Vecinos porteños reclaman que “frenen las construcciones de edificios”

 la Agrupación Socio Ambiental de vecinos autoconvocados de los barrios de la Comuna 11, «Conciencia Urbana», llevó a cabo un recorrido por nuestro querido barrio de Villa del Parque, con el objetivo de «despedirse» de casas que serán demolidas y terrenos donde se construirán torres de departamentos, debido a la implementación del nuevo Código Urbanístico desarrollado por el actual Gobierno de la Ciudad en el año 2018.

Esta iniciativa busca visibilizar la preocupación de los vecinos por la construcción indiscriminada y descontrolada que se está llevando a cabo en numerosos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en los barrios de la zona norte.

Durante el recorrido, los vecinos visitaron diversas direcciones con profunda angustia y tristeza. El punto de partida fue la plaza Aristóbulo del Valle, desde donde se dirigieron a las siguientes ubicaciones:

¿qué pasa en Palermo?

Palermo Resiste. Así se llama este colectivo de vecinos de Palermo Viejo, barrio turístico de Buenos Aires, que recorren las calles señalando algunas de las 80 casas, varias de ellas de más de 80 años, que se van a demoler o ya se han demolido para que desarrolladoras inmobiliarias construyan allí edificios de hasta 14 pisos. Estos vecinos piden que la ciudad vote una ley que frene esta tendencia que se inició con un código urbanístico de 2018.

“Son construcciones de estilo de bajo, de estilo chorizo, como se dice, donde estaban sus puertas de madera con su zaguán, es decir, la antesala a las diferentes habitaciones que le daban una característica identitaria al barrio”, cuenta Martín Rodríguez Rivas, vecina del barrio de Palermo, Buenos Aires.

Estos vecinos reclaman más verde y menos cemento y temen que colapse la infraestructura de servicios como el agua potable. Advierten de que los compradores de los nuevos pisos son inversores extranjeros y otros que buscan alquilarlos a turistas o aprovechar una amnistía fiscal que otorgó el gobierno argentino a quienes construyan. No es el único barrio que ha pedido frenar las edificaciones: suman nueve. Dos ya lo consiguieron: uno de ellos, Lomas de Núnez. 

En Palermo, el director institucional de una cámara de pymes desarrolladoras inmobiliarias, Santiago Levrio, visita una de sus obras. Sostiene que en esta Argentina casi sin créditos hipotecarios los compradores son familias de clase media alta con herencias o ahorros propios que quieren mudarse de pisos pequeños y envejecidos a otros más amplios y nuevos.

“Es cierto que hay muchos barrios que están cambiando su perfil, que tiene el 80 o el 90% de su construcción es de menos de dos plantas, y que ven en los edificios una amenaza. Pero la realidad es que mucha gente quiere vivir en esas zonas y la ciudad necesita ser un lugar accesible para todo el mundo. Por lo cual, la construcción le da acceso a muchas personas, ya sea para alquilar o para comprar. Entonces la realidad es que yo no veo una defensa de derechos, sino que yo veo más una defensa de privilegios”, señala Levrio, director institucional de Alianza Urbana.

En una oficina nueva con la fachada antigua conservada, el secretario de Desarrollo Urbano de Buenos Aires, Álvaro García Resta, también habla de privilegios, como vivir al lado del subte. Explica que el código urbanístico creó una comisión de expertos que establece cuáles de las 135.000 casas anteriores a 1941 deben protegerse por su valor patrimonial. Por ahora suman 20.000.

“No todo lo viejo es bueno. La densidad hace a las ciudades sostenibles. La infraestructura es posible cuando más personas comparten la infraestructura. Si la idea es tener tu casa unifamiliar al lado del subte, en frente de la plaza y de todo, es una idea para mí de una ciudad exclusiva”, afirma García Resta.

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Prisión preventiva a integrantes de una Red Transnacional de abuso sexual infantil 

Así lo resolvió la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 2, Dra. Barbara Moramarco Terrarosa, en virtud de la evidencia recolectada y la posibilidad de que los investigados entorpezcan la investigación o bien se den a la fuga

La jueza porteña deicidio que los 3 imputados que formaban parte de la Red transnacional de abuso infantil que operaba a través de mensajería cifrada, permanezcan detenidos hasta tanto se lleve a cabo el juicio oral y público en su contra.

