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Ley sobre “residentes”: Larreta dio marcha atrás tras el rechazo del sector

Tras el séptimo día de acampe y paro contra la nueva ley que precariza el trabajo de los médicos residente, que luego fue plasmado con otra ley votada en la Legislatura en una votación unánime de los 58 diputados presentes en el recinto.

“Déjase sin efecto la sanción del proyecto de Ley Nro. 2828-D-2019 y su agregado Nro. 2862-D-2019 (Despacho Nro. 583-2019), del día 28 de noviembre de 2019”, expresa textualmente el artículo primero del proyecto de resolución aprobado este jueves en Sesión Ordinaria.

La presentación fue formalizada a las 15:40 de la víspera por los diputados Daniel Presti, presidente de la Comisión de Justicia y Diego García de García Vilas, ambos del bloque oficialista Vamos Juntos.

Presti en el Recinto hoy afirmó que la decisión se debió a que “hemos escuchado y atendido las preocupaciones de los profesionales”. Y antes de concluir enfatizó: “Vamos a trabajar para alcanzar los consensos necesarios”.

La diputada Victoria Montenegro (UC) recordó que “no pudimos votar el jueves pasado y que el proyecto no fue consensuado porque no fueron convocados los interesados”. En tanto, su par del Bloque Peronista Claudio Heredia aludió a que su representación había pedido el retiro del tema.

Desde el Gen, Sergio Abrevaya afirmó que “esta ley nunca debió haber sido”, en tanto Juan Nosiglia (Ev) instó “a avanzar en el diálogo”.

Desde la izquierda, la diputada Laura Marrone (IS) destacó “la lucha de los afectados” a la vez que solicitó se constituya “de inmediato una mesa de trabajo” y “se considere en igualdad de condiciones a las enfermeras”; en similar sentido se expresó su par Myriam Bregman (PTS-FI). Por su parte, Fernando Vilardo (AyL) alertó sobre “el intento de imposición del Ejecutivo” y Gabriel Solano (FIT) manifestó su “homenaje a los residentes y concurrentes que acaban de obtener un triunfo histórico”.

Finalmente, la sanción del proyecto de ley en cuestión quedó sin efecto por la voluntad unánime de los 58 diputados presentes en el Recinto.

Desde el viernes pasado los médicos residentes y concurrentes en hospitales públicos de la Ciudad se expresaron en contra de la aprobación concretada el jueves 28 llevando adelante un paro de actividades en las guardias. Y la Asociación de Médicos Municipales -AMM- que había reclamado participación, denunció que la ley “encubre una disminución de derechos adquiridos”.

Actualmente el Sistema de Formación abarca 35 sedes, un centenar de especialidades ó áreas, 468 unidades de residencias, 534 jefes ó instructores, 1.440 concurrentes no rentados y 3.152 residentes que perciben, cada uno aproximadamente $ 35.000 mensuales, según se expresó durante el debate.

En declaraciones radiales, la ministra de Salud porteña saliente, Ana María Bou Pérez admitió esta mañana que “la ley no fue trabajada con los residentes”, pero justificó la defensa de la normativa al plantear que “lo que hace es organizar la tarea. Hace 35 años que no se organizaba”. Y agregó, en diálogo con Radio Continental: “Les ofrecí revisar todos los artículos con ellos”. Por el contrario, residentes y concurrentes reclaman el veto de la normativa y exigen formar parte de la discusión para darle forma a un nuevo régimen.

El oficialismo de Vamos Juntos, sólo con sus 34 votos, aprobó ayer una normativa en medios de incidentes afuera de los médicos que intentaban ingresar a la Legislatura porteña y dentro de los opositores que habían dejado su banca. Hoy realizan un paro y se movilizaron contra la “normativa antidemocrática”.

La ley, aprobada ayer con 34 votos a favor (VJ) y 5 abstenciones (Ev) entrará en vigencia el 1° de enero de 2020.Críticas a los sindicatos de la salud ya que precariza a los médicos residentes porque no los considera “trabajadores de la salud”.

