El Plan “Argentina contra el Hambre” llegó al conurbano bonaerense

El Plan Argentina contra el Hambre busca garantizar la seguridad alimentaria de toda la población y familias argentinas, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social. Este es el cronograma del primer tramo de entrega de tarjetas Alimentar en la Provincia de Buenos Aires que llegó esta semana al conurbano bonaerense con la entrega de 124 mil tarjetas AlimentAR. Mirá:

•  Semana del 20 de enero: La Matanza, Avellaneda, Almirante Brown, Hurlingham, San Fernando, San Martín y Morón.

•  Semana del 27 de enero: Merlo, San Miguel, Malvinas Argentinas, Lomas de Zamora y Quilmes.

•  Semana de 3 de febrero: Ituzaingó, Moreno, tres de Febrero, Tigre, José C. Paz, Lanús, Esteban Echeverría y Florencio Varela.

•  Semana del 10 de febrero: San Isidro, Vicente López, Ezeiza y Berazategui.

La tarjeta “AlimentAR” la entregará el Banco Provincia, y es un instrumento para que las familias accedan a la canasta básica alimentaria saludable y comenzará a implementarse, de forma progresiva.

Se entregarán en total más de 500 mil tarjetas a madres o padres con niños de hasta 6 años, embarazadas a partir del tercer mes y personas con discapacidad que perciban AUH. La entrega de tarjetas se realizará en articulación con los municipios y tendrá una recarga automática mensual. 

El plan empezó en La Matanza.

De acuerdo con los últimos datos disponibles del INDEC, para el primer semestre de 2019, el 7,7% de las personas (3,5 millones de argentinos si se proyecta este porcentaje al total de la población) se encuentran en la indigencia, es decir que no cuentan con “ingresos suficientes para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas”.

Los centros urbanos con mayor porcentaje de personas en la indigencia en el último periodo son Gran Resistencia (15,9%), Concordia (15,4%) y Corrientes (11,2%).

El presidente de la nación Alberto Fernández lanzó el plan de la mano de su ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien resaltó que este “plan tiene tres grandes objetivos: que todos puedan alimentarse saludablemente en la Argentina, es un gran plan de empleo que abarca a la economía popular y, en tercer lugar, es un plan de desarrollo económico”. Al respecto, agregó: “Es una política que inicia por lo alimentario, y también fortalece la educación y el trabajo”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, firmó el convenio marco para la implementación del Plan Nacional Integral “Argentina Contra el Hambre”, junto al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. La presentación del acuerdo también contó con la presencia de la ministra de Desarrollo de la Comunidad, Fernanda Raverta, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

Raverta, Arroyo y el gobernador Kicillof en la adhesión bonaerense al Plan nacional.

Durante el anuncio, Kicillof expresó que “este programa no solo enfrenta el problema del hambre sino que es un programa integral” porque “permite fomentar el aparato comercial y productivo”, y agregó que “generar trabajo es la forma más efectiva de responder a la cuestión del hambre”. El Gobernador en ese sentido subrayó: “Este programa tiene también un elemento educativo, la llamada alimentación saludable y la nutrición, y se va a acompañar en ese sentido a las familias”.

En esta línea, Kicillof afirmó que “necesitamos que el Banco Provincia  esté para generar mayor igualdad” y “que los productores y los consumidores tengan acceso a los instrumentos financieros para la inclusión. El Banco Provincia tiene el fin de apalancar el crecimiento, la producción, la industria y la inclusión”.

En declaraciones a la prensa, Raverta señaló que “estamos empezando a construir algo que para nosotros es un derecho que es que los chicos y las chicas de la provincia de Buenos Aires coman en sus casas, que sea el tiempo donde los padres y madres vuelvan a tener trabajo”.

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Prisión preventiva a integrantes de una Red Transnacional de abuso sexual infantil 

Así lo resolvió la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 2, Dra. Barbara Moramarco Terrarosa, en virtud de la evidencia recolectada y la posibilidad de que los investigados entorpezcan la investigación o bien se den a la fuga

La jueza porteña deicidio que los 3 imputados que formaban parte de la Red transnacional de abuso infantil que operaba a través de mensajería cifrada, permanezcan detenidos hasta tanto se lleve a cabo el juicio oral y público en su contra.

A partir de la medida dispuesta por Moramarco Terrarosa, el pasado 16 de diciembre de 2025, en el marco de una investigación coordinada por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos (UFEDyCI), a cargo de la fiscal Daniela Dupuy, se realizaron nueve (9) allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en distintas localidades del Conurbano bonaerense.

La organización operaba a través de la plataforma Signal a través de la cual distribuía imágenes y videos en los que se observa a niñas y niños de muy corta edad, incluso bebés, siendo sometidos a abusos sexuales por parte de adultos.

¿cómo fue la “Operación Dori”?

El procedimiento se desarrolló en el contexto de la denominada “Operación Dori”, una investigación de alcance transnacional que tuvo su origen en tareas realizadas por el Grupo 3° de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional de España. En ese marco, se detectaron múltiples grupos de la aplicación de mensajería Signal —similar a WhatsApp o Telegram— integrados por usuarios de distintos países, dedicados al intercambio y comercialización de material de abuso sexual infantil.

