El legislador porteño Juan Manuel Valdés, a través de un proyecto de ley presentado en la Legislatura Porteña, propuso suspender la concesión del servicio de acarreo de vehículos en la Ciudad de Buenos Aires hasta que se concrete la licitación.
Con contratos vencidos en 2001, las dos empresas de acarreo que se reparten la Capital Federal son Dakota–STO y BRD–SEC. Levantan 14 autos por hora a un valor de $6500 por cada vehículo. Pero apenas pagan un canon mensual $55.000. Al costo del acarreo la persona debe sumarle el costo de la multa, de igual magnitud.
“Suspéndase en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la concesión del servicio de acarreo hasta tanto se efectivice la licitación correspondiente”, sostiene el artículo 1° del proyecto de Valdés. El segundo artículo agrega: “El Poder Ejecutivo arbitrara los medios necesarios para garantizar el acarreo de los vehículos que obstaculicen las rampas, plazas de estacionamiento y/o cualquier otro espacio destinado a la accesibilidad de personas con discapacidad”.
Problemas eternos con el acarreo y el “zar de las grúas”
Según el portal La Insuperable, el empresario de las grúas formó otra sociedad con su hermano Juan Ramón Violante en 2021 y, con una suerte envidiable, cuatro meses después de crearla consiguió ganar una licitación para el alquiler de cocheras por 9 millones de pesos. La empresa se llama Ragnarv y también consiguió por cinco años la nada despreciable explotación del subsuelo de la plaza del Congreso por un canon mensual de 615.000 pesos.
Aunque Violante tiene experiencia cancelar el costo de los canones, como indica un informe de la Auditoría porteña de marzo de 2021 sobre las grúas: “El canon abonado por las concesionarias resulta irrelevante en relación a los pagos que el GCBA le realiza a ellas”, advertía.
Es decir, en el balance, terminaba pagando cero pesos. Ese informe fue el último que los auditores opositores consiguieron incluir en la planificación de futuras auditorías. La mayoría larretista en el organismo de control intenta excluir las concesiones sistemáticamente de las investigaciones.
En los chats con el (ahora licenciado) ministro de Seguridad, Violante habla también de otra de sus empresas, Brewda. Concretamente, le pide a D’Alessandro que se la mencione al ministro de Desarrollo Económico, José Luis Giusti. Esa empresa consiguió justamente adjudicarse un “servicio de guarda de vehículos” para la subsecretaría de Trabajo, que depende de Giusti. Es decir que una de las cocheras que maneja Violante, además, recibe dinero por alojar vehículos oficiales. Esta misma empresa tiene otras tres concesiones de estacionamientos de autos.
Además de con el Gobierno porteño, las empresas de Violante también tuvieron tratos con el intendente de Paraná, el radical Sergio Varisco, luego condenado a seis años de prisión por narcotráfico.