En el marco del paro en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, los médicos residentes y concurrentes porteños se movilizaron desde Callao y Corrientes hacia el Obelisco para repudiar la ley aprobada ayer en la Legislatura “de forma antidemocrática”

En medios de los incidentes, la mayoría oficialista  aprobó este jueves un nuevo Régimen de Residencias de Equipos de Salud y Apoyo a los Equipos de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que “constituye una política estratégica, integral y de calidad para el desarrollo del capital humano, cuyo propósito es coordinar y complementar la formación de profesionales en función de las necesidades de la población”, como dice el primer artículo de la ley sancionada e impulsada por Larreta.

La aprobación llegó con gases y represión por parte de la Policía de la Ciudad contra médicos. Además, legisladores de la oposición denunciaron que salieron del recinto para frenar la violencia policial y no les permitieron volver para votar por lo que la normativa se aprobó sin votos negativos.

La ley deroga viejas ordenanzas de 1985, 1987 y 1991 por considerarlas “desactualizadas y poco integradas con la dinámica actual de la formación profesional de posgrado en el sistema público estatal de la Ciudad”. 

La residencia es un régimen de formación de postgrado en servicio y contextos de trabajo para profesionales de reciente graduación, acotado en el tiempo, intensivo y altamente calificado. El programa está dirigido a las disciplinas que integran los equipos de salud, y su objeto es profundizar la formación de manera integral y desarrollar aptitudes y destrezas en forma programada, responsable y eficaz de una especialidad o área del conocimiento, con un alto nivel científico-técnico y compromiso social.

El ingreso al Régimen de Residencias será realizado una vez al año mediante concurso público abierto, garantizando la transparencia, equidad e inclusión en el acceso al mismo.

Uno de los cambios que introduce la normativa tiene que ver con la perspectiva de género: “Atendiendo a la creciente feminización de los espacios de formación profesional y los avances en materia de igualdad de derechos se incluye la perspectiva de género en las normativas que rigen la formación de posgrado”, explican los fundamentos del proyecto, impulsado por el diputado José Luis Acevedo (VJ) y despachado por las Comisiones de Salud y de Legislación del Trabajo.

La supervisión y ejecución del cumplimiento de los programas centrales estará a cargo de la Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional, que depende del Ministerio de Salud porteño, para “garantizar una visión central y ordenadora de la formación de posgrado, con acatamiento y consideración por la normativa vigente”. Además, en cada Sede de Residencia deberá funcionar un Comité de Docencia e Investigación, que tendrá funciones de gestión administrativa y técnica. 

Detalles de la ley aprobada

Se establece como requisito para ingresar al Régimen de Residencias: ser ciudadano argentino nativo, por opción o naturalizado, o extranjero que acredite residencia en el país; tener condiciones de conducta e idoneidad; aptitud psicofísica requerida; tener título de grado expedido por Universidades o Instituciones Oficiales de la República Argentina; poseer matrícula profesional habilitante para ejercer la profesión en el ámbito de la Ciudad y haber cumplimentado las condiciones del Concurso Anual de Residencias, el cual constará de un examen objetivo de conocimientos.

Durante la práctica profesional, los residentes tendrán derecho a percibir una remuneración; podrán acceder a un régimen de licencias; a instalaciones hospitalarias apropiadas para el descanso y estudio; obtendrán comidas necesarias para el día en el servicio; acceso a medio informáticos de calidad; derecho sindical; derecho de formación; percepción de estipendio por investigación y aguinaldo, entre otros. 

Por otra parte, se definen como obligaciones respetar el reglamento operativo; tomar conocimiento sobre la responsabilidad de las tareas asignadas; estar bajo supervisión y colaboración de trabajo. 

Otro artículo de la ley define los parámetros sobre la carga horaria del programa: “La residencia implica una carga horaria mínima de 36 horas semanales y una máxima de 64 por semana. La distribución de dicha carga horaria será definida por la Autoridad de Aplicación, en función de lo requerido por cada Programa Docente General para la formación del perfil profesional”. 

Además se aclara que “la carga horaria máxima a cumplir por cada residente incluirá la distribución de actividades formativas supervisadas durante días hábiles y no hábiles, y actividades de formación intensiva continua, si el Programa de Formación así lo contempla. La carga horaria máxima para actividades habituales será de hasta 9 horas diarias -exceptuando la formación intensiva continua- en días y horarios determinados por la Adaptación Local del Programa de formación, y de acuerdo al Programa Docente General de la Residencia de la especialidad y/o disciplina”.

