Récord de entrega de DNI en unidades penitenciarias

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Julio Alak, junto a la ministra de Gobierno, Cristina Alvarez Rodríguez, entregaron documentos de identidad a privados de la libertad de la Unidad 35 de Magdalena, alcanzando un  récord histórico al distribuir gratuitamente más de 10 mil DNI entre 2021 y 2022.

El plan de documentación impulsado por el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, juntos al Ministerio de Gobierno logró quintuplicar en un año y medio la cantidad de trámites realizados en 2019 por la gestión anterior. Además de acreditar la identidad de internos e internas abrió la puerta de acceso a otros derechos fundamentales para la inclusión social, como la salud, la educación y la capacitación laboral.

Junto a la tramitación y entrega del DNI, el plan incluyó la gestión de documentos de personas nunca registradas (NN), partidas de nacimiento, cambios de género, reconocimientos de hijos e hijas, rectificaciones y certificaciones de documentación.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, afirmó que “el derecho identitario de las personas privadas de su libertad, como sucede con la educación, la formación y la inserción laboral, ha demostrado que favorece a reducir los índices de reincidencia de las personas que recuperan su libertad”.

Alak destacó que “estamos seguros que alcanzada una inclusión efectiva se contribuye a mejorar la calidad de vida en los sectores vulnerables, pero también de toda la sociedad, al fortalecer las políticas de prevención delictiva y de seguridad ciudadana”.

Por su parte Alvarez Rodríguez dijo que “hoy celebramos la entrega de más de 10 mil DNI gratuitos en contexto de encierro. Un hecho muy importante que permite el proceso de revinculación de las personas detenidas y garantiza el derecho a la identidad, puerta de entrada a otros derechos fundamentales”.

Crédito: Justicia PCIA.

“Este logro fue posible a partir del trabajo conjunto entre ambos ministerios, y con el rol fundamental del Registro Provincial de las Personas, que está presente en cada momento de la vida y es muy importante que lo siga haciendo aún en contextos de encierro”, afirmó la Ministra.

Luego de la entrega de documentos los funcionarios fueron testigos del casamiento de Cristian y Micaela, el cual fue oficiado por la jueza de Paz Andrea Pilar Giménez. La pareja fue  acompañada por familiares y autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Entre los trámites más relevantes se destacan:
• 36 DNI entregados a personas NN privadas de la libertad, que le otorgan certeza a su situación procesal y los convierte en ciudadanos de la Nación.
• 44 DNI entregados a menores de edad.
• 549 trámites de filiación de niños y niñas que pudieron iniciar el proceso de revinculación familiar.
• 16 DNI entregados a personas transgénero.
• Se realizaron de 135 casamientos, incluyendo matrimonios igualitarios.

En contexto de encierro el plan documentario constituye la llave fundamental para avanzar con programas educativos integrales como “Mas Trabajo, Menos Reincidencia”, destinados a educar, capacitar y vincularla la población penal con su municipio, su familia y la actividad laboral una vez cumplida la condena.

Participaron de la entrega, la coordinadora de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) La Plata, Ana Sanguinetti; el subsecretario de Políticas Penitenciarias de Inclusión, Diego Rao; el  subsecretario de Política Penitenciaria, José González Hueso; la subsecretaría de Control Interno, Vilma Castillo; la directora Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima, Agustina Iafolla; el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses; el director provincial del Registro Provincial de las Personas, Mariano Rios Ordoñez; y el director de la Región 3 del Patronato de Liberados de la Provincia, Lucio Denappole.

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Barrio 1.11.14: narcomenudeo atrapados por las transferencias por MP

La Policía de la Ciudad cerró dos búnkers en el barrio 1.11.14,  secuestró 3,4 kilos de cocaína y paco y detuvo a cinco personas

La Policía de la Ciudad realizó seis allanamientos en los barrios 1-11-14, Illia y Rivadavia, donde cerró dos búnkers, secuestró 2,6 kilos de cocaína, 800 gramos de pasta base, armas de fuego, más de 150 municiones y detuvo a cinco personas. 

Durante los procedimientos, realizados el fin de semana pasado, quedaron detenidos dos peruanos (hombre de 57 y mujer de 37 años), una boliviana de 60 años y dos argentinos (mujer de 40 y hombre de 34 años). 

La investigación se inició en agosto de 2025 a partir de un punto de venta donde se realizaban pagos mediante la plataforma Mercado Pago, y permitió detectar una organización integrada por personas argentinas y peruanas que operaba en los barrios 1-11-14, Illia 2 y Rivadavia 1, utilizando puntos de guarda estratégicos para el acopio y la comercialización.

Todos los detenidos quedaron a disposición del juez Nicolás Agustín Repetto, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 26.

En el Barrio Illia se llevaron a cabo tres allanamientos en distintas propiedades y se secuestraron 806 gramos de pasta base y 230 gramos de cocaína preparada para su distribución en distintas bolsas de nylon. 

