Beneficios impositivos a viviendas en alquiler

Las viviendas que se ofrezcan en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires, para uso residencial de las personas, quedarán exentas del pago de la tasa de ABL y del impuesto Inmobiliario durante tres años o la duración del contrato de arriendo (lo primero que ocurra), según dispuso una ley sancionada este jueves en la Legislatura.

La promoción se refiere a los inmuebles que tengan un valor fiscal de hasta 10 millones de pesos y a cánones mensuales de locación inferiores a 220 mil pesos mensuales. Quedan excluidos de estos incentivos las casas o departamentos amueblados que se alquilen a turistas.

La ley surgió de un proyecto de la legisladora Paola Michielotto (VJ) y otros diputados de su bloque y de la UCR. El beneficio es para los contratos de alquiler que se suscriban hasta el 31 de diciembre de 2023 y la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos determinará los requisitos de inscripción.

Mediante otra ley, también se estableció la eximición del pago de impuestos a los Ingresos Brutos al propietario que alquile viviendas, hasta un máximo de tres unidades habitacionales y por un monto no superior a los 220 mil pesos mensuales cada una.

Por otra parte, se aprobó la eximición del pago del 80% del derecho para Desarrollo Urbano y Hábitat Sustentable que apliquen sobre las obras o proyectos inmobiliarios destinados a vivienda individual o colectiva en las comunas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Se pagará solo el 20% de los metros cuadrados declarados, después de haberse obtenido el permiso de obra.

Sistema de Co-vivienda

Se sancionó el denominado Régimen de Co-vivienda destinado a personas que están en situación de vulnerabilidad y afectadas por el déficit habitacional. Se trató de una iniciativa de la legisladora Cecilia Ferrero (VJ) y otros del mismo bloque, analizada en las comisiones de Presupuesto y de Vivienda.

El sistema consiste en que organizaciones sociales como cooperativas, mutuales, fundaciones, fideicomisos y otras asociaciones sin fines de lucro puedan presentar proyectos de Co-vivienda ante el Instituto de la Vivienda, que será la autoridad de aplicación, en representación de sus socios o adherentes que deben ser personas de bajos recursos que no posean inmuebles propios.

Las entidades civiles que se presenten a concurso podrán celebrar con el IV actos jurídicos para hacerse cargo de edificaciones, refacciones de edificios, su administración y funcionamiento. Se tratará de terrenos en desuso, obras en curso o interrumpidas o edificios ya concluidos.

Se podrán utilizar para este régimen los inmuebles de dominio privado de CABA y el IV y los de dominio privados de otros propietarios estatales, no estatales y personas jurídicas sin fines de lucro.

La co-vivienda podrá aplicarse a edificios, unidades habitacionales o partes comunes. Los usuarios o moradores tendrán el derecho de propiedad horizontal o de uso y posesión conjunta de unidades o partes comunes. Como compensación, contribuirán con trabajo, dinero o ambas cosas a la organización civil de la que forman parte.


Normativa para residencias de personas mayores
Las disposiciones legales sobre el funcionamiento de institutos destinados al alojamiento de personas mayores fueron actualizadas y adecuadas a las recomendaciones de buenas prácticas de organismos como la Organización Mundial de la Salud. Este jueves se sancionó la ley respectiva en la Legislatura porteña, por iniciativa de la diputada Ana María Bou Pérez (VJ), tratada en la comisión de Salud.
Se catalogan: residencias para mayores autoválidos; hogar de día para mayores autoválidos; residencias para mayores con dependencias; residencia para mayores con psiquiatría; hogar de día para mayores con psiquiatría; residencia para mayores con padecimientos crónicos y casas de residencia.
Estos institutos deberán tener un director técnico, administrativo e institucional, al cual se le exige capacitación anual. Deberán tener, además, médico geriatra, psiquiatra, psicólogo, licenciados en terapias ocupacionales, recreativas, kinesiología, nutricionista, enfermero profesional, asistente de enfermería, asistente gerontológico y mucamo.
El nuevo régimen legal determina pautas sobre exámenes y controles de los mayores internados o residentes, evaluaciones multidimensionales, legajos, historias clínicas y las formas de inspección y control por parte del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. La ley determina que los geriátricos y hogares de día deberán tener capacidad para al menos 6 personas, mientras que las Casas de Residencia, un máximo de 5 mayores convivientes.

Nueva eximición de un gravamen
Por otra parte, a iniciativa de la Jefatura de Gobierno, se aprobó “dejar sin efecto el Impuesto de Sellos (…) respecto de las liquidaciones o resúmenes periódicos que las entidades emisoras de tarjetas de crédito o compra hubieran generado desde el día 22 de diciembre de 2022 hasta el día 9 de marzo de 2023”. (Desde esa fecha en adelante, dicho impuesto ya quedó exento por una ley anterior).

