salarios que no llegan a los 700.000 pesos. “La semana pasada hicimos una presentación a partir de la aparición de esta gente en la línea de molinetes que, por otro lado, es violatoria de nuestro convenio colectivo de trabajo firmado con la empresa”, explicó a Tiempo Argentino, Jorge Méndez, secretario de organización de metrodelegados.

“La audiencia fue en la subsecretaría de trabajo y la empresa dijo que a estas personas las contrataron por el término de 90 días para recuperar los valores de recaudación porque en los últimos meses hubo mucha evasión”, agrega Méndez y recuerda que “la seguridad la tiene que brindar el Estado y no privado, pero EMOVA argumenta que ellos no están para hacer seguridad sino para velar por los intereses de la empresa. No quieren reconocer que son de seguridad porque saben que es ilegal”.

Ademas, si hablamos de costos, es significativamente mayor el costo asociado a los sueldos de estos trabajadores, que la eventual perdida por algunos pocos pasajeros que no abonen su pasaje, por lo cual podria decirse que esto es un capricho de la empresa EMOVA para mostrarse “invencible” frente a los que pretendan colarse, aun cuando tenga un costo superior.

Despues nos preguntamos por que el subte porteño, en manos privadas de EMOVA (misma mierda que Metrovias, del grupo Roggio, pero con diferente olor), sale tan caro.

Fuente: Radio FM Trance Y Tiempo Argentino

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Cinco clausuras y celulares incautados en Flores y Parque Avellaneda

Cinco locales fueron clausurados, uno de ellos tapiado, y más de 130 celulares, módulos y plaquetas secuestrados fueron el resultado de una serie de inspecciones en Flores y Parque Avellaneda encabezadas por la Policía de la Ciudad junto a agencias del Gobierno porteño.

Uno de los operativos, que estuvo a cargo de la División Conductas Tecnológicas Ilícitas de la Policía de la Ciudad junto a agentes de la Dirección General de Coordinación Operativa (DGCOPE) y de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), se desarrolló en un local de reparación en la avenida Eva Perón al 3700, cuyo encargado terminó detenido.

Allí se comercializaban teléfonos y repuestos sin la correspondiente documentación y funcionaba un laboratorio con distintas máquinas.

Verificados los IMEI (la identidad del teléfono) cinco de los celulares estaban denunciados, al igual que once bandejas porta SIM, todo lo cual quedó a cargo del personal policial.

Los demás teléfonos sin documentación, un total de 85, quedaron a cargo de la AGC en infracción a la ley de la ciudad 6009/18 y como además el local carecía de elementos de seguridad, los agentes dispusieron la clausura y colocación de faja.

Mientras el procedimiento se desarrollaba, el encargado, peruano de 54 años, intentó guardar entre sus ropas dos celulares, que al ser incautados los oficiales comprobaron que estaban bloqueados. Por ello los efectivos formalizaron la consulta correspondiente, y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 7, a cargo del Dr. Sebastián Casanello, Secretaría 15 del Dr. Nicolás Oppel, ordenó la detención del encargado por infracción a la Ley 25.891 que regula los servicios de comunicaciones móviles.

Los oficiales secuestraron también secuestraron tres microscopios electrónicos, una laminadora, una pistola de calor, juego de cables arrancadores de plaquetas, una fuente de energía, cuatro Iphone bloqueados, dos computadoras y el celular del encargado.

Los otros cuatro procedimientos se realizaron en Flores con la intervención de personal de la División Investigaciones Comunales 7 (DIC7) de la Policía de la Ciudad, la AGC y la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña.

Las inspecciones se hicieron en locales en galerías de Rivadavia al 6800 y al 7400, en Yerbal al 2500 y Bogotá al 2900, todos en el circuito comercial de Flores, donde se decomisaron más de 50 celulares y módulos de telefonía en condición irregular.

Los cuatro locales fueron clausurados preventivamente por faltas administrativas, y uno de ellos fue tapiado tras acumular tres violaciones de clausura.  La Ley 25.891 establece que solo las empresas autorizadas pueden vender celulares y prohíbe la activación de equipos reportados como robados o extraviados.

Roedores por la Ciudad y pedido de informes

Si bien el Gobierno porteño informó que en 2024 se realizaron 94.135 operativos de desratización en la vía pública y espacios verdes, el legislador señaló que las cifras actuales muestran la necesidad de reforzar la capacidad estatal, especialmente frente a la acumulación de basura, los contenedores desbordados y el mantenimiento deficiente de desagües y terrenos baldíos.

Andrés La Blunda, legislador porteño de Unión por la Patria, pidió al Gobierno de la Ciudad que brinde información por la “proliferación” de roedores en los distintos barrios.