En la continuidad de los operativos también se desarrollaron otras tres intervenciones en casas del Barrio Rivadavia, donde se secuestraron dos ladrillos compactos de cocaína con un peso total de 2.153 gramos, más otros envoltorios sueltos con un peso de 210 gramos. 

Además, se secuestraron elementos de fraccionamiento, balanzas digitales de precisión, ocho celulares, una camioneta Ford EcoSport que tenía la patente duplicada, tres armas de fuego con cien municiones y dos cuadernos con anotaciones vinculadas a sumas de dinero y nombres de distintas personas.

Tras la consulta con el juez Repetto, se dispuso el secuestro de los elementos de interés, la detención de todas las personas involucradas, el cierre preventivo de los dos búnkers y la incautación de los rodados señalados.

Nuevo Centro de Justicia de la Mujer en Caballito

crédito: PRENSA CM CABA.

La sede, ubicada en Yerbal 31, se suma a los lugares de atención que ya se encuentran en La Boca, Microcentro, Flores y Lugano, entre otras

Este lunes 9 de marzo se llevó a cabo la inauguración de la nueva sede del Centro de Justicia de la Mujer ubicado en la calle Yerbal 31 del barrio de Caballito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma contó con la presencia de autoridades de diferentes organismos del Poder Judicial de la Ciudad, funcionarios del Gobierno de la Ciudad, legisladores porteños y autoridades de la Policía de la Ciudad.

La apertura de esta nueva sede constituye un paso significativo en la descentralización de los servicios de justicia especializada, al acercar la respuesta del Estado a una zona de alta densidad poblacional y facilitar el acceso a la justicia de quienes viven en Caballito y sus alrededores.

La sede, ubicada en Yerbal 31, se suma a los lugares de atención que se encuentran en distintos puntos de la Ciudad: La Boca, Microcentro, Sede Comunal 7 (Flores) y 8 (Lugano), un punto en la Defensoría del Pueblo, la Villa 21-24 y en el Barrio Ricciardelli.

La presidenta del Consejo, Karina Leguizamón felicitó a todas las áreas que intervinieron en el trabajo para que se llegase a la apertura de esta nueva sede. Asimismo, resaltó: “Esta nueva sede ubicada en el barrio de Caballito es un paso imprescindible para tener un verdadero acceso a la justicia por su ubicación geográfica”.

En ese sentido, el consejero a cargo del Centro de Justicia de la Mujer, Luis Duacastella Arbizu, resaltó: “Es muy importante para nuestro Consejo hacer la apertura de este Centro, donde se va a atender de manera integral a las mujeres que sufren violencia de género”. En ese aspecto, el consejero a cargo del CJM ratificó: “Es muy importante la apertura de esta nueva sede porque la desigualdad sigue existiendo”.

crédito: PRENSA CM CABA.

Por su parte, la secretaria de Administración General y Presupuesto del Consejo, Genoveva Ferrero, reconoció: “Es un día muy importante para nuestro Consejo porque demostramos que en la Justicia de la Ciudad necesitamos que el Estado esté presente y que iguales, porque no somos todos iguales y una víctima de violencia de género necesita que estemos ahí, que le demos respuesta”. En ese aspecto, Ferrero sostuvo: “Es un sueño poder abrir esta nueva sede y un premio al esfuerzo por no cerrar las puestas y por seguir estando presentes para todos los porteños”.

El Centro de Justicia de la Mujer es un organismo que forma parte del Poder Judicial de la Ciudad, brinda orientación y acompañamiento a mujeres y personas LGTBIQ+ que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género. Cuenta con un modelo de atención centralizada, interdisciplinaria e integral que le permite optimizar el servicio y evitar que las personas tengan que recorrer distintas oficinas y organismos de la Ciudad, recibiendo una respuesta estatal fragmentada. 

Asimismo, la directora general del Centro de Justicia de la Mujer, Cecilia Segura, valoró el trabajo conjunto entre el Consejo, los Ministerios Públicos y el Gobierno de la Ciudad. Por otra parte, dijo: “Es una sede muy esperada, muy necesaria que tenga como objetivo funcionar durante las 24 horas los 365 días del año, en la que se brindará atención integral e interdisciplinaria, donde se podrá hacer una denuncia, acceder a patrocinios jurídicos gratuitos y medidas de protección para mujeres y diversidades que están atravesando una situación de violencia por motivos de género”.

El acto contó con la presencia de la presidenta del Consejo, Karina Leguizamón, el vicepresidente primero, Horacio Corti, los consejeros Luis Duacastella Arbizu, Gabriela Zangaro, Marcelo Meis, Lorena Clienti y Rocío López Di Muro, la secretaria de Administración General y Presupuesto, Genoveva Ferrero, quienes estuvieron acompañados por la vicepresidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, Alicia Ruiz, la jueza Tribunal Superior de Justicia de la CABA, Marcela De Langhe, el Fiscal General de la Ciudad, Javier Martín López Zavaleta, la defensora general de la CABA, Marcela Millán y la titular del Ministerio Público Tutelar, Carolina Stanley, la directora general del Centro, Cecilia Segura Rattagan, la jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Natalia Molina y el ex presidente del Consejo, Juan Manuel Olmos, entre otros.