Simplificación de trámites
Por iniciativa de la Jefatura de Gobierno y con el previo tratamiento en comisiones legislativas, los diputados porteños sancionaron nuevas disposiciones destinadas a simplificar trámites y reducir la carga o el pago de varias gestiones administrativas.
Por ejemplo, se fijo “sin cargo” la habilitación de locales comerciales, los exámenes y carnés de los cursos sobre manipulación de alimentos, 13 trámites referidos a taxis, remises y transportes escolares y otra variada cantidad de disposiciones inherentes al registro civil, los cementerios de la Ciudad, la protección ambiental, obras y gestión urbana.

Nomenclatura de espacios públicos
Luego de haber pasado por Audiencia Pública, quedó definida la denominación de una nueva calle y las nuevas nominaciones de tres estaciones de subterráneos.
Se impuso la denominación Graciela González Gass (en homenaje a la ex legisladora local y diputada nacional del radicalismo) a la continuación de la calle Moreno, entre Alicia Moreau de Justo y Av Ing. Huergo.
La estación Echeverría de la línea B de subtes pasará a llamarse Echeverría – Mártires Palotinos, en recordación de los tres sacerdotes y dos seminaristas asesinados en la última dictadura militar.
La estación Hospitales de la línea H pasará a llamarse Ringo Bonavena – Hospitales, para conmemorar al popular boxeador que vivía en el barrio Parque de los Patricios.
La estación Independencia de la línea E se nominará Independencia – beata Mama Antula para honrar a la religiosa que fundó a fines del siglo XVIII la casa de ejercicios espirituales que aún existe cerca de esa parada de subtes.

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Cinco clausuras y celulares incautados en Flores y Parque Avellaneda

Cinco locales fueron clausurados, uno de ellos tapiado, y más de 130 celulares, módulos y plaquetas secuestrados fueron el resultado de una serie de inspecciones en Flores y Parque Avellaneda encabezadas por la Policía de la Ciudad junto a agencias del Gobierno porteño.

Uno de los operativos, que estuvo a cargo de la División Conductas Tecnológicas Ilícitas de la Policía de la Ciudad junto a agentes de la Dirección General de Coordinación Operativa (DGCOPE) y de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), se desarrolló en un local de reparación en la avenida Eva Perón al 3700, cuyo encargado terminó detenido.

Allí se comercializaban teléfonos y repuestos sin la correspondiente documentación y funcionaba un laboratorio con distintas máquinas.

Verificados los IMEI (la identidad del teléfono) cinco de los celulares estaban denunciados, al igual que once bandejas porta SIM, todo lo cual quedó a cargo del personal policial.

Los demás teléfonos sin documentación, un total de 85, quedaron a cargo de la AGC en infracción a la ley de la ciudad 6009/18 y como además el local carecía de elementos de seguridad, los agentes dispusieron la clausura y colocación de faja.

Mientras el procedimiento se desarrollaba, el encargado, peruano de 54 años, intentó guardar entre sus ropas dos celulares, que al ser incautados los oficiales comprobaron que estaban bloqueados. Por ello los efectivos formalizaron la consulta correspondiente, y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 7, a cargo del Dr. Sebastián Casanello, Secretaría 15 del Dr. Nicolás Oppel, ordenó la detención del encargado por infracción a la Ley 25.891 que regula los servicios de comunicaciones móviles.

Los oficiales secuestraron también secuestraron tres microscopios electrónicos, una laminadora, una pistola de calor, juego de cables arrancadores de plaquetas, una fuente de energía, cuatro Iphone bloqueados, dos computadoras y el celular del encargado.

Los otros cuatro procedimientos se realizaron en Flores con la intervención de personal de la División Investigaciones Comunales 7 (DIC7) de la Policía de la Ciudad, la AGC y la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña.

Las inspecciones se hicieron en locales en galerías de Rivadavia al 6800 y al 7400, en Yerbal al 2500 y Bogotá al 2900, todos en el circuito comercial de Flores, donde se decomisaron más de 50 celulares y módulos de telefonía en condición irregular.

Los cuatro locales fueron clausurados preventivamente por faltas administrativas, y uno de ellos fue tapiado tras acumular tres violaciones de clausura.  La Ley 25.891 establece que solo las empresas autorizadas pueden vender celulares y prohíbe la activación de equipos reportados como robados o extraviados.

Roedores por la Ciudad y pedido de informes

Si bien el Gobierno porteño informó que en 2024 se realizaron 94.135 operativos de desratización en la vía pública y espacios verdes, el legislador señaló que las cifras actuales muestran la necesidad de reforzar la capacidad estatal, especialmente frente a la acumulación de basura, los contenedores desbordados y el mantenimiento deficiente de desagües y terrenos baldíos.

Andrés La Blunda, legislador porteño de Unión por la Patria, pidió al Gobierno de la Ciudad que brinde información por la “proliferación” de roedores en los distintos barrios.