También se definen los distintos tipos de residencia, entre ellas, la residencia básica (no requiere residencia previa), postbásica, disciplinar (el programa de formación se desarrolla para profesionales de una misma disciplina) e interdisciplinaria (el programa de formación es común a profesionales de diversas disciplinas). 

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Jorge recalcula ante la fuga de presos y lanzó nuevas medidas

Una nueva alcaidía, módulos de detención y tobilleras, las medidas que lanzó el Gobierno de la Ciudad por la superpoblación en comisarías y las fugas de presos durante el mes de abril. Acuerdo con Nación.

El gobierno porteño de Jorge Macri aseguró que “la herencia recibida” tanto en Ciudad como en Nación con los presos alojados en comisarías ha llegado a una situación crítica.

Para tomar dimensión, en 2020 había 60 detenidos en las alcaidías y comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy hay más de 2.000.

Además, hoy en las comisarías de la Ciudad hay 340 “delincuentes extranjeros”, muchos de ellos con condena. “Es necesario que la Justicia pueda acelerar los trámites para extraditarlos”, piden desde el ministerio de Justicia a cargo de Waldo Wolff y Diego Kravtez.  

Para poder llevar adelante estas medidas, el Gobierno porteño avanzará en un Decreto de Emergencia edilicia en alcaidías y comisarías de la Ciudad.

Para afrontar la situación el Gobierno porteño impulsará una serie de medidas: 

La construcción de una “Alcaidía Central” en la zona sur de la Ciudad (Comuna 8). Ya se aprobó la primera parte de la licitación para arrancar las obras.

Se instalarán 19 ” módulos de detención”, equipados y preparados para alojar 300 detenidos. Estarán ubicados en la Comisaría Comunal 12, de Saavedra; la Comisaría Comunal 15, de Chacarita; y la Comisaría Comunal 4D, de Barracas.

Se retomarán las obras en el “Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz” para trasladar a los presos detenidos en la cárcel de Devoto, tal como se comprometió a hacerlas la Ciudad. Las obras estarán terminadas a finales de 2025.

Se incorporarán “tobilleras electrónicas”. Este mecanismo de rastreo permitirá controlar a los detenidos que están en tránsito y también a aquellos detenidos que tengan arresto o prisión domiciliaria con la garantía necesaria, ya que van a estar monitoreados las 24 horas.

Como parte de estas medidas también se están acondicionando los espacios de comisarías y alcaidías, adecuando las instalaciones de servicios existentes (sanitarias, eléctricas, climatización y de gas), para que sean más eficientes y seguras, tanto para el personal policial como para los detenidos.

En 2023 hubo 41 fugas. Este año se redujo ese número, en el primer trimestre hubo 10 aún teniendo un 22% más de detenidos por robo y hurto. Ese aumento de detenidos se debe a un cambio en la actitud de alerta de la Policía de la Ciudad, con la Unidad de Despliegue de Intervenciones Rápidas (UDI), los múltiples operativos de saturación, la fuerte presencia de la Policía Motorizada y la tecnología incorporada. En lo que va de la actual gestión se detuvo a más de 80 delincuentes por día. 

La cantidad de detenidos supera ampliamente las plazas disponibles, argumentan desde la cartera de Justicia, y desde el punto de vista legal no son detenidos comunes sino que muchos ya tienen condena firme y deberían estar en un penal.

De cada 100 detenidos, 94 tienen causas en la Justicia Nacional o Federal y el 20% tiene sentencia firme, es decir, ya están condenados. 

En promedio, detienen 80 personas por día en la Ciudad

En el último mes se escaparan once presos de distintas comisarías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y te contamos la voz oficialista y opositora sobre esta problemática de seguridad de los vecinos y vecinas.

La presidenta de la Comisión de Seguridad y diputada de Vamos por Más (VxM), Gimena Villafruela, y la vicepresidenta del bloque de Unión por la Patria (UP) y vocal de esa misma comisión, Claudia Neira, pusieron en contexto las causas de esta repentina fuga de diferentes comisarías de varios presos en días sucesivos y qué se está trabajando desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

En ese sentido, Villafruela explicó que “la Ciudad no tiene Servicio Penitenciario ni cárceles propias. Así como la Policía de la Ciudad no está formada para cuidar a los presos, las Comisarías y Alcaidías no son lugares preparados para alojar delincuentes”, señaló la legisladora en una entrevista con el sitio Parlamentario.com.

