Congreso Internacional de Contrataciones Públicas organizado por tres organismos porteños

El encuentro contó con la participación de más de 500 inscriptos y estuvo organizado por el Consejo de la Magistratura porteño, la Legislatura de la Ciudad y el GCBA.

Esta semana, en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se llevó a cabo el Congreso Internacional de Contrataciones Públicas. Organizado por el Consejo de la Magistratura, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Legislatura porteña, el evento contó con la visión de aquellos encargados de pensar las normas, de impulsarlas y ejecutarlas y tuvo como objetivo generar un intercambio positivo sobre realidades, estándares, desafíos y objetivos que se tienen en cuenta a la hora de pensar como optimizar los sistemas de contrataciones públicas.

La vicepresidenta primero del Consejo, Genoveva Ferrero, fue una de las impulsoras de la actividad, el cual destacó por “contar con la organización del Poder Judicial de la Ciudad en conjunto con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. “La idea de realizar este Congreso sobre una temática tan trascendente como las contrataciones públicas surgió desde la necesidad de rever el Decreto Nacional 1.023 y ver qué podemos perfeccionar, qué podemos incorporar y qué podemos trabajar en conjunto los tres poderes, con la participación de expositores, tanto nacionales como internacionales” afirmó Ferrero.

En otro sentido, la vicepresidenta primera recordó la reciente modificación de la Ley de Compras y Contrataciones de la CABA –Ley 2.095–, respecto de la preferencia para aquellas empresas que contraten en sus nóminas mujeres, personas con discapacidad, mayores o personas jurídicas que han obtenido certificados que respondan a criterios sociales. “Este Congreso representa un evento de suma importancia para nosotros porque seguro que desde aquí surgirá un documento que vamos a poder trabajar en conjunto” concluyó.

El presidente del Consejo, Francisco Quintana, participó del cierre del Congreso y resaltó la importancia que el evento se lleve a cabo en la Universidad de Buenos Aires y que cuente con la participación y organización de los tres poderes porteños. “Que este Consejo se realice en la UBA tiene un valor adicional porque es la casa pública a nivel universitario y que se aborde esta temática ratifica el compromiso que tenemos de seguir trabajando para lo que viene” sostuvo. Asimismo, el presidente del Consejo destacó el trabajo realizado por la vicepresidenta primera del Consejo, Genoveva Ferrero y reconoció “el prestigio del nivel de los expositores de ambos días”.

Asimismo, el Decano de la Facultad de Derecho UBA, Leandro Vergara, resaltó la importancia y el orgullo para la UBA por haber sido anfitriona del Congreso. “El hecho que se pueda reflexionar y pensar sobre la contratación pública, desde el punto de vista de las políticas públicas, es absolutamente estratégico y que se desarrolle en nuestra Facultad hace al crecimiento de la temática pero también de nuestra Universidad” reconoció.

La actividad contó con la participación de los consejeros Alberto Biglieri, quien disertó en el panel sobre métodos de resolución de conflictos y la  consejera Ana Salvatelli, quien  ofreció su mirada respecto de los principios globales de las contrataciones públicas y el análisis comparado entre los sistemas vigentes en el continente americano. “En este Congreso se ha generado una masa crítica de conocimientos con participación de representantes de distintos países que generan una estructura de derecho comparado para pensar las cosas que vienen y que pueden mejorar el derecho en nuestro país” sostuvo Biglieri. Asimismo, Salvatelli reconoció: “Este tipo de Congresos son la oportunidad ideal para abrir el debate sobre la necesidad de revisar la normativa nacional de contrataciones del Decreto 1023 que lleva 20 años de vigencia”.

