El titular del Juzgado n.° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Andrés Gallardo, hizo lugar a la medida cautelar y dispuso la suspensión de la audiencia convocada por el GCBA mediante decreto 11/20 para el día 7 de febrero de 2020, con el objeto de tratar la modificación de la tarifa del servicio público de estacionamiento medido en la vía pública. Todo ello en el marco de la causa «Bregman, Myriam Teresa y Otros contra GCBA sobre medida cautelar autónoma», según informó a este medio Ijudicial.

Las diputadas Myriam Bregman y Alejandrina Barry, del PTS-Frente de Izquierda, había sido presentado ante los tribunales que con carácter urgente se dicte una medida cautelar suspendiendo la audiencia pública convocada por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con el objetivo de aumentar la tarifa de los parquímetros que se realizará este viernes 7 de febrero.

El magistrado dispuso la realización de una constatación para verificar si en el domicilio de Av. Guzmán 90 funciona la sede de la Subsecretaría de Gestión Comunal de la Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la CABA donde se realizaría la citada audiencia pública para modificar y ampliar los parquímetros a toda las comunas porteñas y se llevó una sorpresa.

Como le anticiparon los legisladores, Gallardo constató que «en el inmueble (…) no funciona la Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente, sino un hogar para mujeres con niños en situación de vulnerabilidad social». Y agregó que «quienes hayan optado por inscribirse presencialmente o bien tomar vista del expediente (…), al llegar al lugar indicado a tal fin se encontraron con la sede de una asociación civil que no tiene relación alguna con la mentada dependencia administrativa”.

El juez porteño manifestó en su sentencia preliminar que “aún cuando se considerara la hipótesis de que alguien hubiera referido a los interesados que en el edificio de la esquina funcionaban oficinas del GCBA, en tal inmueble no existe identificación alguna que permita identificarlo con la Subsecretaría en cuestión. Muy por el contrario, el cartel existente en el lugar da cuenta de que estaría ubicado en Av. Guzmán en una numeración entre el 100 y el 200, y que allí funciona el Centro de Formación Profesional del Adulto Nº 11 dependiente del Ministerio de Educación”.

Al respecto Bregman y Barry denunciaron que “en el apuro por implementar una medida recaudatoria del Estado contra los vecinos de la Ciudad que tienen auto y ante el déficit de estacionamiento público, el gobierno de Larreta comete errores groseros, demostrando una vez más que lo único que les interesa es el afán de lucro recaudatorio en la Ciudad con más vehículos del país y con un transporte público que tiene enormes baches”.

Y ejemplificaron al señalar que “el Gobierno en la convocatoria a la Audiencia Pública para aumentar la tarifa difundió una dirección errónea para acceder a la documentación sobre el aumento. Tras asistir a la dirección indicada en la publicidad oficial, nos encontramos con una asociación civil sin relación con la audiencia ni los parquímetros”.

Además, las diputadas porteñas del FIT señalaron que “por más que quieran promocionar el Metrobus, la Ciudad organizada por el PRO no garantiza un tránsito fluido ni estacionamientos seguros. De una necesidad hacen un negocio. Hace años que denunciamos el negociado de los parquímetros y este año quieren darle aún más ganancias a las empresas que acarrean. Han extendido la capacidad de las grúas para el remolque a casi toda la ciudad, otorgándole de forma gratuita las playas de acarreo a las empresas. Las empresas encargadas de los acarreos pagan 55 mil pesos por mes por la concesión mientras se estima que tienen ganancias de 12.5 millones de pesos en el mismo período. Es realmente una estafa”. 

Por ultimo, Bregman y Barry denunciaron que “encima Larreta pretende que los actuales $15 por hora de estacionamiento en la vía pública suban a $32: un aumento del 113%”. “Cada vez se restringe más el espacio público y se transforma en espacio de lucro privado o del que puede pagarlo”, concluyeron las diputadas porteñas.

Críticas al feroz aumento

Para el ex legislador porteño y actual senador Mariano Recalde, “como política pública es muy cuestionable porque no sólo aumentan la tarifa sino que aumentan de modo exorbitante la cantidad de parquímetros, y al mismo tiempo aumentan el acarreo para habilitar un negocio fabuloso para las empresas privadas. Con el agravante de que es el Estado con la plata de los vecinos el que invierte 600 millones para poner en funcionamiento ese negocio”.

Este viernes, el Movimiento Comunero, organizaciones sociales y de comerciantes participarán del acto para denunciar el proyecto oficialista que parquimetrizará los barrios porteños, para lo cual el presupuesto 2020 de la Ciudad tiene destinados 611 millones de pesos para la instalación de terminales inteligentes.

Carlos Caserta, integrante del Movimiento Comunero, dijo que “lo que vamos a plantear en primer lugar es que los parquímetros los ponen en la vía pública, con lo cual están habilitando negocios privados con competencias que son de la Comuna, sin haber consultado a los Consejos Consultivos. Por eso pedimos a los vecinos que se sumen, porque ejercer el derecho ciudadano es más que votar cada dos años. Es a través de los Consejos Consultivos comunales que tenemos que decidir qué queremos en la comuna”.

En este sentido, el año pasado el ENTE Regulador de los Servicios Públicos comandado por Fernando Barrera, había adelantado que la polémica medida que se implementará a partir de este 2020 y aseguró que se trata de un gran negocio. 

A finales de 2018, la Legislatura porteña –con los 32 votos del oficialismo- aprobó un proyecto de ley que modifica el sistema de concesiones para el estacionamiento tarifado y lo extiende a 14 de las 15 Comunas. De esta forma, a partir de 2020, lo cual la Ciudad pasará de 4 mil a 86 mil parquímetros, lo que representa casi un 50% de los lugares para estacionar. En la Comuna 10, los más afectados son los barrios de Villa Luro, Versalles y Villa Real.

El gobierno argumentó que el objetivo de la medida es mejorar el servicio público de estacionamiento regulado en la Ciudad y la administración del uso del espacio público, el ordenamiento del tránsito, la fluidez vehicular y la seguridad vial.

Sin embargo, Fernando Barrera, Director del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, advirtió que la decisión de ampliar el sistema de estacionamiento medido responde más a una necesidad económica que de servicio. “Si bien controlar el flujo de estacionamiento hace al control del sistema de tránsito, regular el estacionamiento en el barrio de Devoto o en Versalles no hace en sí a la facilidad de mejorar en tránsito de la Ciudad”, aseguró al medio vecinal “Nadie nos Invitó”.

El sistema de acarreo tendrá una cobertura total de la Ciudad. Buenos Aires se dividirá en 5 zonas en las que operarán los distintos concesionarios. Habrá, además, playas de acarreodistribuidas en cada una de ellas. La Comuna 10, formará parte de la Zona E, junto con las Comunas 11, 9 y 8 con lo que abarcará los barrios de Agronomía, Villa del Parque Devoto, Villa Real, Santa Rita, Monte Castro, Versalles, Liniers, Parque Avellaneda, Mataderos, Lugano, Villa Riachuelo. Por ello, a la histórica terminal de acarreo ubicada en Salvador María del Carril 4935 se le sumará la recientemente construida en Rivadavia 9341 (en el bajo autopista).

A su vez, las tickeadoras actuales serán reemplazadas por 2200 terminales multipropósito que serán 100% electrónicas, permitirán el pago con tarjeta de crédito, débito y SUBE y se reemplazará el ticket en papel -que ya no deberá ser exhibido en el parabrisas- por una factura digital.