“Tanto la Nación como la Ciudad, heredan una situación provocada durante la gestión de Alberto Fernández que fue generar un crecimiento exponencial de los detenidos en la Ciudad producto de prohibir el ingreso de presos al Servicio Penitenciario Federal durante la pandemia. En 2021, en la Ciudad había 60 presos, hoy tenemos más de dos mil. Hay una superpoblación en las Alcaidías y Comisarías, hay lugar para alojar mil y hoy tienen más de dos mil. Por todo esto es que los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad están trabajando de manera conjunta para ir regularizando esta situación”, detalló.

En tanto, la legisladora al mismo tiempo que remarcó que “el orden y la seguridad son ejes centrales en la Ciudad y eso se ve reflejado en los números: en el primer trimestre de gestión aumentaron las detenciones un 14%, sólo en el último mes aumentaron un 22%. Se detiene, en promedio, más de 80 personas por día. Estamos trabajando para cuidar al vecino y darle la tranquilidad que merece”.

Por su parte Neira, además de coincidir con Villafruela acerca de la sobrepoblación de las comisarías, explicó que “el ritmo de detenciones se encuentra en aumento. Desde el comienzo de esta gestión fueron detenidas más de seis mil personas, un promedio mucho mayor al de 2022, por ejemplo, donde en todo el año fueron detenidas poco más de 17 mil”.

“Todo esto genera una saturación del sistema que se traduce en este tipo de hechos, y pone en evidencia la necesidad de crear un Sistema Penitenciario propio de la Ciudad”, aseguró.

En cuanto al pedido del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para que Nación traspase presos al sistema federal, la diputada oficialista señaló que “hay canales de diálogo abiertos permanentemente entre el Gobierno de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad de la Nación para descomprimir la situación y llegar a un acuerdo favorable que garantice la seguridad para los vecinos”.

Duro informe sobre el presupuesto para personas en situación de calle

Una ONG realizó un duro pronóstico sobre el presupuesto asignado por el gobierno porteño para las personas se encuentran en situación de calle. Fue firmado por varias entidades.

Esta tendencia se confirma tanto en los relevamientos oficiales (GCBA, 2023) como en los realizados por las organizaciones de la sociedad civil, donde el 34,36% de los encuestados en 2023 manifestó que hacía menos de un año que se encontraba en esta situación la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Históricamente, el GCBA como relevó el documento de ACIJ, la emergencia habitacional que realiza el Estado son políticas de atención transitoria. Es decir, a través de la provisión de alojamientos en centros de inclusión social (paradores), o con la gestión de subsidios monetarios para la gestión de un alquiler. 

Desde la entidad, entienden que en ningún caso los programas vigentes prevén soluciones habitacionales definitivas o de largo plazo, y aquellos que alguna vez existieron (como Ley 341 y la Ley 624) hace años se encuentran discontinuados o desfinanciados.

 Actualmente, los subsidios habitacionales tampoco alcanzan a cubrir los gastos del alojamiento: de acuerdo a datos de la Clínica Jurídica del CELS, esta ayuda monetaria sólo cubre un tercio del costo de alquiler de habitaciones en hoteles-pensión.

Sin embargo, en la medida en que no se actualicen las partidas presupuestarias asignadas a estos programas, incluso estas respuestas de emergencia se verán fuertemente desfinanciadas. Con las proyecciones actuales, el conjunto de las políticas de emergencia se vería reducido en un 44% en términos reales, de acuerdo a las cifras del presupuesto presentado. 

Asociaciones firmantes

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia – ACIJ, Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS, Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos – CADH, Barrios de Pie, Hambre No, Casa Esquina Libertad, Auge, Jóvenes de Pie, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)/Vientos de Libertad, Proyecto 7, Libres del Sur, Coordinadora Desde Abajo- CAACs Ven Seremos, Cooperativa Boca Calle, La Boca Resiste y Propone, Asamblea de Plaza Almagro, Escuela Isauro Arancibia, Isauro Arancibia Asociación Civil, Bloque de legisladoras y legisladores Unión por la Patria CABA, Grupo Bicentenario, Militancia Popular/ La Corriente Nac de la Militancia,Peronismo por la ciudad, Rodolfo Walsh, Hormiguero, Nep, Irrompibles, Grito de corazón, Red Urbana, Ciudad Sin Techo, gente en situación de calle y AIRES.