La justicia argentina, trabaja desde mediados de 2025 en conjunto con la oficina de enlace de España en el AC3 de Ameripol Buenos Aires que dio intervención a la UFEDyCI, para que inicie la investigación de los objetivos locales.

En tres de los domicilios allanados, y con expresa autorización judicial, se realizó un análisis preliminar de los dispositivos electrónicos hallados en el lugar, en el que se encontró una gran cantidad de imágenes y videos de abuso sexual infantil.

La jueza interviniente resolvió en la audiencia posterior a las detenciones, y tras valorar la gravedad de los hechos, la evidencia recolectada y el riesgo de entorpecimiento de la investigación o de fuga, que los tres imputados permanezcan detenidos hasta la realización del juicio oral.

Detuvieron a cuatro personas con drogas sintéticas

La Patrulla de Control de Accesos de la Policía de la Ciudad detuvo este lunes a cuatro hombres que viajaban en un Volkswagen Bora durante un control vehicular en el Puente Cabildo, donde se secuestraron más de 60 dosis de distintas sustancias ilegales, entre ellas tusi, éxtasis y marihuana.

El procedimiento se realizó cuando los oficiales detuvieron la marcha del vehículo y advirtieron el evidente nerviosismo del conductor, junto con un fuerte olor compatible con marihuana. Ante esa situación, y en presencia de testigos, se procedió a la requisa del rodado.

Debajo del asiento del conductor se hallaron tres gramos de tusi, dos gramos de cristales, tres gramos de picadura de marihuana y cincuenta y cinco pastillas de éxtasis.

Los detenidos son tres hombres de 24, 24 y 26 años, y una mujer de 25, todos domiciliados en la ciudad de Mar del Plata. Los cuatro quedaron a disposición de la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la Dra. María Milagro Pauls. En tanto las sustancias fueron secuestradas para su análisis y las actuaciones continúan bajo la intervención judicial correspondiente.

La “Patrulla de Control de Accesos” monitorea de manera rotativa y aleatoria durante las 24 horas los puntos de ingreso y egreso a la Ciudad de Buenos Aires, entre los que se encuentran los 24 kilómetros de la avenida General Paz y los puentes que atraviesan el Riachuelo, por donde circulan diariamente millones de personas.

Esta fuerza trabaja de manera coordinada con el Sistema Integral de Seguridad Pública, que abarca el Anillo Digital, el Centro de Monitoreo Urbano y la red de cámaras de videovigilancia del distrito, y colaboró en la baja del 28 por ciento del delito de robo en territorio porteño durante los primeros 11 meses de 2025.

La Justicia porteña debe definir si reconoce derechos de licenciados en Enfermería

El Sindicato de Trabajadores de Enfermería (SITRE) presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires este martes, exponiendo sus argumentos para rechazar la Ley 6.767, conocida como Ley de Enfermería, al considerar que sigue habiendo un trato desigual, con salarios más bajos, menos descanso y días destinados a la formación, en comparación con otros profesionales de la salud. 

El recorrido judicial se inició con un amparo, que ya tuvo dos fallos favorables para los trabajadores, ordenando la nivelación salarial. Sin embargo, tras las apelaciones del Gobierno porteño -en la última instancia, bajo la administración de Jorge Macri cuando el reclamo se inició en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta-, el caso quedó en manos del Tribunal, que aún no emitió su sentencia.

El objetivo del SITRE es que los licenciados sean incluidos en la Ley 6.035, que define cuáles son las 24 carreras profesionales de la salud porteña. “No estar incluidos significa ganar muchísimo menos, en algunos casos la mitad de lo que deberíamos”, advierte el secretario general, Christian Acosta. 

En concreto, un enfermero que recién ingresa a trabajar en el ámbito porteño promedia los 900.000 pesos de bolsillo. “Además, si un enfermero trabaja en terapias intensivas, no percibe el plus por estar en áreas críticas”, advierte el sindicalista. 

Así, mientras el amparo avanzaba en el Poder Judicial, el Sindicato inició conversaciones con distintos legisladores porteños para intentar que los enfermeros con licenciatura sean incluidos en aquella ley. Cuando parecía que estaban los votos necesarios para hacerlo, rápidamente el Gobierno porteño presentó un proyecto alternativo, conocido como Ley de Enfermería (la 6.767), que terminó aprobándose en noviembre del 2024, por un solo voto de diferencia. 

A fines prácticos, eso representó menos derechos laborales que la idea original. “Plantea una nivelación salarial hacia el escalafón más bajo de la carrera profesional, en cuatro tramos en dos años. Osea, migajas, de acá al 2027. Nos acercan a un salario de un residente de reciente ingreso, un R1, que hoy gana más de 1.300.000 de bolsilo. Es decir, alguien que recién pisa un hospital. Yo, con 20 años de trabajo, en dos años, voy a ganar lo que ganan ellos”, describe. Y añade: “Los residentes no ganan bien, pero hoy nosotros estamos mucho peor”. 

Para concluir, Acosta destaca que la Justicia porteña ya reconoció la capacidad del SITRE para representar a sus afiliados en este amparo colectivo, y que, tras años de lucha, confía en que finalmente su actividad sea reconocida: “No vamos a parar hasta obtener lo que merecemos. Salario digno, tiempo disponible para mejorar nuestra formación, descanso acorde y la reivindicación de nuestra profesión”.

Aysa
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