A partir de la medida dispuesta por Moramarco Terrarosa, el pasado 16 de diciembre de 2025, en el marco de una investigación coordinada por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos (UFEDyCI), a cargo de la fiscal Daniela Dupuy, se realizaron nueve (9) allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en distintas localidades del Conurbano bonaerense.

La organización operaba a través de la plataforma Signal a través de la cual distribuía imágenes y videos en los que se observa a niñas y niños de muy corta edad, incluso bebés, siendo sometidos a abusos sexuales por parte de adultos.

¿cómo fue la “Operación Dori”?

El procedimiento se desarrolló en el contexto de la denominada “Operación Dori”, una investigación de alcance transnacional que tuvo su origen en tareas realizadas por el Grupo 3° de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional de España. En ese marco, se detectaron múltiples grupos de la aplicación de mensajería Signal —similar a WhatsApp o Telegram— integrados por usuarios de distintos países, dedicados al intercambio y comercialización de material de abuso sexual infantil.

La justicia argentina, trabaja desde mediados de 2025 en conjunto con la oficina de enlace de España en el AC3 de Ameripol Buenos Aires que dio intervención a la UFEDyCI, para que inicie la investigación de los objetivos locales.

En tres de los domicilios allanados, y con expresa autorización judicial, se realizó un análisis preliminar de los dispositivos electrónicos hallados en el lugar, en el que se encontró una gran cantidad de imágenes y videos de abuso sexual infantil.

La jueza interviniente resolvió en la audiencia posterior a las detenciones, y tras valorar la gravedad de los hechos, la evidencia recolectada y el riesgo de entorpecimiento de la investigación o de fuga, que los tres imputados permanezcan detenidos hasta la realización del juicio oral.

Jorge Macri preocupado por la investigación de sus departamentos en Miami

La denuncia que se presentó en la justcia de San Isidro ya llego a la Corte Suprema y está investigando el dinero utilizado para la compra de un departamento en Miami del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Es noticia esta semana de fin de año porque la Corte Suprema debe sortear otros integrantes para definir si se reabre una causa por lavado de dinero que involucra al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.

Los conjueces son otros jueces que integran el Poder Judicial que son designados por sorteo para intervenir en causas puntuales como por ejemplo esta causa por lavado de dinero del ex intendente de Vicente López.

La investigación comenzó en 2016 por una decisión de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que buscaba investigar “la hipotética canalización de fondos provenientes de actividades delictivas a través de la adquisición del Inmueble” en Miami, por 402.963,62 dólares, que sucedió en abril de 2011 por parte de una sociedad, “IconUnit 1704”, constituida un mes antes por Jorge Macri -por entonces legislador bonaerense- y su entonces esposa, con un capital inicial de 10.000 dólares.

Según aquella denuncia, el dinero para esa compra provenía de dos préstamos: uno del banco “Bac Florida Bank” por 219 mil dólares y otro de una sociedad uruguaya, Fawsley SA”, por 184 mil dólares, que fue cedida luego a otra firma constituida en Panamá, ‘Cometas Company Inc.’, y adquirida por una hermana de Jorge Macri.

Para los fiscales, según un comunicado de la Procuración “ese último préstamo ‘no existió y se trató de un acto simulado, lo que generaba serias sospechas sobre el efectivo origen y procedencia del dinero’”.

La jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado dispuso el sobreseimiento de Jorge Macri y su entonces esposa. La Cámara Federal de San Martin confirmó la decisión en diciembre de 2019. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, declaró inadmisible el recurso de la fiscalía. Es así que el caso llegó a la Corte Suprema.

Este 2026, el presidente de la Cámara Federal de Córdoba, Abel Sánchez Torres y el presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Pablo Candisano Mera- tendrán que votar ahora junto a jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Eso ocurrió porque Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti no lograron ponerse de acuerdo sobre la decisión, y, como hay dos vacantes en la Corte, no se conseguía la mayoría de tres votos necesarios para tomar una definición.

La defensa de Jorge Macri

Desde el entorno del jefe de gobierno porteño, señalaron que para la propia Justicia consideró que el tema “está agotado”. “Que se haya dictado sobreseimiento en tres oportunidades quiere decir que los recursos presentados por la Fiscalía no lograron aportar nuevas pruebas y ya no debería continuar el proceso”, indicaron.