El Congreso contó con la participación de más de 500 inscriptos y más de 30 disertantes, entre los que se destacan los mencionados y también la profesora titular de Derecho de Contratación Pública en la Universidad de Sudáfrica, Alisson Anthony, la especialista en Políticas de Transparencia, Integridad y Anticorrupción, Laura Alonso, la especialista Fiscal Senior y Coordinadora de Género y Diversidad en la División de Gestión Fiscal del BID, Leslie Harper, la coordinadora de Adquisiciones y Contratos del PNUD Argentina, Paola Laurenzano, el Subsecretario de Procedimientos de Contrataciones de Bienes y Servicios de Salta, Facundo Marín, el presidente de la Cámara Contencioso Administrativo y de Relaciones de Consumo, Marcelo López Alfonsín, la especialista de Líder en Adquisiciones de Región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Álvaro Larrea, la Asesora y Consultora en Obras Públicas e Infraestructura, Susana Vega, el Managing Partner del Estudio Jurídico IUS Partners de Asunción, Raúl Fernando Sapena Giménez, la profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Rosario, Adriana Taller, el experto internacional en Modernización e Innovación en Sistemas de Contratación Pública, Daniel Sánchez, la socia de las áreas de Derecho Administrativo, Compliance, Anticorrupción e Investigadora en Marval O´Farrel Mairal, María Lorena Schiariti, la directora de Keidos Impacto Legal, Constanza Connolly, el doctor en Derecho, Pablo Schiavi, el socio del Estudio Jurídico Cassagne Abogados, Ezequiel Cassagne.

Durante los dos días del Congreso se abordaron las temáticas mencionadas, como así también el e-procurement, el impacto de la Inteligencia Artificial, la negociación y el sistema de protestas en la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, el compliance, el impacto social de las contrataciones públicas y su impacto en los desafíos futuros, entre otros.

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Detuvieron a “robabronces” en Recoleta

La Policía de la Ciudad detuvo a dos hombres que intentaron robar una baranda de bronce de un edificio de Ayacucho al 1800, en Recoleta

El hecho ocurrió cuando oficiales de la Comisaría Vecinal 2A que realizaban una recorrida en prevención de ilícitos observaron a dos hombres salir de manera apresurada de un edificio ubicado en Ayacucho al 1800, en el barrio de Recoleta.

Ante la actitud sospechosa, los oficiales iniciaron un seguimiento y lograron interceptarlos sobre la avenida Alvear al 1900.

Al ser requisados no tenían en su poder elementos constitutivos de delito pero se constató que una baranda de bronce de dos metros ubicada en el edificio donde se los había visto salir raudamente había sido violentada, aunque no pudo ser arrancada.

Además, personal de seguridad privada aportó las imágenes de las cámaras de seguridad en las que se observa el momento en que los sospechosos intentaban desprender el objeto.

Los detenidos, de 37 y 26 años, quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°62, a cargo de la Dra. Patricia Guichandut, Secretaría Nº 79 del Dr. Juan Petrecca, quienes caratularon la causa como tentativa de robo.

Servicio Penitenciario para la Ciudad: avanza el debate en la Legislatura

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires esta semana continuó trabajando el proyecto de ley para crear el servicio penitenciario porteño.

Las comisiones de Justicia, Seguridad, Legislación del Trabajo y Asuntos Constitucionales, volvieron a convocar a funcionarios de la Ciudad y expertos, donde también se está avanzando con el régimen de ejecución penal y el régimen jurídico del futuro sistema penitenciario de la Ciudad.

Esta mañana se realizó una reunión conjunta de las comisiones de Justicia —presidida por Inés Parry—, Seguridad —a cargo de Gimena Villafruela—, Legislación del Trabajo —encabezada por Matías Barroetaveña— y Asuntos Constitucionales —presidida por Hernán Reyes— para continuar trabajado el proyecto de ley que establecerá la creación y el régimen jurídico del Sistema Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El encuentro contó con la presencia del subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Leandro Halperín, quien dialogó con los legisladores sobre los ejes de  los capítulos vinculados a la ejecución de la pena, abordando temas como el ámbito de aplicación, finalidad y objeto de la ley; la descripción del sistema; la competencia judicial; el rol de la víctima; el tratamiento individualizado de quienes enfrentan una condena mediante el “plan de vida”.

Uno de los puntos centrales fue el rol de la víctima, que, en línea con la Ley 6115, que debe ser informada y escuchada en el proceso, también se mencionaron alternativas de reparación que no impliquen prisión y se advirtió que la incorporación de figuras de justicia restaurativa genera divergencias entre los proyectos.