Las ratas son una de las plagas urbanas más comunes y, a la vez, más riesgosas para la salud. No solo generan daños materiales en una vivienda al roer cables, muebles o alimentos, sino que también pueden transmitir enfermedades como leptospirosis, hantavirus o salmonelosis. Prevenir su aparición es fundamental para mantener un hogar seguro y saludable.

Entre otros puntos, se solicita: «Cuáles son los planes y acciones de desratización, por comuna, que se han implementado en el último año; si existe algún convenio vigente con empresas privadas para realizar tareas de control de roedores; si existen indicadores trimestrales o anuales sobre denuncias vecinales relacionadas con aparición de roedores, y qué instrumentos de monitoreo se utilizan».

Empresas de fumigación han informado un notable aumento en la demanda de servicios, indicando que la situación es alarmante: la población de roedores en la Ciudad estaría apenas un 25 % por debajo de la estimada en la ciudad de Nueva York, una metrópolis con una célebre problemática en esta materia”, fundamenta el pedido de informes.

El texto firmado por La Blunda cita estos datos: “Aumento del 40 % en las denuncias vecinales relacionadas con roedores a través de la aplicación BA Denuncia o canales similares en el último año, según registros del GCBA (datos estimados a julio de 2025). Creación de más de 150 nuevos focos detectados en zonas de espacio público, especialmente en parques y márgenes de arroyos entubados, lo que equivale a un incremento del 30 % respecto al año anterior, según reportes internos de empresas de control de plagas”.

“A pesar de que el Gobierno de la Ciudad ha informado2 que ha ejecutado su Plan Integral de Control de Plagas, con el que lleva realizados más de 60.028 operativos de desratización a lo largo del año, siendo que en 2024 fueron 94.135 en toda la vía pública y espacios verdes de la Ciudad, los datos mencionados ut supra, demuestran la urgencia en fortalecer la capacidad estatal en el abordaje del problema”, se mencionó.

“Urge avanzar con transparencia, coordinación y eficiencia en políticas de prevención, limpieza, promoción de la denuncia ciudadana y campañas de concientización. Contar con datos claros permitirá evaluar la eficacia de las acciones actuales y ajustar estrategias en base a resultados concreto”, finaliza el pedido de informes.

La Justicia porteña debe definir si reconoce derechos de licenciados en Enfermería

El Sindicato de Trabajadores de Enfermería (SITRE) presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires este martes, exponiendo sus argumentos para rechazar la Ley 6.767, conocida como Ley de Enfermería, al considerar que sigue habiendo un trato desigual, con salarios más bajos, menos descanso y días destinados a la formación, en comparación con otros profesionales de la salud. 

El recorrido judicial se inició con un amparo, que ya tuvo dos fallos favorables para los trabajadores, ordenando la nivelación salarial. Sin embargo, tras las apelaciones del Gobierno porteño -en la última instancia, bajo la administración de Jorge Macri cuando el reclamo se inició en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta-, el caso quedó en manos del Tribunal, que aún no emitió su sentencia.

El objetivo del SITRE es que los licenciados sean incluidos en la Ley 6.035, que define cuáles son las 24 carreras profesionales de la salud porteña. “No estar incluidos significa ganar muchísimo menos, en algunos casos la mitad de lo que deberíamos”, advierte el secretario general, Christian Acosta. 

En concreto, un enfermero que recién ingresa a trabajar en el ámbito porteño promedia los 900.000 pesos de bolsillo. “Además, si un enfermero trabaja en terapias intensivas, no percibe el plus por estar en áreas críticas”, advierte el sindicalista. 

Así, mientras el amparo avanzaba en el Poder Judicial, el Sindicato inició conversaciones con distintos legisladores porteños para intentar que los enfermeros con licenciatura sean incluidos en aquella ley. Cuando parecía que estaban los votos necesarios para hacerlo, rápidamente el Gobierno porteño presentó un proyecto alternativo, conocido como Ley de Enfermería (la 6.767), que terminó aprobándose en noviembre del 2024, por un solo voto de diferencia. 

A fines prácticos, eso representó menos derechos laborales que la idea original. “Plantea una nivelación salarial hacia el escalafón más bajo de la carrera profesional, en cuatro tramos en dos años. Osea, migajas, de acá al 2027. Nos acercan a un salario de un residente de reciente ingreso, un R1, que hoy gana más de 1.300.000 de bolsilo. Es decir, alguien que recién pisa un hospital. Yo, con 20 años de trabajo, en dos años, voy a ganar lo que ganan ellos”, describe. Y añade: “Los residentes no ganan bien, pero hoy nosotros estamos mucho peor”. 

Para concluir, Acosta destaca que la Justicia porteña ya reconoció la capacidad del SITRE para representar a sus afiliados en este amparo colectivo, y que, tras años de lucha, confía en que finalmente su actividad sea reconocida: “No vamos a parar hasta obtener lo que merecemos. Salario digno, tiempo disponible para mejorar nuestra formación, descanso acorde y la reivindicación de nuestra profesión”.