Las ratas son una de las plagas urbanas más comunes y, a la vez, más riesgosas para la salud. No solo generan daños materiales en una vivienda al roer cables, muebles o alimentos, sino que también pueden transmitir enfermedades como leptospirosis, hantavirus o salmonelosis. Prevenir su aparición es fundamental para mantener un hogar seguro y saludable.

Entre otros puntos, se solicita: «Cuáles son los planes y acciones de desratización, por comuna, que se han implementado en el último año; si existe algún convenio vigente con empresas privadas para realizar tareas de control de roedores; si existen indicadores trimestrales o anuales sobre denuncias vecinales relacionadas con aparición de roedores, y qué instrumentos de monitoreo se utilizan».

Empresas de fumigación han informado un notable aumento en la demanda de servicios, indicando que la situación es alarmante: la población de roedores en la Ciudad estaría apenas un 25 % por debajo de la estimada en la ciudad de Nueva York, una metrópolis con una célebre problemática en esta materia”, fundamenta el pedido de informes.

El texto firmado por La Blunda cita estos datos: “Aumento del 40 % en las denuncias vecinales relacionadas con roedores a través de la aplicación BA Denuncia o canales similares en el último año, según registros del GCBA (datos estimados a julio de 2025). Creación de más de 150 nuevos focos detectados en zonas de espacio público, especialmente en parques y márgenes de arroyos entubados, lo que equivale a un incremento del 30 % respecto al año anterior, según reportes internos de empresas de control de plagas”.

“A pesar de que el Gobierno de la Ciudad ha informado2 que ha ejecutado su Plan Integral de Control de Plagas, con el que lleva realizados más de 60.028 operativos de desratización a lo largo del año, siendo que en 2024 fueron 94.135 en toda la vía pública y espacios verdes de la Ciudad, los datos mencionados ut supra, demuestran la urgencia en fortalecer la capacidad estatal en el abordaje del problema”, se mencionó.

“Urge avanzar con transparencia, coordinación y eficiencia en políticas de prevención, limpieza, promoción de la denuncia ciudadana y campañas de concientización. Contar con datos claros permitirá evaluar la eficacia de las acciones actuales y ajustar estrategias en base a resultados concreto”, finaliza el pedido de informes.

La Justicia porteña debe definir si reconoce derechos de licenciados en Enfermería

El Sindicato de Trabajadores de Enfermería (SITRE) presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires este martes, exponiendo sus argumentos para rechazar la Ley 6.767, conocida como Ley de Enfermería, al considerar que sigue habiendo un trato desigual, con salarios más bajos, menos descanso y días destinados a la formación, en comparación con otros profesionales de la salud. 

El recorrido judicial se inició con un amparo, que ya tuvo dos fallos favorables para los trabajadores, ordenando la nivelación salarial. Sin embargo, tras las apelaciones del Gobierno porteño -en la última instancia, bajo la administración de Jorge Macri cuando el reclamo se inició en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta-, el caso quedó en manos del Tribunal, que aún no emitió su sentencia.

El objetivo del SITRE es que los licenciados sean incluidos en la Ley 6.035, que define cuáles son las 24 carreras profesionales de la salud porteña. “No estar incluidos significa ganar muchísimo menos, en algunos casos la mitad de lo que deberíamos”, advierte el secretario general, Christian Acosta. 

En concreto, un enfermero que recién ingresa a trabajar en el ámbito porteño promedia los 900.000 pesos de bolsillo. “Además, si un enfermero trabaja en terapias intensivas, no percibe el plus por estar en áreas críticas”, advierte el sindicalista. 

Así, mientras el amparo avanzaba en el Poder Judicial, el Sindicato inició conversaciones con distintos legisladores porteños para intentar que los enfermeros con licenciatura sean incluidos en aquella ley. Cuando parecía que estaban los votos necesarios para hacerlo, rápidamente el Gobierno porteño presentó un proyecto alternativo, conocido como Ley de Enfermería (la 6.767), que terminó aprobándose en noviembre del 2024, por un solo voto de diferencia. 

A fines prácticos, eso representó menos derechos laborales que la idea original. “Plantea una nivelación salarial hacia el escalafón más bajo de la carrera profesional, en cuatro tramos en dos años. Osea, migajas, de acá al 2027. Nos acercan a un salario de un residente de reciente ingreso, un R1, que hoy gana más de 1.300.000 de bolsilo. Es decir, alguien que recién pisa un hospital. Yo, con 20 años de trabajo, en dos años, voy a ganar lo que ganan ellos”, describe. Y añade: “Los residentes no ganan bien, pero hoy nosotros estamos mucho peor”. 

Para concluir, Acosta destaca que la Justicia porteña ya reconoció la capacidad del SITRE para representar a sus afiliados en este amparo colectivo, y que, tras años de lucha, confía en que finalmente su actividad sea reconocida: “No vamos a parar hasta obtener lo que merecemos. Salario digno, tiempo disponible para mejorar nuestra formación, descanso acorde y la reivindicación de nuestra profesión”.