También se destacó la propuesta del “plan de vida”, que trasciende el tradicional plan de actividades penitenciarias y apunta a garantizar derechos y promover beneficios en función de las necesidades y antecedentes de cada persona, incluso en condenas condicionales o sin encierro.

Este plan, se propuso, podría ser implementado por organizaciones de la sociedad civil en convenio con el sector privado, cooperativas y universidades, asegurando la continuidad de las acciones una vez que la persona recupere la libertad con el objetivo de alcanzar una reinserción social real.

Otro eje fue la inclusión de personas privadas de libertad sin condena en programas educativos, culturales y laborales, para evitar períodos de inactividad, aunque se planteó la necesidad de garantizar la separación física entre procesados y condenados.

Finalmente, se discutió la cuestión de infraestructura, ya que, al no contar la Ciudad con establecimientos penitenciarios propios, se trabaja en un convenio con Nación para utilizar edificios disponibles y establecer que, aunque el alojamiento se realice fuera del territorio porteño, rija la normativa de la Ciudad.

El trabajo en las distintas comisiones de los expedientes vinculados a la creación del servicio penitenciario porteño continuará su discusión parlamentaria a fin de seguir desarrollando el contenido para lograr un texto consensuado que pueda ser sancionado en el recinto.

La Justicia porteña debe definir si reconoce derechos de licenciados en Enfermería

El Sindicato de Trabajadores de Enfermería (SITRE) presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires este martes, exponiendo sus argumentos para rechazar la Ley 6.767, conocida como Ley de Enfermería, al considerar que sigue habiendo un trato desigual, con salarios más bajos, menos descanso y días destinados a la formación, en comparación con otros profesionales de la salud. 

El recorrido judicial se inició con un amparo, que ya tuvo dos fallos favorables para los trabajadores, ordenando la nivelación salarial. Sin embargo, tras las apelaciones del Gobierno porteño -en la última instancia, bajo la administración de Jorge Macri cuando el reclamo se inició en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta-, el caso quedó en manos del Tribunal, que aún no emitió su sentencia.

El objetivo del SITRE es que los licenciados sean incluidos en la Ley 6.035, que define cuáles son las 24 carreras profesionales de la salud porteña. “No estar incluidos significa ganar muchísimo menos, en algunos casos la mitad de lo que deberíamos”, advierte el secretario general, Christian Acosta. 

En concreto, un enfermero que recién ingresa a trabajar en el ámbito porteño promedia los 900.000 pesos de bolsillo. “Además, si un enfermero trabaja en terapias intensivas, no percibe el plus por estar en áreas críticas”, advierte el sindicalista. 

Así, mientras el amparo avanzaba en el Poder Judicial, el Sindicato inició conversaciones con distintos legisladores porteños para intentar que los enfermeros con licenciatura sean incluidos en aquella ley. Cuando parecía que estaban los votos necesarios para hacerlo, rápidamente el Gobierno porteño presentó un proyecto alternativo, conocido como Ley de Enfermería (la 6.767), que terminó aprobándose en noviembre del 2024, por un solo voto de diferencia. 

A fines prácticos, eso representó menos derechos laborales que la idea original. “Plantea una nivelación salarial hacia el escalafón más bajo de la carrera profesional, en cuatro tramos en dos años. Osea, migajas, de acá al 2027. Nos acercan a un salario de un residente de reciente ingreso, un R1, que hoy gana más de 1.300.000 de bolsilo. Es decir, alguien que recién pisa un hospital. Yo, con 20 años de trabajo, en dos años, voy a ganar lo que ganan ellos”, describe. Y añade: “Los residentes no ganan bien, pero hoy nosotros estamos mucho peor”. 

Para concluir, Acosta destaca que la Justicia porteña ya reconoció la capacidad del SITRE para representar a sus afiliados en este amparo colectivo, y que, tras años de lucha, confía en que finalmente su actividad sea reconocida: “No vamos a parar hasta obtener lo que merecemos. Salario digno, tiempo disponible para mejorar nuestra formación, descanso acorde y la reivindicación de nuestra profesión”.