Segunda Encuesta de Acceso a Justicia del Poder Judicial de la Ciudad

La encuesta forma parte de una estrategia institucional orientada a fortalecer el acceso a justicia como política judicial basada en la evidencia

El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lanzo esta semana la Segunda Encuesta de Acceso a Justicia, un estudio institucional orientado a relevar las percepciones, experiencias y necesidades jurídicas de la ciudadanía en relación con el sistema de justicia local.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Administración y Presupuesto, a través de la coordinación general de la Dirección de Participación Ciudadana, Acceso a Justicia y Derechos Universales (PAJDU) y forma parte de una estrategia institucional orientada a fortalecer el acceso a justicia como política judicial basada en evidencia.

El relevamiento constituye la primera actualización integral a más de diez años del estudio de percepción ciudadana realizado en 2014, e incorporará al diagnóstico los cambios institucionales, sociales, culturales y tecnológicos que atravesaron al Poder Judicial y a la sociedad en este período.

En este sentido, el estudio se proyecta como un insumo clave para el fortalecimiento de las políticas de acceso a justicia, la planificación estratégica del Poder Judicial, el desarrollo de herramientas institucionales sustentadas en datos empíricos y la consolidación de una cultura organizacional orientada a la mejora continua y la accesibilidad.

El objetivo principal de la encuesta es generar evidencia empírica que permita conocer las percepciones ciudadanas sobre el sistema de justicia, identificar barreras de acceso —tanto materiales como simbólicas—, relevar necesidades jurídicas insatisfechas y analizar el grado de conocimiento, confianza y vinculación de la ciudadanía con las instituciones judiciales. Asimismo, se propone fortalecer el diseño, implementación y evaluación de políticas judiciales con enfoque de derechos y accesibilidad.

La secretaria de Administración General y Presupuesto, Genoveva Ferrero, resaltó la iniciativa en el marco de “entender que espera hoy la ciudadanía de la Justicia, de cara a los desafíos enormes que hay por delante”. “La idea es tener una foto clara de cómo está hoy la Ciudad en materia de acceso a la justicia para poder ajustar lo que haya que ajustar de cara a los desafíos que vienen” valoró Ferrero.

En ese sentido, expresó: “Si sabemos qué barreras encuentran los ciudadanos y qué cosas valoran del sistema, podemos mejorar el acceso a la justicia en las materias en las que hoy tenemos competencia, como contravencional, penal, consumo o lo contencioso administrativo”.

Entre las características técnicas de la misma se destaca que el relevamiento se hará de manera presencial mediante un cuestionario estructurado a residentes de la CABA y se prevé un tamaño muestral mínimo de 2.200 casos, que permitirá construir un mapa actualizado de percepciones sobre la justicia, identificar niveles de accesibilidad a los servicios judiciales y detectar barreras y facilitadores en el ejercicio de derechos.

La misma se estructurará en cuatro ejes: Cultura legal y percepción de la justicia; Confianza y conocimiento del sistema judicial; Accesibilidad al sistema de justicia; e Información y conocimiento de los recursos disponibles.

Por su parte, la directora de Participación Ciudadana, Acceso a Justicia y Derechos Universales (PAJDU), Jessica Malegarie, afirmó: “Queremos entender cuál fue la experiencia concreta de las personas cuando tuvieron que recurrir a la justicia: qué barreras encontraron, cuánto tiempo demoraron los trámites y cuánto conocían sobre sus derechos en ese proceso”.

Y agregó: “No se trata solamente de conocer opiniones, sino de recuperar información que muchas veces el propio Poder Judicial no tiene sobre cómo viven las personas su contacto con la justicia y eso es lo que buscamos: entender si las personas saben a dónde recurrir cuando tienen un problema, qué instituciones conocen y qué tipo de respuestas esperan del sistema judicial”. 

En ese sentido, la secretaria de Coordinación de Políticas Judiciales del Consejo, Gisela Candarle, resaltó: “Pasaron más de diez años desde la realización de la primera encuesta que relevó las percepciones de los habitantes de la Ciudad sobre su vínculo con el sistema de Justicia y desde entonces, gran parte de las políticas públicas destinadas a fortalecer el acceso a justicia se han diseñado e implementado a partir de la información obtenida en ese estudio”.

Y agregó: “Desde la Oficina de Acceso a la Justicia, a cargo de Eugenia Redondo, consideramos fundamental evaluar el impacto de ese trabajo dado que medir resultados nos permitirá verificar el cumplimiento de los objetivos, optimizar recursos y mejorar nuestras prácticas, asegurando que los nuevos desafíos respondan a las necesidades y experiencias de la ciudadanía”.

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