“La defensa de Jorge Macri pudo demostrar que el dinero provenía de dos préstamos: un préstamo hipotecario del BAC Florida Bank por 219.000 dólares y otro de una sociedad uruguaya por un monto de 184.000 dólares. De esta manera, el Juzgado Federal de San Isidro concluyó, en mayo de 2019, que los hechos no revestían relevancia penal y dictó el sobreseimiento”, remarcaron.

Sin embargo, la sentencia fue apelada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), al cuestionar el origen de los 184.000 dólares que fueron prestados por la sociedad uruguaya.

“La Cámara Federal de San Martín tomó el caso y confirmó el sobreseimiento en diciembre de 2019, aclarando que Macri había exteriorizado los fondos a través de la Ley 27.260 (Sinceramiento Fiscal) y que sus declaraciones juradas ante AFIP demostraban capacidad económica compatible con ese préstamo”, señalaron en el entorno del actual alcalde porteño.

Recordaron que el MPF interpuso un recurso de Casación, alegando que la confirmación del sobreseimiento era prematura. “Esta nueva presentación fue rechazada en diciembre de 2021, cuando la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) declaró que el recurso de casación presentado por el MPF resultaba inadmisible”, explicaron.

Fuente: Clarín y CSJN

Privatizaciones: ahora le toca a Tecnópolis

Por debajo del radar de los ajustes pasan las privatizaciones de diferentes predios que eran de uso totalmente público y gratuito. El predio en Villa Martelli de Tecnópolis abrió la licitación a manos privadas este lunes con el objetivo de lograr una administración de inversión privada decidido por el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

El Gobierno Nacional de Javier Milei lanzó la licitación para que el predio de Tecnópolis pase a manos privadas. Así lo oficializó a través de la resolución 98/2025 publicada en el Boletín Oficial.

La convocatoria fue oficializada a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), para la concesión de uso y explotación del predio de Villa Martelli por 25 años, prorrogables por 12 meses.

El destino fijado en el pliego contempla el desarrollo de actividades recreativas, de esparcimiento, ocio y recreación, con la posibilidad de sumar, de manera complementaria, propuestas deportivas no competitivas, acciones culturales, talleres, juegos y programas de integración comunitaria, siempre que sean compatibles con el uso principal.

“El predio (históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista) pasará a funcionar bajo el esquema de inversión privada: nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos”, aseguró el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al anunciar el domingo la medida en su cuenta de X.

Hasta ahora, el inmueble se encontraba bajo jurisdicción de la Secretaría de Cultura de la Nación. Según señalaron desde la cartera a cargo de Leonardo Cifelli, presentaba una “situación histórica de gastos extraordinarios, baja utilización y deterioro generalizado”.

“Tecnópolis acumulaba una deuda real superior a los $4813 millones, contaba con equipamiento faltante por $554 millones —con denuncia judicial en trámite— y requería mantenimiento permanente financiado exclusivamente por el Estado”, advirtieron.

De acuerdo a lo indicado en Cultura, desde diciembre de 2023, el Gobierno inició un proceso de ordenamiento que permitió reducir más del 30% de la dotación (de 333 a 198 empleados) y establecer un esquema de funcionamiento público-privado.

“Gracias a este modelo, el Estado dejó de gastar y pasó a recaudar: $600 millones en ingresos durante 2024; $2429 millones en 2025, con proyección de llegar a $2749 millones al cierre del año. Más de 500.000 personas participaron de las actividades desarrolladas bajo este nuevo esquema”, precisaron.

La concesión permitirá profundizar esta transformación: “El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un canon mensual inicial de $611 millones, junto con un seguro contra incendio de $60.000 millones, garantizando la protección del patrimonio estatal”.

El pliego prevé que el predio mantenga su uso para actividades recreativas, culturales, de esparcimiento, talleres, deportes no competitivos, integración comunitaria y propuestas educativas, incorporando inversiones privadas para su desarrollo y funcionamiento anual.

Uno de los puntos de la propuesta plantea que el privado asuma el control del predio a partir del 1 de julio de 2026 y que mantenga los acuerdos público-privados de programación comprometidos para el resto del año.

El procedimiento licitatorio se realizará íntegramente a través del sistema electrónico COMPR.AR, para “asegurar transparencia, competencia y participación amplia”.

Aysa
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